En abril de 2023, el Mecanismo Nacional de Protección indicó en un reporte que el 83 % de su presupuesto, financiado por el Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad, se destina a solo seis casos con medidas cautelares. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), en 2023 se registraron 303 ataques a defensores de derechos humanos y 145 a periodistas; sin embargo, los principales beneficiarios del Mecanismo de Protección son en su mayoría funcionarios públicos del gobierno actual, a pesar de que el mecanismo para proteger a altos funcionarios cuenta con un presupuesto diez veces mayor al del mecanismo de protección de defensores y periodistas.
Texto: María Celeste Maradiaga y Fernando Silva
Con reportes de Célia Pousset y Jennifer Ávila
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen, Archivo CC
A finales de abril de 2023, en medio de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras, el Mecanismo Nacional de Protección (MNP) emitió un reporte con el dato más desconcertante y denunciado desde sociedad civil: de 185 casos de protección activos, seis casos con medidas cautelares otorgadas por parte de la CIDH absorben el 83 % del presupuesto de medidas de protección anual.
Lo más grave es que el mismo MNP ha reportado que dentro de estos seis casos «en 3 de ellos hay mala utilización de las medidas de protección», y uno es «el más grave de mala utilización de las medidas y se ha remitido mediante oficio a la PGR para su comunicación a la CIDH».
De estos casos, cuatro son medidas otorgadas a beneficiarios que viven en zonas urbanas, y dos a personas que residen en pequeñas ciudades. Se evidencia la falta de atención a los comunicadores locales y defensores, pues según el mismo informe «los asesinatos a defensores de DDHH ocurren en su mayoría en áreas rurales».
En cuanto a los restantes 179 casos que no pertenecen a este grupo, el Mecanismo Nacional de Protección apuntó que estos solo representan un 15 % del presupuesto de medidas de protección. Según el reporte, actualmente existen 185 casos activos desde la creación del MNP en 2015, dentro de los cuales están 31 periodistas y comunicadores sociales, 16 operadores de justicia y 138 personas defensoras de Derechos Humanos.
El reporte también detalla que la administración de Xiomara Castro recibió el MNP con una cantidad de 500 lempiras como presupuesto para la ejecución de medidas en 2022. Para 2023, el reporte señala que se les asignó 35 millones de lempiras: 12 millones destinados para el pago de personal de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) que provienen del Tesoro Nacional, y 23 millones para la ejecución de medidas del MNP, de los cuales 20 millones provienen de la Tasa de Seguridad y el resto del Tesoro Nacional.
Una fuente, que mantendremos anónima por seguridad, aseguró a Contracorriente que entre los beneficiarios de medidas de protección que han acaparado un gran porcentaje del presupuesto del mecanismo están altos funcionarios como Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad; Ligia Ramos, diputada independiente en el Congreso Nacional; y Glenda Ayala, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP-Conaprev), quien, afirmó la fuente, fungió como asesora en una institución gubernamental.
La fuente consultada por Contracorriente aseguró que a estos funcionarios se les denomina como los «VIP» del mecanismo.
Julissa Villanueva, actual viceministra en asuntos policiales de la Secretaría de Seguridad, confirmó a Contracorriente que sí cuenta con medidas de protección de este mecanismo, y explicó que vienen de las medidas cautelares que le otorgó la CIDH en 2018 y que gestiona la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) a través del mecanismo de protección, como también por parte de la Secretaría de Seguridad, por su condición de funcionaria en riesgo.
La funcionaria explicó que las medidas otorgadas por la CIDH vienen después de la persecución que sufrió por haber denunciado el supuesto asesinato de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández, en 2018. Ahora, a estas medidas se han sumado las que le otorgaron por ser viceministra y estar en una situación de riesgo al «denunciar la criminalidad desde adentro», dijo.
«Quien quiera decir que todo está resuelto y que no hay riesgos es realmente alguien que está falseando, y lo digo de una manera muy objetiva, hay situaciones de riesgo para profesionales, inclusive hasta para funcionarios que nos atrevemos a decir las cosas como son y no nos apegamos a los cantos de sirena, ni tampoco a los intereses creados propios, sino a la objetividad del trabajo», manifestó la viceministra.
