Hay tres fuentes notables de financiamiento indebido en los partidos Nacional y Liberal de Honduras, dos de ellas claramente ilícitas: la corrupción y el narcotráfico, y una tercera, «la cuota del partido», con la cual el Partido Nacional ha obtenido HNL 717 millones (unos USD 30 millones) desde enero de 2016 hasta julio de 2021. Esta aportación de empleados públicos además de ser una fuente de clientelismo político, se convierte en delito cuando se hace de forma inconsulta. Ese tridente ha puesto siempre al partido que esté de turno en una ventaja abismal en comparación con los demás.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix, Antonio Gutiérrez y Fermando Silva
El pasado 30 de agosto dieron inicio las campañas políticas de todos los candidatos a elección popular para el proceso electoral de noviembre de 2021. Son 33,000 los ciudadanos hondureños que optan por un cargo de elección popular, y aunque hay catorce partidos políticos en contienda, son los partidos más tradicionales los que realizaron las concentraciones más grandes en estos días: el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN).
En la carrera por el poder, es fundamental el financiamiento detrás de los partidos y que la ciudadanía conozca la procedencia de los fondos, por esto los partidos políticos han estado subiendo sus reportes financieros al Portal Único de Transparencia del Instituto Hondureño de Información Pública (IAIP), aunque en ellos no se puede conocer la identidad de los grandes aportantes privados.
En los reportes se pueden observar los fondos percibidos por concepto de la deuda política (financiamiento estatal), pero también se aprecia el ingreso de algunos fondos correspondientes al financiamiento privado, en donde solamente el PN reporta «aportaciones voluntarias», que son conocidas como la «cuota del partido», el PL y el Partido Libertad y Refundación ( Partido Libre) presentan reportes sobre «registro de aportaciones».
El PN recibió entre enero y julio de 2021 un poco más de HNL 100 millones (USD 4.1 millones) para financiar su campaña política con fondos provenientes de la cuota de partido, lo que representa un aumento de HNL 30 millones en comparación con el mismo periodo de los años 2019 y 2020.
«A nosotros nos piden una cuota para la campaña del PN. La cuota de un médico por contrato son HNL 3000, si tenés solamente un contrato con ellos. Pero si tenés dos contratos son como HNL 10,000 los que tenés que darles», expresó a Contracorriente un joven médico, que, por razones de seguridad y temor de perder su empleo, pidió la protección de su identidad.
La fuente agregó a Contracorriente que cuando comenzó la campaña de las elecciones primarias de 2021, se acercaron los líderes del PN para pedir su colaboración. «Te dicen que tenés que apoyar al partido, así como ellos te están apoyando a vos con trabajo. Eso es parejo, desde la aseadora hasta el médico especialista, ellos te piden una cuota».
Según el portal Abriendo Datos de Contracorriente, en 2016 el PN ingresó HNL 98,334,568.18 en concepto de aportaciones de empleados; en 2017 obtuvo HNL 133,257,058.29; en 2018 alcanzó los HNL 132,620,587.52 ; en 2019 recaudó HNL 140,159,970.71 y el año 2020, el PN recibió HNL 108,986,741.36. Hasta julio de 2021, el PN ha recaudado un total de HNL 717,182,984.44.
Siendo más minuciosos, podemos notar que el mes de abril de 2021, un mes después de las elecciones primarias, el PN recibió un incremento importante en concepto de aportaciones voluntarias, siendo el total HNL 24,969,955.89, comparados a los HNL 11,420,790.63 captados en abril de 2019 y HNL 11,570,766.80 en abril de 2020.
El PN lleva tres periodos gubernamentales consecutivos realizando deducciones a más de 100,000 empleados públicos, la mayoría a través de planillas. La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, candidata a diputada de una alianza opositora, aseguró a Contracorriente que las retenciones al personal sanitario, en muchas de las ocasiones, se han realizado sin autorización.
«Se les hace una retención a los médicos por contrato que anda en un promedio de 2000 lempiras mensuales, esta cuota, como lo explicaba, no es autorizada y prácticamente es obligatoria, porque si el personal manifiesta que no quiere aportar pues simplemente se le suspende el contrato, esta situación la denunciamos en su momento ante la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih) como un financiamiento ilícito para las campañas políticas», explica Figueroa.
