Documentos y escrituras a las que tuvo acceso Contracorriente revelan la red de empresas a las que está ligado Reynaldo Leiva Suazo, un abogado acusado y recientemente capturado por su presunto involucramiento en dos casos de corrupción, en el sistema judicial y en el sector de salud pública. Desde empresas orientadas a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, hasta sociedades mercantiles para la generación de energía, los vínculos de Leiva Suazo se extienden a figuras políticas y a una red de corrupción en la esfera público-privada.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen, Archivo Contracorriente y redes sociales
Portada: Persy Cabrera
El 8 de abril circuló una fotografía de Reynaldo Leiva Suazo en Reitoca, un municipio a 88 kilómetros de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Suazo, quien se estaba haciendo pasar como fiscal del Ministerio Público en un cabildo abierto organizado por la comunidad, estaba siendo buscado por dos casos distintos, el primero por ser parte de una red de corrupción al interior del poder judicial, y el otro por compras millonarias irregulares en el sistema de salud.
Tomó más de seis meses capturar al abogado Reynaldo Leiva Suazo por estos dos casos, y esto sucedió mientras retornaba a Tegucigalpa después de visitar Reitoca, un lugar en el que nunca antes había sido visto, por lo cual su presencia tomó por sorpresa a los habitantes de este sitio.
«A nosotros nos parecía extraño porque nunca habíamos visto a este hombre, y la sorpresa fue ver en medios de comunicación que estaba prófugo», dijo un habitante de Reitoca que prefirió permanecer en el anonimato.
El cabildo abierto que realizó la población de Reitoca antes de la llegada de Leiva Suazo fue para informar sobre Hydroalia, la empresa que ahora es dueña del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, proyecto por el cual defensores del ambiente han sido criminalizados, y que la empresa ha continuado desarrollando, a pesar de la oposición de la comunidad.
Leiva Suazo estuvo prófugo de la justicia desde agosto del 2024, cuando fue requerido por el Ministerio Público acusado de participar en una red de corrupción compuesta por abogados, jueces y fiscales, encabezada por Marco Antonio Vallecillo Banegas, excoordinador del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
En este caso, Vallecillo fue acusado de extorsionar a un empresario de la construcción en el sur de Honduras. Nelson Omar Sierra, capturado junto a él, también fue imputado por exigirle al empresario tres millones de lempiras a cambio del cierre administrativo de un caso en el Ministerio Público. Según un testigo protegido, Reynaldo Leiva Suazo —apoderado legal del empresario— facilitó su bufete para la reunión en la que se solicitó el dinero.
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El otro caso por el que está siendo señalado Leiva Suazo es por defraudación del Estado de Honduras por 224.9 millones de lempiras mediante la compra irregular de equipo médico, suministros y equipo quirúrgico entre 2010 y 2012. A las nueve personas señaladas —entre ellos el exministro de Salud en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Arturo «Tuky» Bendaña— se les acusó por los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según el requerimiento fiscal publicado por un medio de comunicación, Reynaldo Leiva Suazo participó como socio y representante procesal de Droguería Pharmasula S. A. de C. V., una de las empresas vinculada al esquema de fraude para supuestamente adquirir medicamentos y suministros médicos de 2010 a 2012, los cuales nunca llegaron a los distintos centros de salud y hospitales a nivel nacional.
Este abogado no solo era conocido por haber sido acusado por los casos que detallamos antes; también conformó una serie de empresas del sector energético, dentro de las cuales figura una sociedad cancelada en Panamá y otra vinculada a familiares del expresidente Juan Orlando Hernández.
Acusados en caso del «Tucky» Bendaña se vinculan a empresas del sector energético
Según el requerimiento fiscal publicado por un medio de comunicación, Reynaldo Leiva Suazo participó como socio y representante procesal de Droguería Pharmasula S. A. de C. V. en 2011, una de las empresas vinculada al esquema de fraude para supuestamente adquirir medicamentos y suministros médicos, los cuales nunca llegaron a los distintos centros de salud y hospitales a nivel nacional.
Además de Leiva Suazo, por este caso fueron acusados Arturo Bendaña, exministro de Salud; Miguel Ernesto Flores Cisneros, socio de la empresa Pharmasula; Moisés Torres López, entonces gerente administrativo de la Secretaría de Salud; Vinicio David Monterrosa Sierra, exgerente administrativo; Roberto Carlos Meza Figueroa, ex director legal de la Secretaría de Salud; Vanessa María Urbizo Escobar, representante legal de Droguería Pharmasula; Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, representante legal de Comercializadora Médica; y Carlos Octavio Rivas Sánchez, exjuez de letras Civil de Tegucigalpa.
En 2011, Miguel Ernesto Flores Cisneros, entonces gerente de Pharmasula, vendió sus acciones a Vanessa María Urbizo Escobar y a Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, quedando la empresa conformada por ellos dos y por Corporación Reyfer S. A. de C. V., fundada y gerenciada por Reynaldo Leiva Suazo. En ese entonces Leiva Suazo también se desempeñó como secretario ad hoc y ejecutor especial de Pharmasula.