De acuerdo con la funcionaria, el proceso de otorgamiento de las medidas de la CIDH consta de reuniones periódicas en donde se realiza el análisis de riesgo del defensor o defensora, dentro del cual se evalúan distintas variables, como el contexto que rodea a la persona, la violencia a su alrededor, la vulnerabilidad en su entorno residencial y laboral, el tipo de trabajo, la exposición, la «intencionalidad de hacer daño», entre otras. Después de esto se define el nivel de riesgo y se programan reuniones periódicas en las que las medidas pueden aumentar o disminuir conforme el riesgo.
La viceministra asegura que es consciente de las denuncias que se hacen desde la sociedad civil sobre el goce de medidas del mecanismo de protección por parte de funcionarios, pero indicó que, en su situación particular, considera necesarias las medidas por parte de ambas Secretarías, por su «situación de vulnerabilidad» como funcionaria.
«Si yo no hubiera tenido medidas por el caso anterior y no hubiera tenido esos incidentes, yo no estaría en el mecanismo. Ahora, si yo dejo el cargo de viceministra, ¿usted cree que me van a dejar X cantidad de policías? Si hay alguien que quiera matarme ahorita, va a esperar que yo deje el cargo para que me ponga en vulnerabilidad, y me baje», apuntó la viceministra.
«Hay situaciones difíciles —subrayó Julissa Villanueva—, porque hay mucha gente que sí necesita [medidas], y créame que si yo las pudiera soltar [las medidas de protección] y pudiera volver a mi vida normal, yo volviera. Es horroroso tener encima a la gente, mañana, tarde y noche, uno no sabe ni a quién informar».
Contracorriente consultó a las otras personas que supuestamente pertenecen al grupo de funcionarios que acaparan la mayor parte del presupuesto del mecanismo; sin embargo, al cierre de esta nota, no habían contestado nuestras solicitudes de entrevista.
En el caso de Glenda Ayala, la abogada no brindó declaraciones a este medio, pero según las partidas detalladas en la última aparte del informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP, Ayala recibió en julio de 2023 L 180,933.00 por concepto de ayudas sociales a personas del Mecanismo Nacional de Protección, con fondos provenientes del Tesoro Nacional.
Según información a la que tuvo acceso este medio, Ayala abandonó recientemente las medidas de las que era beneficiaria.
Además del MNP manejado por la SEDH, en 2021 el Congreso Nacional creó la Unidad Especial de Protección en el marco de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario aprobada en 2013, en la que se abarca la protección de funcionarios de todos los poderes del Estado que puedan estar en riesgo o hayan estado involucrados en el abordaje de la seguridad estatal o el aparato de justicia.
Según la ley, esta unidad se encuentra adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), y en 2023 recibió un presupuesto proveniente del Tesoro Nacional de 165 millones de lempiras, casi cinco veces más de lo que en ese año recibió el Mecanismo Nacional de Protección, que atiende a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2024, según información publicada por la Secretaría de Finanzas y los lineamientos del presupuesto general de la República, el presupuesto se aumentó hasta los 365 millones de lempiras, diez veces más que el mecanismo del SNP.
Según información a la que tuvo acceso Contracorriente, en el caso de la viceministra Villanueva se le ofreció hacer el traslado hacia ese mecanismo con mayor presupuesto; sin embargo, ella no accedió. Villanueva no dio una respuesta concreta al consultarle sobre esa supuesta negativa.
Por otro lado, hablamos con Olivia Zúniga, embajadora de Honduras en Cuba e hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres, quien tuvo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde noviembre de 2021 para saber cómo fueron administradas estas medidas una vez que ella se convirtió en funcionaria pública y aseguró que no sabe en qué quedaron porque el mecanismo no quiso reunirse con ella.