El artículo 24 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, numeral 3, establece que la deducción de forma inconsulta para la cuota de partido es un delito, ya que este señala que están prohibidas las «contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada o descentralizada, sin previa autorización de estos. Se prohíbe que sin la autorización respectiva se pueda constituir las deducciones. La omisión de la autorización constituye un hecho delictivo».
El economista y sociólogo Julio Raudales le dijo a Contracorriente que durante sus 25 años trabajando en el Gobierno, desde 1989 hasta el 2014, siempre le fue deducida la cuota del partido, independientemente del instituto político que estuviera en el poder.
«Siempre existió eso. Cuando yo entré al Gobierno estaba José Simón Azcona (1986-1990) y me deducían por planilla y luego vino el Gobierno de Rafael Callejas (1990-1994), el de Carlos Roberto Reina (1994-1998), el de Carlos Flores (1998-2002), Ricardo Maduro (2002-2006) y también en el de Manuel Zelaya (2006-2009). Siempre le deducen a uno esto, en el entendido de que el Partido necesita financiamiento, no es nuevo», revela.
Aportaciones de empleados del PN desde enero de 2016 hasta julio de 2021
Tiempo | Cantidad |
|---|---|
Enero-diciembre 2016 | L. 98,334,568.18 |
Enero-diciembre 2017 | L. 133,257,058.29 |
Enero-diciembre 2018 | L. 132,620,587.52 |
Enero-diciembre 2019 | L. 140,159,970.71 |
Enero-diciembre 2020 | L. 108,986,741.36 |
Enero-julio 2021 | L. 103,824,058.38 |
Total | L. 717,182,984.44 |
Fuente: Portal Abriendo datos Honduras de Contracorriente y Portal Único de Transparencia.
Julio Navarro, quien es catedrático universitario, dice que tradicionalmente los empleados públicos cotizaban el 3 % del salario para el partido de gobierno, incluso en los organismos en los que coexistían miembros del PN y el PL.
«Cada partido le cobraba un porcentaje que necesitaban las instituciones políticas, pero eso legalmente hoy no existe y entonces obligan al empleado a que firmen, y al firmar la deducción él está autorizando como en forma voluntaria, un aporte a su partido, pero todos sabemos que para un 80 % de los empleados es una especie de coacción de carácter económico para mantenerse en los cargos», comenta Julio Navarro.
Bill Santos, coordinador de campaña del PL, al ser consultado sobre las aportaciones de empleados públicos del PL, dijo a este medio que varias instituciones estatales les han quitado la deducción por planilla a muchos empleados liberales: «Nosotros teníamos deducción a empleados en algunas instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP), por dar un ejemplo, pero el RNP quitó las aportaciones que iban destinadas al PL, pero no hizo lo mismo con el PN, a ellos se les siguió dando», explicó.
Contracorriente consultó sobre esto al licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, quien asegura que la cuota del partido está prohibida en la ley, pero explica que hay «una salvedad». El comisionado Javier Franco expuso que la única forma para que los empleados públicos puedan aportar a la campaña de un partido político, es a través del «mutuo acuerdo», es decir, que ellos autoricen.
El exfiscal general de la República Edmundo Orellana Mercado, experto en derecho administrativo, aseguró a Contracorriente que si las deducciones no son consensuadas constituyen un claro delito y por lo tanto el resultado deriva en un financiamiento de carácter ilícito.
Por supuesto que es delito. Se están apropiando de una cantidad de dinero que corresponde al empleado y en donde él no ha dado su voluntad, y como es el Estado el que lo impone, eso se equipara a la extracción ilegal. Definitivamente es una figura delictiva (Edmundo Orellana).
Pero para Suyapa Figueroa, aunque miles de las deducciones se están haciendo de forma arbitraria e inconsulta, muchos no se atreven a denunciar «porque si lo hacen no les renuevan el contrato».
Edmundo Orellana, en su periodo como el primer fiscal general de Honduras (1994-1999), pidió que la cuota del partido se prohibiera cuando se hacía de forma obligatoria: «Cuando fui Fiscal General le mandé una nota al ministro de finanzas de la época, en donde yo le decía que esa costumbre que se había empotrado en el Gobierno debía ser erradicada de inmediato porque era delito y solamente por expresión manifiesta de la voluntad del empleado podría deducirse dinero y así se hizo», explicó Edmundo Orellana.
