Por: Jared Olson
Con reportes de Fernando Silva y Jennifer Ávila
Fotografía: Jorge Cabrera
El testigo casi escupe las palabras. Parece disfrutarlo. Fabio Lobo ha esperado seis años para este día. Parece andar sin apuros mientras llega al sitio desde donde va a declarar, vestido con un uniforme carcelario amarillo. Mientras camina, las cadenas en sus pies hacen un ruido como de hormigueo. Hay un silencio pesado en la corte, tan intenso que hasta el sonido más pequeño se amplifica.
«Los Cachiros me contaban que Tony Hernández era la cara de la operación», cuenta Fabio Lobo, el testigo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y quien alguna vez fue juez en Honduras. «Su hermano le respaldaba desde las sombras», dijo, refiriéndose al hombre que tenía enfrente, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusado de tres cargos relacionados con el narcotráfico.
Cuando la fiscalía presentó al testigo, uno de los más esperados del juicio, le preguntaron, primero, si reconocía algún político en la corte al que había sobornado alguna vez a cambio de protección para su operación masiva de transporte y venta de drogas. Lobo, con una expresión dura en el rostro y su cabello gris, apuntó la mirada hacia el expresidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar de lucir pálido y delgado, y con una barba de pocos días, no perdía su altivez con su traje y corbata. «Sí», respondió Lobo.
«¿Cómo se llama esa persona?»
Pareció disfrutar cuando dijo «Juan Orlando Hernández Alvarado». Lobo seguiría entonces hundiendo el cuchillo con historias de su vida que involucran a «su antiguo amigo» a lo largo del siguiente día.
Lobo dijo que el expresidente Hernández tomó 4 millones de dólares del clan de los Valle, lo mandó a buscar un avión en Roatán cargado con más de 1,200 kilogramos de cocaína, que era de los hermanos Hernández; también contó cómo desarrolló una estrecha relación con el exministro de Seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco. Relató que la Administración para el Control de Drogas (DEA) mandó dos informantes mexicanos a una reunión entre Fabio Lobo y el exministro en 2013, enojando a Pacheco Tinoco y provocando la rabia de Juan Orlando. Los EE. UU. los toleraron por casi una década, pero ya en 2014, Hernández y Tinoco sabían que los andaban monitoreando.
El juicio en contra del expresidente Hernández culminó en su segunda semana, y hasta este momento solo han sido presentados los testigos de la fiscalía. La semana comenzó con la continuación del testimonio de Miguel Reynoso, el exfiscal de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico que llevó como evidencia lo que en Honduras se conoce como las «narcolibretas» del narcotraficante Magdaleno Meza. También escuchamos a una investigadora de la DEA, el traductor del sistema jurídico que revisó la evidencia para la corte, un exnarcotraficante colombiano que se convirtió en testigo colaborador de la DEA, y a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los dos hermanos que dirigían el famoso y temido clan del narcotráfico Los Cachiros.
La fiscalía también presentó a «Andrea Sánchez», un nombre ficticio para proteger la identidad de una expareja del jefe de la Mara Salvatrucha en Honduras, El Porky. Esta mujer, originaria de San Pedro Sula, huyó del país, y en su testimonio en la Corte de Nueva York contó cómo El Porky contaba con la protección y colaboración de la Policía Nacional, bajo la dirección de Juan Carlos «El Tigre» Bonilla.
La fiscalía también presentó a otro agente de la DEA, quien revisó los teléfonos de Geovanny Fuentes. Luego presentaron a Mario Guillermo Vargas, quien declaró bajo el seudónimo de Giovany Rodríguez; Vargas sirvió con la Policía Nacional por lo menos desde 2004 hasta su detención en 2009 por haber participado en una conspiración con narcotraficantes, y su caso está ligado al de Fabio Lobo.
Mejía Vargas fue uno de los primeros policías contactados por los hermanos Rivera Maradiaga. Entre 2005 y 2009, los hermanos Rivera Maradiaga contactaban mensualmente a Mejía Vargas para notificarle cuándo ellos iban a recibir una carga de cocaína en Honduras. Junto con Zelaya Romero, Mejía Vargas les ayudó a coordinar la protección policial durante el transporte de las cargas de droga y a evitar los puntos de control en la ruta del narcotráfico. Mejía Vargas recibió entre 70,000 y 100,000 dólares que los hermanos Rivera Maradiaga le pagaron por cada carga de cocaína.