«Francamente, desde que yo fui nombrada como embajadora de Honduras en Cuba, no tengo ni idea en qué estado está está mi situación como beneficiaria de medidas cautelares, porque el mecanismo de defensores nunca quiso tener un acercamiento o reunión con nosotros, lo que sentimos fue una cosa muy fea», expresó y agregó que «hasta hoy podemos decir que hubieron muchas irregularidades [dentro del mecanismo], como confrontaciones, porque es penoso que a mi mamá la tengan en un banner gigante en el mecanismo de protección de defensores, mientras que a su familia y a su organización [el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)] se le ha tratado de una manera espantosa, de la manera en la que nosotros también podemos asegurar que hemos sido víctimas de exposición de nuestra seguridad», dijo la embajadora a Contracorriente.
En octubre de 2021, Olivia fue víctima de agresión física de quien en ese momento era su pareja sentimental, mientras debía haberse encontrado bajo la custodia de cuatro agentes policiales, como una de las medidas cautelares que le habían otorgado. Según declaraciones brindadas a Contracorriente en 2021, en ese momento, la policía no estuvo ahí para resguardarla, ni en días previos en los que ella afirma fue vigilada por su agresor.
Recomendamos leer: Las tres agresiones contra la diputada Olivia Zúniga Cáceres
Más de 8 millones de lempiras en alquiler de vehículos blindados a una empresa mencionada en el caso de Tony Hernández
Los L 23 millones asignados al MNP, de los que solo se ejecutaron un 40.6 %, no provienen solamente del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos. Según el informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP, L 3,396 millones provienen de Fondos del Tesoro Nacional correspondientes a la Unidad Ejecutora 1, y L 20 millones provienen de la Tasa de Seguridad, un fideicomiso derogado en mayo de 2022, y que, según el informe, corresponden a la Unidad Ejecutora 2.
Entre estas dos unidades se ejecutaron L 8,032,240.74 en concepto de arrendamiento de vehículos blindados como medida de protección a personas beneficiarias en 2023. Las ejecuciones presupuestarias por clase de gasto de la SEDH indican que, en septiembre del año pasado, se ejecutaron L 6,913,212.52 en beneficio de la empresa Latin American Armored Rentals S. A. y, en noviembre de ese mismo año, L 680,580.21 a la misma empresa.
El portal de Contrataciones Abiertas de Honduras confirma el pago por contratación de vehículos blindados por parte de la SEDH a esta empresa, en un proceso de 2022. Según este contrato, la Secretaría pagó L 6,373,072.87 por el alquiler de seis vehículos blindados y uno convencional «a favor de beneficiarios acogidos al mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos». En el gobierno anterior, esta empresa también prestó servicios de alquiler de vehículos a otras instituciones gubernamentales, como al Registro Nacional de las Personas (RNP) en 2021, según el portal.
La empresa Latin American Armored Rentals S. A. también fue mencionada en una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el juicio en contra de Antonio «Tony» Hernández, quien fue condenado por tráfico de drogas a gran escala en 2019.
En esta solicitud se detalla que en uno de los teléfonos incautados después del arresto de Tony Hernández se encontraron documentos relacionados con cheques emitidos por la empresa Latin American Armored Rentals S. A. a la compañía J y V Hernández S. de R.L., por lo que la solicitud integró a esta empresa en el listado de «individuos objeto de la investigación», pidiendo a esta y a otras cuatro entidades sus documentos de registro corporativo certificado.
Por otro lado, los montos ejecutados en concepto de vehículos blindados sobrepasan en más de seis millones de lempiras a otras dos medidas de protección relacionadas con estipendios de alimentación, como productos alimenticios y bebidas, con L 248,000.00 ejecutados con fondos del Tesoro Nacional, y ayuda social a personas con estipendios por combustible, pago de renta por vivienda, movilización segura y otras necesidades, con L 1,741,690.35 ejecutados con fondos del Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad.
