Un grupo de diputados del Congreso Nacional, todos afines al Partido Nacional, modificaron un dictamen enviado por el CNE y propusieron que solo su representante en esa institución pueda dar resultados el día de las elecciones, también amenaza con cárcel a los demás consejeros que se atrevan a dar resultados preliminares. Mientras tanto, sigue sin aprobarse el aumento presupuestario que se necesita para las elecciones.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix
Es imposible que a estas alturas el cronograma electoral en Honduras pueda cumplirse, debido a que el Congreso Nacional —con amplia mayoría del Partido Nacional (PN), la institución política de gobierno— no aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta ampliación es necesaria para cumplir con todas las innovaciones tecnológicas y evitar un nuevo fraude electoral, como los registrados en los años 2013 y 2017 que dejaron una veintena de muertos, según instancias internacionales. La anterior denuncia fue realizada por diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).
Las elecciones generales en Honduras están programadas para el último domingo de noviembre del presente año y se escogerá a un nuevo presidente, 298 alcaldes y a 128 diputados del Congreso Nacional, con sus respectivos suplentes.
El CNE es un órgano colegiado integrado por tres consejeros titulares, todos abogados, que se alternan anualmente la presidencia y que, según la nueva Ley Electoral, tendrán que declarar los resultados de forma consensuada y por mayoría. Rixi Moncada, representante de Libre, fue la primera en ostentar la presidencia en el año 2019 y finalizó en septiembre de 2020; Ana Paola Hall, del Partido Liberal (PL), es la actual presidenta, pero dejará de serlo en septiembre de este año para que asuma la presidencia el abogado Kelvin Aguirre, del partido de gobierno, quien coordinará las elecciones generales.
Diputados de Libre y del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), aunque no están aliados políticamente, coincidieron en denunciar que los diputados del Partido Nacional modificaron la propuesta que envió el CNE y explicaron que estos introdujeron propuestas de reformas a la recién aprobada Ley Electoral, en la que —según los congresistas— amenazan con cárcel a las consejeras de Libre y el Partido Liberal si se atreven a dar resultados el día de las elecciones, pretendiendo que solo Kelvin Aguirre, el representante del PN, sea quien dé los resultados.
El diputado de Libre, Jorge Cálix, dijo a Contracorriente que el Partido Nacional ha introducido —en medio del dictamen para la Ley Especial de Emergencia y del Presupuesto para elecciones— reformas a seis artículos de la Ley Electoral.
«Nos oponemos a que se reforme la Ley Electoral a cambio de dar el dinero para el CNE. Se tiene una fecha hasta el 27 de julio para poder comprar y adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, y hoy es 23 de julio. El CNE no tiene un peso (ningún lempira) para comprar, porque el Partido Nacional quiere poner una ley mordaza. Les estorban las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall», dijo Jorge Cálix.
Jorge Cálix comentó que «el PN simplemente está preocupado porque va a perder las elecciones. Ya vieron las encuestas. ¿Usted las ha visto? Xiomara Castro (candidata presidencial de Libre y esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales) encabeza la intención de voto para las elecciones de noviembre. Y ellos (los nacionalistas) tienen doce años de estar en el poder recibiendo los beneficios que eso genera. Además, cometiendo actos de corrupción, saqueando al Estado a diestra y siniestra y moviéndose en una capa de impunidad que la perderían al momento de dejar el poder. Y a eso le temen. Pretenden generar incertidumbre porque, con cualquier desorden, ellos ganan».
«Aquí habrán elecciones, ya sea que tengamos que mover las urnas en burro, pero habrán elecciones. Ya sea que tengamos que contar los votos con granos de maíz y frijoles, pero habrán elecciones y las va a ganar Xiomara Castro», dijo Jorge Cálix.
El diputado de Libre asegura que el CNE solicitó una ampliación de presupuesto por el doble del que se le había aprobado, al menos 856 millones más, porque la nueva Ley Electoral los obliga a poner el identificador biométrico en casi 25,000 urnas. Y además tienen la obligación de contar con un sistema de transmisión de resultados que debería de estar comprado el 27 de julio.
«El PN tiene miedo y hay dos leonas en el CNE defendiendo la democracia, cosa que no tuvimos en el 2017. Se han portado a la altura y le han demostrado al pueblo hondureño que están para defender los votos para quien sea y están dispuestos a defender la verdad, con tal de que aquí gane el pueblo», sostuvo Jorge Cálix, quien agregó que las elecciones están en peligro.
Por su parte, el diputado del Pinu-SD Luis Redondo, afirmó a Contracorriente que el PN busca repetir el fraude de 2017, cuando estaba el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«En el sorteo de 2017 se aseguraron que quien quedara en el TSE fuera David Matamoros (acusado de un enorme fraude electoral) y esta vez no es casualidad que Kelvin Aguirre sea quien vaya a ser el presidente del CNE. En la propuesta del PN para modificar la Ley Electoral hay una especie de extorsión porque están proponiendo: “te apruebo el presupuesto, pero si me apruebas varias reformas”. No es una sola reforma, son varios artículos», explica Luis Redondo.