Orellana agregó que actualmente los empleados están siendo forzados a dar su aporte: «Si no lo hacen, los destituyen, y es una lástima que el Ministerio Público no haya estado vigilante». Entre el 2020 y 2021, el Gobierno de Honduras ha contratado a miles de hondureños, mediante los programas Con Chamba Vivís Mejor y Código Verde.
En enero de 2019, la Presidencia de la República informó en una nota de prensa que un total de 28,000 nuevos empleos se habían generado gracias al Gobierno de Juan Orlando Hernández con estos programas.
Pero durante la pandemia por COVID-19 se ha contratado a más personal. Honduras reportó el primer caso de COVID-19 en marzo de 2020, meses más tarde cientos de médicos y enfermeras fueron contratados temporalmente.
Para el abogado Ernesto Paz Aguilar, docente universitario y doctor en ciencias políticas, la cuota del partido es el agujero negro del financiamiento político en Honduras. «Hace unos 25 años eso rondaba en unos 25 millones, pero ahora eso está multiplicado, es una enorme cantidad de plata», explicó Paz Aguilar.
Paz Aguilar dice que es bien difícil de probar que la cuota de partido es ilícita porque obligan al empleado a firmar en blanco: «La gente autoriza y usted escoge entre ser empleado público y contribuir al partido que le dio el trabajo o quedarse fuera.»
Para financiar las campañas de las elecciones primarias en 2012 y elecciones generales en 2013, el PN dedujo dinero de sus planillas a 100,000 empleados públicos que cumplían labores en distintas instituciones. El dinero era transferido mensualmente a las cuentas del Comité Central del PN (CCPN), que para entonces era administrado por la corriente Azules Unidos que llevaba como candidato a Juan Orlando Hernández. Una fotografía publicada por Diario El Heraldo, firmada por Hilda Hernández Alvarado, la hermana fallecida del actual presidente de la República, dio a conocer la tabla para efectuar las aportaciones.
Según el portal Abriendo Datos de Contracorriente, el PN, PL y el Partido Libre han reportado HNL 680 millones en aportaciones privadas, entre 2016 y febrero de 2021. Esto equivale a USD 28.1 millones al cambio vigente en junio de 2021.
En ninguna de estas aportaciones privadas —el mecanismo que más dinero ha aportado a los partidos políticos— está identificada con nombre o documento de identificación del donante o aportante. En ciertas ocasiones, los partidos optaron por identificar los fondos entrantes como «militantes del partido». Esto representa más que la deuda política que en el caso del Partido Libre, PN y PL han recibido desde 2015, un total de HNL 155 millones, aproximadamente USD 6.4 millones al cambio actual.
Lo anterior violenta el artículo 39 de la Ley de Financiamiento que establece que «no se puede reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados».
A pesar de que esos 680 millones reportados no nos dicen nada por sí mismos, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, le explicó a Contracorriente que para auditar a los partidos políticos también se debe tomar en cuenta lo que publicitan en los medios, las vallas publicitarias, entre otros gastos, muchos de los cuales no figuran en los reportes financieros.
«Solo en 2017 auditamos cerca de HNL 950 millones, fue el primer paso de la historia democrática hondureña. Anteriormente se hablaba de miles de millones de lempiras. En esta elección primaria logramos auditar cerca de HNL 370 millones. Y estamos esperando este periodo general para ver a qué monto llega», sostuvo Franco.
Un informe sobre elecciones primarias 2021 recogió el monitoreo de la publicidad electoral en televisión y radio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sobre los gastos que hicieron los precandidatos que participaron en las elecciones primarias del 14 de marzo.
Hubo un dato interesante: el PN y PL hicieron una inversión publicitaria del mismo nivel en los medios corporativos estudiados, con un valor que ronda los HNL 24 millones, contra apenas HNL 6.7 millones del Partido Libre.
El coordinador de campaña del PL, Bill Santos, asegura que su partido ha cumplido con la política limpia entregando informes sobre las pasadas elecciones primarias y que lo mismo harán en estas elecciones generales brindando información sobre los tres niveles de elección popular.