Guido Eguigure, exviceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó a Contracorriente que la opacidad o falta de claridad en la ejecución de estos fondos destinados a distintas medidas de protección tiene que ver con la confidencialidad que rodea a los beneficiarios de medidas, información que solo conoce el comité técnico dentro del MNP. Sin embargo, el exfuncionario señala que además existen otras problemáticas.
Una de ellas es el registro de proveedores dentro del portal de Honducompras, por medio del cual el Estado de Honduras hace adquisiciones. La situación con estos proveedores, explica Eguigure, es que son los mismos proveedores del gobierno anterior los que continúan proporcionando los servicios a las Secretarías, incluido el caso de la SEDH, y que esto se debe a que son empresas lo suficientemente grandes como para poder ofertar y esperar el pago del Estado, que usualmente no se tramita con agilidad y puede durar entre dos a tres meses.
El exviceministro señaló que pueden aparecer empresas ofertando servicios que no tienen relación con su actividad comercial, pues son los proveedores que están registrados en la plataforma. «A menos de que se modifique la ley de procedimientos administrativos del Estado, eso no se puede cambiar, y hay que respetarlo, ni modo», explicó. Esto genera gastos onerosos al Estado, pues implica aprobar cotizaciones considerablemente elevadas.
En cuanto a los montos ejecutados por concepto de ayudas sociales a personas, Eguigure señala que también incluyen empresas, porque a través de estas se ejecutan distintas medidas, que pueden ser la construcción de muros perimetrales en la residencia de beneficiarios, la implementación de portones o cámaras de vigilancia, por ejemplo.
«La única manera de proceder bajo el esquema legal, administrativo y financiero del Estado es bajo ese renglón, porque no hay otra manera en la que se puedan comprar bienes como cámaras [de vigilancia] o serpentinas cuando no son para instituciones del Estado; en cambio, la única manera de proceder hacia terceras personas que no son instituciones es a través de las figuras de ayuda social», señaló Eguigure.
Según las partidas detalladas en la última parte del informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de medidas de protección de la DGSP, existen seis empresas beneficiadas: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V., Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V. Inversiones Religame S. de R. L., Inversiones Film S. de R. L. y Turing Consultores, S. de R. L. de C. V.
De estas, Computadoras y Servicios S. de R. L. de C. V. y Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V. recibieron pagos por medio de fondos del Tesoro Nacional, con L 22,487.49 y L 15,294.00 respectivamente. En el caso de las otras tres, solo se registró el pago efectivo por parte de la Tasa de Seguridad a Inversiones Religame S. de R. L. con L 113,541.80.
La empresa Unión Comercial de Honduras S. A. de C. V. no tiene registro de contrataciones por parte de la Secretaría de Derechos Humanos en el Portal de Contrataciones Abiertas del Estado. Las otras dos sí tienen registro, pero en años anteriores; por ejemplo, Inversiones Religame S. de R. L. con la venta de impresoras multifuncionales a la SEDH por L 227,636.75 en 2018, y Computadoras y Servicios S. de R. L. de C. V. con la venta de tintas para impresoras también a la SEDH, con L 14,601.69 en 2022.
Guido Eguigure también agregó que, si bien se conoce que el fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue derogado casi a mediados de 2022 por la corrupción que generó, la discrecionalidad de su uso y la cero transparencia y rendición de cuentas, este fondo continúa existiendo y siendo utilizado por el Estado de Honduras.
«El costo del manejo del fideicomiso por los bancos era excesivamente elevado; si no me equivoco, eran 50 millones de dólares al año, lo que era una carga súper onerosa para el Estado. En el caso de las medidas de protección, nos afectó mucho [la derogación del procedimiento del fideicomiso], porque tenemos muchas dudas de cosas que se hicieron atrás, ya que antes toda la operación era muy flexible y muy eficiente, porque en el fideicomiso ni siquiera había obligación de rendir cuentas», indicó el exfuncionario.
Agregó que «por ejemplo, se sabe que, de esos fondos, había gente dentro del manejo de la administración anterior que alquilaban casas de 30 mil lempiras para vivir en ellas; se eliminó todo eso, pero se creó una enorme dificultad para la aplicación de medidas».
