En la alcaldía de San Pedro Sula, donde la corrupción ha llevado a dos alcaldes a enfrentar acusaciones en tribunales, siguen operando redes que desde el anonimato esquilman las arcas municipales y en la administración actual; la sobrevaloración de equipos, servicios y comida parece reflejar una cultura de corrupción y falta de transparencia.
Texto: Allan Bu
Fotos: Cortesía y Archivo CC
En la alcaldía de San Pedro Sula, dirigida por Roberto Contreras —un outsider que ahora busca la reelección y que además preside el Partido Liberal—, la planilla publicada en el portal de transparencia en junio de 2025 revela que la estructura municipal cuenta con 69 asesores, de los cuales 59 están en el área legal. Es decir, la comuna sampedrana, que enfrenta varias demandas por abusos laborales, dispone de un ejército de abogados para defender sus intereses, o al menos eso sugiere la abultada nómina de profesionales contratados. Cada mes, el municipio destina 2,200,000 lempiras de su presupuesto para cubrir sus honorarios.
La existencia de esta figura en la alcaldía de la segunda ciudad en importancia del país no es nueva. Fue así en la administración de Armando Calidonio y en las anteriores. Los asesores, históricamente han sido posiciones que los partidos o políticos en el poder han utilizado para colocar cuadros claves de su aparato proselitista.
Por ejemplo, en el gobierno central se colocó como asesor en el tema de presos políticos a Pedro Joaquín Amador, reconocido activista del Partido Libertad y Refundación. También fue empleado bajo la figura de asesor de comunicaciones, el periodista Milton Benítez, más conocido como «El Perro Amarillo», quien se consolidó como una voz crítica contra los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández. Esa trayectoria lo llevó a convertirse en candidato presidencial y, posteriormente, a aliarse con Xiomara Castro, de cuya administración recibe un salario de 109,000 lempiras.
Enrique Flores Lanza, asesor legal de la Presidencia, regresó al país amparado en la ley de amnistía tras quince años en el exilio y actualmente devenga 81,000 lempiras como asesor. Este Gobierno también nombró a Fernando García como comisionado presidencial en contra de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), pero estas siguen vigentes e incluso la Zede Próspera ha demandado al Estado de Honduras.
La municipalidad sampedrana cuenta con una Gerencia Legal y, además, cada una de las otras 11 gerencias que conforman el organigrama municipal tiene un asesor legal asignado para las actividades diarias de cada área. Sin embargo, en la nómina municipal figuran 59 personas bajo la figura de asesor legal, sin que se detalle en qué dependencias están asignadas, cuáles son sus funciones ni por qué no aparecen en el organigrama.
Contracorriente solicitó una entrevista al departamento de Comunicaciones de la Municipalidad para conocer cuáles son las funciones de los asesores, los criterios de contratación y si existe un perfil que las y los candidatos deben cumplir. También se consultó sobre las evaluaciones que justifican que algunos asesores reciban salarios de hasta 60,000 lempiras, mientras otros ganan menos de 20,000; incluso uno de ellos percibe 8,000 lempiras. La solicitud, dirigida al jefe de prensa Josué Cóver el pasado 16 de julio, no obtuvo respuesta.
Se sabe poco de quienes son los asesores municipales. El más visible es el abogado y periodista Santiago Cerna, quien según una fuente cercana a la municipalidad es una especie de director de asesores. Bajo esa figura también aparece el abogado Steve Fajardo, yerno de Roberto Contreras, a quien el abogado y vicealcalde Omar Menjívar ha atribuido un poder de decisión en la actividad municipal. En el caso de Fajardo no aparece en la planilla municipal, pero según el testimonio de Menjívar, sí es un poder real en la alcaldía.
Para el sociólogo Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), el puesto de asesor históricamente ha sido un mecanismo clientelar: «Es una figura que se ha utilizado y está detrás de presidentes, ministros, comisiones del Congreso Nacional, presidente de Corte Suprema Justicia… todos usan esa figura, que en principio no es algo malo, pero lo que hemos visto en Honduras es un abuso de ese mecanismo, que cuenta con cierta discrecionalidad sobre lo que se paga por ese servicio y si las personas que lo hacen cuentan con el perfil adecuado para ofrecer el servicio en cuestión».
El abogado Óscar Hendrix, quien se desempeñó como asesor legal en la gerencia de deportes en esta administración, le dijo a Contracorriente que considerando el tamaño de la municipalidad –-que de acuerdo con la planilla de mayo cuenta con 3,559 empleados– la cantidad de asesores legales no parece exagerada. Si hacemos una relación de la cantidad total de empleados, el porcentaje nos arroja que los asesores son el 2.2 %.
Hendrix explicó que cada gerencia parece «una pequeña municipalidad» y que en las mismas, «todos los actos que se hacen son revisados por un abogado». Incluso los contratos de personal son revisados, aunque hay una gerencia de recursos humanos dedicada específicamente a este tema.
«La gerencia legal que está para situaciones más específicas y siempre de apoyo para las otras gerencias que lo soliciten», mencionó Hendrix quien aseguró que la municipalidad tiene varias demandas en contra, principalmente por trabajadores que fueron despedidos luego de que llegó Roberto Contreras: «Por toda la gente que despidieron la municipalidad tiene varias de demandas en contra, estás demandas las suelen llevar los asesores de las gerencias», sostuvo.