En julio de 2009, Mejía Vargas fue detenido junto con otros nueve policías en Honduras, por su papel en una operación del narcotráfico. En 2016, fue extraditado a los EE. UU. y se declaró culpable de participar en una conspiración para la exportación de cocaína a los EE. UU.
En el juicio, Vargas contó cómo protegió los cargamentos de cocaína de Mauricio Hernández, otro policía identificado en este juicio como «El Primo», quien iba a ser juzgado junto con Juan Orlando Hernández, pero a pocos días de que comenzara el juicio se declaró culpable.
JOH domina la escena
Todo el juicio es una suerte de teatro, y la mañana del lunes 26 de febrero, el acusado parecía desempeñar bien su papel. El expresidente, rejuvenecido durante el fin de semana, entró en la corte con un gesto confiado, tirando de las solapas de su abrigo, con la mirada distinguida de un exjefe de Estado.
Uno de los abogados de la defensa, Raymond Colón, le hizo una petición al juez esa mañana. Quería entregar como evidencia y usar un documento supuestamente de Sonia Soraya Cálix ―quien dirigía la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en 2018―, que manchaba la imagen del exfiscal Reynoso, ya que en el informe se insinuaba que este era corrupto y que había participado en lavado de activos. «El informe contiene muchas capas de rumores inadmisibles», dijo uno de los fiscales; finalmente, el juez rechazó la petición.
«Si se fijan en los otros documentos, se darán cuenta de que están hablando de transacciones de vacas», dijo Colón, para demeritar el contenido de las «narcolibretas» que Reynoso llevó como evidencia de que un narcotraficante ligaba a JOH y a su hermano Tony en operaciones con cocaína; para esto, la defensa intentó agregar un par de libretas más que supuestamente tenían transacciones relacionadas al ganado.
En su contrainterrogatorio, la defensa siguió con preguntas que cuestionaban la debida diligencia del fiscal y la idea de que las siglas «JOH» y «TH» habrían significado el presidente y su hermano.
«Entonces, ¿pensaste que “JOH” era un apodo para Juan Orlando Hernández?», preguntó Stabile, el más teatral de los dos abogados, con una voz prepotente, a Reynoso.
«Se conoce comúnmente por ese nombre», respondió Reynoso.
«¿Piensas que “Rambo” —uno de los otros nombres puestos en las libretas— se habría referido a Sylvester Stallone?».
“Son políticos —dijo Reynoso—, son bien conocidos por la población bajo esos nombres».
Reynoso negó haber sido un informante pagado por la DEA. Al final, el abogado de la defensa le preguntó a Reynoso si él o su familia eran miembros del Partido Nacional. Cuando dijo que no, que nunca había sido «cachureco», Stabile avanzó con su estrategia.
«¿Es cierto que usted cree que no hay buenos políticos en Honduras?».
«Sí», respondió, produciendo risa en la audiencia.
Entre el testimonio de Reynoso y el de un narcotraficante, la Fiscalía presentó a dos expertos: uno era el traductor de las «narcolibretas» y otro fue una agente de la DEA que solo estuvo un año en Honduras, y era más una analista que una investigadora de campo. Esto para colocar en el imaginario del jurado cómo funciona el trasiego de drogas en el hemisferio y, en el tema de la traducción, para establecer que el contenido de las «narcolibretas» no estaba siendo mal interpretado.
La controversia de Puerto Cortés
El testimonio de un exnarcotraficante colombiano y colaborador de la DEA que se presentó bajo el seudónimo «Luis Pérez» fue uno de los que más remeció a la opinión pública hondureña, algo de lo que la defensa de Juan Orlando Hernández se aprovechó.
«Pérez» en realidad es Alexander Monroy Murillo, un narcotraficante colombiano que trabajó con el Chapo Guzmán y transportó aproximadamente 200,000 kilogramos de cocaína, a través de barcos industriales y helicópteros, desde Colombia hacia la frontera entre Guatemala y Honduras, entre 2008 y 2015.
