La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia nombró al juez que conocerá el caso Pandora II, presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y en el que se acusa a los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH) por fraude. Sin embargo, este no es el único caso contra ellos.
En agosto de 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), solicitó la asistencia de las autoridades de EE. UU. para recopilar información que sirviera para la investigación de casos contra varios hondureños, entre estos los exmandatarios Lobo y JOH, el exalcalde sampedrano Armando Calidonio y el exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez, todos del Partido Nacional. Esos casos cobran una relevancia particular ahora que se instala el nuevo Fiscal General interino, Johel Zelaya, nombrado por la comisión permanente del Congreso Nacional.
Texto: Célia Pousset y Leonardo Aguilar
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
La semana pasada, el juez Walter Miranda Sabio fue nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer la ampliación del caso Pandora presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) dirigida por el fiscal Luis Javier Santos.
El proceso excepcional de nombramiento por el pleno de la CSJ se aplica cuando los casos que tratan asuntos en los que están relacionados altos funcionarios del Estado, calidad vigente para Juan Orlando Hernández, quien antes de ser extraditado a EE. UU. juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El requerimiento fiscal presentado a principios de octubre incrimina a los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2018 y 2018-2022) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) en el delito de fraude, aunque a Hernández se le imputó además el de lavado de activos. Otros seis exfuncionarios fueron imputados también por fraude.
Sin embargo, aparte de la ampliación del caso Pandora, otra unidad del Ministerio Público investiga a Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández por delitos relacionados a la delincuencia organizada transnacional, por lo que han solicitado ayuda a agencias antidrogas y de inteligencia de los Estados Unidos.
Según información en manos de Contracorriente, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ha solicitado ayuda a las autoridades estadounidenses en la recolección de la información necesaria para continuar investigando a siete ex funcionarios, entre los cuales destacan los expresidentes Lobo y Hernández y otros como el exalcalde sampedrano Armando Calidonio y el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
Tanto la acusación como la investigación en curso representan un giro en la historia reciente del Ministerio Público, encabezado hace poco por el fiscal general Chinchilla, quien protegió al exmandatario JOH a pesar de contar con elementos para probar sus vínculos con el narcotráfico.
A finales de agosto de 2023 — el mismo mes en que fue enviada una solicitud de asistencia a Estados Unidos para investigar a JOH y Pepe Lobo — Chinchilla dejó su puesto como fiscal general y emigró a Nicaragua.
El primero de noviembre, el fiscal general interino Johel Zelaya fue nombrado por nueve diputados del Congreso Nacional— casi todos del partido Libertad y Refundación — en medio de un proceso cuestionado y polémico. Los casos contra ex altos funcionarios del Partido Nacional podrían ser emblemáticos para el Ministerio Público en esta etapa de interinato de los fiscales general y adjunto.
Pandora II: La acusación de la Uferco
El caso por el cual la Uferco acusó a los expresidentes fue llamado Pandora II por ser la continuación de la investigación «caja de pandora» liderada entonces por la Uferco — antes llamada Ufecic — y la Maccih. En 2018, la primera parte del caso Pandora detalló cómo 282 millones de lempiras habían sido drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional en 2013.
De acuerdo con las investigaciones, la SAG suscribió contratos con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos se desviaron para el pago de campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento «La Cachureca» promocionada por el presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de noviembre de 2013.
En esta nueva secuela del caso Pandora se acusa a más actores que habrían participado en este fraude. Aparte de los expresidentes JOH y Pepe Lobo, los demás imputados son el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
#UFERCO presenta caso Pandora II y acusa a expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa https://t.co/0SiWh1Hf44 pic.twitter.com/pYnyaxpKaf
— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 11, 2023
Según la Uferco, entre los años 2010 y 2013, se conformó «una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa».
Porfirio Lobo Sosa aseguró en una entrevista con Contracorriente que él «no sabía para qué eran los fondos. El presidente no traslada ningún fondo a ninguna Secretaría de Estado, eso lo hace la Secretaría de Finanzas. El presidente, a finales de periodo, cuando hay presupuesto sobrante, puede pedir que la Secretaría de Finanzas traslade dinero a ciertos proyectos. El ministro traslada entonces esa petición a la comisión del presupuesto del Congreso Nacional, que puede decidir si es viable o no. El responsable de ejecución es el ministro de la Secretaría en cuestión, en ese caso de la SAG.»
