Las denuncias por la politización de vacunas por parte del Partido Nacional se han agudizado en Honduras. Pero no solo se está denunciando el mal accionar del Gobierno central, también el de algunos alcaldes que están aprovechando la situación para obtener simpatías y traducirlas en votos en las elecciones generales, programadas para el último domingo de noviembre.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix y Sandra Ruiz
«Me vine a pie, caminé más de 40 minutos, pero no me han dicho nada de si me van a vacunar», dice don Luis Alonso Morales, de 71 años, bajo el intenso sol a las nueve de la mañana en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. El pasado 22 de julio, intentó por tercera vez vacunarse a pesar de que su rango de edad había sido programado para mayo de 2021.
A la par de don Luis Alonso está Adán Gómez, de 57 años, preguntando desesperadamente si hay vacunas para ellos en la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP), el lugar que había sido destinado para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Moderna. «Estamos aquí a la intemperie y al vivo sol. Nadie ha venido a decirnos nada de si debemos continuar haciendo fila para vacunarnos o si mejor nos vamos».
Tanto Luis Alonso como Adan Gómez —que pasan los 50 años y tienen enfermedades de base— ignoraban que adentro, en el salón de la CCPI, había personas mucho más jóvenes que ellos vacunándose.
El Gobierno de Honduras informó, a través del subsecretario Fredy Guillén, que cuenta con 4,5 millones de vacunas para inmunizar a 2,2 millones de hondureños. «En las próximas semanas va a llegar una buena cantidad de dosis, hemos hecho compras bilaterales con el Fondo de Inversión Rusa y con Pfizer y esperamos que el 50 % de las personas elegibles estén vacunados este 2021».
Según datos de la Universidad John Hopkins y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicados esta semana, Chile y Uruguay son los países de América Latina con más personas completamente vacunadas contra la COVID-19, con el 63.61 % y el 61.47 % de la población, respectivamente, no obstante, Honduras y Haití apenas han vacunado a un poco más del 1 % de su población.
Vacunatón: la campaña de vacunación más agresiva del Gobierno
A pocos meses para el desarrollo de las elecciones generales, a desarrollarse el último domingo de noviembre del presente año, el Gobierno de Honduras ha lanzado el programa Vacunatón, que consiste en vacunar al mayor número de personas posibles, con dosis que en su mayoría han sido donadas.
En una conferencia de prensa, brindada el pasado 26 de julio, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, anunciaron la creación de un equipo integrado por diferentes secretarías del Estado para ejecutar el Plan Vacunatón, a desarrollarse entre el sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto.
«Queremos inmunizar a toda la población comprendida de 25 años en adelante. Quiero manifestarles que, de acuerdo al comportamiento epidemiológico observado en las últimas cuatro semanas, ya sabemos que el epicentro de la pandemia está en el Distrito Central. Eso nos obliga a replantear varias estrategias, entre ellas, replicar esta actividad en todas las cabeceras municipales», dijo Alba Consuelo Flores en comparecencia de prensa.
Y aunque Vacunatón luce como un programa de vacunación efectivo contra la COVID-19 —provechoso en términos propagandísticos y de publicidad— no lo es en la práctica, pues Honduras continúa siendo uno de los países más atrasados en el mundo en cuanto a la adquisición de vacunas e inmunización de la población contra la COVID-19.
La aplicación de vacunas a nivel nacional es realizada a través de la Secretaría de Salud (Sesal), que a su vez es controlada por funcionarios activistas del Partido Nacional, no obstante, Honduras cuenta con 298 municipalidades, es decir, con gobiernos locales —gobernados por alcaldes del Partido Liberal o de Libertad y Refundación (Libre)— que han denunciado el mal manejo y la politización de las vacunas.
Algunos alcaldes opositores al partido de gobierno —que conocen de prácticas clientelistas porque ellos también las practican— al observar que el Partido Nacional está ganando terreno al politizar las vacunas, han recurrido a denunciar a los nacionalistas y a movilizar a su gente a los centros de vacunación. Esa situación ha generado algunos altercados en los centros de votación, que se traduce en palabreos entre activistas con intereses contrarios. No obstante, gracias a esa confrontación, algunas personas que no son activistas de ningún partido han podido ser vacunadas.
