El proceso para escoger al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto comenzó el pasado lunes 8 de mayo con la convocatoria a los sectores que deberán proponer una lista de cinco candidatos al Congreso Nacional. Pero ya hay denuncias sobre acuerdos políticos en el Congreso Nacional. Lo más preocupante es que, frente al temor existente, no existe ninguna ley especial que permita conocer de antemano los plazos y garantizar la transparencia ni la publicidad del proceso. Lo anterior genera escepticismo en varios sectores que deben integrar la Junta Proponente que, a pesar de que el lunes 22 vence el plazo para completarla, todavía hay sectores que no han nombrado a sus representantes. Expertos afirman que esta elección será crucial para la instalación o no de una CICIH por parte de Naciones Unidas.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
El pasado 8 de mayo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, convocó a cinco sectores, entre organizaciones e instituciones del Estado de Honduras, para conformar la Junta Proponente del proceso de selección de candidatos y candidatas a Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028.
La magistrada presidenta Rebeca Raquel, quien de acuerdo al artículo 22 de la Ley del Ministerio Público ostenta la presidencia de la Junta Proponente, convocó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a las universidades privadas, al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a las organizaciones de sociedad civil. Asimismo, hizo un llamado al pleno de la CSJ para que designe al representante del Poder Judicial.
Hasta ahora se ha conocido que el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, declinó su participación en el proceso para integrar la Junta Proponente argumentando que «ya hay componendas políticas» para escoger al Fiscal General y al Fiscal Adjunto. Además explicó que existen consensos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal y que su presencia en la Junta Proponente amenaza intereses específicos del Partido Liberal.
Ante el retiro de Rafael Canales, la Junta Directiva del CAH nombró a Alejandro Hernández como su representante mientras que el pleno de la CSJ escogió al magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Las autoridades de la UNAH explicaron que harán público a su representante el próximo lunes 22, el último día para realizar las acreditaciones en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. El plazo para conformar la Junta Proponente es la medianoche del próximo lunes. Las universidades privadas, el Conadeh y la sociedad civil aún no han hecho público quién será su representante.
La abogada Úrsula Indacochea, directora de independencia judicial para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), dijo a Contracorriente en un Twitter Space que la elección del Fiscal General tendrá un impacto crucial en las negociaciones entre Honduras y las Naciones Unidas para el establecimiento, o no, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
«Creo que si hay un factor que puede ser determinante en que Naciones Unidas decida seguir adelante o no, con este apoyo, es la elección del Fiscal General, ¡sin duda!, y además creo que, no sé si ya ocurrió, pero en estos días está yendo para Honduras una misión de las Naciones Unidas que va a evaluar si existen las condiciones necesarias para establecer una CICIH y definitivamente y, sin duda alguna, los pasos que se van dando para la elección del Fiscal General va a ser algo que los miembros de esta misión van a reportar a su sede en Nueva York, definitivamente», afirmó Úrsula.
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— Jennifer Avila (@jenalear) May 20, 2023
Había un «pacto secreto» para escoger al Fiscal General, pero se vino abajo
El diputado del Partido Libre, Manuel Rodríguez, dijo a varios medios de comunicación que a inicios de este año, cuando se estaban haciendo las negociaciones en el Congreso Nacional para elegir a la Corte Suprema de Justicia, se hizo un pacto para escoger al próximo Fiscal General. Según Rodríguez, el acuerdo era que el próximo fiscal fuera militante del Partido Liberal y cercano al Partido Libre.
«Aquí el Fiscal General lo elige el Congreso y ahí son políticos los que hay, ahí no hay monjas, no hay curas, son políticos los que hay, entonces se había llegado a un entendimiento para darle el Fiscal General al Partido Liberal y se iba a crear un fiscal adjunto más para dárselo al Partido Nacional. Y el Partido Libre se iba a quedar con el Fiscal Adjunto y el Director de Fiscales, pero a raíz de que se está volviendo tortuoso legislar en el Congreso se cayó todo», reveló Rodríguez a Radio América, quien dijo que ahora lo que hay es incertidumbre porque el Partido Libre apenas cuenta con 50 votos.
Rodríguez dijo que si las cosas se complican, tendrán que recurrir a la consulta ciudadana para escoger al Fiscal General. «Es sencillo, se va a convocar al pueblo para elegir al Fiscal General, el pueblo entonces lo elegirá. Casi no se usa esa figura de plebiscito y referéndum, pero la presidenta, si la arrinconan tanto, va a gobernar con el pueblo. Ya en Centroamérica lo han hecho, lo hizo Nayib Bukele en su momento».
Sobre esto, Yani Rosenthal contestó a Rodríguez a través de la misma cadena radial y aseguró que es falso lo expresado por el diputado del Partido Libre y que eso ya fue descartado por el propio jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento. «Serían ineptos los del Partido Libre ceder al Fiscal General cuando están a punto de obtenerlo y es parte de sus objetivos».
