La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) desarrolló entre el 6 y 7 de febrero una audiencia pública por la destitución abrupta, en el año 2012, de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de Honduras por parte del Congreso Nacional, liderado en ese entonces por Juan Orlando Hernández. La defensa de Honduras estuvo integrada, entre otros, por la abogada Laura Flores Dubón, secretaria general de la PGR e hija del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y de la candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón Villeda.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Portada: captura de pantalla de la transmisión en vivo de la Corte-IDH
El Estado de Honduras se comprometió el pasado martes en San José, Costa Rica, a reparar los daños sufridos por los cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apegándose a lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El Estado reconoció también que a los exmagistrados les asiste el derecho de recibir una indemnización económica en compensación por los daños ocasionados.
No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR), defensora del Estado de Honduras, solicitó a la Corte-IDH tener presente «las actividades económicas y laborales de los exmagistrados y tomar en consideración la precaria situación económica del Estado de Honduras».
El caso, conocido como «Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras», tiene que ver con la destitución arbitraria e ilegal, en diciembre del 2012, de Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruiz Gaekel, todos exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes habían sido electos para un período de 7 años y dejarían sus cargos en enero de 2016, pero fueron destituidos cuatro años antes.
Honduras está a las puertas de una nueva condena internacional por la separación arbitraria de estos cuatro exmagistrados, debido a las decisiones tomadas por el Congreso Nacional (2010-2014), pues dichos diputados no contaban en aquel momento ni con competencias ni con facultades para emprender procedimientos sancionadores de carácter político, como al que fueron sometidos.
Es ampliamente conocido que los exmagistrados fueron destituidos porque, entre otras cosas, declararon inconstitucionales leyes promovidas por el expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, como la de las Ciudades Modelo —ahora conocidas como Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes)—, que, aunque ya fueron derogadas por el actual Congreso Nacional, está pendiente todavía que se ratifique dicha derogación.
El Estado de Honduras ha enfrentado en los últimos años un viacrucis de demandas nacionales y condenas internacionales. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que, entre 1988 y 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte-IDH.
«Actualmente, 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados. En 13 de las sentencias, hay 117 medidas de reparación dictadas por la Corte-IDH; de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento»,informó el Conadeh.
Es importante señalar que existe otra demanda contra el Estado de Honduras denominada «José Manuel Zelaya y otros vs. Honduras», aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de agosto de 2021.
La mayoría de esos seis exfuncionarios demandantes fueron víctimas del golpe de Estado de 2009, incluyendo al expresidente Zelaya, quienes buscaron justicia ante el Sistema Interamericano y están ahora en el poder.
Al expresidente Zelaya, actualmente asesor presidencial y figura omnipotente en el Partido Libre, lo acompañan en esta demanda contra el Estado la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada; el actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza; el actual canciller de la República de Honduras, Enrique Reina; Edwin Araque, nombrado en este Gobierno presidente de Banhprovi; Rebecca Santos, actual directora del Banco Central de Honduras (BCH) y Patricia Rodas.
CNA: Bufete ligado a actual secretaria general de la PGR ha presentado varias demandas contra el Estado
El pasado 27 de diciembre de 2022, el sitio Proceso.hn, publicó: «Marlina es la madre de Laura Flores Dubón, secretaria general del bufete D-LEX que tiene demandado al Estado de Honduras».
Contracorriente buscó cómo contactar a la abogada Laura Flores, para consultarle sobre esto, pero no hubo resultados satisfactorios.
Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en su página 21, reveló que encontraron que en el bufete del señor Milton Jiménez Puerto (también candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia ligado al Partido Libre y al Partido Liberal), se le otorgó poderes a varios abogados para que demandaran al Estado de Honduras. El conflicto radica en que estos abogados, según el informe del CNA, son socios de la actual secretaria general de la PGR, Laura Flores.
«Se le ha otorgado diferentes poderes para pleitos a los abogados Darío Josué García Villalta, Diego Daniel García Villalta y Darlyn Oneyda Reyes López para que entablen demandas contra el Estado de Honduras. En cuanto a esos poderes cabe destacar que los abogados mencionados anteriormente son socios de una de las hijas de (Sonia Marlina) Dubón Villeda, llamada Laura Alejandra Flores Dubón, en el bufete legal D-LEX», se indica en el informe.
