El 14 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro y el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, autorizaron a través de un Decreto Ejecutivo y por «razones de seguridad nacional» la contratación directa de «servicios requeridos para el buen funcionamiento de Casa Presidencial», entre ellos: alimentación, transporte aéreo y terrestre, encuestas, estudios, comunicación, entre otros. A pesar de que el decreto se publicó hasta el pasado 17 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta, Casa Presidencial empezó la contratación de los servicios de manera directa desde febrero de 2022.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El pasado 17 de noviembre se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo 04-2022 en el que la presidenta Xiomara Castro y el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María autorizaron a la administración de Casa Presidencial realizar por «razones de seguridad nacional y alto interés del Estado», la contratación directa para la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos, de inteligencia, servicios y equipos informáticos, de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros.
Este decreto permite a la administración presidencial omitir los procesos de licitación pública y privada para así poder contratar empresas o personas a discreción, pero no deja claro si los proveedores tendrán que cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta modalidad de contratación fue altamente cuestionada en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández debido a la sobrevaloración y corrupción con la que muchas empresas se beneficiaron con la justificación de situaciones de emergencia en el país.
Ante ese contexto y la publicación de este Decreto Ejecutivo, organizaciones de sociedad civil alertan sobre las posibles implicaciones que tendría la ausencia de procesos de licitación en las instituciones de gobierno, incluso si la motivación es de seguridad nacional.
Opacidad sobre la alimentación de la presidenta
El Decreto Ejecutivo 04-2022 fue emitido y firmado por la presidenta y su secretario de estado hace casi diez meses, el 14 de febrero de 2022. Desde entonces, la administración de Casa Presidencial tuvo la autorización de realizar contrataciones sin licitación, tratando directamente con las empresas de su consideración. Este decreto salió a luz pública hasta el pasado 17 de noviembre con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El decreto justifica que para garantizar el buen desempeño del Gobierno existe una condición, y es que se requiere que la Casa Presidencial «cuente con óptimas condiciones de funcionamiento» incluyendo garantizar la máxima seguridad de la presidenta Castro, de su familia – sin especificar qué miembros de esta – y funcionarios y empleados que trabajan con ella. Además, apuntan que dicha condición hace necesario que «exista la libertad para realizar contrataciones directas […] respondiendo a criterios de seguridad, urgencia, calidad y de confianza, exigiendo las circunstancias que se mantengan en máxima reserva las operaciones del Gobierno».
Rodolfo Pastor, secretario de Estado de la Presidencia, explicó a Contracorriente que la emisión de este decreto responde a la preocupación del gobierno por la seguridad de la mandataria y el riesgo que asume «al enfrentarse al crimen». Destacó especialmente la protección de la alimentación de la presidenta y quienes la rodean.
«Estamos enfrentados en Honduras a una serie de grupos, algunos muy peligrosos que están violentamente en contra del proyecto político que nosotros enarbolamos, entonces, cuidar a la presidenta y cuidar de quienes la acompañan en Casa Presidencial es un tema de seguridad y por eso se está disponiendo que se pueda hacer esta excepción que nos permita resguardar la seguridad de la presidenta», explicó.
Además, Pastor aseguró que dicho decreto no pasa por alto la Ley de Contrataciones del Estado y tampoco se dejará de rendir cuentas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) u otros entes de fiscalización.
«Ninguna instancia de transparencia será superada por el decreto que permite las compras directas, lo que se supera es tener que proceder a una licitación pública para comprar la comida de la presidenta», apuntó Pastor.
Según lo reflejado en la página de transparencia de Casa Presidencial, desde que inició el gobierno no se ha sometido un solo proceso a licitación o cotización, todas las compras y contrataciones se han realizado de forma directa. En el caso de la alimentación que apunta el ministro Pastor, el 1 de abril del 2022 la administración de Casa Presidencial firmó un contrato con la ciudadana María José Henríquez Mejía, originaria del departamento de Olancho.
Dicho contrato, según lo revisado por Contracorriente en la página de transparencia, es el único en el que se hace referencia al Decreto Ejecutivo 04-2022. En el mismo se refiere al contratista como la empresa Inversiones Henríquez; sin embargo, la empresa no se encuentra constituida como tal en el registro mercantil, sino que es María Henríquez quien está registrada como comerciante individual y quien ha asumido el nombre comercial de Inversiones Henriquez, y es bajo esa modalidad que presta el servicio de alimentación al público en general, y en este caso, a Casa Presidencial.
A pesar de que el contrato fue firmado el 1 de abril, el primer pago que se realizó tiene fecha del 15 de marzo por concepto de suministro de alimentación del 7 al 11 de marzo del 2022. En esa ocasión, se le pagó por cinco días de alimentación en Casa Presidencial un total de 48,070 lempiras que correspondían a los estipulado en el contrato por plato de comida que, según lo descrito, es de 95 lempiras hasta 200 lempiras en el caso de eventos especiales.