Vendió su producto a narcotraficantes mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa a través de intermediarios en Honduras como los Valle Valle, y al final se integró a esa organización mexicana. Se entregó a las autoridades estadounidenses en Belice en 2015, y a cambio de que bajaran su sentencia de 135 meses a 75 meses (ya cumplió su tiempo en la cárcel), empezó a colaborar como testigo con la DEA. Así que entró a la corte desde el frente, sin escolta policial, vestido con un traje, como un hombre libre. Ha ganado el juego de narcotraficantes que se enriquecen antes de traicionar a los viejos amigos e incorporarse a las filas de los testigos protegidos de la DEA.
«Pérez» dijo que había pagado a «Mario», el segundo al mando en Puerto Cortés, un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de JOH en 2013. Dijo también que «Mario», quien además le presentó a Fredy Nájera y Fabio Lobo, protegía cargamentos de cocaína que venían desde Colombia en cajas industriales en los barcos que llegaban a Puerto Cortés.
El segundo al mando en Puerto Cortés en esa época y hasta 2017 era Mario Coto, el subgerente de la Empresa Nacional Portuaria, quien en Honduras ya había sido investigado por el Tribunal Superior de Cuentas por malversación de caudales públicos y malos procedimientos laborales. Coto participó en la coordinación de campaña de un candidato a alcalde en Cortés por la corriente de Nasry Asfura, del Partido Nacional, en 2021, y actualmente participa en la coordinación de campaña del precandidato nacionalista a la presidencia Jorge Zelaya, de la corriente liderada por el expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Jorge Zelaya confirmó a Contracorriente que Mario Coto apoya su campaña política. «A uno lo va a apoyar un montón de gente, yo realmente no he platicado con Mario, pero por supuesto que sí me está apoyando ahorita en la precandidatura presidencial, pero quien va como candidato soy yo, ¿qué tiene que ver si él o cualquier otra persona me apoya y es mencionado? Él no va a ningún cargo conmigo. Yo conozco a Mario Coto desde hace años, pero no soy amigo de él. (…) Yo no estoy recibiendo coimas ni voy a recibir, y no le voy a dar dinero a nadie», explicó Zelaya.
También consultamos a Leo Castellón, quien entre 2015 y 2017 ocupó el cargo de gerente de la Empresa Nacional Portuaria y fue jefe de Mario Coto; sin embargo, evitó hablar de su relación con él. En el periodo en el que Castellón y Mario Coto estuvieron al frente de la portuaria hubo al menos tres hallazgos de cocaína en contenedores que llegaban hasta el control de la institución; sin embargo, Castellón aseguró que en ese tiempo no tenían nada que ver con la operación de la terminal de contenedores.
También buscamos una entrevista con el expresidente Lobo; sin embargo, tras varios intentos, no respondió a nuestra solicitud.
Mientras, en la Corte de Nueva York, el testigo produjo más escándalos, cuando durante el contrainterrogatorio de la defensa, esta vez dirigido por Raymond Colón, dijo que, entre 2008 y 2010, usaron a una diplomática de la embajada israelí en Colombia para transportar dinero del narcotráfico en maletines diplomáticos desde Honduras hasta Colombia, donde se invertía otra vez en empresas legales. La mujer, que no fue identificada, tomaba tres por ciento del dinero a cambio de su servicio de transporte, que era efectivo ya que los maletines diplomáticos pasan sin inspección. En esos años, según Pérez, movieron aproximadamente 150 millones de dólares con ese mecanismo.
El Cachiro
El miércoles y el jueves escuchamos a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los dos hermanos que dirigían el cártel de Los Cachiros, el poderoso clan del narcotráfico que recibía cargamentos de cocaína en el departamento de Colón —donde se asentaron— y los transportaban con caravanas de seguridad armada, con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, hacia clanes como los Valle en Copán.
Leonel es un narcotraficante que estuvo activo de 2002 a 2015; a partir de noviembre de 2013 fue informante de la DEA, aunque durante varios meses antes había comenzado a grabar en secreto las conversaciones que tenía con otros narcos. Leonel hizo esto por recomendación de su primo, según contó, aunque cuando fue presionado por la defensa, admitió que la persona que le dijo a su primo que lo hiciera fue «Sabillón», generando preguntas sobre si fue el general Ramón Sabillón, quien huyó del país después de tomar medidas enérgicas contra los Valle, y que de nuevo ha huido del país después de ser destituido por la actual presidenta Xiomara Castro, tras una masacre en la prisión de mujeres que recayó sobre todo en la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad que él dirigía en ese momento.
