El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas

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Cinthia Matilde Martínez fue asesinada el 25 de agosto de 2020; mientras dormía en su casa ubicada en la comunidad garífuna de Nuevo San Juan en Tela, Atlántida. Antes había denunciado en seis ocasiones a su expareja, quien, según testigos, es el femicida. El abandono, el machismo y el racismo de las autoridades hacia las mujeres garífunas mantiene, más de dos años después, el caso en impunidad. El último refugio de esta mujer fueron las otras mujeres que buscan libertad y que buscan un cese a la violencia basada en género en su comunidad. 


Texto: Fernando Silva
Ilustración: Stefany Fonseca
Fotografía: Amílcar Izaguirre

Cinthia, una mujer garífuna de 34 años, hizo todo lo que tiene que hacer una mujer para salir y sobrevivir a un ciclo de violencia. Cinthia denunció en seis ocasiones a su agresor, acudió a las autoridades y organizaciones de mujeres en búsqueda de ayuda, migró a otra ciudad para trabajar y alejarse de la violencia, regresó y su caso llegó a un juicio; pero, al final, la madrugada del 25 de agosto de 2020, fue asesinada.

Cinthia vivía en la comunidad Nuevo San Juan, cerca del mar Caribe en el norte de Honduras, y a cuatro kilómetros del centro del municipio de Tela, donde durante años sufrió violencia por parte de su pareja, Rubén Carabante Solórzano, un hombre mestizo que vivía junto con ella.

El expediente del caso no indica que a Carabante se le haya investigado por el crimen, sin embargo, da cuenta de las veces que el agresor la insultó junto a sus hijos para luego tomar un «arma blanca» y sacarlos de la casa donde vivían.

Cinco veces Cinthia denunció esas agresiones ante las instancias competentes, y cinco veces retiró la denuncia por la falta de acción de las autoridades que, lejos de garantizar su seguridad, permitían que él regresara a la casa de Cinthia para perpetuar el ciclo de violencia. Violentada, y, en varias ocasiones, hasta burlada por las mismas autoridades que debían protegerla, en 2019 Cinthia buscó el apoyo en las organizaciones de mujeres, quienes le asesoraron legal y emocionalmente para seguir el proceso de su sexta denuncia.

Gracias a ese acompañamiento, el 3 de junio de 2020, un fiscal del Ministerio Público logró que se dictara auto de formal procesamiento contra Carabante por el delito de violencia intrafamiliar en concurso real y se le dictaron medidas de prisión preventiva.

Casi tres meses después de ese proceso, el 25 de agosto, alrededor de las 3 de la madrugada, mientras Cinthia dormía a la par de su hijo de cuatro años, alguien entró en su habitación y le disparó varias veces por la espalda. Con terror, el niño contó a sus familiares que había logrado identificar al victimario: su mismo padre. A pesar de que el agresor debía estar en prisión en ese momento, organizaciones sustentan la tesis de que Carabante es el victimario en base al testimonio de la familia y la debilidad del sistema de justicia que pudo haberle permitido ejecutar el hecho.

En octubre de ese año, Carabante obtuvo medidas distintas a la prisión preventiva y salió en libertad en el proceso por violencia intrafamiliar; finalmente, el 13 de enero de 2021 se le condenó por el delito de maltrato familiar con una pena de un año y seis meses de cárcel. Sin embargo, y a pesar de las evidencias de la violencia contra Cinthia y sus hijos, el juez le concedió libertad condicional.

Ese mismo año en el que Cinthia fue asesinada, en el Ministerio Público se reportaron 33 muertes violentas de mujeres en los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés, una región donde habitan las mujeres garífunas. El Ministerio Público no clasifica por etnias a las víctimas en estos casos.

Otra estadística proporcionada por la organización lésbica Cattrachas señala que, entre todas las muertes violentas de mujeres que se dieron en el país ese año, al menos cinco fueron mujeres garífunas. Desde entonces, la situación en esos departamentos empeoró para las mujeres: en 2021 la cifra de muertes violentas de mujeres llegó a 50 y hasta mediados de octubre de 2022 llegaba a 45.

