En julio de este año, una serie de asesinatos y amenazas ocasionó que una decena de familias abandonaran sus casas ubicadas en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. La Policía sostiene que la causa es la pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18. Sin embargo, también se han registrado eventos violentos fuera de Chamelecón que la Policía atribuye a la MS-13, eso ha provocado el incremento de los patrullajes de policías preventivos y policías militares.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Leandro Rivera
El lunes 11 de julio, diez familias abandonaron sus casas ubicadas en una de las líneas que divide el territorio controlado por la MS-13 y por la Pandilla 18 en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Autoridades informaron que estas familias fueron amenazadas de muerte por parte de miembros de la Pandilla 18.
Un día después de ese evento, arribó al lugar un nuevo jefe policial, el comisario Carlos Eduardo Rojas, quien luego de desempacar sus maletas se dispuso a conocer este sector en donde habitan cerca de 180 mil personas. El comisario Rojas llegó acompañado de otros 50 uniformados con la misión de «poner orden» y evitar que continúe el desplazamiento forzado que, en suma, ha afectado a por lo menos 50 familias del sector.
El comisario aseguró que 23 personas fueron asesinadas entre enero y julio de este año en Chamelecón. Según un cuadro comparativo de la Policía Nacional, en el mismo período del año pasado, 21 personas murieron violentamente.
Un callejón de tierra divide el grupo de casas de las diez familias que abandonaron sus viviendas en la colonia San Isidro. Ese pequeño camino fue custodiado por una veintena de policías que le mostraron el lugar al nuevo jefe policial. El comisario inspecciona el pasaje y nota que todos los vecinos de la cuadra se marcharon, abandonando siete viviendas familiares y dos complejos de apartamentos. «No podría decirle con precisión qué fue lo que se les dijo a esas personas para que salieran despavoridas», dijo Rojas después de ese recorrido y agregó que él fue a supervisar otros sectores de Chamelecón y pudo comprobar que también hay otras casas abandonadas y que ahora se encuentran destruidas.
«Como no pudieron residir en ellas [los pandilleros], les destruyeron los techos, ventanas y puertas, lo que hay ahora son tremendas zacateras. Cuando vine a Chamelecón se me dijo que el problema es el pleito de territorios y con esa palabra tuve que quedarme. Ahora queda en mí investigar qué fue lo que en realidad sucedió ahí», sostuvo.
«Las maras y pandillas lo que quieren es respeto a su territorio, para una organización como ellos que cobran impuestos incluso a los taxistas. Al final, el pleito de territorio es por la parte pecuniaria que esas zonas producen. Si ellos ven que una calle es más transitada, la quieren por las rentas que se cobran», afirmó el comisario.
Una persona de Chamelecón, que pidió no ser identificada, nos explicó que la gente de San Isidro «es la que más ha sufrido» porque los pandilleros han llegado hasta sus casas y les dicen «tienen tanto tiempo para irse».
Y es que el temor por lo que pueden hacer las pandillas lo sienten incluso algunos policías que aún en presencia de su nuevo jefe lucieron nerviosos y expresaron su miedo de ser emboscados durante la noche en algunos sitios de Chamelecón que no cuentan con alumbrado público.
Pero la mayor exposición a la muerte la sufren los habitantes de Chamelecón. El pasado 16 de junio, Melvin Romero y José Madrid, de 28 y 24 años de edad respectivamente, estaban repartiendo bloques de concreto desde un camión cuando fueron raptados y posteriormente asesinados en una casa abandonada de la colonia 15 de Septiembre. Los jóvenes habían cruzado hacia una zona dominada por la Pandilla 18. Esas muertes fueron el génesis de una violencia que después escaló.
El 6 de julio, otro hombre que recién había salido de la cárcel, apareció muerto en el interior de un barril en el sector conocido como La Roca, en Chamelecón. En este caso, según varias fuentes consultadas por Contracorriente, el asesinato se produjo porque la víctima desobedeció algunas reglas establecidas por la MS-13 en su territorio.