Contracorriente consultó a María Henríquez, la comerciante individual que firmó el contrato y que ofrece sus servicios como Inversiones Henríquez, sobre la forma en que llegaron a ser contratados por Casa Presidencial y las condiciones en las que desarrollan su trabajo, a lo que contestaron que el trato se concretó gracias a que conocían a funcionarios del gobierno y que incluso habían trabajado con la familia presidencial en el periodo entre 2006 y 2009 cuando el expresidente Manuel Zelaya ocupó la titularidad del Ejecutivo. Además, dijeron que los pagos se les han realizado de forma semanal y la renovación del contrato es cada seis meses. Las cláusulas del contrato que se encuentra en el portal de transparencia de Casa Presidencial confirman el pago semanal que describen; sin embargo, la periodicidad descrita en el contrato es entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022.
Tras la orden de pago que la administración de Casa Presidencial emitió el 15 de marzo, no se reporta ningún pago en los meses posteriores a favor de Inversiones Henríquez o María Henríquez, aunque ella misma asegura que siguen prestando el servicio semanal y los pagos se encuentran al día.
Contratación de encuestadoras también sin licitación
El ministro Rodolfo Pastor también se refirió a la contratación de encuestas en el marco del decreto, y aseguró que han incluido este aspecto debido a la confidencialidad que requieren y la posible manipulación si se somete a un proceso de licitación en el que participe cualquier empresa.
«Si tú haces público y procedes a hacer una licitación, no sabes a quién le estás diciendo que vas a hacer una encuesta y va a estar expuesta a que se manipule desde un sinnúmero de vías. Por ejemplo, nosotros en campaña mandamos a hacer una encuesta y al ratito nos dimos cuenta de que ya habían comprado a la encuestadora para que los números nos engañaran, entonces teníamos que salir a hacer otra encuesta y son inversiones importantes. Todo tiene que ver con seguridad, pero no hay un conflicto con transparencia y con las leyes de contratación del Estado, la ciudadanía puede solicitar la información», aseguró Pastor.
La contratación de servicios de encuestas también se encuentra en otro decreto ejecutivo. En septiembre, la presidenta Xiomara Castro, mediante el decreto ejecutivo 023-2022, creó la Dirección General de Información y Prensa, que está adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica. El PCM 023-2022 indica que todos los órganos y dependencias del Gobierno en materia de comunicación y redes sociales deberán «coordinar acciones y racionalizar su uso»; además ordena realizar «de manera permanente» un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales. «Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros medios técnicos necesarios» estipula el acuerdo.
Contracorriente solicitó a Casa Presidencial, a través del portal de acceso a la información pública, los contratos relacionados a empresas encuestadoras que se han realizado en la gestión de la presidenta Castro, en especial el de la encuesta que el gobierno presentó cuando brindó informe de resultados de los primeros nueve meses de su gabinete el pasado 19 de noviembre. Sin embargo, la oficina de transparencia de la presidencia ha solicitado una prórroga por lo que, al cierre de esta nota, no hemos recibido dicha información. Cabe destacar que esta información tampoco se encuentra en el portal público en el que cada institución debe subir la documentación relacionada a sus contrataciones.
La abogada Osiris Payes, del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), dijo que hay una serie de aspectos conflictivos en la aprobación de este Decreto Ejecutivo. En primer lugar, señaló que los aspectos que el acuerdo engloba para compras directas no están justificados porque «adquisición de suministros» es un término muy vago. En segundo lugar, apuntó que el marco normativo del decreto debió definir el proceso bajo el que se iban a realizar las contrataciones directas, incluyendo el número de cotizaciones o si los contratistas serán elegidos del registro estipulado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
«Si se hizo a través de ONCAE tiene que estar publicado en el portal de Honducompras. Si no es así, esta falta incurre en una sanción por incumplimiento de subida de información, de hecho, subir la información de contrataciones a ese portal está establecido en los lineamientos de acceso a la información relativos a la administración centralizada y descentralizada donde manda que esas compras se deben de subir si el proceso se realizó bajo ese mecanismo», apuntó Payes.
Aunque Pastor aseguró que el decreto que permite las contrataciones directas no se saltaría los procesos de transparencia, hasta el momento de esta publicación no se encuentra en el portal de ONCAE ni un solo proceso publicado por la Casa Presidencial durante la presidencia de Xiomara Castro.
El 29 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) certificó que Casa Presidencial tenía el 100% de cumplimiento en la divulgación de información en los portales de transparencia. Sin embargo, varios de los apartados en esos portales son ambiguos incluyendo la descripción de gastos mensuales efectuados en esa dependencia y la descripción de personas contratadas y acuerdos del personal permanente. Uno de los cargos que permanece en el anonimato es el mejor pagado de Casa Presidencial: «el enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República».
