El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez en una corte de Estados Unidos (EE. UU.) se llevará a cabo el 8 de marzo de 2021. Este caso, revela una vez más cómo Honduras se ha convertido en un Estado de protección criminal. El pasado 8 de enero se conoció un informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en donde se revelan supuestas reuniones entre el presidente, el narcotraficante y un empresario de la zona norte de Honduras en el marco de la campaña política de 2013.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías de Martín Cálix
Fiscales estadounidenses informaron que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia del país— hizo una alianza con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a quien prometió proteger a cambio de dinero, además, se indica que hizo partícipe a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se reunió con un empresario de la zona norte —presunto blanqueador de dinero— para financiar su campaña de 2013. A Hernández, que ya ha sido anteriormente mencionado en juicios por narcotráfico en EE. UU. como cómplice o co-conspirador número 4 (CC-4), en este último documento, se le menciona 64 veces.
Además se detalla que el empresario con quien se reunió Hernández era un influyente aportante del Partido Nacional, quien se conocía desde hacía mucho tiempo con Fuentes Ramírez —que según el texto de los fiscales— era utilizado para lavar las ganancias del tráfico de drogas. Se estableció que periódicamente, entre 2004 y 2015, Fuentes Ramírez proporcionó grandes cantidades de dinero a los empleados del empresario y a cambio recibía cheques de la empresa para limpiar sus ganancias.
El Gobierno del presidente Hernández fue sacudido cuando se hizo referencia a él como CC-4 durante los debates y desarrollo del juicio por narcotráfico contra su hermano Antonio «Tony» Hernández, exdiputado por el Partido Nacional, que fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable el 18 de octubre de 2019 de todos los cargos, pero que aún está a la espera de la lectura de la sentencia para conocer cuántos años pasará en prisión.
Se establece que Juan Orlando Hernández motivó a Fuentes Ramírez para que trabajara conjuntamente con su hermano «Tony» y de esa forma se aprovechara el laboratorio de cocaína propiedad del narcotraficante. «El acusado (Fuentes Ramírez) creía que con sus poderosos aliados podía operar con total impunidad», remarcan los fiscales en el informe. Fuentes Ramírez fue detenido en marzo de 2020 en la ciudad de Miami tras ser imputado por varios delitos de narcotráfico.
Los encuentros entre Hernández y Fuentes, según los fiscales, tuvieron lugar durante los años 2013 y 2014. En ese contexto, presuntamente, el presidente hondureño recibió grandes cantidades de dinero para financiar su campaña política.
Juan Orlando Hernández, según el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, manifestó que el fiscal general de Honduras ayudaría a proteger las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez y que quería que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que «iba a eliminar la extradición y meter las drogas en las narices de los gringos», refiriéndose a inundar los EE. UU. con cocaína, según el documento.
Se apunta a que el presidente Hernández, que entonces era el titular del Congreso Nacional, durante dichas reuniones le solicitó dinero al empresario para la campaña de 2013 y llegó a decir que la corrupción pública era en parte generada por él mismo y el Partido Nacional, además estableció que estaba malversando el dinero de la ayuda proporcionada por los EE. UU. a través de organizaciones no gubernamentales y robando dinero de la seguridad social de Honduras.
El documento subraya que Hernández recibió varios cheques de dicha empresa con fondos que rondaban los 250,000 lempiras. El sitio Univisión Noticias identificó como Fuad Jarufe al empresario local y donante de campaña del Partido Nacional que se reunió, en su propia oficina, con Juan Orlando Hernández y con Fuentes Ramírez.
Contracorriente buscó entrevistas con empresarios hondureños para consultarles si conocen a Fuad Jarufe y si lo identifican como militante del Partido Nacional y posible financista del gobernante hondureño.
El empresario Adolfo Facussé dijo a Contracorriente que no conoce al Jarufe, pero que evidentemente sí hay empresarios que se han prestado para el lavado de fondos provenientes del narcotráfico. «La verdad no sé quién es este señor, es la primera vez que oigo de él, no lo había escuchado. Pero tiene que haber alguien, incluso en la empresa privada tenemos casos que nos molestan a nosotros, a los que de verdad somos empresarios, como el caso del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), blandito y sometido a los diseños del Gobierno. Pero también tenemos nuestros héroes como la gente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) que han estado denunciado esto frontalmente», comenta.
Facussé añade que el dinero del narcotráfico altera la competencia entre los empresarios, ya que «al empresario de verdad le cuesta hacer dinero, comprometerse con un préstamo en el banco y competir con el otro al que simplemente le llegan toneladas de dinero».