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La primera instancia en la que Cinthia buscó apoyo para enfrentar la violencia que sufría en manos de su pareja fue la red de mujeres Mariposas Libres, una organización de mujeres garífunas que se ubica en la comunidad de San Juan y que atiende cinco comunidades. La organización nació el 18 de octubre de 2008 como respuesta a la ausencia del Estado y la necesidad que tenían que organizarse y enfrentar juntas el machismo, el patriarcado y la normalización de la violencia en sus comunidades.

Allí le atendieron Calixta Martínez, una mujer garífuna de 48 años que fundó la red y su equipo de mujeres, quienes le instruyeron sobre las rutas a seguir para denunciar a su agresor.

«En ese transcurso Cinthia se fue a trabajar en una maquila, porque ella se quería alejar del tipo, nos contó que toda su vida con él había sido de violencia doméstica repetitiva, creo que estuvo tres meses afuera trabajando y luego regresó a la comunidad», cuenta Calixta.

Cinthia regresó, y en Mariposas Libres se dieron cuenta que volvió a caer en el ciclo de esa relación violenta, pero finalmente lo volvió a denunciar por una agresión que, según cuenta Calixta, fue la peor de todas. Eventualmente, Cinthia llegó a la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y el apoyo que le dieron junto con la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) le permitió alejar a su agresor.

«Ella estaba trabajando, y él estaba detenido. Luego ella volvía con confianza a la comunidad y seguía detenido, entonces nosotras estábamos tranquilas porque el problema ya había acabado», cuenta Calixta.

Cuando les avisaron del crimen en contra de Cinthia, Calixta y otras mujeres se encontraban en una comunidad aledaña, y recuerda que sintieron miedo.

«Lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera de nosotras, llegué a pensar de todo en ese momento», recuerda Calixta, quien tiene claro el riesgo al que se enfrenta acompañando a mujeres para denunciar a sus agresores, porque detener a un hombre violento es un mensaje para más hombres que ejercen violencia y poder en la comunidad.

Calixta dice que la información que les dieron a ellas es que el victimario de Cinthia gozaba de libertad provisional el día del asesinato; sin embargo, el expediente de los cargos que se le imputaron a Carabante por violencia intrafamiliar indica que fue hasta octubre de 2020 —tras el crimen contra Cinthia— que el juez dictaminó dejarle en libertad como medida diferente a la prisión preventiva. Testimonios de otras fuentes relacionadas aseguran que no tienen certeza sobre si el agresor guardaba prisión al momento del crimen debido a la amistad que Cinthia aseguraba que su agresor tenía con policías de la zona y que pudieron dejarle en libertad para cometer el crimen, aunque también no descartan que haya participado como autor intelectual. 

Meses después, la defensa de Carabante usó el femicidio para justificar que no había razones para mantener al agresor en prisión, porque la denunciante había fallecido. 

El caso del femicidio de Cinthia no es el primero ni el último que les tocó atender en Mariposas Libres. Para estas mujeres, acompañar a otras garífunas de sus comunidades les ha significado riesgos físicos y heridas emocionales, escenas indescriptibles de mujeres con las que compartían el trabajo y fueron víctimas de la violencia machista. A pesar de esos momentos, Calixta cree que están cumpliendo un objetivo fundamental en la comunidad, y es que las mujeres ya saben a quién tienen que acudir cuando el sistema les falla.

«Desde que Mariposas Libres existe los hombres tienen temorcito de ser denunciados por nosotras, aunque no estén las autoridades, saben que aquí estamos y los vamos a acusar de violentos y los van a meter presos. Pero también está el otro lado de la moneda: los operadores de justicia dicen que las mujeres garífunas no denuncian, y no es que no denuncien, sino que el trámite es engorroso», cuenta Calixta.