El testigo, calvo, con bigote feroz y ojos cortantes —los de un hombre sin nada que perder— describió cómo utilizó una relación de puerta trasera con el gobierno de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa para obtener contratos estatales para las empresas que solían lavar los ingresos de las drogas, en particular, su empresa de reparación de carreteras Inrimar, y pagó por protección a polīticos, militares, policías, fiscales, alcaldes, etcétera.
En particular describió cómo mantuvo una sólida relación, hasta de amistad personal, con Oscar Nájera, el exdiputado nacionalista que estuvo más de 30 años en el poder y que ha sido mencionado muchas veces en los juicios de Nueva York; tanto así, que Nájera es el único político hondureño que tiene la sanción Magnitsky y la sanción de la «Lista Engel».
Nájera ha sido denunciado en Honduras por movimientos campesinos de mantener un ejército privado de sicarios en el Aguán, el territorio que controlaban Los Cachiros.
Devis Leonel contó que en 2012 recibió tres llamadas —las últimas dos fueron videollamadas— en las que el narcotraficante Neftaly Duarte Mejía le dijo que andaban en una fiesta en Olancho con «el futuro Presidente de Honduras», Juan Orlando Hernández, y a quien le iban a pagar bien para que ganara las elecciones presidenciales. Era el cumpleaños de Ramón «Moncho» Lobo, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Devis Leonel contó que en la videollamada se veía a los participantes muy cercanos, «como si fuera una reunión privada».
Unos dos o tres días después, dijo haberse reunido con su hermano y Oscar Nájera para discutir el pago para la campaña de Juan Orlando. Le entregaron 250 mil dólares unos días después a Hilda Hernández, hermana del expresidente, en Tegucigalpa, donde supuestamente se asustó al ver tanto dinero en dólares empaquetados; Nájera, supuestamente, se fue a un banco a cambiarlos a lempiras.
Después, la fiscalía presentó las evidencias entregadas por Devis Leonel, varias grabaciones realizadas por él mismo con un reloj con cámara secreta. Al ver estos videos secretos, el expresidente Hernández ya no se veía tan empoderado en su silla de acusado, estaba asustado y nervioso; rompió su compostura y empezó a susurrar rápidamente con sus abogados. En el video, sin embargo, no aparece él, sino que el exalcalde de Yoro por el Partido Nacional, Arnaldo Urbina, quien decía que «Juan quiere que nos mantengamos discretos para no tener problemas». Urbina fue extraditado en 2024 y enfrentará juicio pronto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La breve aparición de El Porky
Al terminar el interrogatorio de Devis Leonel, llegó a la corte una tal «Andrea Santos», quien conocía y, por unos años, alrededor del 2013, vivió con Alexander Mendoza, alias «El Porky» (sin decirlo, los fiscales nos dejaron con la impresión de que ella fue la novia de él en algún momento).
El líder de la MS-13 en Honduras, Porky, se fugó de los juzgados en el departamento de El Progreso en 2020, cuando sicarios profesionales vestidos con indumentaria de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) lo sacaron en medio de un tiroteo que dejó cuatro muertos. Desde entonces, él ha sido considerado como una de las claves en la narcopolítica entre JOH, los cuerpos de seguridad, el narcotráfico de alta escala y las maras —las que más y más han revelado ser estructuras criminales al servicio de cúpulas políticas, policiales y militares.
«Santos» describió cómo solía escuchar a el Porky hablar frecuentemente con y sobre Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional acusado de haber dirigido escuadrones de exterminio desde 2002 en San Pedro Sula, y quien, hace unas semanas aquí en Nueva York, se declaró culpable de haber apoyado al narcotráfico. «Llamen al Tigre Bonilla, él puede resolver esto para nosotros», dijo ella que solía escucharle decir a El Porky alrededor de 2012 y 2013. Una vez, en 2013, el Tigre le regaló a El Porky armamento militar para su casa de seguridad en Santa Mónica, en San Pedro Sula. Ya en 2004, contó la testigo que El Porky estuvo dando mano de obra de las maras para garantizar la seguridad de los cargamentos de drogas de los Cachiros y los Valle Valle, montando caravanas de seguridad armadas junto a sicarios de esos grupos, soldados y policías.