«Es claro que ellos [el Partido Libre] tienen una intención muy definida de controlar todos los operadores de justicia y jamás van a ceder la Fiscalía General, entonces, solo a simple vista es obvio que eso es imposible. En febrero, cuando nosotros llegamos a la elección de la CSJ, se suscribió un convenio que fue público y ahí no hay acuerdos secretos», manifestó Rosenthal.
El fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Contracorriente que es lamentable que escuchen versiones de que ya está todo pactado en el Congreso Nacional para elegir al Fiscal General cuando todavía no está ni integrada la Junta Proponente.
«Lo que hacen ese tipo de discursos es desmotivar a las personas que quieren participar en el proceso. Yo soy el primero, si me preguntan si quiero participar en un proceso, yo no lo haría si ya se sabe quién va a ser un Fiscal General, ¿qué sentido tiene un proceso donde ya se sabe quién va a ser el candidato? La otra manera sería participar para denunciar todas esas cuestiones que a veces quedan en la oscuridad», expuso Luis Javier Santos.
El fiscal agregó que, a su juicio, la lentitud en el nombramiento de representantes para la Junta Proponente obedece al escepticismo: «no existe como el ambiente de que este va a ser un proceso realmente transparente, creo que eso es lo que está impidiendo y lo que está tardando en que estas organizaciones puedan nombrar a sus representantes».
Sobre la posibilidad de agregar otro fiscal adjunto y elevar a rango constitucional al Director de Fiscales, Luis Javier Santos mencionó que para todo eso se requiere la reforma a la ley y a la Constitución de la República.
«Entonces eso es imposible, pero en Honduras no hay nada imposible. La ley y la Constitución no hablan de magistrados suplentes [en el caso de la CSJ actual] y tenemos magistrados suplentes. Otro ejemplo es que en el Tribunal Superior de Cuentas existe un tribunal que tiene que ratificar los informes y han salido informes que no han sido ratificados por el pleno. Entonces cualquier cosa puede pasar», dijo.
Luis Javier Santos añadió que el legado que deja el Ministerio Público saliente es la lección de que en Honduras hay algunos sectores que son intocables, aunque aparezcan en algunas investigaciones del Ministerio Público. «Una razón puede ser por la cobardía de algunos que están llevando las investigaciones y otra es porque para llevar a esos individuos a los tribunales se necesita el apoyo institucional y se necesita también un poder judicial fortalecido para que los imputados no solo lleguen a los tribunales y queden en libertad, y luego los fiscales quedan expuestos y con otro enemigo más dentro de la sociedad».
El fiscal jefe de la UFERCO concluyó que el Ministerio Público debe trabajar de forma independiente, no prestarse para ningún programa político, sino que debe combatir la criminalidad, sin sesgos políticos y solamente buscando que se aplique la justicia y que se deduzca la responsabilidad a quien ha incurrido en algún hecho delictivo».
A elegir al Fiscal General sin una ley especial que rija el proceso
El proceso para la elegir al Fiscal General tiene más debilidades normativas que el anterior proceso para elegir a los 15 magistrados de la CSJ, pues no se aprobó ninguna ley que establezca un proceso claro para la Junta Proponente, lo que impide por ahora conocer las fases en las que se apliquen principios de publicidad, transparencia, entre otros.
Osiris Payes, abogada y asesora en transparencia del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), dijo a Contracorriente que, si analizamos la reglamentación disponible, en la Ley del Ministerio Público apenas dos artículos hablan sobre el proceso para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Agregó que, por otro lado, la Constitución solo tiene un artículo sobre este proceso.
«Lastimosamente no hay normativa que sea jurídicamente vinculante a través de la cual podamos exigir el término de plazos, transparencia, publicidad, fases del proceso como tal, como CESPAD estamos preocupados sobre la manera de cómo ha iniciado este proceso» Osiris Payes.
Osiris Payes añadió que ante la falta de normativas claras para garantizar transparencia, la única salida que queda es que esa Junta Proponente elabore un reglamento que contenga altos estándares como la publicidad, la transparencia, la independencia, la meritocracia y todas las normas internacionales que ha recomendado las Naciones Unidas.
Payes recordó que un informe de relatoría de Naciones Unidas fue el que motivó la creación de una Ley para la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la CSJ.
Osiris explicó que en el pasado los procesos para elegir al Fiscal General estuvieron cargados de opacidad. «En estos procesos históricamente tenemos como antecedentes que solo postularon 25 participantes, es un número muy bajo, y eso tiene que ver con la poca confianza que se tiene en esta elección del fiscal. Recordemos que la Junta Proponente tiene que remitir una nómina de 5 postulantes al Congreso Nacional».