Explica que en ocasiones las autoridades hacen que las mujeres vayan hasta tres o cuatro veces a interponer la denuncia, pero ellas no pueden porque no tienen dinero o tienen que atender otras necesidades para sobrevivir. Otra dificultad es que en Tela no hay un Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE), donde las mujeres puedan interponer sus denuncias, por lo que en muchas ocasiones son remitidas desde la Policía a las oficinas del Ministerio Público, contribuyendo a su revictimización y disminuyendo la intención que tienen de poder denunciar por los costos de movilización que implica.

Para Calixta, los operadores de justicia del municipio deben garantizar que las mujeres garífunas se sientan seguras de denunciar dándoles atención de calidad, lo que incluso podría incluir que una persona que conozca la lengua garífuna pueda atender los casos de este sector de la población.

«Nosotras sabemos que hay personas que van a denunciar a duras penas, porque el español no es mi lengua materna. Yo siempre digo que no puedo hablar español, solo hablo lengua garífuna, esta es una lengua impuesta, entonces hay personas que les cuesta expresarse. Si se respetaran los convenios internacionales, ya deberían tener una persona que tradujera al garífuna, para que el operador entienda lo que quiere decir», apunta Calixta.

Por otro lado, en la OMM —cuya administración es nueva por el cambio de gobierno— aseguran que hay una parte de la ruta de la denuncia que no funciona y tiene que ver sobre todo con el tiempo de respuesta a las denuncias que interponen las mujeres.

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En la municipalidad de Tela existe una oficina de la mujer que da seguimiento a las denuncias que las víctimas presentan ante la Policía Nacional y los juzgados. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Isamar Núñez, coordinadora de esa oficina en Tela, explica que «ha tocado llamar al 911 y decir que hay una mujer que está sufriendo violencia y nos está llamando, porque no les contestan, y nos dicen: “Ah no, que cuando el esposo regrese a la casa entonces que nos llamen de nuevo para ir” imagínense, pero quizá lo hagan para ir a hacer el levantamiento, porque cómo la muchacha va a llamar cuando está su agresor cerca».

Además, Isamar explica que quisieran dar formación a los operadores de justicia y talleres para que las mujeres salgan de sus círculos de violencia, pero cuentan con muy poco presupuesto para atender todas las necesidades. También apunta que, ante todas las limitaciones, el objetivo es la formación de redes de mujeres y la coordinación con las que ya existen, como es el caso de Mariposas Libres.

Isamar también asegura que este año no han recibido denuncias por parte de las comunidades garífunas, ya que Mariposas Libres es quien las ha estado atendiendo y no se las han remitido a la OMM. Sin embargo, Calixta opina diferente y apunta que sí han remitido denuncias, pero que realmente no les interesa el tema.

«De la OMM me dijeron que era peligroso estar documentando y acompañando casos, ¿qué querían decir con eso? “Que mueran esas negritas”, eso quiere decir, pero nosotras seguiremos documentando los casos acompañando y tratando de que haya un efecto en la vida de las mujeres», concluye Calixta.

Y es que el trabajo de la red de mujeres y las otras instancias que están haciendo esfuerzos por atender a las mujeres de la zona está lejos de acabar: estadísticas del Ministerio Público comprueban que en los últimos años, en lugar de disminuir, la violencia contra las mujeres en los departamentos en donde hay más cantidad de comunidades garífunas ha aumentado.

En el caso de las muertes violentas de mujeres en Cortés, Atlántida y Colón, en todo el 2021 se contabilizaron 50 casos, mientras que, en 2022, hasta mediados de octubre ya se registran 45 mujeres víctimas de la violencia.

El Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contabilizó un total de 330 muertes violentas de mujeres y femicidios en el 2021, con una cifra de 95 muertes en Atlántida, Colón y Cortés, representando un 28.79 % del total del país. 

