Tras el fraude electoral de 2017 se plantearon reformas para evitar una nueva crisis, sin embargo, a dos meses de las elecciones primarias no existe la posibilidad de que se apruebe alguna de estas reformas.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías de Martín Cálix y apoyo en reporteo de Fernando Silva
Desde el 2018, las reformas electorales han sido tema de discusión en Honduras. La única acción sobre esto es un dictamen de la nueva Ley Electoral —que ya se encuentra en la Secretaría del Congreso Nacional, casi totalmente aprobada— esta da protagonismo exclusivo a los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN). Estas fuerzas políticas buscan equilibrar fuerzas en las mesas electorales, pero las reformas profundas como la segunda vuelta y la reelección presidencial, no están en el tapete de discusión.
Los órganos electorales que intervendrán directamente en el proceso son los recién creados Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que sustituyeron al Tribunal Supremo Electoral (TSE). También jugará un rol clave el Registro Nacional de las Personas (RNP), este último encargado de dos cosas: depurar el censo nacional electoral y entregar una nueva tarjeta de identidad. Estos tres órganos no son rectorados por un funcionario sino por tres, que representan a los tres partidos mayoritarios.
El pasado 13 de septiembre de 2020, el CNE convocó a elecciones primarias e internas y pidió que se aprobara lo más pronto posible la nueva Ley Electoral.
El abogado Augusto Aguilar, expresidente del TSE y uno de los constructores del dictamen de la nueva Ley Electoral, dijo a Contracorriente que las reformas no satisfacen las aspiraciones profundas, pero que hay al menos veinte cambios sustanciales, los más relevantes tienen que ver con la integración de las mesas electorales, que antes se conformaban con un miembro de cada partido.
«Pero en este momento esto no es solo inconveniente, sino casi imposible porque existen catorce partidos y si se continúa con la misma ley, que va a ser derogada, tendríamos a veintiocho miembros por mesa. ¿Se imagina usted tanta gente y en espacios pequeños como son las aulas de las escuelas? Se pidió que se reduzca a cinco miembros», argumentó Aguilar.
Por otro lado, agrega que desaparecen las credenciales en blanco que antes servían para que se traficara con ellas y, además, se hizo cambios sustanciales en lo referente a la deuda política. Explica que ahora solo se debe pagar conforme a la cantidad de votos obtenidos por cada partido, y en el nivel presidencial. También se incluyen cambios en la transmisión de resultados.
«Los resultados electorales tendrán que transmitirse de forma simultánea, no solo al organismo electoral, sino a los partidos políticos en contienda. Se incluye disponer del lector de huella como requisito para una mayor identificación de los ciudadanos al momento de ejercer el sufragio, es decir, se hará ahora con su tarjeta de identidad y con su huella dactilar», expresó Aguilar.
El tiempo para aprobar la nueva Ley Electoral se agota y las reformas mínimas planteadas tienen que estar aprobadas una vez terminen las elecciones primarias, en donde solo participarán Libre, PN y PL.
«La convocatoria a las elecciones generales debe ser en mayo y los once partidos restantes deben inscribir sus planillas. Entre marzo y mayo deben formalizarse las alianzas entre los partidos y estar inscritas antes de la convocatoria a elecciones», dijo Augusto Aguilar.
El abogado Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), agregó que se están escuchando voces de algunos integrantes de partidos políticos de distintas corrientes diciendo que es mejor postergar la aprobación de la nueva Ley electoral hasta finalizadas las elecciones primarias, y que existen facciones que han impedido que se discutan y aprueben las reformas planteadas.
Jerez piensa que no existe certeza jurídica para las elecciones primarias y recuerda que el plazo para entregar el censo electoral era el 8 de enero y que, en la primera entrega del censo provisional, a finales de 2020, se encontraron miles de inconsistencias. Sumado a lo anterior, agrega que el proceso para la contratación de la empresa que proporcionará el sistema de transmisión de los resultados no ha finalizado e incluso avanza más lento de lo previsto. Finalmente, expone que las elecciones se llevarán a cabo en medio de una pandemia, lo que representará un reto natural en el proceso.
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«Entonces el riesgo de eso es que, ante esa incertidumbre tanto a nivel organizacional como jurídica, eso le puede dar armas a aquellas personas que quieren deslegitimar procesos y resultados para que no haya elecciones», explica Rafael Jerez de la ASJ.