«Es decir, —continúa apuntando el informe del CNA—, que los socios de la hija de la postulada a magistrada de la CSJ Sonia Marlina Dubón Villeda tienen a su cargo varias demandas contra el Estado de Honduras. Por otra parte, se tiene información que la abogada Sonia Marlina Dubón Villeda, en representación de la sociedad Bienes Raíces Arias S.A. de C.V. es quien otorgó al abogado César Augusto Girón Lanza un poder como representante procesal de Bienes y Raíces Arias, para que presentara ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) un reclamo administrativo por más de 51 millones de dólares estadounidenses», subrayó el CNA en su informe.
Contracorriente buscó la reacción de la abogada Blanca Izaguirre, titular del Conadeh y exintegrante de la Junta Nominadora para candidatos a magistrados de la CSJ. Izaguirre tiene dentro de sus facultades conocer acerca de las demandas contra el Estado porque forman parte de su competencia, al tener que velar por el cumplimiento de las sentencias o para procurar el bienestar de los derechos humanos de las víctimas.
Blanca Izaguirre dijo lo siguiente a Contracorriente: «Yo desconozco lo de Laura. Desconozco que haya trabajado en un bufete y que tenga una demanda contra el Estado. Lo desconozco totalmente y sería irresponsable decirle que sí. Ahora, en el caso del expresidente Zelaya, me imagino que él tendrá ante la Comisión Interamericana su petición, pero esta todavía no ha trascendido a la Corte-IDH».
«Laura es Laura y doña Sonia (Marlina) es doña Sonia. Aquí, yo no estoy apelando por nadie, simple y sencillamente. Le pondré un ejemplo, mi querido amigo, si a mí me hubieran destituido, por ejemplo, como pretendían el año pasado, y lo hubieran logrado, yo hubiera demandado al Estado de Honduras, porque como ciudadana es mi derecho, cuando a mí me despiden sin llevar el debido proceso, e injustificadamente, a mí el derecho me asiste», expuso la titular del Conadeh.
Sobre el caso de la abogada Marlina Dubón, candidata a magistrada, la abogada Blanca Izaguirre expuso que tampoco conoce que Marlina tenga alguna demanda contra el Estado de Honduras y detalló que dentro de la Junta Nominadora la tacha contra ella no prosperó.
«La tacha que tuvo la abogada Sonia Marlina, que ahora es de público conocimiento, tenía que ver con un tema de parentesco y de filiación familiar, pero al final la responsabilidad penal es personalísima y la responsabilidad de los actos también es personal, o sea, yo no puedo responder por los actos de mi papá, por ejemplo. Esa fue la tacha que tuvo (Marlina) en algún momento», expuso Izaguirre.
Sin embargo, Izaguirre dijo que los parentescos conllevan conflictos de interés, «esa misma pregunta se le hizo a la abogada Marlina, me acuerdo en la audiencia (dentro de la Junta Nominadora). Perdón, a la abogada Tirza. A ver, en realidad a las dos les preguntaron sobre ese mismo tema. Y ellas dijeron, que había mecanismos en el sistema para que uno no pueda conocer de una causa: o me excuso o me recusan. Tal vez no estoy hablando del tema legal aquí, pero estoy hablando sobre el tema de la ética».
La titular del Conadeh afirmó que la PGR debería tener un papel «un poco más activo», pues a su criterio es tiempo de «deducir responsabilidad no a la institución sino a quien fungió como titular en su momento, o a quien tuvo la gerencia general o la directriz de una institución, porque al final quien paga es el Estado de Honduras, lo que significa que somos todos los que aportamos con nuestros impuestos».
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Laura Flores Dubón y su defensa ante la Corte-IDH
En la audiencia del pasado martes, referente a «fondos y eventuales reparaciones y costas», además de la presencia del subprocurador Tomás Andrade y la secretaria general Laura Flores Dubón, estuvo presente el abogado Carlos Josué Padilla, servidor judicial, representando al Poder Judicial hondureño.
Laura Flores Dubón es hija del actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza (favorecido por undecreto de amnistía emitido por el actual Congreso en febrero de 2022) y de Marlina Dubón, quien figura dentro del listado de 45 personas nominadas a integrar la CSJ de Honduras (2023-2030).
La secretaria general de la PGR es, además, prima de la subsecretaria de Gobernación y Justicia, Carmen Haydeé López Flores, y sobrina de la abogada Tirza Flores, actual magistrada de la Corte de Apelaciones y actual candidata a magistrada de la CSJ.
