Francisco Ramírez fue asesinado en diciembre de 2023 en Danlí, una ciudad al oriente de Honduras en donde era comunicador social. Por su trabajo, Ramírez tenía medidas de protección por parte del Consejo del Sistema Nacional de Protección. Mientras defensores de derechos humanos y comunicadores exigen un cambio en las políticas de este sistema, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras registra 145 ataques y 2 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en 2023.
Texto: María Celeste Maradiaga
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
«En este país, ser defensor o saber algo delicado y quererlo denunciar es un delito y una condena de muerte», dice Xiomara Gaitán, mientras conversamos en un café en Danlí, ciudad al oriente de Honduras.
Xiomara es una reconocida defensora de los bienes comunes en Danlí. Es presidenta de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih), ha apoyado a migrantes que transitan por la zona en casas de atención al migrante, y también es una persona clave en la toma de decisiones en este municipio, pues formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana en Danlí, y aunque ya no pertenece a él, continúa conociendo los temas y medidas que allí se discuten. Xiomara asegura que conoce a cada uno de los habitantes en Danlí, incluidos los ciudadanos de a pie y actores destacados en su región natal.
Uno de esos actores y amigo cercano de Xiomara fue Francisco Ramírez, un comunicador social asesinado en diciembre del año pasado. Chico, el diminutivo con que ella lo recuerda, era comunicador del Canal 24 en Danlí y al mismo tiempo motorista del Ministerio Público. Su asesinato tomó por sorpresa a todo un municipio, pero también fue el desenlace tras haber sido víctima de un atentado siete meses atrás.
El 3 de mayo de 2023, Francisco Ramírez recibió tres impactos de bala, y fue trasladado al Hospital Gabriela Alvarado en Danlí. Después de esto, fue asistido por el Mecanismo de Protección para defensores y comunicadores, el cual le asignó un agente policial como custodio y un vehículo blindado, y le recomendó permanecer en Tegucigalpa hasta que la situación mejorara en Danlí.
Pero Chico regresó en noviembre a su domicilio, después de pasar meses sin ejercer como comunicador y, por tanto, sin recibir un pago para sostener a su familia. La situación económica lo obligó a regresar a su hogar, una casa sin cámaras de vigilancia y sin seguridad perimetral, otras medidas del mecanismo que no se cumplieron para proporcionarle un espacio seguro. Un mes después, y en plena época navideña, Francisco y el agente policial que lo custodiaba fueron víctimas de otro atentado cuando se dirigían a la casa del comunicador. En esta ocasión, el comunicador recibió cinco impactos de bala y falleció.
German Chirinos, defensor ambiental del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Mass Vida) y representante de la sociedad civil dentro del Consejo del Sistema Nacional de Protección, explicó que dentro de este organismo no conocen a profundidad los casos, y que desconoce las denuncias o el trabajo que realizaba Francisco para determinar si provocaron su asesinato.
«Según el principio de la confidencialidad, el Consejo no conoce a profundidad los problemas de los defensores por lo delicado que es la temática», dijo a Contracorriente Chirinos, quien añadió que quienes sí los conocen a profundidad son los integrantes de la dirección del Sistema Nacional de Protección (SNP).
Uno de los sospechosos por el crimen en contra de Francisco fue detenido este año, el 25 de enero, y posteriormente fue enviado a prisión preventiva. El Ministerio Público lo vinculó a la banda criminal Los Pantera, estructura criminal ligada a «cometer distintos ilícitos» en esta zona de Honduras. En mayo de 2023, dos supuestos integrantes de esta misma banda criminal fueron acusados por el asesinato en abril de 2022 de Juan Carlos Vega, uno de los regidores de la municipalidad de Danlí.
En un salón de reunión dentro de la posta policial de Danlí, el subcomisario Aníbal Serrano Nieto dijo que ellos conocían las medidas que se debía brindadar a Francisco, y también lamenta que en el asesinato del comunicador resultara herido el agente policial que lo custodiaba. Para el oficial, Francisco debió de ser más cauteloso y evitar su muerte.
«El día que ocurrió el hecho, lamentablemente él andaba departiendo, poniendo en riesgo más bien al mismo funcionario policial porque andaba en un lugar público de venta de bebidas alcohólicas, y fue cuando ya estaba regresando a su casa de habitación cuando él recibió el atentado», señaló el oficial Serrano.
Los reportes de Francisco eran variados. Contaba sobre los problemas de los productores en el mercado de la leche en Danlí, la situación sanitaria en la zona y los trabajos de bacheo en su ciudad, pero también informaba sobre temas más sensibles desde adentro de las comunidades, como asesinatos, masacres e incautaciones de drogas. Personas cercanas a él dicen que este tipo de reportes podría haber sido lo que puso su vida en riesgo.