Pedro Barquero, presidente de la CCIC, por su parte, también aseguró no conocer a Fuad Jarufe, el empresario mencionado por Univisión. Barquero manifestó que eventualmente todas las personas que están siendo mencionadas en estos informes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tendrán que dar las explicaciones o llevar a sus abogados para poder contestar cualquier acusación. «Las personas acusadas están dando información y de ahí es donde salen todos estos nombres. Se va a tener que determinar a cuáles de estas personas se va a acusar y a cuáles no».
Ningún empresario de la zona norte ha reivindicado ser la persona propietaria de la empresa que menciona el documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ni tampoco Fuad Jarufe ha reaccionado sobre la publicación que lo identifica a él como el empresario que lavó dinero para Fuentes Ramírez.
Juicio político para Juan Orlando Hernández
El pasado 14 de enero, tres diputados hondureños —Luis Redondo, Jorge Cálix y David Reyes— presentaron ante la secretaría del Congreso Nacional una formal denuncia para la realización de un juicio político en contra de Juan Orlando Hernández, con el argumento de que este no puede permanecer en el poder por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República y por ser vinculado a múltiples juicios de narcotraficantes que se judicializan en EE. UU. y que lesionan el interés nacional e internacional.
El diputado Luis Redondo dijo a Contracorriente que «la solicitud se fundamenta en todas aquellas aseveraciones que los fiscales han realizado y que ponen de sustento, por ejemplo, la sentencia que van a dar de Fredy Nájera, que se movió para el 5 de marzo, la esperada sentencia de “Tony” Hernández, el caso de Geovanny Fuentes, así como la vinculación de otros personajes».
Redondo agrega que todavía se sigue metiendo dinero del narcotráfico en las actuales campañas políticas. «Sí, existe actualmente y existió antes, no solamente en estos gobiernos nacionalistas, existió desde hace muchos años. Hay muchas empresas y familias que tienen nombre y renombre que están mencionadas».
El congresista expresa que todo se remonta a cuando Juan Orlando Hernández fue escogido como presidente del Congreso Nacional durante el Gobierno del expresidente Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014). «En esos casos y en otros, se mencionan cualquier cantidad de diputados. Buscan a políticos para el tráfico de influencias y el poder para facilitar el trasiego de la droga», cuenta el diputado Redondo y explica que la solicitud de juicio político para el presidente Hernández tiene que ver con poder reconocer ante el mundo «qué diputados están a favor de que haya un narcogobierno y qué diputados están en contra».
La directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, agregó, por su parte que este tipo de casos evidencian cada vez esa relación entre miembros de la élite política y crimen organizado, que se ha dado desde el nivel local hasta las más altas esferas de nivel nacional.
Beltrán —experta en temas de seguridad ciudadana, crimen organizado y asistencia en seguridad de los EE. UU. hacia Centroamérica— recuerda casos como los reportados en Guatemala, específicamente el escándalo de un excandidato presidencial de un partido que estaba buscando negociar con un cartel mexicano no solamente para financiamiento político, sino para negociar el asesinato de dos contrincantes. «Ese es solo un ejemplo. Hay varios casos en Guatemala de miembros del Congreso vinculados al crimen organizado. Y en Honduras también. Cada vez más en los casos que ha investigado el departamento de justicia de EE. UU. evidencian esos nexos de la élite política con el narcotráfico que ha involucrado a diferentes partidos», revela Beltrán.
Beltrán añade que desde el caso de «Tony» Hernández ya se venían mencionando los nexos del crimen organizado con el presidente de Honduras, «aunque formalmente hay que decirlo, que el departamento de justicia no ha presentado acusaciones contra él. Pero esto te dice cada vez más cómo el crimen organizado, en algunos casos, ha corrompido las instituciones y ha logrado cooptar la institucionalidad hasta las más altas esferas del Gobierno».
La Presidencia de Honduras desmintió lo expuesto por los documentos del caso «la versión que Pdte. @JuanOrlandoH supuestamente aceptó dinero de drogas de un Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100 % falsa y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza». Esta fue la misma versión difundida por la Presidencia en marzo de 2020 cuando el presunto narcotraficante fue capturado.
El sociólogo austriaco Harald Waxenecker, especializado en redes de poder en el triángulo norte de Centroamérica, menciona que, aunque el caso de narcotráfico del presidente Hernández se conoce popularmente, aún no se ha probado por lo que se debe recurrir siempre a las investigaciones judiciales, en este caso, de EE. UU.