Sin embargo, Corporación Reyfer no es una empresa que pertenece al sector médico o farmacéutico. Conformada en 2010 por Reynaldo Leiva Suazo y por María Fernanda Callejas Lovo, esta sociedad mercantil fue creada para el manejo de desechos sólidos, la generación de energía y la construcción de carreteras.
En 2015, sus socios dieron un poder general a otra sociedad para el manejo de un contrato para el suministro de energía eléctrica suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Distribuciones y Generaciones Energéticas S. A. (Digenersa) para el manejo de una planta de generación de energía eléctrica y vapor a base de carbón o petcoke; sin embargo, no existe registro de esta planta actualmente.
Ese mismo año, Leiva Suazo conformó otra sociedad mercantil en San Pedro Sula llamada Distribuidora e Importadora Reyfer, S. de R. L., con su hermano Luis Fernando Leiva Suazo y junto a Claudia Carolina Iglesias. En marzo de 2020, medios de comunicación reportaron la captura de Luis Fernando Leiva por los supuestos delitos de defraudación fiscal y contrabando de mercaderías; sin embargo, un juez lo dejó en libertad tras pagar una multa de más de un millón de lempiras.
Para el ambientalista Pedro Landa, la crisis en el abastecimiento de energía en los años ochenta dió paso a la generación de energía a base de bunker y combustible, y con esto, familias y grupos aumentaron su capital y poder en el país.
Esto también se transformó en los proyectos que conocemos hoy en día para la producción de energía eólica, hídrica y termoeléctrica, en los que, recuerda Landa, las familias Nasser, Larach, Kafati, Kaffie y Handal tienen protagonismo
«De hecho se publicó un informe después del golpe titulado “Grupos de poder y grupos fácticos”, que habla de cómo estas familias han ido negociando desde las esferas del poder, dándose concesiones con enormes prebendas que les permiten operar con ganancias increíbles, y eso produjo que Honduras tuviera que pagar la energía más costosa», señaló Landa.
El modus operandi para la operación de proyectos hidroeléctricos ha sido la creación de sociedades mercantiles conformadas por socios que comparten otros proyectos hidroeléctricos, como es el caso de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en el departamento de La Paz, y la hidroeléctrica Petacón en Reitoca, Francisco Morazán. Además, también se recurre a mecanismos mediante los cuales se crean sociedades mercantiles, y las acciones de estas son vendidas a otros socios cuando un proyecto hidroeléctrico enfrenta conflictos.
Aunque el actual Gobierno celebra que no se han otorgado concesiones en su administración, Pedro Landa señala que tanto la presidenta Xiomara Castro como el ministro de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Serna), Lucky Medina, prometieron a inicios de su mandato investigar y detectar las irregularidades de los proyectos de generación de energía existentes; sin embargo, esto no ha ocurrido.
«Hubo un compromiso tanto de la presidenta de la república como del ministro de Lucky Medina, que hicieron al inicio de su gestión y que no han cumplido, y no es solamente detener las concesiones, sino la revisión de cada una de estas, cómo se habían otorgado y si tenían vicios de nulidad», indicó el ambientalista.
Contracorriente solicitó una entrevista con Brian Mauricio Torres, director de la Dirección de Evaluación de Control Ambiental (DECA) suscrita a la Serna; sin embargo, no respondió a las solicitudes que le hicimos vía mensaje y llamada telefónica. Tampoco estaba en su oficina al momento de solicitar la entrevista.
Lucky Medina, ministro de la Serna, tampoco contestó las solicitudes de entrevista.
Leiva Suazo compró acciones en Colibrí, una sociedad vinculada a familiares de Juan Orlando Hernández
Los vínculos de Leiva Suazo escalaron a otras esferas. Corporación Colibrí Esmeralda, Sociedad Anónima de Capital Fijo, fue creada en 2004 por Denis Enrique Figueroa Fúnez, Claudia Sofía Simón, Andrés Francisco Rivera, José Heliodoro Zamora Flores, y por tres parientes del expresidente Juan Orlando Hernández: su hermano Marco Tulio Hernández Matute, y dos hijos de este, José Miguel y Marco Tulio.
Un año después, José Heliodoro Zamora, socio mayoritario de Corporación Colibrí Esmeralda, vendió sus acciones, equivalentes al 46 %, a Reynaldo Leiva Suazo, quien además quedó como vocal 3 en la nueva conformación de la asamblea de accionistas. Corporación Colibrí estuvo originalmente a cargo del proyecto eólico Cerro de Hula, en Santa Ana, al sur de Francisco Morazán, José Heliodoro Zamora.
Pero los familiares directos del expresidente Hernández, ahora condenado por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, también figuran como fundadores de Fundecima, una oenegé investigada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en 2012, después de que se descubriera a la esposa de un exfuncionario gubernamental transportando más de un millón de lempiras en un vehículo que en ese entonces era propiedad de la oenegé.
Fundecima, según una investigación de Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), fue creada en 2006 por la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, quien se postuló como precandidata presidencial en el Partido Nacional en las elecciones internas de marzo de 2025. Además, en paralelo se creó otra Fundecima en Florida, Estados Unidos, que nunca operó como entidad caritativa.