Bill Santos reveló a Contracorriente que «todos los candidatos liberales tienen amigos que les ayudan a financiar sus campañas políticas. De tal forma que esas aportaciones privadas solo son temporales y dependiendo de cómo vaya el partido en las encuestas, también estas aportaciones pueden subir o pueden bajar», explicó.
Bill Santos informó que las aportaciones privadas representan el 60 % del financiamiento del PL y agregó que son las que sacan a flote al partido, permitiéndole realizar la campaña. «El 40 % restante se financia con aportaciones propias de los candidatos y con algunas aportaciones que ingresan al partido en tiempos de campaña como la deuda política», agregó.
Contracorriente intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el coordinador de campaña del PN para que diera su versión acerca de las supuestas irregularidades relacionadas con la cuota del partido y además sobre otros mecanismos de financiamiento ilícito que constan en requerimientos fiscales, sin embargo, no contestó a nuestras llamadas y mensajes.
Unidad de política limpia sin capacidad para auditar a todos
Javier Franco de la Unidad de Política Limpia, reveló a Contracorriente que esta institución cuenta apenas con 60 auditores a nivel nacional para auditar a más de 33,000 candidatos a elección popular que serán protagonistas en las próximas elecciones del último domingo de noviembre. Esta unidad se creó en 2017 después de que la Maccih ayudó a revelar el financiamiento ilícito de campañas en 2012 y 2013.
Javier Franco agregó que la Unidad de Política Limpia cuenta con un presupuesto anual de HNL 20 millones (USD 834,000), pero que les aprobaron HNL 60 millones adicionales (USD 2.5 millones) por ser año electoral.
Esta unidad responde institucionalmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el que dicta las pautas. El CNE es el máximo órgano electoral de Honduras, el cual es dirigido por tres abogados que representan los intereses de los partidos PN, PL y Partido Libre.
Para entender por qué instituciones electorales como el CNE están tuteladas por representantes de partidos políticos, hay que remontarse a enero de 2019, cuando después de negociaciones entre las bancadas de PN, PL y Libre, el Congreso Nacional aprobó con una mayoría abrumadora la creación de nuevos órganos electorales debidamente colegiados, cada uno de ellos integrado por funcionarios que representan a los tres partidos políticos antes mencionados.
Javier Franco expuso que la Unidad de Política Limpia, debido a la gran cantidad de candidatos inscritos (33,000), se concentrará solamente en 6000 candidatos, para lo cual cuentan con el respaldo —desde el pasado 30 de agosto, cuando iniciaron las campañas electorales— del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE). El comisionado detalló que de esa forma buscarán monitorear la propaganda en prensa escrita, medios digitales, televisión y radio, hasta el 30 de noviembre. «Hay municipios a donde no llegaremos. Pero por lo menos estaremos en todas las cabeceras departamentales y vamos a realizar el monitoreo en los grandes medios», explica.
El sociólogo Asís Castellanos, investigador del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), tras hacer un análisis sobre lo reportado hasta ahora por los partidos políticos en los portales de transparencia, asegura que es difícil tener cifras confiables sobre cuánto dinero proviene del sector privado.
«Sin lugar a dudas el financiamiento privado es el más elevado, hay una fuente que puede provenir de la narcoactividad y de otras actividades ilícitas que no están siendo registradas por el sistema bancario», explica Asís Castellanos.
Castellanos agrega que «en el informe de política limpia de 2017, se afirma que no hubo dificultades y que no encontró procesos ilícitos de financiamiento político, esa afirmación, en el contexto ampliamente conocido por la población, es difícil de creer, sobre todo si vemos cómo financió el partido de gobierno las elecciones de 2013».
Los fondos ilícitos de las campañas
El narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros influía en la política hondureña reuniéndose en fiestas con políticos, militares, altos jerarcas de la Policía, Fuerzas Armadas (FF. AA.) y hasta con agencias de seguridad norteamericanas. Fue detenido en abril de 1988 en Tegucigalpa y, sin tratado extradición, fue sacado del país y encarcelado en Estados Unidos (EE. UU.), acusado de secuestro, asesinato y narcotráfico.
