El 29 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) certificó que Casa Presidencial tenía el 100% de cumplimiento en la divulgación de información en los portales de transparencia. Sin embargo, varios de los apartados en esos portales siguen siendo ambiguos incluyendo la descripción de gastos mensuales efectuados en esa dependencia y la descripción de personas contratadas y acuerdos del personal permanente. Uno de los cargos que queda en el anonimato es el mejor pagado de Casa Presidencial: el «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República».
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
Con colaboración de: Vienna Herrera
A partir de julio de 2022, sólo un funcionario en Casa Presidencial cobró un salario neto mayor que el de la presidenta Xiomara Castro. Fue el funcionario nombrado como «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República» cuya identidad es desconocida ya que no se encuentra en el portal de transparencia y no hay información pública al respecto.
Según las publicaciones realizadas en el portal de transparencia, este funcionario entró en junio en la planilla de Casa Presidencial con un salario bruto (total sin deducciones) de 109,000 lempiras mensuales, el mismo que tienen asignado nueve funcionarios de alto nivel en esa dependencia.
Desde ese momento hasta septiembre – que fue cuando se publicó la última planilla de remuneraciones en Casa Presidencial – al «enlace en asuntos sociales» se le aplicaron una serie de deducciones no especificadas, primero entre julio y agosto de 9,685.17 lempiras, cobrando finalmente un salario neto de 99,314.83 lempiras; y luego en septiembre de 9,934.67 lempiras dejándole un neto de 99,065.33 lempiras.
La presidenta de Honduras tiene un salario bruto de 137,800 lempiras y hasta junio le hacían deducciones no especificadas por 31,122.41 lempiras quedando su salario neto en 106,677.59 lempiras. Sin embargo, desde julio, un mes después de que ingresó a las planillas el «enlace en asuntos sociales», las deducciones de la presidenta aumentaron y su salario neto se redujo a 98,112.19 lempiras. Según la información parcial publicada por la oficina de acceso a la información pública, desde ese momento el funcionario que recibe el salario neto más alto en Casa Presidencial no es la presidenta sino el «enlace en asuntos sociales».
Este funcionario no fue nombrado públicamente y fuentes del gobierno consultadas por Contracorriente argumentan desconocer su identidad. El exfiscal general Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró a este medio que los nombres y salarios del personal que labora en las secretarías debería ser público para que los entes fiscalizadores y la ciudadanía puedan identificar irregularidades.
¿Quién es el «enlace en asuntos sociales de la presidencia»?
Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) el salario mínimo promedio de los hondureños y hondureñas es de 10,400 lempiras, un ingreso que es superado hasta 10 veces por los cinco funcionarios mejor pagados en Casa Presidencial, quienes tienen un salario neto entre 99,315 y 77,934 lempiras. A pesar de esto, en la información que debe publicar de oficio la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial, no aparecen los nombres de los funcionarios ni se identifica si sirven al Estado bajo un contrato por servicios o un acuerdo.
Sin embargo, los nombramientos públicos realizados por las autoridades y los documentos firmados por el personal administrativo de Presidencia permiten identificar a casi todos los funcionarios con los mejores sueldos en la casa de gobierno, con excepción del ya mencionado «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República».
Contracorriente revisó los documentos de la página de transparencia de Casa Presidencial y no fue posible encontrar la información de la identidad del «enlace». Por esa razón, se consultó sobre el contacto de dicho funcionario al doctor Marco Rosa, asistente del expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya, pero la respuesta fue que ese puesto dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. En ese sentido, fuentes oficiales de Sedesol aseguraron a este periódico que dicho puesto no pertenecía a su dependencia, sino que este funcionario era el ingeniero Warren Ochoa, acreditado según redes sociales y publicaciones del gobierno como el director de política social de la presidencia, cargo que no se encuentra en la planilla publicada por Casa Presidencial.
Finalmente consultamos a Ochoa quien no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
En el gobierno de la presidenta Castro hay una serie de actores políticos que han sido anunciados como asesores presidenciales para diversos temas, entre ellos, el expresidente Manuel Zelaya y el exministro de la presidencia Enrique Flores Lanza, quien estuvo acusado por actos de corrupción y regresó al país en marzo de este año gracias a la aprobación de un polémico decreto de amnistía que favorece a presos y perseguidos políticos, incluyendo a ex funcionarios del gobierno interrumpido por el golpe de Estado de 2009.
