El Congreso Nacional aprobó, en cuestión de minutos y sin mostrar los votos, una serie de contratos y préstamos que han sido catalogados como dañinos para los intereses ciudadanos. Diputados opositores que no se conectaron a la sesión virtual denunciaron que no hubo cuórum y que existió usurpación de funciones.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Martín Cálix
El Congreso Nacional de Honduras —en una polémica sesión virtual realizada el viernes 27 de agosto— aprobó contratos y préstamos millonarios. Los encargados de comunicaciones del Legislativo recurrieron a fotografías de archivo para dar una muestra de los congresistas que se conectaron a la reunión que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.
La decisión de no mostrar a los congresistas que se conectaron este día, generó el reclamo de diputados opositores quienes aseguraron que no hubo cuórum y que en el interior de las sesiones hubo usurpación de funciones por personas que no son congresistas. El Congreso Nacional no informó, como en otras ocasiones, cuántos de los diputados votaron a favor o en contra.
Durante la transmisión en vivo apenas pudo verse en un primer plano a algunos miembros de la junta directiva del Congreso Nacional, la mayoría miembros de la bancada del Partido Nacional de Honduras.
Honduras cuenta con 128 diputados, pero en esta sesión no participaron los 30 congresistas de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre), ni los cuatro del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-sd). El Partido Liberal, que tiene 26 diputados, emitió un comunicado en donde aseguraba que su bancada tampoco entraría a la sesión.
«Nos manifestamos en contra de los proyectos de ley que pretende aprobar el Congreso Nacional, en vista de que no están logrando el cuórum necesario que exige la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por ende son inconstitucionales. Además, porque pretenden conceder a privados bienes del Estado como la represa el Cajón a través del Proyecto de Escisión de la ENEE y continuar aprobando préstamos para el uso de recursos públicos en la campaña política del partido de gobierno», indica una parte del comunicado del Partido Liberal.
La diputada nacionalista Johana Bermúdez aseguró a Contracorriente que sí hubo cuórum durante la sesión del pasado viernes y que este se logra con la mitad de los miembros del Congreso Nacional, más uno, es decir, 65 diputados. «Solo el Partido Nacional tiene 60 diputados y también había diputados de otras bancadas. Habíamos más de 65 diputados conectados».
Johana Bermúdez agregó: «Estamos en una pandemia y fuimos afectados por dos huracanes. Eso vino a generar el cierre de muchas microempresas que generan 7 de cada 10 empleos en el país. En este momento el Estado debe garantizar el brazo amigo para reactivar la economía. Por eso es que los fondos se aprobaron para fortalecer al pequeño y mediano emprendedor».
No obstante, el diputado Edgardo Castro, del Partido Libre, le dijo a Contracorriente que se aprobaron «cualquier cantidad de préstamos y asuntos a favor de las Zonas de Empleo de Desarrollo (ZEDE), además de préstamos millonarios que a la larga hacen un tremendo daño y vuelven al país más empobrecido».
El diputado Edgardo Castro, del Partido Libre, se mostró indignado por la sesión del 27 de agosto en donde se aprobaron contratos y préstamos, sin la presencia de la oposición y recordó: «Nunca más asistiremos de nuevo a una reunión por Zoom».
El Congreso Nacional aprobó, en un solo debate, la adenda número tres al contrato de fideicomiso para administrar fondos del programa presidencial denominado Beca 20/20.
Además, se aprobó el contrato de préstamo nro. 2248 Tramo B, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su condición de prestamista y el Gobierno de la República, en su condición de prestatario, para el financiamiento de hasta un monto de USD 75,000,000 para financiar la ejecución del programa para la «reactivación económica a través de las Mipymes en la crisis COVID-19 y pos-COVID en Honduras».
El Legislativo también autorizó al Sistema de Emergencias 911 extender la continuidad de los proyectos de «Ciudades Seguras» mediante la suscripción directa de un contrato con la sociedad mercantil Dynamic Corporation S. A. de C. V.
Otro de los proyectos aprobados autoriza a la municipalidad de Macuelizo, Santa Bárbara, para que pueda solicitar un préstamo de hasta HNL 3,000,000 con la institución financiera de su conveniencia y destinarlo a comprar un terreno para la «construcción de viviendas destinadas a familias afectadas por los huracanes Eta y Iota».
Por otra parte, el Congreso Nacional aprobó ocho contratos de obra pública, celebrados entre la Alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés y distintas empresas proveedoras de servicios de construcción. Esos ocho contratos fueron aprobados en segundos tras la moción, con dispensa de dos debates, del diputado Jaime Villegas, un exfutbolista que busca la reelección por el departamento de Cortés.
El dictamen aprobado no establece cuáles serán esas empresas proveedoras de servicios de construcción y tampoco se discutió en la sesión virtual cuáles son esas empresas. Sin embargo, el diputado Edgardo Castro le dijo a Contracorriente que todo está enmarcado en el proyecto Siglo XXI.
Contracorriente consultó al doctor Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República y especialista en derecho administrativo, cuáles son las consecuencias de esta serie de actos del Congreso Nacional.
«Ese es un caso que se repite en casi todos los Gobiernos. Sobre todo, en aquellos que creen que ya no van a regresar. Por ejemplo, con el golpe de Estado se aprobaron cientos de contratos y no solo eso, sino que se aprobaron reformas de contratos. Por ejemplo, un caso de un contrato que era de 40 millones de lempiras lo subieron a 400 millones de lempiras. Fue cuando le transfirieron el dominio de la empresa de Nacaome a Roberto Micheletti. Todo eso se hizo en esa época y que se haga ahora es una repetición», explica Edmundo Orellana
Orellana expresa que el problema del Congreso Nacional no es que se estén aprobando esos contratos, el problema es que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue aprobada por los diputados en periodos anteriores, incluso con la participación de algunos del Partido Liberal, en donde se le concedieron «funciones dictatoriales» al presidente del Congreso Nacional.
El diputado del Partido Libre, Sergio Castellanos, expresó a través de su cuenta de Twitter que «hoy el Partido Nacional convirtió una reunión de narcos, extraditables, pandoros, corruptos en una sesión del Congreso Nacional. Sin cuórum. No participó la bancada del Partido Libre, Pinu y Partido Liberal. Utilizaron fotos de sesiones anteriores para engañar al Pueblo. Exigimos sesiones presenciales».
La diputada del Partido Libre, Patricia Murillo dijo a Contracorriente que las usurpaciones de funciones no son nuevas. Y recuerda el caso del entonces presidente de la Comisión de Alianza Público Privada (Coalianza) José Antonio Pineda Cano, quien votó desde el puesto de una diputada de Cortés e intentó votar por otros dos diputados. «Este señor incluso fue requerido», explica Patricia Murillo, lo cual quedó evidenciado en un requerimiento fiscal del Ministerio Público.
Los diputados hondureños no se reúnen presencialmente desde marzo del año pasado y recientemente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) afirmó, pese a la petición de sesionar presencialmente, que existía un alto «riesgo de contagio» por lo cual no era recomendable regresar al hemiciclo Legislativo.
«Entendemos que esta gente está amarrando todos los cabos y destrozando este país, explotando y sacándole hasta lo último por cualquier cosa que pueda suceder, pero antes de eso intentarán quedarse contra viento y marea», expresa Patricia Murillo.