Antes de Matta Ballesteros, Honduras no contaba con la suficiente institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico, pero en la década de los 90 ocurrieron cambios significativos como la abolición del servicio militar obligatorio e intentos para fortalecer a la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones que siempre mostraron debilidades institucionales.
No obstante, el golpe de Estado en contra de José Manuel Zelaya (2006-2009) terminó debilitando al máximo al Ministerio Público y a la Policía Nacional, asimismo, el Poder Judicial sufrió enormes retrocesos. El poder político pasó totalmente a manos del PN y poco a poco ha continuado regresando la hegemonía de las FF. AA, con la creación de policías militares.
La crisis generada por el golpe de Estado de 2009 sacó a relucir las noticias sobre carteles como el de Los Cachiros, que estaba revolucionando la vida comercial en el departamento de Colón, zona del Caribe y permitió la incursión en la política de narcotraficantes como Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que llegó a ser diputado en el Congreso Nacional.
En enero de 2012, se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición, lo que activó el convenio entre Honduras y EE. UU. suscrito a principios del siglo XX.
Como en la época de Matta Ballesteros, a medida que avanzaron los juicios por narcotráfico en EE.UU., se ha hecho evidente que en los últimos doce años los carteles del narcotráfico se han aliado con políticos, militares, altos jerarcas de la Policía y FF. AA.
Con la extradición aprobada, entre el 2013 y 2015 los líderes del cartel Los Cachiros —aduciendo temor de ser asesinados en Honduras— se entregaron a la justicia de Estados Unidos. Uno de ellos, Devis Leonel Rivera, confesó en los juicios de Nueva York que había financiado campañas políticas.
El exdiputado nacionalista «Tony» Hernández fue enjuiciado en EE. UU. por cuatro delitos. En marzo de 2021, fue condenado a cadena perpetua más treinta años de prisión por ser considerado un narcotraficante a gran escala.
En un juicio todavía desarrollándose en Nueva York, fiscales estadounidenses indicaron que el presidente actual Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y aspirante a la presidencia del país— prometió proteger al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de dinero para financiar su campaña política de 2013 en busca de la presidencia, a la cual logró llegar.
Fiscales estadounidenses han reiterado en el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, que Juan Orlando Hernández hizo partícipe a las FF. AA. y se reunió con el empresario de la zona norte Fuad Jarufe para financiar su campaña de 2013 con dinero proveniente del lavado de activos, indica ese documento.
Según un documento publicado en enero de 2014 en el sitio web del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), denominado Impacto Financiamiento ilícito de partidos políticos en Honduras, para el 2013, el Estado financió el 8.13 % de la campaña, mientras que el 91.87 % fue financiado por fuentes en su mayoría desconocidas y oscuras.
El Estado de Honduras aportó para la campaña electoral de 2013, la cantidad de HNL 95.1 millones en concepto de deuda política. Sin embargo, según el análisis del documento publicado en el Cedoh, para las elecciones de 2013, se gastaron HNL 1000 millones, equivalente a USD 44.8 millones al cambio actual, cuya fuente financiera fue en gran parte desconocida.
Según un análisis del proceso electoral, financiamiento y transparencia en el 2013, las organizaciones de narcotráfico, al invertir en política pretenden al menos tres propósitos claramente perfilados, los cuales son: «facilidades e impunidad para operar en el territorio de los países; permisividad para realizar las inversiones con las que se ejecuta el lavado de activos y protección contra la extradición de personas ligadas al narcotráfico».
Debido a estos antecedentes, a principios de agosto de 2021, el recién nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, externó la preocupación de los EE. UU. por el financiamiento del crimen organizado en campañas políticas de Honduras.
Ricardo Zúñiga dijo a periodistas de Centroamérica que existe preocupación por la entrada de dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones a campañas. «Eso no es solo en Honduras, pero obviamente es una gran preocupación cuando vemos que existen estas amenazas de intereses nacionales que a final de cuentas afecta a toda la comunidad internacional», apuntó Zúñiga.
Pero para comprender la preocupación de EE. UU., hay que entender cuál ha sido su papel en el tráfico de drogas y su relación con los distintos actores en Honduras.