Otro de los funcionarios que deberían aparecer en la planilla de Casa Presidencial es el secretario privado de la presidencia e hijo de la presidenta, Hector Zelaya, que en abril anunció que le había solicitado a la presidenta Xiomara no tener rango de secretario de Estado para no tener salario, solicitud que nunca fue oficialmente confirmada.
Debido a la opacidad de la información publicada en los portales de transparencia, es imposible saber si estos asesores están recibiendo un salario o no y qué funciones tienen asignadas en el aparato Estatal.
El 28 de junio, Enrique Flores Lanza confirmó a medios nacionales que había sido nombrado asesor en Casa de Gobierno. Desde ese momento se le ha visto en reuniones del Consejo de Ministros y liderando actividades en el marco del nacimiento del general Francisco Morazán y la conmemoración del Golpe de Estado..
Por otro lado, el expresidente Zelaya ha participado en reuniones con actores políticos y sociales en Casa Presidencial, incluyendo reuniones de la bancada de Libre en el Congreso, además de otorgar contratos de empleo estatal para miembros de colectivos de Libre en el Distrito Central y de poner en marcha el programa Nuestras Raíces, el cuál pretende beneficiar a los pueblos indígenas del país y es coordinado por Sedesol.
A pesar de las actividades y la exposición pública de estos funcionarios, el pasado 20 de junio la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió una solicitud de información realizada por Contracorriente y aseguró que no se habían nombrado asesores presidenciales en el gobierno. Una nota de Contracorriente reportó en ese momento que los asesores del gobierno de Juan Orlando Hernández sí recibían un salario por sus labores.
Sobre la información que debe publicarse en los portales de transparencia de las instituciones y dependencias de gobierno, el abogado Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró a Contracorriente que hay una serie de datos que son los necesarios para que se realicen procesos realmente transparentes.
«En primer lugar que todos los procesos de decisión se hagan de acuerdo con las normas predeterminadas, sin excluir ninguna, y que los procesos de ejecución de presupuesto igualmente sean expuestos al público porque es dinero de todos y no puede estar ninguno escondido, todo debe saberse: el qué se compra, por qué se compra, en qué se compra y qué beneficios se tuvo; eso debe estar expuesto claramente en cada actividad presupuestaria», aseguró Orellana.
Lo descrito por Orellana es llevado a la práctica en la Secretaría de Transparencia, detallando en los apartados de presupuesto mensual y liquidación presupuestaria cada uno de los egresos por grupo y objeto del gasto y en el apartado de contrataciones se detalla el recurso humano que labora en la institución.
En el caso de Casa de Gobierno, los apartados que incluyen la información de presupuesto y liquidación no detallan los egresos por grupo y objeto de gasto como sugiere el ministro Orellana.
Sobre la publicación de los nombres de los funcionarios que trabajan en cada institución, Orellana aseguró que deben ser públicos con el objetivo de detectar irregularidades en las contrataciones del personal.
«Se debe publicar el salario y quién está contratado y eso es lo importante para que ustedes detecten si se están haciendo mal las cosas o se están haciendo bien porque, por ejemplo, si un oficial jurídico gana 20 mil lempiras y otro oficial jurídico en la misma institución gana 60 mil lempiras es una disfunción terrible. Lo que estamos procurando es que se expongan las cosas al público y que aquello que no detectemos nosotros lo detecte el público y lo denuncie. Con esa información es donde usted ve si Edmundo Orellana, además de estar en transparencia, también “trabaja” en el ministerio de salud, seguridad, educación; ahí hay una irregularidad y usted la denuncia, eso es lo que nos interesa», apuntó el funcionario.
Además, Orellana aseguró que la institución que no publica esta información está cometiendo un error y el IAIP tiene que sancionar.
En el caso de la Secretaría de Transparencia, el sustento legal que utilizan para garantizar la divulgación de la información completa sobre la remuneración y contratación de empleados en esa institución está basado en lo instruido por el IAIP en el acuerdo SE-047-2021 y en la circular SPC-001-2021.
A pesar de la falta de alguna información detallada en el portal, el informe de verificación emitido por el IAIP certificó a Casa Presidencial con el 100% de transparencia. Lucy Hernández, oficial de acceso a la información de Casa Presidencial, en la entrega de los certificados aseguró que «es un mandato de la presidenta que desde Casa se genere transparencia, la transparencia genera confianza, es un pilar contra la corrupción en el que nuestro pueblo estaba sumido, así damos el ejemplo, y a las demás instituciones obligadas las invitamos a cumplir con todo lo que se pide en los lineamientos».