En la madrugada del 7 de julio, en territorio de la Pandilla 18, se reportaron dos muertos en diferentes viviendas de la colonia Los Laureles del sector Chamelecón. Una de las víctimas fue atacada a disparos y la otra con arma blanca. Las víctimas fueron identificadas como William Pavón, de 25 años, y Antonio Florentino, de 22 años. El hecho fue atribuido a la MS-13, en supuesta represalia por lo que había acontecido el 16 de junio con los jóvenes que trabajaban en la bloquera.
Pero las cosas no quedaron ahí. El 10 de julio, en la colonia 17 de Julio, territorio controlado por la MS-13, un hombre fue asesinado en horas de la madrugada. Cinco sujetos ingresaron en una vivienda del vecindario armados con cuchillos con los cuales atacaron a dos personas. La víctima mortal fue identificada como Melvin Gonzales, un hombre de aproximadamente 30 años que supuestamente se levantó de su cama para observar lo que estaba pasando y fue asesinado.
Inmediatamente después de estos hechos violentos, el lunes 11 de julio, comenzaron las amenazas que en algunas fronteras del sector provocaron que varias familias comenzaran a abandonar sus casas.
En la última década, la MS-13 ha controlado la mayor parte del territorio en el sector Chamelecón, frente a la Pandilla 18 que se ha ido quedando con menos presencia y replegada en algunos lugares en donde hay menos comercio. Actualmente, diversas fuentes apuntan a que la Pandilla 18 está buscando recuperar territorios que alguna vez tuvo.
«El primer doble asesinato se dio porque se violentaron las fronteras. Pero después ingresaron a otra colonia. Y en respuesta, en horas del amanecer, vinieron a buscar a otras personas», explicó un poblador que pidió no ser identificado, en referencia a ataques sorpresivos que tuvieron lugar durante la madrugada y que fueron realizados por ambos bandos.
El poblador indicó que desde el 2014 siempre se han registrado peleas de territorio en Chamelecón, pero no se había visto que grupos saltaran de un territorio a otro para asesinar a gente que no estuviera vinculada a las pandillas.
«Siempre ha habido pelea de territorios y de cierta manera [la MS-13] había logrado avanzar ciertas cuadras, por ejemplo, en las colonias Suyapa y 15 de Septiembre. Pero ahora, el otro grupo [la Pandilla 18] está volviendo a ganar terreno, entonces [el avance de un grupo sobre otro] sí ha ocurrido, pero antes no se había mediatizado».
Este vecino de Chamelecón afirmó que actualmente hay temor en los habitantes del sector. «Hay gente que siente mucho miedo y por el miedo se ha ido de su casa. Me refiero a gente que no terminó de llegar a su casa y les dijeron “no te quiero ver en esta colonia, te me vas”. En San Isidro se dio así, la amenaza se hizo de manera directa».
De la Rivera Hernández a Chamelecón
El comisario Rojas, el nuevo jefe policial de Chamelecón, cuenta que no es la primera vez que trabaja en un sector en donde hay presencia de maras y pandillas. «Estuve en la Rivera Hernández en los años 2003, 2004 y 2005. Fui nombrado como jefe de la policía comunitaria de ese sector, en donde el crecimiento de las maras y pandillas pues estaba en su pleno auge. Ya tengo experiencia en contrarrestar este tipo de grupos». Rojas recuerda que durante su paso por la Rivera Hernández había una línea comunitaria orientada a involucrar a la comunidad para que ayudara a erradicar a los grupos que estaban naciendo. «La política del señor presidente [en ese entonces Ricardo Maduro] era dura, el marero tenía que ser castigado con todo el peso que la ley establecía».
El policía cuenta que luego lo mandaron a otra colonia que «estaba llena de pandilleros», la colonia Palermo, en El Progreso, que describió como un «lugar terrible». Al ser consultado sobre qué entiende él por modelo comunitario de seguridad, respondió que «la policía comunitaria es hacer que la ciudadanía participe más. ¿Y cómo?, proporcionando información, entonces yo en los medios siempre digo que la seguridad no solo es de la Policía Nacional, sino que el mismo ciudadano».
Rojas reconoce que las maras y pandillas tienen el control de algunos territorios y cuenta que a nivel personal él fue víctima de éstas ya que, aún siendo oficial, cuando era propietario de dos taxis, pagaba extorsión para evitar que los conductores de dichas unidades fueran asesinados. «El sábado tenía que estar pagando entre 200 y 300 lempiras. Durante la pandemia me deshice del negocio. Hay negocios que desde que empieza la extorsión son difíciles de sostener», dijo el comisario Rojas.