Además de ser comunicador, Francisco laboraba como conductor del Ministerio Público, ante la falta de un salario fijo cada mes que pudiera cubrir los gastos de él y su familia. Su situación económica también se agravó luego del atentado de mayo de 2023, cuando fue enviado a Tegucigalpa por su situación de riesgo, tiempo en el cual no pudo desempeñar ninguno de sus dos empleos.
Según la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia —decretada en mayo de 2015, que ordena la creación del Comité Técnico del Mecanismo de Protección—, el Estado, a través del mecanismo de protección, debe asignar medidas a partir del análisis de riesgo a la persona beneficiaria, e implementar un sistema de monitoreo y atención en general.
El Mecanismo de Protección bajo el cual estaba Francisco Ramírez tampoco ha mostrado avances. Desde las denuncias de acoso laboral y hostigamiento por parte de empleados en la Secretaría de Derechos Humanos, y una toma de instalaciones que duró 20 días a inicios de febrero de este año, el comité de este mecanismo solo se ha reunido una vez en lo que va del 2024, el pasado 21 de marzo.
Además, organizaciones como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han denunciado que siete funcionarios de la actual administración son quienes reciben el 85 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional de Protección, lo cual afecta a casos de defensores o comunicadores como Francisco, a quien no se le otorgaron todas las medidas y tampoco se le brindó apoyo para solicitar asilo en el exterior, a pesar de su situación de vulnerabilidad.
En el Presupuesto General de la República de 2023 se asignaron a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) L 143,854 millones del Tesoro Nacional, de estos L 3,396,020 fueron asignados al mecanismo; sin embargo también se le asignaron L 20 millones más que provienen de la Tasa de Seguridad. Según un informe de la misma SEDH, del mecanismo de protección solo se ejecutó el 40.96%.
Recordemos que la Tasa de Seguridad es un fideicomiso derogado en mayo de 2022, pero que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) denunció que sigue siendo utilizado por el Gobierno, como se evidencia en el mecanismo de protección.
El informe de la SEDH también detalla que durante 2023 se registraron en el Sistema Nacional del Mecanismo de Protección 202 casos activos de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, de los cuales, 16 corresponden a comunicadores sociales y 15 a periodistas. De esta cifra, la mayor parte de casos activos corresponden a defensores de derechos humanos con 153 y el resto a operadores de justicia con 18.
«Nosotros estamos viendo con profunda tristeza que teníamos esperanzas en este gobierno que está en este momento; yo en lo personal tenía esperanzas de que habrían mejores garantías para nosotros los defensores de derechos humanos, pero la gran decepción es que ahora estamos siendo más judicializados, más perseguidos, y más muertos», señala Xiomara Gaitán.
La defensora hace alusión a la impunidad en que han quedado otros casos de comunicadores y periodistas en Danlí. Uno de ellos es el del periodista Juan Carlos Argeñal, quien denunciaba actos de corrupción en el sistema de salud en Danlí, y fue asesinado en diciembre de 2013 en el canal de televisión del que era propietario.
En el informe de libertad de expresión de 2022 presentado por C-Libre también señalan la situación del comunicador Jaime Nery Díaz, dueño del Canal Aviva TV Danlí, quien, según el informe, ha sido atacado por medio de acciones administrativas y legales en su contra desde enero de 2022, luego de que un reportero de su canal denunciara anomalías en la municipalidad de Danlí. Después de esto, la corporación municipal ordenó el cierre del canal.
La realidad de los comunicadores locales en Danlí
Una periodista local en Danlí, cuya identidad protegeremos, dijo que las cosas han cambiado mucho en este municipio, sobre todo para quienes se encargan de contar la corrupción y operaciones de los políticos en la zona.
Ella cuenta que, con el paso de migrantes y la extorsión a quienes transitan por este municipio a través de tarifas de bus que han triplicado su valor inicial, la zona comercial de Danlí ha aumentado exponencialmente, y con ello, también el lavado de dinero y el narcotráfico en estos negocios.
La periodista cuenta que, ante esa adversidad, es difícil sostenerse en el ejercicio de su profesión por el poco o nulo respaldo que reciben los periodistas, y la falta de preparación que tienen para enfrentar situaciones de riesgo. Esto último ha desencadenado que prácticas como los sobornos estén a la orden del día, y quizás sea por esto que revelaciones o hallazgos importantes no puedan ser difundidos.
Johny Rodríguez, director de Canal 24, describió a Francisco Ramírez como un comunicador activo, «4 x 4», alguien que aguantaba lluvia y frío con tal de transmitir lo que estaba ocurriendo en ese momento.