«El fiscal está asumiendo que es una conspiración y que yo sabía para qué eran los fondos. Yo estuve en conocimiento que eran fondos para un proyecto con pequeños productores del campo», argumentó Lobo Sosa durante la entrevista.
Las investigaciones de la Uferco apuntaron a que Wilfredo Cerrato aprobó en la Secretaría de Finanzas una ampliación de 35 millones de lempiras que fue transferida a la fundación Todos Somos Honduras, por lo que esta unidad de investigación anunció que solicitará la citación de algunos de los imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.
Acusación es tardía y favorece a Lobo Sosa, sugiere analista
Para el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado, el requerimiento fiscal en Honduras contra los expresidentes Hernández y Lobo no tendrá «ninguna consecuencia grave en su perjuicio».
«En el caso del expresidente Hernández, él está preso en Estados Unidos y corre muchísimas posibilidades de estar al alcance de la acción de la justicia norteamericana y en el caso de don Porfirio Lobo, teniendo más de 70 años, ya no resulta aplicable en su contra la prisión preventiva en Honduras», expuso Pineda.
El delito de fraude, según el artículo 482 del Código Penal, establece penas para funcionarios o empleados públicos que van de 5 a 7 años de prisión. Y el artículo 82 indica que cuando los penados hayan cumplido los 70 años pueden obtener la libertad condicional, siempre y cuando no hayan sido condenados a más de 20 años de prisión.
El analista Pineda consideró que, por haberle hecho una acusación en Honduras al expresidente Lobo, consecuentemente se le pone al margen de cualquier posibilidad de ser extraditado y tampoco puede ser recluido por la acción penal en Honduras debido a su avanzada edad.
De hecho, quien tiene un juicio pendiente en Honduras no puede ser extraditado. Para Pineda, «se van a dar fenómenos de acusaciones sin mayores fundamentos, usándolo únicamente como un mecanismo de protección para evitar la dureza de una cárcel en Estados Unidos, frente a la debilidad del sistema penitenciario hondureño». Añadió que la acusación, aunque de manera involuntaria, resulta en un favor a don Porfirio, pero que, en todo caso, la acción es tardía y sigue reflejando que la «justicia en Honduras camina con la velocidad de una tortuga embarazada».
El fiscal Luis Javier Santos considera que cerrar una investigación es un proceso riguroso que toma tiempo y que no le corresponde a él como fiscal especular sobre las probabilidades de extradición de las personas investigadas.
«El caso pandora no es de un día para otro. Se trabaja desde el 2013. Lo que pasa es que estaba engavetado. Vino la Maccih, lo rescató y se presentó la primera etapa, quedando bajo investigación esa segunda etapa», dijo Santos en una entrevista con Contracorriente.
Santos asegura que la última pericia financiera se terminó unas semanas antes de presentar la acusación, el 11 de octubre.
«Este país está lleno de suposiciones, pero eso no puede detener las acciones de una unidad fiscal. Tenemos que presentar la acusación independientemente de la consecuencia. Decir que viene a retrasar un proceso de extradición sin haber todavía un proceso de extradición, es un invento. ¿Nos vamos a quedar esperando diez años más para saber si habrá un proceso de extradición?», preguntó el fiscal.
Consultado sobre el tema, Pepe Lobo argumentó que « la ley de extradición la aprobamos nosotros, en mi Gobierno. ¿Cómo voy a temer la extradición? Que me lleven. No tengo nada que esconder».
Los expresidentes investigados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado
En agosto de 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) mandó una solicitud de asistencia legal al Departamento de Justicia de los EE.UU en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
Los investigados son Marlon Pascua Cerrato, exministro de Defensa de Lobo Sosa; Armando Calidonio, exalcalde de San Pedro Sula; Óscar Arturo Álvarez Guerrero, exministro de Seguridad y exdiputado relacionado con el caso «Arca Abierta»; José Luis Licona Muñoz, exdirector de la Policía Nacional y los expresidentes Profirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
La Fescco ha solicitado a Estados Unidos la copia de la acusación contra Juan Orlando Hernández así como reportes y entrevistas hechas por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y la Agencia Federal de Investigación (FBI).
«La documentación solicitada es una evidencia de importancia vital para las investigaciones y así poder identificar a los que forman parte de la estructura criminal», establece el documento al que Contracorriente tuvo acceso.