Un sondeo del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), publicado en 2022, indicó que el 73.6 % de la población percibe que los asesinatos aumentaron. El 43 % indicó que ellos o sus familiares fueron víctimas de robo sin agresión, el 23.3 % robo con agresión, el 12.4 % de asesinato y el 4.5 % de amenazas. Datos de la Policía Nacional indican que, en el primer semestre de 2022, hubo 18.47 homicidios por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el mismo estudio del ERIC-SJ reveló que, ante la pregunta: «¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente Honduras?», la mayor parte de los encuestados, el 33.5 %, consideró que el principal problema del país es la crisis económica frente a apenas el 0.7 % que ubicó a las maras y pandillas como el principal problema en el país.
De enero a julio de este año, en Honduras se han reportado 30 homicidios múltiples con 111 víctimas mortales, segúndatos recabados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). La directora de este observatorio, Migdonia Ayestas, dijo a Radio Cadena Voces que Honduras se convirtió en julio en el país más violento de Centroamérica con un promedio de 13 homicidios diarios.
Una fuente de sociedad civil consultada por Contracorriente indicó que existe temor de que en Chamelecón, como en otros puntos del país en donde hay presencia de maras y pandillas, estos grupos comiencen a violentar sus fronteras, generando así un aumento en los índices de violencia a nivel nacional.
En el sector Chamelecón hay por lo menos tres fronteras que dividen los territorios controlados por la MS-13 y la Pandilla 18. Asimismo, según una publicación de Diario La Prensa, en el sector Rivera Hernández hay ocho fronteras que además de separar a la MS-13 y Pandilla 18 también dividen a las bandas Los Aguacates y Los Olanchanos.
Un estudio publicado en 2020 denominado «Criminalidad e inseguridad en Honduras», realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) en conjunto con el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), indicó que «el rostro del crimen organizado en Honduras está conformado principalmente por las pandillas y los grupos dedicados al narcotráfico. No obstante, estos no son los únicos actores dentro de la larga cadena de criminalidad. Se ha evidenciado que otros sectores, como miembros del sector político y económico han trabajado por décadas con el crimen organizado. Diversos casos ilustran las conexiones profundas que ellos comparten en negocios, política e incluso en asuntos de seguridad».
Y es que en la violencia en Honduras intervienen otros factores que desembocan en homicidios como el sicariato, la venganza, el rapto y secuestro, las muertes atribuidas a las maras o pandillas, la extorsión, el narcotráfico y la trata de personas.
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Algunos testimonios recogidos en el sector Chamelecón coinciden en que, aparte de los 23 asesinatos registrados en Chamelecón este 2023, también hay personas desaparecidas o personas asesinadas que no han sido identificadas, lo cual es un signo de violencia alarmante, porque en varios de los casos los desaparecidos son niños en etapa escolar o jóvenes de secundaria.
De enero a julio de 2022, la Policía Nacional reportó 333 «muertes indeterminadas» de las cuales 60 se registraron en Tegucigalpa, 43 en San Pedro Sula y 15 en La Ceiba; mientras que los municipios de Santa Cruz de Yojoa, El Progreso, Choluteca, Comayagua y La Paz reportan 7 muertes indeterminadas respectivamente. Luego aparecen otros municipios con menor cantidad de muertes indeterminadas, segúndatos obtenidos en el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Según los datos oficiales, una muerte es indeterminada cuando el motivo y las circunstancias de la muerte violenta no han sido aclarados a través de la cadena de investigación criminal y de justicia.
Durante el 2021, los datos de la SEPOL indican que en el país se reportaron 761 muertes indeterminadas, 175 de estas fueron reportadas en el Distrito Central, 102 en San Pedro Sula, 22 en La Ceiba, 20 en Choloma, 18 en Comayagua, 16 en El Progreso, 13 en Roatán, 11 en Juticalpa, 11 en Marcala, 10 en Choluteca. La lista continúa con otros municipios en donde la Policía catalogó estos decesos como muertes indeterminadas.