Este año, en el caso de los delitos contra la libertad sexual que involucran acoso, hostigamiento, violación, estupro e incesto, podría preverse una disminución en comparación al 2021, cuando se contabilizaron 1170 registros en el Ministerio Publico, mientras que hasta mediados de octubre de 2022 se registraban 588.

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A finales de agosto de 2020, tras varios meses de confinamiento por la pandemia, empleados y empleadas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales en Honduras comenzaron a incorporarse a sus labores de oficina; entre ellas estaba la licenciada en psicología Blanca Mejía, quien laboraba en UDIMUF como acompañante de niñas y mujeres que viven violencias en el departamento de Atlántida.

Apenas dos días después de que Blanca regresó a su oficina, una de las abogadas que trabajaba en la organización recibió una llamada relacionada con uno de los casos que habían acompañado en 2019, uno que Blanca conocía muy bien. Era sobre Cinthia Matilde, le contaban que había sido asesinada por su propio exmarido.

Al otro lado del teléfono estaba la madre de Cinthia, Sonia Hernández, quien en búsqueda de apoyo llamó a la organización que antes acompañó a su hija. En esos días Sonia también publicó un video en redes sociales donde exigía justicia a las autoridades policiales del municipio, mientras explicaba que ya no podía vivir en su propia casa y se encontraba huyendo con los dos hijos que dejó Cinthia.

En el video, Sonia Hernández describe con algunos detalles el crimen y exige justicia a las autoridades, apuntando que «todo el error» de su hija fue denunciarlo en varias ocasiones por violencia doméstica. La última de esas denuncias fue respaldada por el acompañamiento emocional y asesoramiento legal de UDIMUF, quienes tras esa llamada de finales de agosto de 2020, en la que les informaron del crimen, no volvieron a saber de la madre de Cinthia o de sus hijos.

«Fue un golpe súper fuerte para las que tuvimos contacto con ella, y bueno, iniciamos a pensar en qué faltó o qué pudimos haber hecho, pero realmente pues no hubiésemos logrado hacer mucho más de lo que hicimos como organización, en comparación a instancias gubernamentales que sí quedaron a deberle mucho con el tema de los procesos», apuntó Blanca Mejía.

Blanca recuerda que Cinthia llegó remitida desde Mariposas Libres hacia la OMM, con quienes UDIMUF realiza un trabajo de apoyo para atender legal y emocionalmente a mujeres víctimas de violencia en la zona, y es desde esa instancia que le enviaron el caso para atención psicológica. Además, Blanca explica que una de las abogadas del juzgado también les había referido el caso ya que Cinthia había retirado varias denuncias y no salía de su círculo de violencia: siempre regresaba con el agresor.

En ese momento, Cinthia manifestaba que su principal necesidad de acompañamiento era legal para que le ayudaran en el proceso de denuncia, pero eventualmente fue atendida por Blanca y quedaron evidenciadas todas las heridas abiertas del maltrato que sufría.

«Ella llega en un estado de indefensión, porque a pesar de que tenía un proceso legal en curso, sentía que eso no iba a salir, que eso no iba a ningún lado. Llegó muy desesperanzada en 2019, y lo que hago es ofrecerle incluso ingresar a Casa Refugio —porque ella tenía seis denuncias hechas y retiró las cinco anteriores—. Los motivos por los que recuerdo que ella había retirado las denuncias eran porque le leyeron las medidas de orden de alejamiento al agresor, pero no había quién diera seguimiento a esas medidas, entonces ella decía: “Bueno, ¿para qué? Si él siempre vuelve a la casa», explicó Blanca.

La casa en la que vivía Cinthia estaba ubicada en un terreno de su propiedad, pero había sido construida junto con su agresor. Así que cuando ordenaban las medidas de alejamiento, Carabante no las acataba bajo la excusa de que también había construido la casa e iba a vivir allí. Finalmente, las medidas quedaban sin cumplirse y ninguna autoridad daba seguimiento al proceso.