Su madre, la abogada y notaria Marlina, ha sonado mediáticamente no solo para ser elegida como magistrada, sino como fuerte candidata para ocupar la presidencia de la CSJ.
Laura Flores Dubón no dejó pasar la oportunidad para hablar, durante la audiencia, sobre el actual proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (cuyo debate está suspendido en el Congreso desde la medianoche del 25 de enero por falta de consensos), al afirmar que dicho proceso ha sido «sumamente transparente y ha permitido de gran manera la veeduría ciudadana».
A pesar de aceptar la responsabilidad del Estado de Honduras en la separación arbitraria de los exmagistrados, Flores Dubón expresó que el Estado de Honduras considera que en el presente caso no se configuraron elementos que evidencian violación al derecho a la integridad física de los exmagistrados.
«Vale resaltar que, como fue expuesto en nuestro escrito de contestación, solicitudes, argumentos y pruebas, las presuntas víctimas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, que es el ente investigador del Estado, posteriormente a su destitución», expuso.
La abogada Fabiola Cantú, abogada representante de los exmagistrados hondureños, rechazó esta postura y dijo que hubo 29 hechos señalados ampliamente denunciados ante distintas instancias y «no fueron solamente amenazas, sino que incluyen además intentos de secuestro, abuso de armas, intervención de comunicaciones y, en cualquier caso, reiteramos ante esta Corte que la obligación de activar la investigación en los casos del artículo 5 de la convención es del Estado, y no de las víctimas».
Fabiola Cantú también reaccionó sobre otro punto planteado por Laura Dubón: «Ellos dijeron que una posible reincorporación a la Corte Suprema como magistrados, dictada por esta Corte interamericana, vulneraría el diseño institucional de nombramiento, a esto solo cabe responder con la Convención de Viena, sobre derecho de los tratados que no se pueden invocar normas del derecho interno para el incumplimiento de las obligaciones convencionales que tiene el Estado. Reconocemos que existen enormes desafíos, pero esta Corte Interamericana tiene una oportunidad importante para pronunciarse sobre esta medida de reparación», expuso Cantú.
Daniela Saavedra, abogada de la Sección de Casos de la CIDH, expuso por su parte que, en este caso, si bien el reconocimiento parcial del Estado de Honduras contribuye a la obtención de justicia, dignificaciones y reparación de las víctimas, no comparten el hecho de que el Estado de Honduras se rehúse a aceptar ser responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 5 de la Convención, referente a amenazas.
«El presente caso representa la materialización de los graves riesgos que implica para la independencia judicial el control político realizado por otro poder del Estado», expuso Saavedra.
Joaquín Mejía: «Magistrados, antes de ser destituidos, cometieron graves violaciones a los derechos humanos»
Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional y quien ha representado a múltiples víctimas ante el Sistema Interamericano, afirmó que el caso de los exmagistrados hondureños destituidos en 2012 da una tremenda lección de vida a los propios exmagistrados, pues estos le dieron la espalda al pueblo hondureño tras el golpe de Estado de 2009.
«De 81 recursos de amparo y habeas corpus que presentó la ciudadanía para que esa Sala de lo Constitucional (integrada por los exmagistrados) los amparara en sus derechos, solo resolvió dos. Los únicos dos que resolvió fueron los que beneficiaban al general golpista Romeo Vásquez Velásquez. Me parece a mí que esta es una lección de vida para estas cuatro personas, porque ellos fueron culpables de las graves violaciones a derechos humanos que se dieron en el marco del golpe de Estado, porque como miembros de la Sala Constitucional no protegieron los derechos de las personas a través de los recursos que se presentaron», expuso.
Mejía dice que esto da otra clara enseñanza: «Los magistrados vieron claramente cómo cuando un Estado no protege derechos queda la posibilidad de acceder a la justicia internacional para que esa justicia ampare derechos, derechos que ellos mismos no quisieron proteger en el marco del golpe de Estado, y eso es algo que es importante no dejarlo a un lado. En segundo lugar, es importante destacar que el Estado ha asumido una buena posición porque ha reconocido la responsabilidad, aunque sea parcial, porque el Estado está aceptando que efectivamente se violaron los derechos de estos cuatro magistrados al destituirlos de sus cargos sin una base legal».