Pero en los departamentos y municipios en donde todo es controlado por el Partido Nacional, es de donde más han surgido denuncias sobre politización de las vacunas.
El Partido Liberal mostró fotografías en las que se observa cómo activistas del Partido Nacional son vacunados en el interior de buses con la bandera del candidato presidencial Nasry «Tito» Asfura.
En un comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), publicado el 12 de julio, se indicó que las vacunas se están entregando con criterios políticos y que además están siendo destinadas a la promoción y publicidad del Partido Nacional. El texto señala que eso es «francamente abusivo y debería castigarse con rigor a los responsables tanto del Gobierno, como a los miembros de la campaña del Partido Nacional».
El CCEPL hizo otra denuncia todavía más grave y es que, según el comunicado de los liberales, se está atrasando la vacunación con fines electorales, lo que ocasiona la muerte de miles de hondureños que no están siendo vacunados. «Es claro que el Partido Nacional está demorando intencionalmente la vacunación de la población para hacerlo durante la campaña electoral e intentar lucrarse políticamente con ello», señala el comunicado del CCEPL.
Una Comisión Jurídica del Partido Liberal entregó el 14 de julio al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) —una institución no gubernamental— documentos y pruebas para que se pueda denunciar formalmente actos de corrupción e investigar el uso de la vacuna contra la COVID-19 por parte del Partido Nacional en campañas políticas electorales.
Cabe aclarar que el Ministerio Público es el único que goza del monopolio de la acusación penal en Honduras, por lo tanto, es la única institución que puede proceder penalmente por obstaculizar el derecho humano a la salud de la población, algo que está garantizado en la Constitución de la República. No obstante, el CNA, instancia de sociedad civil, cuenta con apoyo internacional y mediático en denuncias públicas.
Para el sociólogo hondureño Julio Navarro el clientelismo político en Honduras se ha acentuado en la última década, coincidiendo con el amplio período que ha gobernado, ininterrumpidamente, el Partido Nacional, tras el golpe de Estado de 2009 en contra de José Manuel Zelaya Rosales.
Julio Navarro explica que durante los últimos diez años las acciones del Estado hacia la población han estado bajo el parámetro del asistencialismo y del clientelismo político: entrega de bolsas solidarias, fertilizantes, urea, bonos y becas a estudiantes.
«Pero una cosa tan delicada y trascendental como es la vacunación durante esta pandemia, no puede estar bajo el prisma político del Gobierno o bajo la aspiración política de algunos alcaldes que hacen proselitismo con base en la vacuna. Esto es condenable, que haya que vacunar a las personas según el signo político que tengan», dijo a Contracorriente el sociólogo.
Navarro agrega que se está violentando un derecho fundamental, partiendo de que un 92 % de las vacunas han sido donadas por la comunidad internacional.
Es común ver los buses que llegan a los centros de vacunación con la bandera del partido de gobierno y, que los activistas que dirigen esos buses, no respetan ni las colas o las filas. No se respetan los grupos prioritarios de población (Julio Navarro, sociólogo).
Julio Navarro explica que los activistas nacionalistas se imponen en las filas y obtienen como beneficio que algunas de estas personas sean reclutadas por el Gobierno a través de las vacunas.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, expresó a Contracorriente que han advertido a los organismos donantes que deben estar vigilantes de que se apliquen las vacunas de manera sistemática, respetando obviamente a las personas más vulnerables y a los grupos priorizados.
«Tiene que evitarse el utilizar la vacuna para agenciarse votos o utilizarla para los caprichos de quienes gobiernan, creemos como Colegio Médico que de corroborar esas cosas procederíamos a denunciar a nivel internacional, porque es una situación inaceptable», dijo Suyapa Figueroa.