Además de que la información publicada no permite conocer quién es el funcionario mejor pagado de Casa Presidencial, la disposición presupuestaria que permite que el salario del «enlace en asuntos sociales» sea mayor que el de la titular del ejecutivo, sería contraria a lo estipulado en el artículo 65 de la Ley de Fortalecimiento Ingresos Equidad Social y Racionalización del Gasto Público donde se establece un techo máximo salarial de 100,000 lempiras para secretarios de estado, directores y otro personal que ejerza funciones de dirección o administración, además que estipula que ningún salario puede ser superior al del presidente de la República.
Sobre la falta de cumplimiento en la divulgación de información y la violación a las normas que regulan el acceso a la información pública, el ministro Edmundo Orellana aseguró que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha estado trabajando para elaborar una estrategia de la transparencia, rendición de cuentas, control interno y lucha contra la corrupción. Este documento, dijo Orellana, ya se encuentra en manos de la presidenta en espera de ser aprobado para que esta dependencia pueda contar con un mayor campo de acción.
«Mientras tanto estamos pidiendo reportes, procesos administrativos y tenemos el control interno que significa que estamos vigilantes de las auditorías internas. Con los reportes podemos generar directrices a toda la administración pública para que rectifiquen, cambien, sustituyan procesos y procedimientos», aseguró Orellana.
El ministro Orellana dijo a Contracorriente que no conoce la identidad del «enlace en asuntos sociales de la presidencia»; sin embargo, enfatizó en que era una información que debería conocerse y debería también denunciarse su omisión en los portales de transparencia.
«Diga que habló conmigo, y que yo dije que debían de denunciar», remarcó Orellana.
Los periodistas de Casa Presidencial
La información publicada por la oficina de acceso a la información de Casa Presidencial evidencia la inclusión de al menos 37 periodistas y profesionales de la comunicación en las planillas de Casa Presidencial. Sin embargo, las omisiones en la publicación de esa información impide conocer sus atribuciones y las dependencias a las que están asignados.
También se encuentran coordinadores culturales y artísticos, asistentes de imagen y diseñadores gráficos con salarios que parten de los 70 mil lempiras mensuales. Ninguno de estos puestos se encuentra identificado en los portales de transparencia por nombre y modalidad de contrato.
Milton Benítez, ministro asesor en comunicaciones en Presidencial, aseguró en una entrevista con Contracorriente que la contratación de periodistas en esta dependencia de gobierno sigue la lógica de «tener por primera vez televisión y radio estatal que funcionen bajo los intereses de la sociedad», y aseguró que la idea es contratar a periodistas que no se conviertan en burócratas pero que amplíen el entorno de las comunicaciones del Estado. El sociólogo y ministro asesor, conocido públicamente por ser presentador de un programa en el que asegura realizar «periodismo de investigación», explicó – aunque aclaró que no se encuentra seguro – que los periodistas registrados en las planillas de Presidencial son parte de los canales oficiales de televisión y radio y del periódico Poder Popular.
«La visión como tal, es que [los periodistas] tengan un carácter independiente que no tenga que depender de ser una voz de resonancia del poder. El gobierno, así como paga a un médico y no le va a decir cómo va a operar, claro hay esa hipersensibilidad y esa gran manipulación mediática que cuando se le paga a un periodista tiene que operar la información de acuerdo con lo que dice el gobierno, existe esa sensibilidad del periodismo que es cuando los ladrones juzgan por su condición», apuntó Benítez.
En el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández era conocido que periodistas eran pagados por diferentes instancias de gobierno para dirigir el discurso público en favor del aparato estatal. En ese sentido, en febrero de 2021, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó el caso de corrupción denominado «Hermes» en la que se creó una empresa de maletín, se desviaron fondos en beneficio de la campaña política del expresidente ahora extraditado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico en gran escala, y se promovió el discurso en favor del gobierno.
Los pagos a los periodistas, según lo dicho por el ministro asesor en comunicaciones, se estaría oficializando a través de la planilla presidencial, aunque aseguró que los periodistas que pague el gobierno ahora serán «independientes».