Sin embargo, Waxenecker expresa que es evidente que hay una relación directa del dinero del narcotráfico hacia la familia Hernández, que ha hecho las campañas políticas del Partido Nacional. Y que es claro también que Honduras se ha convertido en la última década en un territorio predilecto para el paso de la droga. «Lo que evidencian esos informes de los fiscales estadounidenses es que ellos sí tienen la manera de probarlo, pero no están haciendo acusaciones directas contra el presidente en funciones. Cuando él deje de ser presidente posiblemente se hagan», expresa Waxenecker.
Agrega que hay todo tipo de elementos que funcionan como un círculo vicioso, entre estos el golpe de Estado de 2009 en Honduras, que derivó en la concentración de poder político del Partido Nacional, de Juan Orlando Hernández puntualmente.
Recomendamos: Honduras: un Estado democrático de protección criminal)
Waxenecker recuerda que un elemento interesante que se aprendió en Guatemala con las investigaciones de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) es que las propias campañas electorales son un negocio en sí mismas, es decir, ser candidato o candidata puede ser rentable.
«Recibir un millón de dólares en financiamiento y solo gastar medio millón, para quedarse con el resto. Hay miles de formas de que ese negocio se vuelva un negocio rentable para todas las partes. De igual manera ocurre con los financiamientos que provienen del narcotráfico, porque tratan de encubrirlo a través de diferentes empresas de cartón que pasan una a otra y luego hacia el partido en cuestión y luego se dividen para hacer aportaciones más pequeñas, lo encubren sin declararlo formalmente, operan en efectivo o reciben aportaciones en especie, materiales de propaganda, gastos de transporte, alimentación, etcétera. Hay muchas formas de cómo pasar ilícitamente apoyo a un partido con la esperanza de que el partido gane y luego devuelva el dinero. Es una inversión a futuro. Tiene que ser rentable», sostiene.
El sociólogo añade que es sabido que una buena parte del financiamiento electoral proviene de fuentes ilícitas, aunque es difícil estimar la cantidad o el porcentaje de este financiamiento ilícito. «En Guatemala se habla de un 25 % y creo que algo similar o mayor puede ser en el caso de Honduras, tomando en cuenta que esas fuentes ilícitas provienen del dinero de esa misma corrupción dentro del Estado y de básicamente el narcotráfico».
Adriana Beltrán, por su parte, establece que «el crimen organizado y narcotráfico no puede operar sin cierto grado de corrupción. En muchos casos se da con casos de corrupción de la policía, fuerzas de seguridad, fiscales que permiten el trasiego de la droga por su territorio, en otros casos llega hasta el más alto nivel donde hay nexos mucho más fuertes con la política. Ha habido muchos casos sobre el financiamiento del narcotráfico en elecciones a nivel local, donde tienes una fuerte presencia del crimen organizado».
La corrupción, las élites y el poder
El abogado Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, aseguró a Contracorriente que en las cortes de Nueva York se han mencionado a los últimos cuatro presidentes de Honduras como personas que recibieron dinero del narcotráfico, pero que «este último presidente (Juan Orlando Hernández) ha sido objeto de más denuncias, lo que obliga a la justicia y entes de interdicción nacionales a hacer, al menos, un remedo de investigación».
Waxenecker agrega que durante el 2013 hubo informes del caso de corrupción dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en donde fondos de ese fraude pasaron a la campaña política de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Aunque se supo y no pasó a más, porque nunca se formuló una acusación contra Hernández o contra su partido.
Adriana Beltrán por su lado cree que los distintos actores de EE. UU. (embajadas, cortes, fiscalías, DEA) juegan diferentes papeles, porque en estos casos el departamento de justicia actúa de manera más independiente y ha estado investigando varios casos que tienen que ver con narcotraficantes centroamericanos, casos en Guatemala y Honduras que han involucrado a miembros de la élite política y económica, en el mejor de los casos tiene a otras agencias del Gobierno de EE.UU. que deberían pronunciarse y brindar apoyo político para que se combata la corrupción y se fortalezca el Estado de derecho.
«Pero tienes el ejemplo de una anterior administración (Gobierno de Donald Trump) en donde durante los cuatro años tuvo un enfoque principal y su prioridad era la migración, pero la migración vista no desde una visión de cómo mejorar las condiciones de las familias que huían, sino una estrategia y medidas de cómo frenarlos a través de políticas inhumanas de migración», subraya Beltrán, y añade que eso resultó en que otras prioridades que antes se tenían, como la lucha contra la corrupción y la impunidad, pasaran a segundo plano. «Fue lo que yo diría que en cierta medida fortaleció y dio ideas para las élites en sectores corruptos de poder, para desmantelar los avances que se estaban logrando en la lucha anticorrupción».
