Después de que en enero de 2023, el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi) sufriera un robo violento en el que los delincuentes preguntaban por las contraseñas de sus computadores y celulares, a finales del mes de marzo, en dos ocasiones, tres integrantes de su equipo fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de miembros de seguridad del Estado.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Facebook Caprodi
El Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi), ubicado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras, reportó que en lo que va de 2023 han sufrido tres agresiones o amenazas violentas en contra de los miembros de su equipo. El primero se registró el 16 de enero y los restantes dos entre el 30 y 31 de marzo.
Cristian Murillo, director ejecutivo de Caprodi, manifestó a Contracorriente que el 16 de enero las instalaciones de Caprodi fueron violentamente asaltadas en horas del día. «Las compañeras que estaban presentes ese día fueron sometidas a tratos violentos, insultos y agresiones», dijo.
Murillo agregó que los asaltantes preguntaron ese día por las contraseñas de las computadoras y de los teléfonos. «Está de más decirlo, pero son fuentes de información, había un interés evidente por obtener dispositivos más allá del valor (que estos aparatos pueden tener). Creemos nosotros que lo que buscaban era información institucional».
El director de Caprodi afirmó que durante los últimos tres meses han recibido también visitas de personas que llegan a preguntar a la institución quiénes son las personas que dirigen la institución.
El segundo incidente, señaló Cristian, se registró el pasado jueves 30 de marzo frente al edificio de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional en El Progreso, frente al cementerio de la ciudad. En este caso, tres de sus compañeras de Caprodi fueron intimidadas por miembros de seguridad del Estado.
«Tres compañeras fueron amenazadas con armas de grueso calibre por oficiales de la Policía Nacional. Eso fue a las 11:30 de la mañana, pero el incidente se repitió otra vez el día siguiente, el viernes 31 de marzo a las 8:10 a.m», reveló.
Murillo aseguró que desde Caprodi están trabajando para beneficiar a personas con discapacidad en un ambiente «sumamente hostil, peligroso y amenazante en donde el trabajo de defender los derechos de las personas con discapacidad está exponiéndonos institucionalmente, pero también está exponiendo a las compañeras en el ejercicio del trabajo de la defensoría de derechos».
Caprodi trabaja con mujeres y personas con discapacidad que están privadas de libertad y es una organización que presiona a las autoridades centrales y locales para que transparenten los procesos de ayuda a las personas con discapacidad y denuncia además evitar los tratos crueles e inhumanos contra este grupo vulnerable.
Amenazan a tres integrantes de Caprodi
El pasado jueves, a eso de las 11:30 a.m. tres mujeres, integrantes del equipo de salud y rehabilitación de Caprodi, promotoras de los derechos de las personas con discapacidad en Honduras, fueron sometidas con armas de grueso calibre por un miembro vestido de civil que, sin ninguna identificación, les apuntó con un arma y les ordenó que le abrieran el vehículo.
Al agresor, que dijo pertenecer a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se sumaron luego agentes de la Policía Nacional que también apuntaron sus armas contra ellas.
Karina Flores, subdirectora general de Caprodi y coordinadora de incidencia, dijo a Contracorriente que ella manejaba el carro ese día cuando el agente de la DPI se paró frente al vehículo y apuntó su arma contra ellas.
«El incidente del jueves fue preocupante, ver de entrada un arma en frente de nosotras. Y luego ver un hombre que sostiene el arma, golpea directamente el vidrio y nos empieza a exigir que le abramos. En ese contexto, para nosotras es difícil reconocerlo como una autoridad. Lo primero que se nos ocurrió es que nos querían secuestrar por la manera tan grosera y violenta con que movía las armas y nos pedía que abriéramos el carro», expuso Karina.
