Texto: Leonardo Aguilar
Infografía: Ilustración de Celeste Maradiaga
Fotografía: Martín Cálix.
El pasado 28 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el contrato a Magic Software Argentina (MSA), la empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), que deberá enviar datos oficiales el próximo 28 de noviembre cuando se desarrollen las elecciones generales en Honduras, en donde se escogerá, entre otros cargos, al presidente del Poder Ejecutivo, 128 diputados del Congreso Nacional y 298 alcaldes. No obstante, la empresa MSA ha estado bajo el ojo del huracán en Honduras, esto debido a que miembros del Partido Nacional, denunciaron que esta empresa presentó documentación falsa al CNE.
El abogado Fernando Anduray, militante nacionalista, manifestó a medios de comunicación que dicha empresa «no acreditó haber presentado o desarrollado un sistema de transmisión de resultados de elecciones generales en ningún país del mundo. Lo que presentó fueron unas constancias adulteradas de voto electrónico». En esa misma línea, Jesús Mejía, candidato a diputado por el Partido Nacional, expresó que MSA presentó «documentación falsa». Sumado a eso, recientemente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó un informe con un hallazgo relacionado a presuntos fallos de la empresa argentina.
Contracorriente solicitó al Instituto de Acceso a la Información Público (IAIP) el proceso de adquisición de servicios para la transmisión de resultados electorales de este 2021. En este documento, de más de 3000 páginas, se constata que la empresa argentina presentó documentos oficiales, logró acreditar su experiencia en el rubro y, por lo tanto, los dichos de Anduray y Mejía son falsos. En la página 95 del documento, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires emitió una constancia firmada y sellada para explicar las controversias relacionadas con sellos utilizados por MSA, los cuales dieron lugar a las denuncias del Partido Nacional.
El representante legal de MSA, Nicolás Deane, envió una nota al CNE para rechazar lo manifestado por Jesús Mejía. «Solicitamos al CNE que realice las aclaraciones que correspondan sobre la base de la documentación presentada», dijo Deane, según una carta que aparece en el documento facilitado por el IAIP.
Pero no solo las acusaciones del Partido Nacional para inhabilitar a la empresa pusieron en peligro la contratación de MSA, que resultó la empresa mejor calificada para el TREP. Además, tres bancos nacionales se negaron a colaborar con ella. «Se realizaron gestiones a tal fin ante los grupos financieros y aseguradoras Ficohsa, Atlántida y Lafise, al respecto, cabe mencionar que al principio tuvimos buena receptividad, pero luego sin explicación alguna se declinó la posibilidad de emitir una póliza para este contrato», aseguró Deane, en una carta enviada al CNE que consta en la página 85 del documento. Asimismo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una opinión en el sentido de que no era viable la propuesta de MSA. «La ley de Seguros establece que el aseguramiento solo podrán hacer las instituciones nacionales o extranjeras legalmente constituidas», explicó Evin Andrade, superintendente de la CNBS. Para hacer posible el contrato, que solo contó con los votos favorables de las consejeras de oposición del Partido Libre y el Partido Liberal, y con el voto en contra del representante del Partido Nacional. Se aceptó que una empresa bancaria de Argentina pudiera brindar esa garantía bancaria y, como algo adicional, «por tratarse de un servicio de carácter urgente» el CNE retendrá un 15 % del pago que le corresponde a MSA hasta que haya cumplido con sus servicios.
Al respecto, Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras, dijo a Contracorriente que «ese fue uno de los grandes problemas. Tres bancos nacionales le dijeron a la empresa que no podía emitir el documento bancario. Entonces esta empresa lo que hizo fue presentar una póliza de seguros de Argentina. La CNBS dijo que ese proceso no era vinculante y que no se podía utilizar porque el Gobierno de Honduras no tenía jurisprudencia a la hora de cobrar. Eso depende de si la empresa falla. Así que lo que hizo el CNE fue, en mayoría (2 votos contra 1), aprobar la firma de contrato con una retención del 15 % equivalente a la póliza para que la empresa siguiera operando, ¿es lo que se pedía en el pliego de contrato?, no, pero fue una decisión administrativa que fue tomada».
La transmisión de resultados preliminares en Honduras es extremadamente importante para la democracia del país. Sobre todo, después de la crisis acaecida tras las elecciones en noviembre de 2017 en las que resultó reelecto ilegalmente Juan Orlando Hernández, en medio de denuncias de fraude electoral. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó al menos 22 víctimas mortales durante las protestas, 13 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad estatales. Antes del desarrollo de las elecciones generales de 2017, la empresa encargada de la transmisión de los resultados generales era señalada de estar sujeta a la influencia del Partido Nacional, cuyo candidato presidencial, el presidente Juan Orlando Hernández, fue criticado por reelegirse inconstitucionalmente después de haber gozado del favor de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y Judicial.
Y es que, en la madrugada del 27 de noviembre de 2017, antes de que Juan Orlando Hernández fuera declarado como ganador, el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, con el 57 % de las mesas procesadas, el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, aventajaba en un 5 % a Juan Orlando Hernández, quien finalmente, luego de decenas de caídas del sistema de transmisión de resultados, fue declarado como ganador. Un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea estableció que «indudablemente, la errática estrategia de comunicación de los resultados preliminares durante la noche electoral tampoco ayudó a mejorar la imagen del Tribunal». Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe de observación electoral de 2017, indicó que «la noche de la elección la ciudadanía no recibió información oficial por parte del TSE sobre las actas computadas hasta la 1:30 de la madrugada del lunes 27 de noviembre y el procesamiento de actas, estimado en 16,000, no alcanzó por mucho el objetivo. Debido a esto las encuestas a boca de urna ocuparon los medios de comunicación generando una guerra de resultados en la que dos candidatos se declararon ganadores».