La doctora Suyapa Figueroa añadió que el 99 % de las vacunas que se han aplicado hasta ahora en Honduras han sido donadas gracias a la caridad de la comunidad internacional, sin embargo, el Gobierno ha hecho una compra mínima que no llega ni al 1 % de la vacuna aplicada.
«Ayer (jueves) perdimos a una colega que no recibió la segunda dosis de Sputnik y falleció producto del COVID-19, debieron haberle aplicado la segunda dosis para haber evitado esa muerte», agregó Suyapa Figueroa.
En una publicación anterior, revelamos que el Gobierno pretende vacunar a 6,981,186 personas, para esto se necesitarán 13,962,372 dosis. Según las cifras brindadas por la Secretaría de Salud, Honduras deberá comprar 8,600,372 y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) proveerá vacunas para inocular a 700,000 afiliados. El resto de las dosis han sido gestionadas a través de donaciones de países cooperantes o mediante la iniciativa del mecanismo Covax y la Organización Mundial de la Salud.
Vale recordar que hasta ahora se han recibido 2,984,868 dosis, de las cuales, el Gobierno de Honduras solo ha financiado 201,610 dosis. Las compras se han realizado a la casa farmacéutica Pfizer y al Fondo de Inversión Directa de Rusia. Israel, Estados Unidos, El Salvador y México han sido los países que han donado más de 2,5 millones de vacunas. Las 658,040 vacunas restantes han sido donadas a través de Covax.
Pelea por las vacunas en El Progreso, Yoro
En el municipio de El Progreso, Yoro, gobernado desde hace 15 años por el Partido Liberal, se han registrado fuertes altercados entre activistas liberales y guías de familia del Partido Nacional por el control de las vacunas. Los enfrentamientos han llegado a los medios de comunicación entre la jefa municipal de Salud, la doctora Esmeralda Velásquez (quien representa a la Secretaría de Salud y es militante del Partido Nacional) y el alcalde progreseño Alexánder López.
Alexander López, antiguo aliado del expresidente de facto Roberto Micheletti y actual candidato a alcalde por la corriente de Yani Rosenthal, denunció en un video que en El Progreso se están utilizando vacunas del sector público para venderlas en el sector privado y amenazó con publicar otra serie de irregularidades que involucran a la directora municipal Esmeralda Velásquez.
Contracorriente platicó con la doctora Esmeralda Velásquez para consultarle si se está politizando la vacunación en El Progreso, Yoro, y le pedimos también una explicación sobre el altercado con Alexander López. Ella respondió: «la población presta más atención a lo no oficial, pero como Secretaría de Salud no vemos colores políticos, somos empleados, trabajamos con base en los censos y metas y ahí van personas de diferentes razas y colores políticos. Nosotros trabajamos a través de las mesas intersectoriales, y en esa mesa la máxima autoridad local, que es el alcalde Alexander López, es quien la preside, se les ha expuesto (a los miembros de la mesa) que es la Secretaría de Salud la que lleva el rol de todas las políticas de salud, que somos los únicos voceros oficiales para dar información».
La enfermera Ana Lucía Galo, encargada de la Unidad de Salud de la municipalidad de El Progreso, Yoro, dijo que la vacunación en la ciudad marcha bien «gracias a la municipalidad de El Progreso, Yoro, porque el alcalde Alexander López siempre dice sí al tipo de acciones y al acompañamiento y logística». La enfermera Galo coordina la atención de las personas que llegan a vacunarse al Museo Ferroviario, uno de los cinco centros de vacunación habilitados en este municipio.
Don Adán Gómez y don Luis Alonso Morales afortunadamente fueron vacunados ese 22 de julio. No obstante, Adán Gómez se quejó de haber permanecido varias horas debajo del sol mientras otras personas ingresaban directamente al centro de vacunación y sin realizar ninguna fila.
El 30 de julio, un buen grupo de personas en la ciudad de El Progreso, acudió al mismo centro de vacunación ubicado en la Cámara de Comercio, sin embargo, para sorpresa de ellos, les argumentaron que las vacunas se habían agotado y que solo quedaban 50 dosis. La denuncia de los ciudadanos quedó registrada en un video grabado por el medio EPVN, cuando apenas eran las nueve de la mañana.