La subdirectora de Caprodi agregó que, mientras determinaban qué hacer ante la petición violenta de detenerse y abrir el vehículo, avanzaban lentamente hacia el semáforo cuando el agente de la DPI comenzó a perseguirlas a pie, golpeando el vehículo e insistiendo que abrieran el carro. «En ese momento pude percatarme que ya había policías uniformados de la Policía Nacional y que estaban apuntando las armas contra nosotras, pero en ese momento aún no podía acreditar que eran autoridades locales», explicó Karina.
«Pude reconocer el rostro de otro policía que había en el entorno y eso fue lo que me dio la pauta de parar», expuso Karina, quien detalló que agresivamente los policías procedieron a señalarlas de pertenecer a una mara o pandilla y a indicarles que el vehículo en el que se trasladaban estaba reportado como «bloqueado». Cabe mencionar que dicho vehículo fue asignado por el propio Estado de Honduras a Caprodi, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
«El carro es totalmente transparente (vidrios claros) y aunque los vidrios estaban arriba en todo momento, ellos sabían que éramos tres mujeres. Cuando le preguntamos (al agente de la DPI) por qué las armas, y por qué hacía eso, entonces decía que lo estaban haciendo porque no sabía si las personas que conducían el carro eran miembros de una mara. Yo les preguntaba si no era evidente que en el carro nos conducíamos tres mujeres adultas. ¿Cómo nos va a identificar como miembros de maras y pandillas si está viendo que somos tres señoras? le dije yo», recordó Karina.
El personal de Caprodi llamó al subinspector Fonseca de la Secretaría de Seguridad, quien inicialmente había sido el enlace de seguridad y protección de Caprodi debido a otros hechos violentos sufridos anteriormente, quien les informó que ahora debían llamar al inspector de seguridad Espinoza Reyes.
Contracorriente intentó contactar al inspector Espinoza Reyes, quien no atendió nuestros llamados. Tampoco atendió el vocero de la policía en la ciudad de El Progreso, Óscar Sevilla.
Es preciso señalar que la ciudad de El Progreso, Yoro, se encuentra bajo un estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro. Honduras ha prorrogado durante más de cuatro meses esta medida con el argumento de combatir las extorsiones y las pandillas, sin embargo, las cifras de violencia continúan igual.
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Karina aseguró que no han sentido el respaldo ni la seguridad ciudadana, en un año en donde han atravesado una situación altamente crítica a nivel institucional. «En los hechos del 16 de enero, cuando robaron todo nuestro equipo institucional, asaltaron a nuestras compañeras. Incluso hubo acoso sexual contra una de ellas. Y es que Caprodi es una institución en donde todas las personas que trabajamos acá somos mujeres, el único hombre es nuestro director (Cristian Murillo) y él es una persona ciega», dijo Karina Flores.
Caprodi y el trabajo de denuncia ciudadana
Caprodi ha jugado un papel importante en cuanto a incidencia ciudadana y es que la organización ha realizado denuncias con las cuales algunas autoridades pueden sentirse incomodas, aseguró Cristian Murillo, quien reveló que el año pasado, Caprodi sentó al Estado hondureño en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde denunció «los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que rayan con la tortura que sufren las personas con discapacidad y que están con privación de su libertad».
Cristian detalló también que han evidenciado la falta de políticas públicas y la falta de presupuestos reales que se puedan asignar o que se han dejado de asignar en la corporación municipal de El Progreso, Yoro. «Así que hay varios factores o elementos que pueden contribuir a la exposición institucional y al aumento de riesgo y vulnerabilidad que estamos viviendo particularmente este año».
El director de Caprodi manifestó que el trabajo de esta institución está creciendo y que ahora le apuestan a una ciudad inclusiva, sin tener certeza de si contarán con el apoyo de las autoridades. «No sabemos si las autoridades se van a subir al barco, si va a haber oposición o si va a haber una acción para evitar esta efervescencia que nosotros estamos contagiando. Porque estamos hablando con maestros, médicos, padres y madres de familia, para que los enganchemos en transformar en los cimientos de esta ciudad, para transformarla en una ciudad que sea inclusiva, que respete el medio ambiente pero también una ciudad que sea amigable», concluyó Cristian.