Para Edmundo Orellana, el primer fiscal general de Honduras (1994-1999), existe un matrimonio entre los políticos y los narcotraficantes y eso se hace a través de una «canalización de los recursos del crimen hacia las arterias del sistema financiero formal».
«Se hacen transacciones legales para blanquear activos y en donde además el Estado ha puesto a disposición del crimen organizado sus mecanismos para protegerlos en sus actividades ilícitas», agrega Edmundo Orellana.
El candidato por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, quien participa por tercera ocasión como candidato presidencial de oposición asegura que las elecciones son manipuladas con dinero del PN, que a su juicio, es la única institución política con el poder económico para hacerlo.
«En el 2012 se demostró, a través del comisionado de Policía, Ramón Sabillón, que había un cartel que apoyaba a los nacionalistas y otro cartel que apoyaba a los liberales», dice Nasralla.
«Para mi campaña algunos amigos me dan HNL 500, HNL 20,000, yo saco mi dinero, tengo una buena situación económica permanente, nunca he dejado de recibir ingresos. Yo he andado ahora más cerca de los empresarios, pero tampoco me han dado nada, me tiran de repente HNL 10,000 (USD 417) y cuando me los dan, pues los agarro», asegura.
El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado nacionalista y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, dijo a Contracorriente: «El dinero del crimen organizado y de los recursos estatales se sigue gastando y se seguirá gastando en las candidaturas de los personajes afines al Gobierno. Creo que hay que pecar de ingenuo si no se reconoce que ciertamente la diferencia de recursos económicos, de manera subrepticia y simulada por parte del partido de gobierno, genera una desigualdad de armas con los que están en la llanura», dice Pineda Alvarado.
Además apunta que la Unidad de Política Limpia no cumplió su objetivo que era originalmente nivelar las capacidades de los competidores de un evento electoral que pretende ser democrático.
El sociólogo Julio Navarro cree que la Unidad de Política Limpia no cuenta con personal calificado ni con el presupuesto necesario para realizar investigación de campo, por lo que son incapaces de investigar nombres y apellidos concretos.
La Ley electoral deja enorme libertad para que candidatos a diputados, alcaldes o a la Presidencia realicen gastos en política, con techos financieros que son inimaginables para una persona de bajos recursos (Julio Navarro).
El analista también considera que esta unidad debería de revisar cuáles son las conexiones que tienen una gran cantidad de políticos con el quehacer del Estado, «ya que muchos son beneficiarios de contratos».
Un análisis del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) determinó que los comicios generales de 2017 y en los primarios de 2021, se presentaron problemas estructurales que convierten al financiamiento político público y privado en competencia desigual.
En las pasadas elecciones primarias de 2021, solo el 33 % de los 5000 precandidatos inscritos para cargos de elección popular cumplieron en tiempo y forma con el requisito de bancarización.
Pero el Cespad asegura que existen grietas por medio de las cuales se puede filtrar el financiamiento ilícito de los partidos. Por lo cual, recomendaron extender la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales a los partidos políticos.
«La Ley de Política Limpia solamente impone techos de gasto para las campañas electorales en torno a los ingresos y egresos de las candidaturas individuales. Esto tiene repercusiones negativas en tanto que las exigencias de transparencia no están particularmente dirigidas hacia los partidos políticos», indica el documento del Cespad.
Corrupción que financia campañas
Pero el financiamiento ilícito de partidos políticos no solo se da con fondos procedentes del narcotráfico o de la cuota política. Una de las mayores fuentes de financiación es la corrupción pública, en donde se utilizan empresas de maletín para saquear fondos públicos.
Contracorriente pidió al Ministerio Público la solicitud de privación de dominio a las cuentas del PN en donde este instituto político fue acusado, en el expediente administrativo nro. 015-2015, por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
El Ministerio Público describe que el PN entre los años 2012 y 2013 recibió donaciones de personas naturales y empresas de maletín con fondos captados de manera ilícita del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por un valor de HNL 2,295,000.00 para financiar su campaña política.
Fiscales hondureños descubrieron la existencia de dos cuentas bancarias registradas a nombre del PN en las cuales se había depositado dinero, entre los años 2012 y 2013, con fondos del millonario desfalco al IHSS.
