Esta madrugada, la diputada del Partido Libre Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres (asesinada en marzo de 2016) denunció un atentado contra su vida. Su esposo fue detenido por el hecho que ocurrió a pesar de que Zúniga Cáceres tiene medidas de protección y debía estar custodiada por la Policía Nacional. Apenas habían pasado unas horas desde que el candidato a alcalde de Yusguare por el mismo partido, Nery Reyes, fuera asesinado en Choluteca. El ambiente de violencia política se exacerba cerca de las elecciones con 15 aspirantes a elección popular asesinados entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, mientras la cobertura mediática tradicional recurre a prácticas de desprestigio.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix
En la madrugada de este sábado, y en medio de un feriado nacional, Olivia Marcela Zúniga Cáceres denunció un ataque en su casa de habitación en Planes de Santa Catalina, ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente de Honduras, según informó en un comunicado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Olivia Zúniga es diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y es hija de la ambientalista Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de 2016 en su vivienda ubicada en La Esperanza, por sicarios contratados por personas ligadas a la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), varios de los cuales guardan prisión.
Según el comunicado del COFADEH, el padre de la congresista, Salvador Zúniga, indicó que su hija “está muy golpeada” y que “la intentaron asfixiar y le habrían robado una camioneta color blanco que tenía en su casa”.
Contracorriente se contactó con el Secretario Internacional del partido Libre, Gerardo Torres, quien manifestó que Olivia Zúniga posee medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la congresista, para cumplir con las formalidades, denunció estas agresiones ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de La Esperanza.
“En el caso de Olivia Marcela, ella sí hizo una denuncia formal. Recordemos que ella tiene medidas cautelares y por eso siempre la acompaña una patrulla de la policía. Olivia denunció que cuatro hombres entraron a su casa, la golpearon, la amedrentaron, intentaron asfixiarla y le llevaron su carro. Esa es una denuncia formal”, aseguró Gerardo Torres.
Torres agregó que existe preocupación en el partido Libre porque se está tratando de presentar la agresión contra Olivia Zúniga como un problema familiar y que se encuentran pendientes con lo que pueda pasar con su salud y protección.
Hemos visto que tratan de presentarlo como un problema con su pareja o su expareja, sin embargo, esas fueron estrategias que ellos utilizaron para desvirtuar el asesinato de Berta Cáceres en un primer momento. Dijeron que a Berta Cáceres la habían asesinado por un problema con su pareja: Gerardo Torres.
El día del asesinato de Berta Cáceres, uno de los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) —la organización que Berta Cáceres lideraba— permaneció detenido 48 horas por la Policía Nacional. Tanto la institución armada como la prensa tradicional, manejó que el móvil del asesinato radicaba en un asunto pasional. Sin embargo, cinco años después, en la mañana del 5 de julio del presente año, un Tribunal falló en contra de David Castillo Mejía, exmilitar y expresidente de DESA, por su probada coautoría en el asesinato de Berta Cáceres. El Tribunal concluyó que el asesinato de Berta fue el cierre de una planificación que inició en 2015 con comunicaciones entre Douglas Bustillo, antiguo jefe de seguridad de la empresa DESA, quien fue condenado en diciembre de 2019, como coautor material del crimen, coordinador del grupo sicarial y principal enlace con la empresa DESA.
Este 9 de octubre, la Policía Nacional procedió a capturar a Luis Fernando Romero Argueta, de 30 años, detenido en el occidente de Honduras, sospechoso de “delito de lesiones y robo con violencia”. Algunos medios de comunicación han manifestado que lo ocurrido a Olivia Zúniga se trató de un asunto “pasional” después de que Romero Argueta fue ligado sentimentalmente a la diputada.
Es importante señalar que Olivia Zúniga denunció y encabezó una jornada de protestas para que se abriera una investigación en contra de varios policías el pasado 7 de febrero en La Esperanza. Olivia exigió que se castigara a los autores del crimen de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, quien fue hallada muerta en una celda policial de La Esperanza, Intibucá.
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Por su parte, Berta Zúniga, otra de las hijas de Berta Cáceres y dirigente del Copinh, se expresó en Twitter y condenó cómo los medios han manejado el asunto de su hermana. “Con respecto a lo sucedido a mi hermana Olivia quiero decir que es terrible que frente a delitos de violencia que ponen en peligro la vida de las mujeres, sigan siendo juzgadas las víctimas”.
Gerardo Torres, por su lado, cuestionó: “¿cómo es posible que alguien que esté bajo la protección del Estado de Honduras sufra este tipo de ataques? Sirve de alerta para que la comunidad internacional vea que las medidas cautelares más que algo real parecen un show del Estado de Honduras porque este no investiga, no protege y no garantiza la seguridad, protección y la vida de los luchadores sociales”.