«El sector confía mucho en la seguridad policial, de hecho, muchas familias no se han ido porque está la seguridad policial ahí, pero si no estuvieran ya se hubieran ido. Pero para las personas que estamos en Chamelecón hay un temor muy grande, sabemos que en cualquier momento los índices de violencia pueden subir y que tal vez un cambio de jefe [policial] puede traer una nueva dinámica y se pueden provocar enfrentamientos más fuertes que simplemente una pelea territorial, sino algo más fuerte. Eso siempre va a estar en el aire. Ese temor», explicó un vecino del sector.
Masacre de alto impacto atribuida a la MS-13
Varias patrullas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) recorrieron esta semana las calles de Chamelecón después de que la presidenta Xiomara Castro giró órdenes para que los agentes militares permanecieran en las calles patrullando diferentes zonas del país.
La decisión de la presidenta Castro fue anunciada luego de una masacre registrada el jueves 14 de julio en Tegucigalpa, a 148 kilómetros de distancia de Chamelecón, en donde fue asesinado Said Lobo -uno de los hijos del expresidente Porfirio Lobo Sosa- junto a otras tres personas.
La Secretaría de Seguridad atribuyó este homicidio múltiple de alto impacto a la MS-13. El sábado 16 de julio, la Policía Nacional informó que había logrado capturar a seis personas, de las supuestas 11 que participaron en la masacre.
«Estamos en la capacidad de informar que la operación fue ejecutada por la estructura criminal MS-13 y el blanco, el objetivo, era el hijo del expresidente Lobo. Capturamos seis ya, estamos haciendo más operaciones, allanamientos, entre otras, seguiremos para capturar a esta estructura y otra que opera en el país», dijo el general de policía Gustavo Sánchez, Director de esa institución
El lunes 18 de julio, el jefe de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), el Coronel de Infantería Roosevelt Leonel Hernández, explicó que los miembros de la PMOP estarían permanentemente en las calles apoyando a la Policía Nacional.
FFAA a través de #PMOP ejecuta operación de registro y patrullajes en la Central de Abastos y otros sectores de San Pedro Sula, Cortés. pic.twitter.com/rF78zovprt
— Policía Militar de Honduras (@PMOPHN) July 19, 2022
La Policía Militar informó el jueves 18 de julio que durante el primer semestre de 2022, la PMOP ha realizado «111,544 patrullajes móviles, a pie y motorizados en barrios, colonias y aldeas de los 18 departamentos del país; intensificando la presencia de elementos militares en las zonas más peligrosas de las principales ciudades de Honduras».
A pesar de los patrullajes simultáneos de la Policía Nacional y la PMOP, aún no está clara la forma en que manejará el nuevo Gobierno la seguridad ciudadana en zonas como Chamelecón.
La presidenta Castro lanzó el pasado 6 de julio en el departamento de Santa Bárbara las Mesas de Seguridad Ciudadana e informó que la Policía Nacional buscará implementar en todo el país el modelo de la Policía Comunitaria.
Sin embargo, tras la ola de violencia en el país, la presidenta Castro ha optado por sacar a la Policía Militar a las calles. La Policía Militar fue creada en agosto de 2013 durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y fue fortalecida por el expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso por narcotráfico en EE.UU.
El comisionado de la Policía Nacional, Luis Osabas, explicó que es difícil que la población de Chamelecón se acerque a la Policía Nacional para denunciar y reveló que la decisión de asignar a 50 policías más a Chamelecón se tomó en base a lo divulgado en medios de comunicación.
«Nuestro mecanismo es formalmente la denuncia, pero es muy difícil que las personas lleguen a las instalaciones de la Policía. La Policía ha actuado en base a lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Se incorporaron al trabajo permanente de la jefatura departamental número 6 del sector Chamelecón, 50 miembros de la Policía Nacional y tendrán como objetivo principal que este tipo de cosas no se sigan suscitando y salvaguardar las pertenencias de estas personas que se han ido», afirmó Osabas.
Osabas aseguró que estos grupos han desplazado a estas personas porque lo que pretenden es «mantener el control de ciertos puntos específicos que consideran como estratégicos para desatar violencia unos con otros».
«Ellos pelean los controles de los mercados, principalmente el tema de droga, eso es uno de los detonantes de violencia en el país», explicó Osabas.