El dictamen propuesto establece que las juntas receptoras de votos o las mesas electorales deben ser integradas por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, en donde solo los representantes del PN, PL y Libre podrían optar puestos directivos en la mesa.
Jorge Cálix, diputado de Libre, dijo a Contracorriente que el dictamen de la nueva Ley Electoral está listo para ser aprobado en la Secretaría del Congreso, pero que el único problema «es que el PN quiere que los partidos pequeños ostenten cargos directivos en las mesas electorales. Los cargos directivos de la mesa, según el dictamen, se distribuyen entre los tres partidos políticos con alto caudal electoral (PN, PL y Libre), ¿por qué?, porque en las elecciones pasadas se les dio 36,000 credenciales a los partidos pequeños y algunos terminaron solo con 3000 votos. El PN quiere que partidos como Democracia Cristiana, Unión Democrática, el Faper, Alianza Patriótica, tengan la posibilidad de ser presidentes en una urna, porque saben que ese presidente será puesto en realidad por el PN», subrayó Cálix.
El congresista de Libre sentencia que si no se respeta el dictamen no continuarán con las negociaciones ya que «el Partido Nacional nunca ha querido aprobar la nueva Ley Electoral».
Por su parte, Tomas Zambrano, diputado por el PN, en sesión legislativa del 30 de diciembre —la última del año que pasó y en la que esperaban aprobar una gran parte de la nueva ley— dijo que «la intención del PN es entregarle una nueva Ley Electoral al pueblo hondureño, si es necesario para las primarias y con seguridad para la elección general». Sin embargo, antes de proceder a la aprobación de las reformas, los diputados de Libre decidieron retirarse del pleno.
«Se pumpunean el pecho diciendo que quieren la nueva Ley Electoral, pero hoy dicen que no van a votar, ¿quién les entiende?», señaló Zambrano, y agregó que los parlamentarios de Libre lo que quieren es caos, violencia y fuego en el país. El pasado 11 de enero, Zambrano aseguró nuevamente que se terminaría de aprobar la ley, pero diez días después sigue sin existir consenso.
Sumado a toda esa discusión, Mauricio Villeda, diputado del PL, denunció que se han ofrecido sobornos en la negociación de acuerdos para la aprobación, pero aseguró que una parte del partido político al que pertenece no iba a participar de dichas negociaciones corruptas.
Para Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y miembro de diversas comisiones estatales, hasta el momento no hay voluntad política en los tres partidos políticos mayoritarios de aprobar la nueva Ley Electoral y sobre todo de dar paso a las reformas de fondo que se han propuesto.
Al contrario del debate sobre qué partidos integrarán las mesas electorales, para Castellanos estas mesas receptoras no deberían estar en manos de partidos políticos, y asegura que Libre tampoco tiene interés en reformas políticas de fondo, porque solo les interesa la segunda vuelta o el no financiamiento de partidos emergentes. «No les importa la modificación de las mesas electorales y que exista la posibilidad de que estas instancias sean supervisadas y administradas por ciudadanos sin afiliación política», concluyó.
Según un informe presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh), la actual configuración de las mesas electorales le cuesta al Estado un aproximado de 300 millones de lempiras.
Castellanos no deja por fuera al Partido Nacional de su análisis y asegura que no quieren reformas que modifiquen las condiciones que les garanticen seguir ganando elecciones. «Estos meses hemos visto un forcejeo del poder, Libre y el PN están disputando el poder», aseguró en entrevista con este medio.
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El analista Efraín Díaz Arrivillaga manifestó a Contracorriente que las reformas profundas, como segunda vuelta y ciudadanización de las mesas electorales, no se dieron y no se van a dar, porque hay sectores como el PN que están empecinados en no querer aceptarlas y que ahora.
Arrivillaga dijo que incluso hay «propuestas para dificultar el proceso de alianzas políticas. Todas las condiciones que crearon la crisis de 2017 están dadas en este momento. Tenemos información de que hay irregularidades en el censo y esto es así porque el RNP sigue en manos de los partidos políticos, porque es el mismo esquema de los últimos cuarenta años. Y ahora estamos ante una nueva incógnita, con incertidumbre y con posibilidades de poder repetir los hechos de 2017», expresó, y además argumentó que en ausencia de las reformas políticas profundas pareciera que lo único que queda es esperar que no haya fraude en las mesas y detener el tráfico de credenciales, porque ese ha sido uno de los puntos oscuros en las elecciones pasadas.