Berta Oliva, fundadora del COFADEH, dijo a Contracorriente que, aunque algunos estén tratando de justificar esta agresión, se trata de un ataque contra una defensora de derechos humanos, diputada al Congreso Nacional, mujer indígena y una líder. “No es más que un acto condenable y un hecho terrorista, más allá de lo que puedan decir las investigaciones en el momento político y actual coyuntura. No podemos pensar diferente. Sé que ya hay voces disidentes que están direccionando el acto para hacernos pensar en falsedades”.
En las condiciones que dejaron a Olivia, las condenamos y denunciamos. Hay que hacer investigación a nivel institucional pero también vale la pena a nivel colectivo, no podemos permitir que se instale la indiferencia como un significado de olvido: Berta Oliva.
Berta Oliva agregó que no es de extrañar que desde el Estado puedan hacer cualquier tipo de estrategia para atacarla. “Ya hemos visto cómo hay gente que lo está manejando. Hay otra gente que está manejando otro discurso y que no es lo que a uno le han dicho, por lo menos de primera mano”.
Asesinato de un candidato de Libre
Pero las alertas en cuanto a asesinatos de aspirantes políticos en Honduras están activadas. En la noche del pasado viernes 8 de octubre fue asesinado a disparos el dirigente de Libre Nery Fernando Reyes, candidato a alcalde en el municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, zona sur de Honduras.
Según datos del COFADEH, una veintena de ciudadanos hondureños, aspirantes a un cargo de elección popular, han sido asesinados en los últimos meses en Honduras en un contexto de violencia política.
“En estos últimos meses que se aproximan estas elecciones ya son más de 21 liderazgos con aspiraciones políticas que han sido asesinados, eso nos indica el nivel de acción que será cada vez que se aproximen y que se acorten los días para las elecciones generales”, indicó Berta Oliva a Contracorriente.
A finales de julio pasado, en una nota anterior sobre el asesinato de Carolina Echeverria —una candidata cercana a la familia Rosenthal— indicamos que entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 un total de 15 personas ligadas a la política, entre ellos 12 candidatos a elección popular, fueron víctimas de la violencia política en Honduras, y 12 de esos casos resultaron en homicidios, según información brindada por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).
No obstante, un informe más reciente del ONV-UNAH indicó que 15 personas ligadas a la política habían sido asesinadas desde diciembre de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021.
Gerardo Torres dijo que la coordinación de Choluteca les ha informado que están en alerta porque hay otros candidatos de Libre que han recibido amenazas de muerte y que estas provienen “de miembros del Partido Nacional o miembros del crimen organizado”. Añadió que, en otras zonas del país, también hay militantes de Libre reportando “amedrentamientos para que no tengan presencia en las mesas electorales o para que no hagan campañas en ciertos lugares”.
Al parecer él (Nery Fernando Reyes) en días recientes había recibido amenazas, advirtiéndole que no se acercara a cierto sector ahí en Yusguare, y bueno, él había informado a la coordinación política del departamento. Eso nos lo informaron a nosotros ayer. Y que él no es el único que ha recibido algunas amenazas”, indicó Gerardo Torres, quien lamentó la falta de acción de los aparatos de justicia en el país de los que dijo “solo se activan cuando tienen que perseguir y reprimir a personas que están defendiendo sus derechos o los recursos naturales”.
Gerardo Torres manifiesta que en la campaña política de 2013 y 2017, tuvieron varios aspirantes y candidatos asesinados o amenazados, pero que “en esos casos nunca se hizo ninguna investigación”.
Torres explica que la situación en Choluteca es particular, ya que este lugar fue conocido durante las protestas por el fraude electoral de 2017 como “el bastión del sur” y que ese movimiento generó un “crecimiento social que hoy se está traduciendo en un crecimiento electoral para Libre. Eso es lo que está generando un ambiente de tensión en el departamento de Choluteca, ese movimiento social y político amenaza a las estructuras de poder que han existido históricamente en el departamento”.
“No tenemos un número exacto pero ya tenemos varias semanas recibiendo notificaciones de candidatos y dirigentes sociales que han recibido diferentes amenazas para tratar de amedrentarlos y reducir su participación política”, asegura Torres.
Para Berta Oliva, lo que nos dice el asesinato de Nery, es la continuidad de muchos más que puedan venir si no se pone en serio una denuncia y se condena en las calles para que la masa haga saber lo que realmente está pasando.
Oliva asegura que está claro que estos ataques y asesinatos buscan producir temor, porque se hacen ante la luz pública buscando efectos fuertes para la no participación de la gente y para que se produzca una descomposición social.