«En otra ocasión, que recuerdo muy bien, ella llamó a la Policía. Llegaron al lugar, lo capturaron y ella fue a poner la denuncia, pero, según decía ella, él era amigo de los policías; entonces ella se sintió incluso agredida y burlada por los policías. Cuando este hombre volvía a la casa también era una burla para ella, porque, a pesar de que ponía la denuncia, siempre salía libre», apuntó Blanca.

Cinthia no sufrió solamente los golpes, insultos y persecuciones de su pareja, también sufrió la violencia de las autoridades. Blanca recuerda que Cinthia le contó que en una ocasión llamó a las autoridades, quienes le llevaron a la posta policial para que interpusiera la denuncia, pero se negaron a llevarle de vuelta a su casa, dejándola caminar durante casi una hora, en la noche, desde la posta de Policía hasta su casa.

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A la posta policial de Tela, Atlántida, llegan a diario denuncias sobre violencia doméstica, sin embargo, algunas no son atendidas por falta de elementos policiales. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Cinthia sentía que nadie estaba interesado en ayudarle hasta que llegó el acompañamiento de UDIMUF y lograron que, en febrero de 2020, se emitiera una orden de captura contra Carabante que, en junio de ese mismo año, terminó en un auto de formal procesamiento con el que se siguió el proceso judicial.

En ese proceso, Cinthia salió del círculo de violencia y emigró para trabajar en San Pedro Sula; sin embargo, los efectos de la pandemia le obligaron a regresar a su natal Nuevo San Juan, en Tela. Durante todo ese tiempo perdió comunicación con el personal de UDIMUF, y ya que ninguno de sus familiares se encuentra actualmente en la comunidad, nadie sabe si regresó preocupada por el peligro de sufrir otro ataque de su agresor. Lo que sí sabemos —gracias al testimonio de diversas fuentes— es que el agresor era amigo de los policías, y que su hijo dice haber visto como Carabante sostenía el arma que acabó con la vida de su madre en la madrugada del 25 de agosto.

«Como instancias de justicia sí quedan a deberle mucho, fue crucial el hecho de que no había quien diera seguimiento a que el hombre no volviera a agredir a su propia casa, porque se supone que son seis meses de orden de alejamiento, pero él volvía al día siguiente y nunca se alcanzaba una pena porque ella retiraba las denuncias», explicó Blanca.

En el mismo sentido, Blanca apunta que actualmente hay una situación de racismo institucionalizado, que se expresa de diferentes maneras y deja a las mujeres garífunas sin un abordaje diferenciado de las diferentes violencias que viven.

«Hay un imaginario de que las mujeres garífunas por ser administradoras y quienes venden lo que se pesca, hay una idea de que existe un matriarcado, porque al final son las que trabajan más. Esto hace que a ellas mismas les cueste reconocer la violencia que están viviendo. Y con el tema de las instituciones, creo que no solo en las instancias de justicia, sino en cualquier instancia de servicio que van las mujeres —incluso de salud—, existe falta de empatía para el abordaje diferenciado que requiere atender a una mujer garífuna».

A una hora caminando desde donde vivía Cinthia, se encuentra la jefatura policial del municipio de Tela, en donde se reciben la mayoría de las denuncias por violencia doméstica en la zona. En esa pequeña jefatura, que cuenta con unas cuantas patrullas incapaces de cubrir toda esa zona, el oficial de Policía Nelson Cadena —dos años después del femicidio de Cinthia— explica que la incidencia de denuncias por violencia doméstica es muy alta en Tela, más que cualquier otro tipo de violencia en ese sector. Sin embargo, asegura que desde las 5 comunidades garífunas que hay en el municipio no reciben muchas denuncias, y asegura que «ellos (el pueblo garífuna) arreglan sus propios problemas».