Esas dificultades también se manifestaron en la violencia persistente en contra de defensores de derechos humanos, comunicadores, periodistas y operadores de justicia en 2023. En el informe de situación de derechos humanos correspondiente a ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) registró que 303 personas defensoras de derechos humanos y 145 periodistas fueron víctimas de ataques, y también alertó sobre «la falta de respuesta efectiva del Sistema Nacional de Protección, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección».
Falta de claridad en el otorgamiento de medidas cautelares
No hay claridad ni acceso a la información sobre la forma en que la Secretaría de Derechos Humanos da seguimiento a estas medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y si cada año se realiza el análisis para determinar si el riesgo continúa o no.
Lo que se conoce, a través de las planillas de pagos a empleados de la SEDH subidas al Portal de Transparencia, es que dentro de esta Secretaría existe la «Dirección de Investigación y Cumplimientos de Compromisos Internacionales», la cual consta de seis plazas con permanencia: el director general, con un salario de más de 47 mil lempiras mensuales; tres puestos de secretaría, con sueldos de 26, 21 y 18 mil lempiras respectivamente; dos asesores en derechos humanos en la «Unidad de Informes», con salarios de 29 mil lempiras cada uno, y un asesor de derechos humanos en la «Unidad de Seguimiento de Casos Internacionales», con un salario de 29 mil lempiras mensuales, según la planilla de febrero de este año.
En resumen, solo en el pago de salarios de las siete plazas dentro de la SEDH relacionadas con el cumplimiento de compromisos internacionales y el seguimiento de estos casos, se eroga una cantidad aproximada de 223 mil lempiras mensuales, es decir, más de dos millones de lempiras al año.
Contracorriente consultó al director del Sistema Nacional de Protección, Rodolfo Zamora, y a la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, sobre esta unidad y su funcionamiento en la asignación de medidas a personas en riesgo; sin embargo, no obtuvimos respuesta.
No obstante, la ministra Álvarez sí respondió sobre los funcionarios de la administración actual en los que se ejecuta la mayor parte del presupuesto del Mecanismo, por medio de carros blindados, escoltas, y medidas de seguridad a sus familiares, y dijo que es falso. «Desconozco estas acusaciones y realmente, a nivel interno, es otra la perspectiva que se tiene del Mecanismo», dijo la funcionaria a Contracorriente, cuando fue consultada sobre las denuncias. Además, apuntó que «existen grupos y personas que con muy mala intención hacen falsas acusaciones, faltando a la verdad».
Álvarez, quien fue nombrada ministra de Derechos Humanos por ley, luego de que Natalie Roque anunciara por redes sociales su salida momentánea de la Secretaría debido a una emergencia de salud, insistió en que en su administración se trabajará desde la transparencia, que no se tolerará ningún acto de corrupción, y que tampoco se darán privilegios que puedan beneficiar a «ciertos casos por las relaciones personales».
«Realmente creo que vamos dando pasos firmes para poder fortalecer este sistema de protección y poder, sobre todo, responderles a los beneficiarios del Mecanismo», aseguró la ministra, quien añadió que pronto llevarán a cabo la primera reunión en lo que va del 2024.
Pero el Sistema Nacional de Protección no solo muestra deficiencias en la asignación de medidas a defensores o comunicadores, sino también dentro del Consejo Nacional de Protección del Sistema Nacional de Protección (SNP), en el cual existe una pugna interna.
Conflictos dentro del Consejo y supuesta preferencia por militantes de Libre
Este Consejo, conformado por siete instituciones del Estado y siete organizaciones civiles, tiene entre sus atribuciones proponer la creación de nuevas medidas de prevención y protección para garantizar la vida de los defensores, y hacer propuestas y recomendaciones para mejorar la implementación del SNP.
Uno de los asesores externos del Consejo dijo a Contracorriente que, si bien este mecanismo no ha operado de forma efectiva desde 2015, la llegada del Partido Libre al Gobierno desbarató su funcionamiento, al despedir empleados que ya habían sido capacitados en análisis de riesgos y dejar solo a una persona de las cinco que se encargan de este análisis.