«Con Francisco teníamos años de llevarnos, de conocernos —explica Noé, mientras al fondo un predicador da un sermón en el programa de prédica vespertina del Canal 24—. Francisco me mandaba unas seis o siete notas, dependiendo de cómo estaba el ambiente noticioso de la zona oriental. Nos mirábamos poco, a él le gustaba salir a las aldeas y caseríos, porque consideraba que ahí estaba la noticia».
El fuerte de su canal, asegura Rodríguez, es la difusión que tienen a través de redes sociales y la venta de publicidad que hace cada periodista, ya que, según él, en Danlí no generan mucho dinero las noticias, y los medios de comunicación no son bien vistos. En este sentido, al no poder realizar un pago mensual a los comunicadores, camarógrafos u operadores del canal, cada uno obtiene ganancias por la publicidad que ofrece en los canales de comunicación o redes sociales.
Rodríguez cuenta que una de las experiencias que más lo han marcado fue cuando, mientras la Policía Militar realizaba una requisa en el centro penitenciario de Danlí el 15 de julio del año pasado, lo golpearon, lo despojaron de su celular y también lo amenazaron por grabar a unos militares que estaban disparando en el recinto mientras se realizaba la requisa. Lo anterior desencadenó una protesta por parte de familiares de los privados de libertad.
En lo que va del 2024, Johny no ha obtenido respuesta por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos sobre la denuncia que él interpuso después del ataque de los militares en la cobertura del centro penitenciario de Danlí. Él asegura que su situación y el caso de Francisco evidencian la desprotección a la que se enfrentan los comunicadores sociales que hacen periodismo de a pie y que están en contacto más directo con las comunidades.
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Johny cuenta que habló con Francisco un mes antes de su asesinato. Le dijo que iba a regresar a Danlí a visitarlo, pero que no le iba a llevar nada desde Tegucigalpa porque estaba «jodido» económicamente. Johny le respondió que eso no era importante. El día en que lo asesinaron, un mes después, Johny no podía creer que eso estuviera pasando.
Él dice que después de esto se siente con más temor por las denuncias y temas que tocan en el medio. Cuenta que jefes policiales, políticos y estructuras criminales lo han amenazado con cerrar el canal, pero es después del asesinato de Francisco cuando la intimidación ha incrementado.
«Ya viendo que a un compañero del medio le quitan la vida de esa manera, uno queda con cierto temor, porque no se sabe qué cosas pueden molestarle a la gente que uno diga y que publica, y hay gente que no toma bien la crítica. Pero aquí estamos, con más cuidado de decir las cosas».
La lucha de las radios comunitarias
El 13 de febrero de este año, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) realizó una conferencia de prensa en los bajos del Congreso Nacional para exigir su participación en las discusiones de una comisión especial creada en el legislativo para analizar la situación de la libertad de expresión y radios comunitarias en Honduras.
La creación de esta comisión —a raíz de la visita de la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Irene Khan— alertó a sectores de sociedad civil, comunicadores y representantes de las radios comunitarias, pues se desconoce el alcance que tendrá en cuanto a la regulación de los medios de comunicación, periodistas, y el espectro radioeléctrico bajo el que trabajan las radios comunitarias.
«Creemos que las radios comunitarias son el sector más vulnerabilizado en materia de libertad de expresión. Cuando hablamos de crear una comisión, creemos que esta debe de escuchar el posicionamiento de más de 70 radios comunitarias existentes, nada puede ser aprobado por el Congreso sin esta amplia conversación», manifestó en la conferencia de prensa Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre. Posteriormente, quienes participaron en esta conferencia fueron recibidos por la comisión especial del Congreso Nacional.
Jorge Andino, director de la Play FM, una radio comunitaria del norte de Honduras, declaró que es alarmante que no se garantice la seguridad ni protección a los comunicadores sociales, cuando estos son los que están más expuestos a recibir amenazas o intimidación al realizar denuncias y hacer periodismo en sus localidades.
«En las radios comunitarias están las voces que se ven asediadas por la economía extractiva, por la parte que despoja, expropia y expulsa a las comunidades —explicó Jorge Andino—. Pero también el hecho de poder escuchar las lenguas maternas de las comunidades que todavía no se han extinguido y que también son importante que [se] rescaten y aporten a ese devenir cultural. Eso nos coloca en un papel de exposición, porque cuando contamos cosas que están relacionadas directamente a la comunidad y lo hacemos de esa forma directa, nos enfrentamos a la represión directa de quienes controlan».
Según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), entre 2021 y 2021, la Unidad de Desplazamiento Forzado de este organismo atendió a 66 periodistas amenazados por el ejercicio de su trabajo.
Según el Conadeh, de 97 muertes violentas de periodistas, locutores, fotógrafos, editores, operadores y propietarios de medios de comunicación ocurridas entre 2001 a 2023, el 90 % de los casos se mantienen en impunidad.