En centros de vacunación de La Lima reparten comida valorada en 100,000 lempiras
En la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, los activistas municipales y los guías de familia pertenecen todos al Partido Nacional. En esta ciudad se ha activado un aparato clientelista conformado por los guías de familia del Partido Nacional y los activistas municipales, que reparten comida durante las jornadas de vacunación.
El doctor Carlos Soler, uno de los encargados de la vacunación de ese municipio, afirmó a Contracorriente que se ha vacunado con la primera dosis a 2000 personas con la vacuna de Astrazeneca, 1200 con la de Pfizer y 7000 personas con la de Moderna. Al momento de la entrevista, el 29 de julio, Soler dijo que se habían quedado sin vacunas y estaban esperando más frascos para comenzar con la sexta campaña con primeras dosis y segundas dosis de la vacuna Moderna.
La Alcaldía de La Lima gasta 100,000 lempiras mensuales en repartir comida a las personas que acuden a vacunarse. Dirigentes del partido liberal de la zona han denunciado politización en la vacunación.
En la ciudad de La Lima, con una población aproximada de 82,000 personas, se está vacunando a sus habitantes con donaciones de organismos internacionales a través de la Secretaría de Salud.
«La Alcaldía imparte la primera atención. Es como la imagen de la vacunación. Desde muy temprano en la mañana comienzan a organizar a las personas que están en fila y ponen a la gente debajo de carpas. A las seis de la mañana les dan el desayuno. Y a las ocho arrancamos con la vacunación», dijo el médico Carlos Soler.
Por su parte, la licenciada Ana Zúniga, jefa de desarrollo comunitario de la Alcaldía de La Lima, dijo a Contracorriente: «le damos café a la gente y un sándwich. Es impresionante que de todos los sectores vienen a vacunarse. El alcalde (Santiago Motiño) ha invertido en personal y en la merienda. Solo en alimentación son más de 100,000 lempiras mensuales. Pero en el triaje también continuamos atendiendo. Hemos aprobado más de un millón de lempiras con fondos del pago de los impuestos. Las transferencias del Gobierno únicamente se han usado para el pago de médicos, enfermeras y aseadores», dijo Ana Zúniga.
Santiago Motiño, a pesar de que fue electo como alcalde en las elecciones de 2017 por el partido Alianza Patriótica —fundado por el general Romeo Vásquez Velásquez, autor material del golpe de Estado de 2009— ahora va como candidato a alcalde del Partido Nacional, por la corriente de Nasry «Tito» Asfura, el aspirante presidencial nacionalista que ha sido investigado por sendos actos de corrupción pública, pero que ha recibido el favor de la Sala de lo Constitucional que ha ordenado detener esas investigaciones.
«El mensaje de Santiago Motiño es no robar, no robar y no robar. A pesar de que estamos en quiebra por la deuda que heredamos de 456 millones de lempiras de la gestión del exalcalde Astor Amaya, seguimos adelante», comentó Zúniga.
El candidato a regidor liberal Wilfredo Laínez Bueso, quien está trabajando en la campaña del exalcalde limeño Astor Amaya —quien busca regresar al poder local—, aseguró a Contracorriente que la corporación municipal de La Lima sí ha intentado politizar la vacunación en la ciudad y que en determinado momento pretendieron adjudicarse como los salvadores en la pandemia.
Pero desde la Alcaldía de La Lima niegan estas acusaciones. «Nosotros no manejamos las vacunas de manera política. Estamos vacunando a todo el mundo. Vamos a dar nuestro servicio porque por eso somos empleados públicos. En la mañana un señor del partido Libre no quería agarrar su plato de comida y yo le dije: “¿usted me mira con alguna bandera aquí? ¿Verdad que no? Es un servicio de la Alcaldía para la comunidad. Es dinero de sus impuestos”. Nosotros no estamos politizando esto», concluye Ana Zúniga, quien reconoce a Contracorriente que han gastado 100,000 lempiras mensuales desde el mes de junio en concepto de merienda.