Además, esta fuente denunció que no hay interés en que los nuevos empleados se capaciten correctamente, y que desde las secretarías de Estado e instituciones que forman parte del Consejo, se da prioridad en la asignación de medidas a defensores y periodistas afines a Libre.
Para Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos y directora de Cozumel Trans, es urgente que existan cambios significativos dentro de este sistema, como la incorporación de los grupos en situación de riesgo dentro de los procesos que implementa el sistema, y también un enfoque transversal.
«Por ser parte de la comunidad LGTBIQ+ y por mi identidad de género, he sido cuestionada dentro del mismo mecanismo, porque siguen diciendo que no puedo ser defensora de derechos humanos siendo una persona de la comunidad», reveló Ferrera.
La defensora señala que, si bien todos tienen derechos y con esto pueden gozar de las medidas que otorga el mecanismo, no es justo que se otorgue una partida mayoritaria del presupuesto del mecanismo a quienes son parte del Gobierno y afines al Partido Libre.
«No podemos ser juez y parte de la situación», apuntó Rihanna. «En este momento nosotros identificamos a personal de altos cargos en la Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social], que siguen manteniendo medidas dentro del mecanismo, ganando un salario elevado».
«Esto me alerta porque seguimos viendo un Mecanismo que le otorgó medidas de protección a funcionarios del gobierno anterior, pero con restricciones; ahora estamos viendo un Mecanismo que le está dando seguimiento a las medidas de defensores de derechos humanos que se convirtieron en funcionarios públicos, y que por ser parte de este Gobierno les aumentaron, y les están otorgando hasta carros y otras medidas, mientras que cuando uno como defensor de derechos humanos llega y solicita, no se les otorgan», resaltó.
Una fuente consultada por Contracorriente apuntó que entre los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que son parte del mecanismo se encuentra Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos y excoordinadora de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (Apuvimeh).
Zambrano aseguró a Contracorriente que, si bien ahora ella y otros defensores son funcionarios del Gobierno, no es cierto que haya preferencia a la hora del otorgamiento de medidas del mecanismo por su militancia en el Partido Libre. Explicó que ella no ha sido beneficiaria de medidas por parte del Sistema Nacional de Protección, sino que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se gestionaron las medidas cautelares que le asignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2014.
En el caso de su hermano, José Zambrano, defensor de los derechos de las personas con VIH-sida y miembro de la comunidad LGTBIQ+ que ahora labora en la Secretaría de Planificación, Sandra explicó que él dejó de recibir medidas del mecanismo de protección en octubre de 2022, y que solo las tuvo durante seis meses.
«José continúa bajo el mismo riesgo, tiene que pagar su propio transporte. Estuvo un tiempo en el que el mecanismo le daba un nivel de protección, pero ahora está en las mismas circunstancias, en riesgo, porque aparte de ser un defensor es un reconocido miembro de la comunidad [LGTBIQ+]», apuntó Zambrano, y agregó que para los defensores es un derecho pertenecer al mecanismo y gozar de sus medidas, independientemente de si alguien es funcionario o no.
«Considero que este es un derecho, de nosotros tener una oportunidad laboral. En mi condición de persona mayor he dejado la asociación [Apuvimeh] y hay otras personas que la administran; yo no puedo ser juez y parte, yo estoy dedicada a defender los derechos humanos de las personas adultas mayores, y José a su trabajo en la Secretaría de Planificación», dijo Sandra Zambrano a este medio.
Más crisis e inoperancia dentro del mecanismo
Eduardo Alemán, subdirector del despacho ministerial de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), una de las secretarías que integran el Consejo del Sistema Nacional de Protección, dijo a Contracorriente que no habían podido sostener la primera reunión del 2024 debido a la crisis en la Secretaría de Derechos Humanos en febrero, pero afirmó que en este año planean hacer reuniones en sitios de alta conflictividad como el Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
Alemán agregó que desde la Sedena son pocas las medidas que tienen asignadas, ya que es la Policía Nacional la que asiste en cuanto a la custodia de defensores, operadores de justicia, periodistas o comunicadores, pero que hay tres periodistas que desconfían ser custodiados por agentes policiales.