La doble traición de Fabio
«Teníamos una relación muy cercana, hasta personal», dijo Fabio sobre su relación con Juan Orlando, quien, al escucharlo, negaba con la cabeza. Se le preguntó al testigo cuántas veces había sobornado a Juan Orlando. «Dos veces» dijo, como retorciendo el cuchillo, disfrutando la traición.
Contó que había conocido a Juan Orlando aproximadamente en 2002, cuando este era diputado por el departamento de Lempira, y cuando el padre de Fabio, Pepe Lobo, era presidente del Congreso Nacional. «A lo largo del tiempo desarrollamos una buena relación», dijo.
En particular, describió una reunión clave que tuvo lugar en 2013, justo antes de las elecciones presidenciales. Supuestamente, Tony Hernández, con quien trabajaba directamente en el narcotráfico, le pidió que fueran en su carro a una gasolinera Shell en la carretera al norte, yendo hacia San Pedro Sula, donde esperaron por 10 minutos y compraron refrescos y snacks, hasta que llegó un pick up de cuatro puertas. Tony bajó del carro y tomó una bolsa grande —un metro de un lado al otro, dijo Fabio durante el contrainterrogatorio— llena con 4 millones de dólares. El hombre que le pasó el dinero era «Wilson», uno de los sujetos detenidos en Puerto Cortés con las «narcolibretas» en junio de 2018. Mientras regresaban a la casa, Tony llamó a Juan Orlando para decir que «tenemos el regalo que los amigos, los Valle Valles, nos mandaron».
Después de eso, Lobo pagaría otros 250 mil a Juan Orlando para la campaña. Justo antes, el expresidente lo había puesto en contacto con Julián Pacheco Tinoco, el militar y jefe de seguridad que manejaba información estatal para narcotraficantes.
La defensa contraatacó a Fabio, haciéndole ver al jurado que este ya había mentido bajo juramento antes, cuando dijo que su padre, el expresidente Lobo Sosa, no tenía nada que ver con el narcotráfico, algo que en esta ocasión no repitió; al contrario, dejó en claro que Lobo Sosa fue parte de la conspiración, asestando así otra puñalada, esta vez a su padre.
Porfirio Lobo Sosa, quien alguna vez fue el padrino político de Juan Orlando Hernández, ha dicho públicamente en varias ocasiones que su hijo Fabio Lobo siempre fue un hijo lejano, rebelde y hasta tonto. En esta ocasión lo repitió en medios de comunicación y dijo que no le guardaba rencor y que él continuaba ayudando a sus nietos, los hijos de Fabio, a quienes él ya no puede ver por estar preso en Estados Unidos.
La familia de Lobo Sosa ha estado salpicada de muchas maneras en los últimos años. La esposa de Lobo Sosa, Rosa Bonilla, fue condenada por malversación de caudales públicos cuando ella era primera dama. Otro caso de corrupción también involucró a su hermano Ramón Lobo, a quien incluso le incautaron bienes en la zona del Aguán; el mismo Lobo Sosa ha estado acusado por casos de corrupción en Honduras, de los cuales ha salido librado, y recientemente fue cuestionado por la creación de un par de empresas off shore en Panamá mientras era presidente de la República.
El último acontecimiento que consternó a esta familia fue el asesinato de uno de los hijos menores del expresidente, que ocurrió en la salida de un centro nocturno en Tegucigalpa y que fue perpetrado por un grupo de hombres vestidos con indumentaria de la FNAMP, como los que liberaron a El Porky en 2020, que interceptaron el carro en donde él iba, lo sacaron del vehículo y lo ejecutaron.
En Honduras muchos dicen que estas traiciones fueron la venganza de Fabio Lobo por su hermano. Nadie en esa corte realmente lo sabe ni se lo imagina.
A lo largo del contrainterrogatorio a Fabio Lobo, Juan Orlando pasaba notas activamente a su abogado, Colón, como si este sirviera de intermediario en una conversación con un examigo. «Tell him this», le susurra Juan Orlando a su abogado, un susurro que lleva miedo. Ahora, yendo hacia la tercera semana del juicio que decidiría si se quedará en una celda en EE. UU. por el resto de su vida, JOH parece desesperado.