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue creada el 19 de enero de 2016, por medio de un acuerdo, firmado en Washington D. C., entre la OEA y el Gobierno de Honduras. Fue desmantelada el 19 de enero de 2020, pues no hubo voluntad política para renovarla. Entre los casos investigados estuvo el desfalco millonario del IHSS, narcopolítica y casos que involucraron a diputados en malversación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, actualmente la mayoría de los involucrados que fueron imputados salieron en libertad tras obtener sobreseimientos provisionales o definitivos.
El empresario Barquero, de la CCIC, piensa que el Gobierno de Donald Trump se hizo «de la vista gorda» contra la corrupción y la impunidad hasta el punto de dejar que sacaran a la Cicig de Guatemala y a la Maccih de Honduras.
«Pero el presidente Biden tiene un plan que promovió durante su campaña, en donde tiene un apartado específico para el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Para eso están planteando una oficina para combatir la corrupción y la impunidad en los tres países, promovidas por EE. UU.».
Para Barquero hay tres elementos que profundizan la crisis en Honduras: la corrupción, la incapacidad y el narcotráfico. «Esos tres elementos son los que impiden que nuestro país se pueda desarrollar económica y socialmente. Y nos hacen un destino no atractivo para la inversión». A estos elementos se suma que el año anterior Honduras sufrió el embate de dos huracanes que devastaron la zona del Valle de Sula, lo que está provocando que durante estos primeros días de 2021 miles de personas huyan de Honduras en caravanas migrantes o en el anonimato.
«El problema de Honduras es que no tenemos las condiciones adecuadas para poder generar las oportunidades que el pueblo hondureño necesita. Por el dinero que se pierde en corrupción no se le está dando a la población ni empleo ni salud ni educación y eso está generando que la gente tenga que migrar a otro país, lo cual es lamentable», explica Barquero.
Beltrán, agrega que el departamento de justicia va a continuar señalando narcotraficantes y la incógnita es qué va a pasar, es decir, si se tiene en cuenta que la práctica y el protocolo del departamento de justicia es no presentar ninguna acusación contra presidentes.
«La gran pregunta es qué va a pasar cuando Juan Orlando deje el cargo, si van a presentar acusaciones contra él o no, esa es la gran incógnita. Pero más allá de eso creo que con la llegada de la administración Biden se espera que haya un reenfoque y priorización en la lucha contra la corrupción, impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho», puntualiza.
El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, diseñó un plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica, en donde se reconoce que el Triángulo Norte enfrenta enormes desafíos a causa de la violencia, las organizaciones criminales transnacionales, la pobreza y las instituciones públicas corruptas e ineficaces.
Fuerzas Armadas de Honduras
Cuando Geovanny Fuentes fue capturado en marzo de 2020, se dieron detalles sobre la participación de la Policía Nacional en el narcotráfico, pero poco se hablaba sobre el papel de los militares. Se explicaba entonces que, en 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía el laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. Ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizarle la seguridad para su negocio. La Policía Nacional permitía la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado.
Pero en el informe hecho público el pasado 8 de enero, se expone el papel de las FF. AA. «(Geovanny Fuentes) También se asoció con altos funcionarios políticos y militares para facilitar su tráfico de drogas, actividades en un país que ha sido devastado por la violencia relacionada con las drogas», cita una parte del mismo.
Según los fiscales estadounidenses, Fuentes Ramírez tuvo relación con grandes narcotraficantes para introducir miles de kilogramos de cocaína a los EE. UU. y para ello contó con la protección de altos funcionarios y militares hondureños. Todo derivó en una alianza, un entramado que incluyó el uso de ametralladoras para custodiar el laboratorio de cocaína y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se detalla que se recurrió al soborno de políticos, a por lo menos un juez y a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, se incluyeron en el informe reportes de actos de violencia, incluido el asesinato.
En la página 13 del informe, que contiene 49 páginas, se explica que después de las reuniones de Fuentes Ramírez con CC-4, este «recibió el apoyo de miembros de alto rango del Ejército hondureño. Por ejemplo, en varias ocasiones, el acusado (Geovanny Fuentes) llevaba una ametralladora verde, que dijo que le fue proporcionada por CC-13, entonces comandante de la 105 Brigada Militar. El acusado también recibió otro equipo del ejército, incluida una caja que contenía uniformes militares, chalecos antibalas e insignias policiales. La caja contenía una nota que decía “Geovanny Fuentes” con un sello de la 105 Brigada Militar».