Las organizaciones de derechos humanos, campesinas y de pueblos originarios han denunciado los abusos y tratos degradantes por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, como por ejemplo su participación en los desalojos en el Bajo Aguán y la captura arbitraria y agresión por parte de agentes policiales al defensor del ambiente Leonel George.
A esto también se añade la inefectividad del mecanismo de protección en casos como el de la defensora garífuna Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), quien fue víctima de un atentado el 19 de septiembre de 2023. La Ofraneh denunció en un comunicado la inoperancia del mecanismo, después de que tres partes del Consejo no se presentaran a una reunión del Comité Técnico del Mecanismo de Protección Nacional (CTMP) en Vallecito, departamento de Colón, convocado luego del atentado contra la lideresa garífuna.
Funcionarios de la SEDH también reconocieron que no han llegado efectivamente a los territorios donde los defensores son amenazados. Además, como uno de los desafíos o amenazas de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, la SEDH señaló en su informe anual de 2023 «hacer que las medidas de protección sean más equitativas, llegar efectivamente a los territorios», y también «definir un procedimiento expedito para el manejo de casos con mal uso de medidas».
Para German Chirinos, defensor del ambiente y concejal de la sociedad civil en el Consejo del SNP, es urgente asignar más presupuesto al Mecanismo de Protección para que se realicen los debidos análisis de riesgo a los defensores cada seis meses y, de esta forma, tener más control en la asignación de medidas a personas.
«El mecanismo está en una crisis terrible, porque no ha tenido el personal necesario para hacer los análisis en tiempo y forma, y darle el cumplimiento a las medidas, que son de carácter urgente para proteger la vida de las personas, los defensores, comunicadores y operadores», dijo a este medio Chirinos.
Chirinos dijo que no tiene información sobre las denuncias de medidas asignadas a funcionarios del gobierno, pero opina que, independientemente de esto, las medidas deben de ser garantizadas a cualquier defensor o defensora que esté en riesgo, sea funcionario o no, siempre y cuando se garantice que en efecto las necesita.
«Si el presupuesto se va en pocas personas, es necesario más presupuesto y debe de buscarse, o asignarse más presupuesto al mecanismo, pero que eso sea dependiendo de un análisis de riesgo que verdaderamente dé como resultado que el riesgo del defensor o defensora es inminente, y que es necesario cumplir con esas medidas. Si su vida corre peligro, yo no tengo porqué venir a cuestionar una medida», subrayó Chirinos.
En la presentación del informe anual de Libertad de Expresión del 2022 por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), su directora ejecutiva, Amada Ponce, dijo a Contracorriente que uno de los retos del Gobierno actual es destinar los recursos técnicos y administrativos del Sistema Nacional de Protección de forma equitativa, para que así se garantice salvaguardar la vida de los defensores y periodistas.
«¿Esto que quiere decir? No quiere decir que no necesiten una protección —aclaró la directora de C-Libre, refiriéndose a los casos que reciben el mayor porcentaje del presupuesto del SNP—, lo que quiere decir es que el restante está destinado para decenas de defensores, periodistas y de operadores de justicia que necesitan también ser protegidos y están actualmente en condición vulnerable».
En la presentación de este informe, en octubre de 2023, Ponce añadió que la falta de voluntad política y presupuesto para hacer funcionar correctamente el mecanismo se antepone a la necesidad de proteger a los periodistas, comunicadores, defensores u operadores de justicia amenazados o en riesgo.
Esto es visible en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2023, la cual registró que Honduras está entre los países menos garantes de la libertad de expresión, con el lugar 169 de 180 —es decir, dentro de los 15 países con más baja puntuación a nivel mundial—, y el segundo en todo el continente, solo por detrás de Cuba.