Mejía, sin embargo, reconoció que la posición del Estado es bastante débil al decir que no conocía de las amenazas y coacciones, solo porque estos exmagistrados no presentaron las denuncias respectivas. «Yo incluso entiendo que uno de los magistrados tenía medidas de protección por parte del Mecanismo Nacional de Protección, me parece débil que el Estado argumente eso, sin embargo, el Estado está en su derecho en pelear esa parte porque considera que no hay elementos para probar que el Estado tiene responsabilidad».
Mejía planteó que lo que queda ahora es que el Estado de Honduras, que va a ser condenado en una sentencia, aplique a través de la PGR una «acción de repetición», que deberá ejercerse contra el servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta haya provocado que el Estado haya resultado condenado al pago de una indemnización.
Uno de los nombres que surgió con más regularidad durante esta audiencia, señalado como culpable de fraguar la destitución de estos exmagistrados, es el expresidente Porfirio Lobo Sosa. El exmandatario, pese a que el Estado está a punto de ser condenado y obligado a pagar enormes cantidades de dinero como indemnización, sigue sin dar el brazo a torcer: «No entiendo cómo pueden demandar, si el Congreso los eligió y si el mismo Congreso los destituyó por mayoría calificada ¿cuál es el problema?», dijo el expresidente Lobo, a la cadena radial HRN.
Por su parte, el abogado Mejía expuso que «esto está establecido en el artículo 324 constitucional, porque esta sentencia condenatoria va a implicar una indemnización, es decir, que se le pague sus salarios caídos a estos magistrados, ese artículo 324 faculta a la PGR para ejercer la acción de repetición, es decir, detectar quiénes son los diputados que votaron a favor de estos magistrados, detectar quiénes son los 13 magistrados de los 15 que votaron en contra de admitir los recursos de amparo a estos cuatro magistrados, y que sean estas personas, a través de sus salarios y de sus bienes, los que reparen al Estado y devuelvan lo que el Estado tiene que pagar como indemnización», expuso Mejía.
Mejía dice que hay suficiente jurisprudencia para descartar que la Corte pueda ordenar el reintegro de los magistrados, porque esto solo ocurre cuando se trata de jueces o magistrados de carrera. «Los altos cargos como Fiscal General, PGR, altos magistrados no son cargos de carrera, ellos solo tienen estabilidad por un período de tiempo muy concreto», expuso.
Joaquín Mejía aseguró que mientras la clase política y los poderes fácticos sigan controlando las decisiones alrededor de estas altas cortes, son muy pocos los avances que podremos ver, y agregó que para fortalecer el Estado de Derecho en asuntos constitucionales es necesario hacer dos cosas: «Eliminar el requisito del notariado y eliminar el tema de la Sala Constitucional. Tenemos más bien que luchar para que exista otro órgano que cierre todo el sistema y que sea independiente: un Tribunal Constitucional, que sea totalmente independiente de todos los poderes del Estado, inclusive del Poder Judicial, porque el golpe de Estado, la reelección presidencial, las ZEDE, esas sentencias (dictadas en su momento por magistrados de salas constitucionales) debieron garantizar el respeto de la Constitución y no lo hicieron, ellos, Gutiérrez Navas y los otros, apoyaron el golpe de Estado, por eso es importante que el máximo órgano encargado de defender la Constitución esté fuera del Poder Judicial».
Sobre el caso Manuel Zelaya Rosales y otros vs. Honduras, Mejía indicó que las personas que figuran como víctimas en este caso han tenido la calidad de víctimas desde antes de ser funcionarias y, por lo tanto, el hecho de llegar al poder del Gobierno no les quita, ahora, su calidad de víctimas. En el caso de Laura Flores Dubón, quien forma parte de la PGR, Mejía consideró que «seguramente», de tocarle conocer ese caso, se excusará.
La violación constante a la Constitución de la República de Honduras, la politización de la institucionalidad y la falta de independencia entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), provocan escenarios recurrentes, en donde los victimarios fácilmente se convierten en víctimas. Este es el caso de cuatro exmagistrados hondureños que están a punto de ganar una demanda al Estado de Honduras; también es el caso de exfuncionarios del Gobierno del Poder Ciudadano, que encabezó el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), quien, después de desobedecer la decisión de varias instituciones en aquel momento, fue víctima de un golpe de Estado militar que lo sacó del poder.