Redondo dice que, si hay un ente colegiado, es para que se tomen las decisiones por mayoría: «Estas intenciones del PN buscan que la declaración de resultados sea por unanimidad. Tiene que ser por mayoría. Quieren modificar cómo se integran las Juntas Receptoras de Votos, la están cambiando. Están cambiando las reglas del juego».
La propuesta para reformar el artículo 9 establece que «deben ser castigados con la pena de cuatro a seis años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, los miembros del CNE, distintos a su presidente, que divulguen datos oficiales sobre los resultados preliminares, o viertan sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados».
«¿Y quiénes son los otros consejeros distintos a su presidente? Ana Paola Hall y Rixi Moncada. Claramente esto es absurdo», agrega Redondo.
Redondo establece que en ese dictamen no están las votaciones de todos los miembros de la comisión electoral del Congreso Nacional, solo los seis que son afines al PN: «Ellos no lo han sometido a votación al Congreso. Ahí están diciendo que es que Libre se opone, no es que defienda a Libre. Es que no lo están sometiendo a votación».
Redondo establece que esto se hace por una sola razón: «Juan Orlando Hernández está creando el ambiente, usando como pretexto la pandemia para quedarse en el poder. Es más que evidente y lo va a hacer a cualquier precio, inclusive sacando a “Papi a la Orden” (el candidato nacionalista Nasry Asfura) por corrupto. ¿Y a quién creen que van a nombrar?, a Juan Orlando, porque el día que esté fuera del poder se lo llevan para Estados Unidos».
La diputada del Pinu-SD, Doris Gutiérrez, afirmó que «no es que Juan Orlando Hernández pueda buscar quedarse, es que ya lo está buscando porque el Congreso Nacional es una sucursal del Poder Ejecutivo»
«Si usted revisa todos los proyectos que hemos aprobado, más del 90 % vienen del Poder Ejecutivo y se aprueban sin tocar tablita, como decimos, llegan hoy, se aprueban hoy y se publican mañana. No dudamos de que el PN está usando todos los recursos, tenemos información de que tienen desplegados a un buen número de funcionarios públicos en diferentes departamentos del país, moviéndose con dinero e influencias, sobre todo en sectores rurales que por su situación de pobreza caen en las garras de políticos de turno», explica Doris Gutiérrez.
El analista político Rafael Jerez explicó a Contracorriente que la misma Constitución de la República atribuye al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el ejercicio de la función electoral constitucional, entonces el Congreso Nacional no puede condicionar el desarrollo del proceso a formalismos. «Hemos visto que el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dice que ellos están de acuerdo con la ampliación de los 800 millones, pero esa propuesta fue enviada por el CNE desde el 18 de junio de 2021», argumenta Jerez.
«Lo que pasó en las primarias, es que al no haber una transmisión de resultados, desde el día de la elección, las encuestas de boca de urna formaron buena parte de la opinión pública y condicionaron el actuar del CNE», explicó Rafael Jerez.
Rafal Jerez agregó que, para cumplir el cronograma electoral, no solo se trata de la participación del CNE, porque además se tiene que ir finalizando la actualización del listado de electores, que es el CNE y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
«El Censo del RNP no ha terminado, el Proyecto Identifícate no ha enrolado a todas las personas. No se han entregado todas las identificaciones y todo eso supone un atraso y condiciona al CNE y después al TJE. La jornada de elecciones es el 28 de noviembre, pero para el 28 de diciembre debe haber un ganador declarado, eso quiere decir que el TJE tiene un aproximado de tres semanas para resolver reclamos si es que en la Ley Procesal Electoral (que todavía no se ha aprobado) se incluye la obligación para que se resuelvan todas las impugnaciones antes de que se declare a un ganador definitivo».
Un comunicado del PN, publicado el pasado 20 de julio, indica que «la bancada del PN, a través de sus representantes en la comisión de dictámenes, se manifestó a favor de esta aprobación para no entorpecer el proceso electoral del país y actuar a favor de la transferencia y democracia e instruyó resolver el mismo día la aprobación de 800 millones de lempiras adicionales solicitados por el CNE, así mismo lo solicitado por el RNP».
El comunicado añade que «representantes del Partido Libre en la comisión de dictámenes bajo la dirección de sus líderes, al ver esto, cambiaron de opinión y rechazaron absolutamente lo que antes se solicitó con urgencia por ellos mismos y sus correligionarios del CNE y RNP, renunciando a los presupuestos aprobados».
La consejera Ana Paola Hall —que antes había firmado un comunicado junto a Rixi Moncada que indica que las elecciones están en peligro—, argumentó durante un foro público que no lavaría trapos sucios en casa, porque su «deber es informar a la ciudadanía» y quien apoye reformar la Ley Electoral para entregar exclusividad a Kelvin Aguirre «se suma a esta ley bozal».
Kelvin Aguirre rechazó las acusaciones de que él pueda ostentar facultades exclusivas y dijo que «la exposición que se plantea en el proyecto no establece que el consejero que tenga la presidencia brindará los resultados de manera unilateral», aunque evitó hablar de las sanciones y penas para los consejeros que den resultados ese mismo día.
La incertidumbre reina en Honduras y los diputados oficialistas y de oposición alistan sus trincheras, porque en el ambiente se respiran escenarios muy parecidos a los fraudes electorales de 2013 y 2017.