El economista y sociólogo Julio Raudales dijo a Contracorriente que desde los años ochenta el partido que ha estado en el poder ha utilizado mecanismos de distinta índole para financiar sus campañas utilizando los recursos públicos.
«Eso es vox pópuli, desde el Gobierno de Roberto Suazo Córdoba, diputados, ministros y funcionarios públicos, han utilizado a oenegés para canalizar recursos que permitan a ellos, de alguna manera, financiar las campañas», sostiene Raudales.
Julio Raudales explica que desde 2010 hasta la actualidad el asunto se agravó: «Antes el PL ganaba dos elecciones y la otra la ganaba el PN, pero ahora el PN lleva tres períodos en el poder y ha obtenido más experiencia», subraya.
El desfalco al IHSS generó tal indignación que dio lugar a la marcha de las antorchas. Se pidió ayuda internacional a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero se recibió el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que facilitó la llegada de la desaparecida Maccih, la cual colaboró con el Ministerio Público para judicializar los casos Pandora, Corrupción sobre Ruedas y Narcopolítica. Y recientemente, en seguimiento al caso Pandora, emergió el caso Hermes. Todos estos hablan sobre corrupción y el uso de dinero del Estado para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Para financiar la campaña política del PN en los años 2012 y 2013, miembros del partido de gobierno crearon una empresa de maletín, por medio de la cual se desviaron fondos del Congreso Nacional, Casa Presidencial y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Según un requerimiento fiscal del Ministerio Público, con las elecciones de 2013 cerca, Hilda Hernández planificó formar la empresa Servicios e Inversiones AID. Pero Hilda Hernández usó a José Adolfo Sierra Morales, quien el 24 de mayo de 2013 acudió a un notario a fin de constituirse como comerciante individual.
Pronto se identificaron depósitos por un poco más de HNL 11 millones a la cuenta bancaria de la empresa Servicios e Inversiones AID, procedentes de cuentas bancarias, entre las cuales figuraron el Congreso Nacional, Banadesa, Casa Presidencial, entre otros. Banadesa emitió 26 cheques por un total de HNL 4.6 millones en favor de esta empresa de maletín, lo cual consta en el requerimiento fiscal del caso Corrupción sobre Ruedas.
Un testigo confesó haber recibido órdenes en agosto de 2013 para realizar facturas simuladas y desviar los fondos de Banadesa, que serían destinados a la campaña de Juan Orlando Hernández. «Había un dinero transferido de Banadesa para la campaña electoral del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, fondos destinados a la encargada de campaña Hilda Rosario Hernández Alvarado para ser utilizados en dicha campaña electoral», dijo el testigo protegido, según consta en un requerimiento fiscal.
Los cheques de Banadesa fueron usados para financiar el Movimiento de Azules Unidos del PN. Parte del dinero se usó en la campaña de las elecciones internas de 2012 para la renta de vehículos. En noviembre de 2013, a pocos días de las elecciones generales, se repitió la operación: Hilda Hernández ordenó al testigo protegido recoger cheques de Banadesa y los fondos se destinaron nuevamente a pagar el alquiler de vehículos usados en la campaña del PN.
En el caso Pandora, la historia es similar. Se desviaron más de HNL 282 millones (USD 11.7 millones) del Estado. Estos fondos estaban destinados a proyectos agrícolas, pero el dinero fue a dar a las campañas electorales de 2013 del PN y PL, y en menor medida al Frente Amplio Político en Resistencia (FAPER).
Cerca de 120 personas colaboraron para desfalcar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de dos fundaciones, que se encargaron de pagar campañas políticas: Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, pero solo se procedió penalmente contra 38 personas.
De los HNL 282 millones, el PL recibió HNL 99 millones de las fundaciones para cancelar una deuda con el sistema bancario, mientras que el PN sustrajo fondos para usarlos en la tarjeta de descuento La Cachureca.
«Se emitieron 16 cheques a favor del Consejo Central Ejecutivo del PL (…) valores que hacen un total de HNL 99,030,000.00 que fueron depositados en la cuenta nro.01-101-406658 de Banco Ficohsa a nombre del Consejo Central Ejecutivo del PL, abierta por su representante legal Elvin Ernesto Santos Lozano (padre de Elvin Ernesto Santos Ordoñez)», indicó el Ministerio Público en su requerimiento fiscal.