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José Heliodoro Zamora vendió las acciones de Colibrí a Reynaldo Leiva Suazo en 2005; sin embargo, antes y después de ese año ambos conformaron una serie de empresas ligadas al sector eléctrico y a la infraestructura, incluso, una sociedad mercantil similar a otra suscrita por el bufete panameño Arias, Fábrega & Fábrega, vinculado a los Panamá Papers.
Según documentos y escrituras a las que tuvo acceso este medio de comunicación, José Heliodoro Zamora y Reynaldo Leiva Suazo fueron socios o formaron parte de al menos cinco sociedades mercantiles relacionadas con la generación de energía eléctrica solo en 2004.
En estas operaciones influyó la experiencia de Zamora, quien se desempeñó por tres años como director en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), de 2003 a 2006. La experiencia en la revisión de licencias y auditorías ambientales le llevó a recibir un reconocimiento en 2006, y además, representó a la Serna ante el Congreso Nacional cuando se aprobó la Ley de Incentivos a la Generación de Energía Renovable en 2007, durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Zamora y Suazo conformaron en abril de 2004 Inversiones F Y S, S. A. de C. V., una sociedad mercantil conformada con la finalidad de elaborar estudios de generación de energía y agua, la inversión en compra y producción de energía y la construcción, importación y exportación de proyectos de aguas, embalses y cuencas.
Inicialmente, Leiva Suazo quedó como presidente y Zamora Flores como secretario. Perla Ivonne Valladares quedó como vocal 1, María Fernanda Callejas —con quien Reynaldo Leiva conformaría además Corporación Reyfer en 2010— como vocal 2, y Vilma Aurora Valladares como vocal 3.
Simultáneamente, en esas mismas fechas, se conformó FYS International Investment S.A. en Panamá, una sociedad mercantil con la misma junta directiva que Inversiones F Y S, S. A. de C.V. en Honduras. Quienes suscriben la sociedad en Panamá son Luis Alberto Rodríguez y Bárbara de Rodríguez, una pareja de abogados que conforman el bufete Arias, Fabrega & Fabrega, un holding vinculado a paraísos fiscales con oficinas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Suiza y Luxemburgo.
En una investigación del diario español El Confidencial, se vincula a este bufete y al abogado Luis Alberto Rodríguez con Vicente Saus, un empresario de Valencia, España, que buscó constituir una offshore en Panamá a través de testaferros para evadir impuestos, mientras era investigado por presuntos delitos de fraude fiscal en su país. Por esta razón se vincula a esta firma de abogados con la constitución de empresas de papel.
La firma FYS International Investment S. A. fue cancelada por el gobierno de Panamá en 2023 por la falta de pago de impuestos en ese país. Tanto FYS International Investment S.A. en Panamá, como Inversiones F Y S, S. A. de C. V. en Honduras, no registraron actividad mercantil ni suscribieron contratos para la edificación de proyectos.
Otras sociedades vinculadas a figuras acusadas por corrupción
Reynaldo Leiva también formó parte de la junta directiva de las sociedades Energía Tierra y Agua S. A. de C. V. (ETA) y Energía y Agua Optima S. A. de C. V. (ENAO), conformada por personas y juntas directivas similares a las de las sociedades anteriores.
Además, en mayo de 2004 conformó Corporación de Inversiones Sociedad Anónima (Corinsa), con Gladys Irías Rivera y Manuel Antonio Arévalo Zelaya. Irías fue absuelta en 2019 por el delito de fraude en grado de complicidad en el caso Astropharma.
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Gladys Irías traspasó sus acciones en Corinsa a Valentín Suarez Elizondo, hijo del exdiputado liberal Valentín Suárez. A Suárez Elizondo se le menciona en el requerimiento contra el exministro de Salud, Arturo Bendaña, por figurar como beneficiario final de un convenio de pago suscrito entre el apoderado legal de la empresa Comercializadora Médica, Douglas Moisés Ramírez, y la exministra de Salud, Yolani Batres.
Posteriormente, en 2007, Valentín Suárez vendió sus acciones a Nelson Geovanny Alvarenga, también señalado en el requerimiento en contra del exministro de Salud y otros exfuncionarios.
En agosto del año pasado, después del escándalo del juez Marco Vallecillo, caso en el también está implicado Reynaldo Leiva Suazo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, dijo en una conferencia de prensa que esto había representado un «fuerte golpe» para la institucionalidad y la credibilidad del sistema judicial en Honduras.
Aunque la presidenta del Poder Judicial anunció medidas para combatir la corrupción al interior de la institución y apuntar a figuras que han cometido actos de corrupción en la esfera público-privada, hasta el momento no se han llevado ante la justicia a otras personas vinculadas al esquema de Reynaldo Leiva Suazo.
Leiva Suazo fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara después de la audiencia de declaración de imputado, y está a la espera de la audiencia preliminar que se realizará este próximo 5 de mayo. Darwin García, apoderado legal de Reynaldo Leiva Suazo, no contestó a las solicitudes de entrevista de este medio.