Otro caso es el de los asesores presidenciales. En junio, Casa Presidencial aseguró a este medio, a través su oficina de acceso a la información, que no tenían asesores presidenciales contratados; sin embargo, los informes de trabajo y las planillas de salarios entregadas cuatro meses después, evidenciaron que tres personas cumplen funciones de asesores desde meses antes de que la solicitud de información fuera presentada.
Las deficiencias en el portal de transparencia de Casa Presidencial también son evidentes en el apartado de liquidación presupuestaria en el que no hay una descripción precisa de la ejecución por clase de gasto. La información proporcionada por esta institución agrupa todos los gastos en la categoría «otros» o en «administración de la gestión del Estado» por lo que es imposible saber de forma precisa y condensada cuánto gasta la oficina de la presidenta, por ejemplo, en servicios profesionales, alquileres, alimentación, combustible, y otros servicios.
A pesar de estas limitaciones, la información proporcionada en estos apartados da como resultado que, hasta el mes de noviembre, Casa Presidencial ha ejecutado un total de 555.3 millones de lempiras. Hasta el momento, en el portal de transparencia de Casa Presidencial, no hay forma de que la ciudadanía pueda conocer el desglose de dichos gastos.
Antecedentes de corrupción en compras directas
El 10 de febrero de 2020, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró Estado de Emergencia Sanitaria ante la emergencia mundial por la propagación del COVID-19. Tras esa declaración, el Congreso Nacional también emitió una serie de decretos que permitieron que instituciones como la Secretaría de Salud e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) ejecutaran compras directas; y la misma historia se repitió con la llegada de las tormentas Eta e Iota en octubre de ese mismo año. El resultado fue una serie de compras sobrevaloradas y empresas que entregaron maquinaria en mal estado en perjuicio de la ciudadanía y la administración pública.
Tan solo en la compra de siete unidades médicas con las que INVEST-H justificaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) identificó un perjuicio económico de 32.8 millones de dólares, siendo resultado de una compra que se hizo de forma directa y sin los requerimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Sobre la base de esos hechos, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro enarboló un discurso anticorrupción durante su campaña ; sin embargo, la aprobación de decretos ejecutivos que opacan las compras y contrataciones del Estado siembra dudas sobre las supuestas intenciones de fortalecer la transparencia en las instituciones estatales.
Blanca Elvir, investigadora del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), manifestó que resulta contradictorio que, a pesar del discurso que asumió el actual gobierno en temas de corrupción, estén utilizando modalidades de contratación directa, considerando que ha sido una herramienta que facilitó «la concurrencia de muchos delitos contra la administración pública». Además, Elvir aseguró que la justificación de seguridad nacional resulta ambigua en el decreto.
«El decreto del 17 de noviembre alude al tema de la seguridad nacional, pero si nosotros lo leemos bien, realmente no deja muy clara la relación causal entre la necesidad de aplicar la contratación directa y un tema de seguridad nacional entonces vamos a tener que hacer un análisis a profundidad de si se ha motivado de manera apropiada el uso de este mecanismo, porque ya hemos visto las implicaciones que tiene y cómo puede flexibilizar los procesos dejando márgenes para que se pueda incurrir en algunas irregularidades», apuntó la investigadora.
Además, aseguró que la recomendación que hacen desde el FOSDEH es que se cumplan los procesos de contratación ya establecidos en la ley por motivos de transparencia, pero también por seguir la planificación en el uso de los recursos del Estado.
Elvir concluyó que «produce mucha desconfianza que sigan utilizando estos mecanismos, entonces la percepción que tiene la población de la administración pública es que se va deteriorando si seguimos utilizando estas prácticas. Además, la ley ya establece como uno de sus principios la igualdad y la libre competencia, incluyendo que todos los empresarios puedan ser proveedores del Estado y al aplicarse esta contratación directa vemos vulnerado este principio».
Sobre los antecedentes de la emergencia por la pandemia y los resultados que dejaron los decretos de compra directa, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) apuntó que todos los casos de este tipo de modalidad resultan negativos debido a que los funcionarios aprovecharon esta facilidad para hacer compras directas de forma sobrevalorada, comprar a empresas relacionadas a ellos o a familiares, y comprar suministros de mala calidad o que no cumplieron con la necesidad para la que fueron adquiridos.
«El ejemplo más claro es el de los hospitales móviles. Al gobierno le ha quedado ese perjuicio de más de mil millones de lempiras, entonces eso es una muestra que las contrataciones directas no están debidamente reguladas en el país y que únicamente sirven como una fuente de desvío de fondos», concluyó Castañeda.
1 comentario en “Por «seguridad nacional» la presidenta autorizó contrataciones sin licitación en Casa Presidencial”
Buen trabajo, me parece que le falta una Segunda y tercera parte. Adelante estaremos pendientes