«Ellos tienen su propia cultura y ellos son bien diferentes a nosotros pues, porque hay cosas que no comparten con nosotros e incluso yo he tenido la oportunidad de tratar ciertos asuntos de esa gente y lo que mantienen es que si uno en la comunidad no está de acuerdo en algo que se les propone, el resto tampoco lo está. Ellos casi no molestan, no reportan casi violencia doméstica, ellos no reportan casi nada; más que todo solo problemas por tierra», apunta el oficial, en un discurso que refleja la visión de gran parte de las autoridades sobre la población garífuna: los ven como visitantes, como si no pertenecieran al mismo territorio.

Melissa Valdés, abogada de UDIMUF, asegura que, aunque es cierto que la violencia se normaliza en las comunidades garífunas y hay un problema en la cultura de la denuncia, también existe falta de confianza en las autoridades para que las mujeres puedan denunciar.

«Las mujeres garífunas no confían en el sistema, no ven un apoyo en el sistema, no ven una autoridad que resuelva las situaciones que están atravesando. El sistema judicial en Honduras tiene una deuda muy grande porque no es garante de seguridad de las mujeres ni ningún ciudadano. Nosotras asesoramos mujeres que simplemente quieren información, pero no quieren dar el paso a denunciar porque no quieren atravesar un proceso tan engorroso y fastidioso, dicen “si no voy a tener una respuesta o una respuesta pronta para qué hacerlo”», apuntó la abogada.

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En la entrada principal de la posta policial de Tela se pueden ver afiches donde explican los ciclos de la violencia doméstica y el procedimiento para denunciar este fenómeno. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

En el caso de Cinthia, la sexta denuncia fue realizada en 2019, pero fue hasta enero de 2021 —meses después del crimen— que el juzgado dictó la resolución que declaraba culpable a Carabante del delito de maltrato familiar.

En una apelación a esa resolución por parte de la defensa de Carabante se justifica «que la persona con la que mi representado tenía desavenencias de tipo conyugal era con la denunciante (…) y al haber fallecido ésta, no existe razón para suponer que mi representado podrá reiterar dicha conducta».

La abogada Valdés asegura que el Ministerio Público debe proceder a realizar una investigación que esclarezca el femicidio y encuentre a los culpables del crimen.

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Para las mujeres sobrevivientes también son palpables las secuelas de la violencia que vivieron, pero muchas de ellas deciden transformarlo en fuerza para ayudar a otras mujeres. Ese es el caso de Lina Castillo, integrante de Mariposas Libres.

Lina cuenta que no conoció a Cinthia, pero que se identifica con el dolor que significa enfrentar la violencia de un hombre en su propia casa. Sin embargo, bajo esas condiciones y debido a la desconfianza en las autoridades, ella tuvo que tomar una postura de defender su vida a toda costa.

Lina explicó que, antes de vivir en San Juan, inició a vivir con una persona que la violentaba y su primera actitud fue de sumisión. «Mi mundo se vino abajo porque yo no estaba acostumbrada a la violencia, porque él me hablaba mal, me gritaba, me empujaba, e incluso me decía cómo me tenía que vestir», contó.

Además, dice que uno de los factores por los que esta persona se comportaba de esta forma era porque había un ciclo familiar en el que todas las mujeres eran víctimas de violencia, por lo que ella misma terminó normalizando la situación.

«Pero al final llegué a un punto de tantas violencias que estaba viviendo con él, que reventé. Lo golpeé, le monté maceta a la hermana y a la mamá le agarré el bastón y se lo tiré», cuenta Lina, entre risas, a pesar de asegurar que no fue la mejor reacción. Tras terminar esa relación, dice Lina, empezó a replicar la misma violencia con su nueva pareja.

«Yo lo cacheteaba, le rompía el dinero y se lo tiraba encima, yo era bastante, bastante violenta y hubo otras cosas que yo le llegué a hacer a él que a mí me habían hecho y, al final, yo las hacía peores, pero antes de entrar a Mariposas yo no identificaba que era violencia», contó.