Payes recordó que la Junta Proponente de 2018 fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la sociedad civil presentó una denuncia y el sustento era que en ese proceso —en el que Óscar Chinchilla fue reelecto de forma arbitraria— hubo falta de claridad en las reglas. «Fue tanta la importancia de ese proceso que la CIDH convocó a audiencia pública al Estado y a las organizaciones de sociedad civil».
¿Qué se espera en los próximos días en el proceso para elegir al Fiscal General?
Luis Daniel León, Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), indicó a Contracorriente que una vez que estén todos los integrantes de la Junta Proponente, se iniciará el proceso de reunión de la Junta que la preside Rebeca Ráquel y ellos deberán definir el cronograma y la metodología de evaluación de los candidatos.
«Lo que sí es claro es que para el mes de julio debe de estar una lista de al menos cinco candidatos para que se puedan elegir dos [Fiscal General y Fiscal Adjunto], a mí lo que me preocupa es que se ha iniciado tarde la convocatoria y que, dicho sea de paso, parece que se va a tardar un poco más», expuso León.
León dijo que a estas alturas ya no se puede crear una ley especial para regir el proceso de elección de Fiscal General. Esto es importante, sobre todo tomando en cuenta que en el proceso en el que se eligió a los 15 magistrados de la Corte, los sectores que integraron la Junta Nominadora no pudieron nominar candidatos, sino que se limitaron a recibir autopostulaciones porque así lo determinó la ley.
«Si quisiesen hacer lo mismo que con la Junta Nominadora deberían hacer una reforma a la ley del Ministerio Público, pero creo que no da el tiempo ya para eso, entonces estoy viendo que las organizaciones que van a postular candidatos lo harán con cierto número de favorecidos políticamente; no puedo decir que ya los eligieron, pero sí puedo decir que están perfilado quiénes son los posibles candidatos y candidatas para empezar una componenda política».
León fue claro al manifestar que, aunque exista el deseo de un sistema de selección basado en la meritocracia, en capacidades, transparente y competitivo, la realidad dista de eso, porque para este cargo hay un gran interés político y seguramente los que se elijan va a ser por ese por esas razones.
«Lo que me preocupa es que [para elegir la CSJ] no era tan difícil dividir 15 cargos entre tres partidos políticos; el problema es que ahora hay que elegir dos entre tres. Entonces si no hay un buen diálogo, un buen acuerdo, seguramente va a generarse un conflicto y yo creo que más conflictos para el pueblo hondureño es más desgaste, más desgaste, más división, así que el panorama tampoco es tan alentador», expuso León.
León también ve un problema para que la sociedad civil elija a su representante: «la sociedad civil tiene que ir a asamblea, recuerde usted que ahí hay un tema que arreglar, porque para la elección anterior se hizo un arreglo transitorio a la ley, de que el representante de sociedad civil era un grupo de organizaciones específico; ahora se están hablando de asambleas y convocar una asamblea de sociedad civil no es fácil, así es que creo que vamos a llegar un poco dilatados al proceso inicial y ya estamos contra el tiempo».
Sobre la posibilidad de que el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal y el Partido Nacional alcancen acuerdos para manejar conjuntamente el Ministerio Público, León dijo que «ya había habido un ejercicio de esto a lo largo de todos estos años, el primero con la elección de los tres comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), un segundo con la Unidad de Política Limpia, un tercero el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y el último fue la elección de la CSJ».
«Tenemos que tener los pies sobre la tierra de que estamos viviendo sobre un tripartidismo consolidado y que ese tripartidismo va buscar llegar a acuerdos de una u otra manera en cualquiera de los temas» dijo Luis Daniel León.
León aseguró que pensar en una modificación para un segundo Fiscal Adjunto está a destiempo, porque es un tema constitucional y requiere ratificación; por ende, no se puede, y la elección hay que hacerla en dos meses. Tampoco cree posible elevar al Coordinador de Fiscales a rango constitucional «Porque también se requiere ratificación, pero si se pudiese hacer como transitorio, le quita la cobertura al Fiscal General. Al final quien haría la investigación directamente y sin pedir permiso sería el Coordinador de Fiscales, entonces, políticamente no serviría tener a un Fiscal General y a un Adjunto que no manden», expuso León.
Por esa razón, León dijo que dos de los tres partidos políticos van a tener que ponerse de acuerdo para elegir al Fiscal y ahí es donde vendrá un problema. «Los Libres proponían a los liberales una alianza, y claro, esa alianza iba a ayudar a tener un Fiscal General conjunto entre ellos y ahora se siente que los liberales están más cerca de los nacionalistas, entonces hay más posibilidades de que el fiscal sea de la oposición que del oficialismo ¿y qué pasa si el oficialismo no tiene un fiscal? que vamos a tener una crisis».
«La posibilidad de obtener limpiamente un fiscal es muy pequeña en este momento”: Luis Daniel León.