Tanto Elvin Santos (padre) como Elvin Santos (hijo) figuraron en la lista de acusados por la Maccih en el caso Pandora, sin embargo ambos recibieron sobreseimientos de parte de la justicia de Honduras. A pesar de que Elvin Santos (hijo) figuró en la Lista Engel y fue señalado como corrupto el pasado mes de julio, continúa actualmente como candidato a diputado por el PL.
Bill Santos, el coordinador de campaña del PL, asegura que en el periodo de Elvin Santos, cuando fue presidente del PL, hubo algunas acusaciones de malversación de fondos y «del tal caso Pandora».
«Al final se demostró que todos los documentos que figuraban sobre el PL fueron llevados a los tribunales de la República y de hecho resultó en un sobreseimiento definitivo porque el PL pudo mostrar que todas las cartas en donde se había utilizado los fondos eran de ejercicios financieros con toda la documentación de facturas con empresas reales que estaban trabajando en el país, de tal suerte que recibimos ese beneplácito de la Fiscalía General de la República con un sobreseimiento», concluyó Bill Santos.
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Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público sobre el Caso Hermes, se desfalcaron HNL 122.1 millones durante los años 2014, 2015 y 2016. Entre enero de 2014 y octubre de 2016, Casa Presidencial suscribió con la empresa Servicios e Inversiones AlD un total de 29 contratos en concepto de servicios de publicidad y propaganda, por un monto total de HNL 98.3 millones, según el requerimiento fiscal del Ministerio Público.
Las acusaciones de la fiscalía señalan que para realizar estos contratos se irrespetó la Ley de Contratación del Estado porque no hubo procesos de licitación. Durante dichos años los contratos beneficiaron a medios de comunicación empresarial e independientes, ya sean digitales o físicos y radiales o televisivos.
Un testigo le dijo al juez que la empresa Servicios e Inversiones AID era controlada desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) creada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández en su primer periodo.
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«Más de setenta periodistas de diferentes medios de comunicación radial y televisiva fueron beneficiados con fondos de la empresa Servicios e Inversiones AID, cheques depositados en sus cuentas, sin existir ningún vínculo con la empresa Servicios e Inversiones AID, solo por el simple hecho de una promesa verbal realizada por Hilda Hernández a fin de que emitiera opiniones favorables a favor del presidente de la República», indica el requerimiento fiscal del caso Hermes.
El fiscal que ha encabezado el caso Hermes, Luis Javier Santos, denunció que el propio Ministerio Público abrió una investigación contra él porque la lista de los setenta periodistas fue filtrada ante la opinión pública.
«Cuatro días de desvelo, en audiencia del caso Hermes, junto a mi compañero fiscal Juan Carlos Griffin. Llego cansado a la oficina y el Ministerio Público nos recibe con un equipo de supervisión para investigarme. ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción así?», escribió en su cuenta de Twitter el fiscal.
La empresa Servicios e Inversiones AID, cuando Hilda Hernández fue nombrada ministra de Comunicación y Estrategia, fue trasladada a las instalaciones de Casa Presidencial y mantuvieron sus operaciones allí hasta 2016.
El Ministerio Público indicó que existió colusión para sustraer fondos de Casa Presidencial para la campaña política del PN, con lo que se denota la configuración del dolo con el que actuaron los ahora acusados.
A pesar de que en Honduras se han judicializado casos de corrupción, muchos de los cuales evidenciaron el financiamiento ilícito de campañas electorales, ninguno de los acusados que ahora ostentan la calidad de candidatos fue inhabilitado para este proceso electoral, ni por el CNE ni por un juez o magistrado, ya sea porque estos candidatos recibieron sobreseimientos definitivos o porque gozan de resoluciones favorables de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resolvió amparos a su favor ordenando detener las investigaciones.
Debido a la falta de independencia institucional de la Unidad de Política Limpia y de su presupuesto condicionado y raquítico, así como de la ausencia de un proceso electoral verdaderamente ciudadano, nos acercamos nuevamente a un terreno peligroso en donde las expectativas están más orientadas a la continuación de la repetición del financiamiento ilícito. Por otro lado, el financiamiento a través de la burocracia estatal continúa intacto.