Pedimos a la comuna sampedrana, mediante una solicitud de acceso a la información, el número de demandas que tiene en su contra la municipalidad, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
Aunque no tenemos detalles de cómo ha respondido a estas demandas, el alcalde Roberto Contreras ha tenido que responder a procesos legales como el del empresario Imad Gabrie, quien querelló al alcalde por calumnia y difamación, aunque la acción penal finalizó por un acuerdo de conciliación entre ambas partes. En ese caso el alcalde reconoció su error. Además, la regidora Carmen Elena Paz, tiene otra demanda en contra del alcalde por calumnia con publicidad.
En febrero de 2025, Contreras le confirmó a Diario La Prensa que la municipalidad estaba enfrentando una demanda de mil millones de lempiras presentada por la empresa Sulambiente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El caso tiene que ver con el reclamo de pago de costos mayores por un contrato que en la municipalidad se sostiene que no están obligados a pagar. En esa entrevista, el alcalde también afirmó que había otra demanda que estaba en secreto y ya estaba siendo enfrentada por el cuerpo legal.
Hendrix, quien trabajó en la municipalidad en 2022, si bien piensa que para la actividad que hay en esa entidad no es exagerado que hayan 59 asesores legales, también reconoce que a muchos no se les ve en las oficinas municipales: «Generalmente la gerencia legal opera como una isla. Ahí hay montón de asesores que más parece que fueran externos, porque si uno va al edificio donde está la gerencia legal no pareciera que ahí trabajan ese número de personas», sostuvo.
Para Hendrix los puestos de asesores han sido, «por excelencia –en cualquier tipo de administración– los que se prestan para poner ahí a toda clases de paracaidistas, pagando el apoyo de personas porque en esta administración como en las anteriores se rumorea que ahí hay personas de asesores en las planillas y que no van. Esta administración no escapa de esos rumores», mencionó.
En otra investigación, el Ministerio Público investigó un probable tráfico de influencias en la comuna sampedrana para favorecer a empresas de un familiar del abogado Steve Fajardo, yerno del alcalde Contreras.
Comparación con la administración Calidonio y la planilla fantasma
El ejército de asesores no es una característica actual de la corporación municipal en San Pedro Sula, ha sido algo permanente. Según información del mes de julio del 2021 subida en el portal de transparencia, durante la administración de Armando Calidonio, la alcaldía sampedrana contaba con 53 asesores, de los cuales 49 estaban ubicados en el área legal.
En la administración Contreras los asesores con el salario más jugoso aparecen con 60,000 lempiras, mientras que en la administración de Calidonio al menos dos devengaban mensualmente 80,000. Sin embargo, la actual corporación hace una erogación mensual mayor, pues el cuerpo de asesores le cuesta a la municipalidad 2,220,003 lempiras mientras que en el período de Armando Calidonio los pagos para asesores ascendieron a 1,440,455 lempiras. Es decir una diferencia de alrededor de 800,000 lempiras.
En el aumento en la planilla de asesores, sugiere que hubo aumento no solo en el número sino también en el salario de los mismos. Los salarios oscilan entre 18,000 y 60,000 lempiras, aunque la mayoría está en un rango arriba de los 25,000 y hay uno de los asesores que devenga solamente 8,400.
En contraste con la cifras anteriores, el salario de un médico general pagado por la municipalidad es de 21,595 lempiras y hay algunos auxiliares de limpieza que reciben 6,320 lempiras. Y hay que decir que estas posiciones al igual que otras, como la de policía comunitaria o municipal, se utilizan para emplear a las personas afines a quienes están en el poder.
Una de las tantas cruzadas encabezadas por Roberto Contreras al tomar el bastón municipal fue la reducción de la estructura municipal. En ese entonces, denunció que había un grupo de personas heredadas de la administración de Calidonio que conformaban una «planilla fantasma», según el alcalde recibían un sueldo sin tener ninguna labor asignada. El alcalde aseguró que estaba conformada por 1,200 empleados que no iban a trabajar y que por eso se venía una «barrida» pues no iba a pagarle a nadie que no trabajara.
Y hubo muchos despidos –algunas de estas personas demandaron a la municipalidad– y aparentemente hubo una reducción, pero ahora al final del gobierno de Contreras, la nómina municipal alcanza 3,559 empleados, mientras que Calidonio al mismo mes en el 2021 tenía 4,099, la diferencia es de 540 personas. También en esta última administración los gerentes pasaron de un salario de 75,000 a 95,000 lempiras, el aumentó fue hecho efectivo a partir de febrero de 2023.
Elvin Hernández del Eric-SJ consideró hay una distorsión de la figura porque a pesar de la cantidad de asesores que tiene cada secretaría o instancia no se ve la eficacia en la función pública fruto de esta asesoría: «Más bien que avanzamos en dos sentidos. Primero hay una acción marcada por la opacidad porque no hay transparencia sobre los recursos que se destinan a esto y segundo, el tema del clientelismo, que es abrir ese ejército de asesores, de alguna manera inútiles, que con frecuencia terminan protegiendo los intereses no de la cosa pública sino actores externos que tienen intereses sobre inversiones en lo público».
Pese a su discurso de transparencia y rendición de cuentas en el que ha dicho, “el dinero alcanza, cuando nadie se lo roba”, en la administración del alcalde Contreras su administración se ha movido desde la opacidad pues a las denuncias que se ha favorecido con múltiples contratos a empresas de un familiar de su yerno Steve Fajardo, también se une la reciente publicación de Contracorriente se recoge una serie de compras cuyas cifras están muy arriba de la oferta en el mercado. La municipalidad sampedrana no ha dado explicaciones en ninguno de los casos mencionados.