Fuentes Ramírez —según los fiscales norteamericanos— regularmente presumía armas automáticas, incluida una ametralladora que supuestamente le fue entregada por un miembro de alto rango del ejército de Honduras. Se afirma que, en al menos cuatro ocasiones, entre aproximadamente 2010 y 2013, Fuentes Ramírez participó directamente en asesinatos que estuvieron ligados a sus actividades ilícitas.
Waxenecker establece que hay que ver lo de las FF. AA. desde el contexto histórico, sobre todo desde los años ochenta, con las FF. AA. de Honduras, la contrainsurgencia en Nicaragua y el Ejército estadounidense y de cómo en buena parte dinero del narcotráfico financió esa guerra sucia en Centroamérica, con base en Honduras. Ese es un antecedente histórico que sigue marcando la dinámica de esta institución en Honduras.
«Controlar las fronteras, el aire, el mar, también tiene una buena parte del control del narcotráfico del país. Por lo menos debe participar del negocio. Se mueven seguramente siempre de alguna manera en un limbo, entre la influencia de las FF. AA. de EE. UU. que presionan, seguramente, para el combate contra el narcotráfico y la situación interna de corrupción y criminalidad dentro del país», dice el austriaco.
El sociólogo añade que «desde el 2009 para acá hay un reposicionamiento de las FF. AA. y la cooptación del sistema judicial, eso cierra un círculo del poder político y judicial. Las Fuerzas Armadas y la Policía están bajo un control que obviamente es un territorio fértil para el crimen organizado y corrupción, en donde es claro que una élite política y económica forma parte de este círculo vicioso, porque se alimenta y se retroalimenta dentro del mismo círculo. Creo que no toda la élite política hondureña forma parte, pero sí una buena porción, el núcleo central».
Raúl Pineda Alvarado dice, por su parte, que «se involucra a las FF. AA. porque obviamente la Policía Nacional no tiene aviones ni tiene barcos, que es donde se efectúa la mayor parte del tráfico de drogas (…) todas estas denuncias avergüenzan al país y deben ser aclaradas. Fundamentalmente la sociedad y el ámbito internacional deben tener claro que nuestras autoridades no están metidas en esos negocios, pero si fuese lo contrario pues que respondan por ello», agrega.
Las FF. AA. de Honduras emitieron un comunicado el 12 de enero en el que no reconocen como oficial el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al llamarle «supuesto documento emitido por un ente jurídico», en el cual se hacen «conjeturas» que dañan la imagen institucional, pero además en el comunicado se establece que todas las operaciones que realizan contra el crimen organizado y narcotráfico son planificadas, coordinadas y ejecutadas con las demás instituciones del Estado de Honduras, así como con las agencias internacionales acreditadas en el país en la lucha contra este flagelo. Además las FF. AA. rechazan que se trate de involucrar a «oficiales que sirvieron a la patria con amor, valor, honor y con lealtad».
El sociólogo austriaco dice que el narcotráfico definitivamente va en aumento, pero que eso va a depender en gran medida del mercado de consumo de esas fuerzas en EE. UU. Añade que la dependencia para combatir el narcotráfico es mayor en países como Honduras, Guatemala y El Salvador porque tienen un círculo vicioso de poder e impunidad que se reproduce constantemente.
«Los juzgados dejan caer los grandes casos de corrupción, el imperio de la impunidad se ha restablecido en Honduras en estos momentos. Pero el cambio de gobierno en EE. UU., aunque obviamente no se sentirá de forma inmediata, sí puede iniciar iniciativas para fortalecer los sistemas de justicia en Honduras, conforme se puedan atacar redes políticas y económicas ilícitas».
Beltrán, por su lado, invitó a la prensa independiente que juega un papel protagónico para evidenciar y mantener la atención de esta problemática por el impacto que tiene para los países y toda la región, por la importancia que tiene en la vida de las personas y, además, en exponer cómo la corrupción afecta a temas de educación, salud, la vida diaria, en fin, el bienestar de las personas.
El próximo 14 de marzo se desarrollarán las elecciones primarias e internas en Honduras, mientras que el último domingo de noviembre se celebrarán las elecciones generales sin contar con reformas electorales que permitan la fiscalización de fondos para campañas. Además, este proceso se da en medio de la incertidumbre de una posible reelección de Juan Orlando Hernández, jurídicamente posible por los vacíos legales que le permiten poder postularse para intentar un tercer mandato consecutivo. La mayoría de analistas coinciden en que el mandatario hondureño seguramente enfrentará una acusación de EE. UU. una vez salga del poder.
1 comentario en “Caso en corte de EE. UU. revela posibles vínculos entre el presidente y empresarios en corrupción y narcotráfico”
Recibir un millón de dólares en financiamiento y solo gastar medio millón, para quedarse con el resto. ….