Ahora, tras varios años de formación, Lina es una líder en la organización de mujeres y utiliza toda su fuerza para reclamar espacios cooptados por hombres para que a ellas también se les escuche. Además, acompaña a otras mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia en su comunidad, mientras lidera su familia y enseña a su hijo mayor que debe cocinar, barrer y colaborar activamente en su hogar. Lina asegura que solo derribando los roles de género dentro de las mismas familias garífunas es como se logrará un cambio en el sistema machista de las comunidades completas.

femicidio de Cinthia | El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas Lina castillo, líder de la comunidad garífuna de Tornabé en Tela,
Lina castillo, líder de la comunidad garífuna de Tornabé en Tela, Atlántida. Foto CC/ Amílcar Izaguirre

Mientras observa el mar, Lina asegura que, así como ahora ha entendido que debe defender su integridad o «territorio cuerpo», es consciente que tienen un compromiso por defender la tierra en la que las mujeres garífunas y sus ancestros viven desde hace cientos de años.

«Si nosotros no defendemos nuestro territorio tierra, qué va a ser de nuestros hijos el día de mañana, qué va a ser de nuestros nietos. Entonces no podemos dejar perder nuestro territorio tierra, porque de eso vivíamos, vivían nuestros ancestros. Defender nuestro cuerpo y no defender nuestra tierra, yo siento en mí que sería una traición», apuntó Lina.

***

El victimario de Cinthia no le permitió florecer, y enseñar a otras mujeres lo que ella había aprendido en todo ese proceso de sufrir violencia. Sumado a eso, la información que otorgan las autoridades sobre el caso es nula.

Tras la resolución del 13 de enero de 2021, que declaró culpable a Carabante por el delito de maltrato familiar, en julio de ese mismo año el Ministerio Público apeló el caso con la justificación de que la resolución no incluyó una pena de 200 días de multa incluidos en la ley, por lo que el juzgado declaró ha lugar la apelación y dictó la emisión de una nueva sentencia. Desde entonces el expediente enviado a través del Poder Judicial no indica otra acción en el caso. 

Mujeres de las organizaciones han cuestionado directamente al juzgado y al Ministerio Público sobre la investigación, pero no hay ningún tipo de respuesta.

Blanca Mejía asegura que hay instrumentos legales que se pudieron implementar en el caso de Cinthia, pero que no han sido aprobados a nivel gubernamental —como la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres— y deben hacerlo para evitar que otros casos terminen en femicidio.

Sobre el actual Gobierno y la promesa presidencial de trabajar por las mujeres, Blanca asegura que «esta gente ha instrumentalizado todo lo que tenga que ver con defensoría de derechos, derechos de las mujeres, derechos de las personas afrodescendiente, para mí la lectura es que hay un discurso que instrumentaliza, pero en las acciones no hemos visto nada».

En ese sentido, Calixta también piensa que aunque la presidenta Xiomara Castro luchó junto con ellas en contra del golpe de Estado en 2009 y los doce años de gobierno nacionalista, ya no recuerda esa lucha y «no está interesada en ayudarnos».

En las comunidades garífunas del norte de Honduras no hay posibilidad de que las cosas cambien sin que las mujeres las cambien, por eso, a pesar de la impunidad, el abandono e incluso el miedo, en Mariposas Libres seguirán acompañando y dando fuerza a otras mujeres.

«Todavía hay violencia, hay machismo, sexismo, estereotipos, discriminación hacia nosotras las mujeres. Dicen que una mujer no puede estar dirigiendo, pero sí lo podemos hacer, porque ya lo estamos haciendo, entonces el machismo no está tranquilo con que las mujeres ya levantan la cara. Claro que hay temor. Pero se ha roto el silencio, y creo que es importante romper el silencio, dar el primer paso», asegura, con profunda convicción, Calixta.

*Este texto fue editado por Emy Padilla y realizado con el apoyo de la beca «¡Exprésate!» de la International Women Media Foundation (IWMF).

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Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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Nació en 1985 en el municipio de Trojes, El Paraíso. Es licenciado en Periodismo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Ha trabajado 15 Años como reportero gráfico en distintos temas y medios escritos en Honduras.
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