Desde la primera extradición del narcotraficante «El Negro Lobo» en 2014, la justicia estadounidense juzgó y sentenció a decenas de hondureños por cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Sus agencias estatales recibieron información de colaboradores eficaces, como Los Cachiros.
En los diferentes juicios llevados a cabo por la Corte del Distrito Sur de Nueva York se ha mencionado a funcionarios y exfuncionarios de alto rango. Así, en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez se señaló por primera vez a Juan Orlando Hernandéz y en el juicio de Fabio Lobo se hizo mención al expresidente Porfirio Lobo Sosa, su padre. Una parte del requerimiento fiscal estadounidense tiene como subtítulo «Fabio Lobo y Lobo Sosa protegieron a Los Cachiros».
Se sostiene que en 2009, mientras Lobo Sosa estaba en plena campaña para ser Presidente de la República, los líderes de Los Cachiros le pagaron $ 500.000 por protección política, por la promesa de no ser extraditados y de otorgarles algunos contratos públicos para sus empresas de fachada para blanquear dinero.
Según la fiscalía, Fabio Lobo empezó a relacionarse con Leonel Maradiaga cuando Lobo Sosa fue electo Presidente y juntos crearon «una o varias empresas fachadas», las cuales recibieron licitaciones públicas del Gobierno de Sosa. Uno de esos ejemplos es la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR) que recibía contratos del Despacho de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
En 2016, ante la corte estadounidense, Fabio Lobo se declaró culpable de narcotráfico.
En entrevista con el expresidente Lobo, le preguntamos sobre los fondos dados por Los Cachiros a su campaña. Negó todo pacto con el narcotráfico, « No hombre. ¿Qué pasa con eso? a veces vienen y es muy posible que alguien diga “mira ayudamos para la campaña”, un acercamiento de algún narco. Decimos muchas gracias, pero tal vez usted no se da cuenta quién es, la gente aprovecha. ¿Qué va a hacer? Pero nunca acepté dinero condicionado. No soy narco, ni amigo de narco, ni socio de narco. Mi hijo sí, mi hijo era un pobre papo que ayudaba a los narcos a pasar las postas policiales, pero ¿qué culpa tengo yo?»
En cuanto a la INRIMAR, Lobo Sosa expresó «¿Eran empresas de narcos? Mire, el presidente no da contratos. El ministerio da contratos a través de una comisión que califica las empresas, y parte de esa comisión es USAID. La empresa de los Cachiros estaba calificada para poder contratar con el Estado, estaba en la lista autorizada».
Pero no fue únicamente en el juicio de Fabio Lobo que el nombre del expresidente sonó.
Durante el juicio contra el exdiputado Tony Hernández —hermano del expresidente Hernández que fue condenado a cadena perpetua en EE. UU.—, uno de los testigos aseguró que Tony recibió protección legal a cambio de sobornos a políticos, incluidos los expresidentes Hernández Alvarado y Lobo Sosa.
El testigo en el juicio de Tony dijo también que, en 2012, el entonces presidente Lobo Sosa envió dos camiones de soldados para proteger la frontera frente a posibles acciones hostiles de un narco guatemalteco, a petición del capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán quien temía que el narco guatemalteco se hiciera con el control de la frontera.
Las acusaciones contra expresidentes y las nuevas autoridades del MP
Además de estas acusaciones, hay elementos de fondo en la situación actual del MP que es necesario considerar.
Uno de estos es que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, fue aspirante a fiscal general y fue sacado del proceso de forma polémica por la Junta Proponente.
La semana pasada, el fiscal general interino, Johel Zelaya, fue juramentado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ese nombramiento sigue siendo cuestionado por la oposición, ya que no fueron los dos tercios de los diputados quienes eligieron a las autoridades, sino nueve de diputados mayoritariamente del partido Libre.
Para el analista Raúl Pineda, el requerimiento de la Uferco contra los expresidentes abre la puerta para que la fiscalía que dirige Luis Javier Santos sea usada como instrumento de represión política.
Sin embargo, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, reafirmó a Contracorriente su independencia tras los cuestionamientos de que existe una supuesta instrumentalización de la Uferco por parte de sectores político partidarios u otros grupos particulares.
«Siempre dicen que los casos no están fundamentados o que son el producto de una persecución política. Es siempre el mismo discurso. Pero, desde que salió la Maccih trabajamos igual, investigando a todos. Y nunca tuvimos que pedir permiso al fiscal general para presentar un requerimiento fiscal», concluyó.
