El Congreso Nacional es la mayor fuente de polarización en el país actualmente. Una serie de hechos han desembocado en una crisis que afecta la gobernanza del país, especialmente la elección de nuevas autoridades en el Ministerio Público y otros altos cargos que están pendientes. Contracorriente realizó un X Space para tratar de responder a la pregunta: ¿hay salida para la crisis legislativa?
Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Bien dice un adagio popular: lo que mal comienza, mal acaba. Hasta ahora, a casi dos meses de cumplir dos años en funciones, el Congreso Nacional de Honduras no le ha fallado a este axioma de la sabiduría popular. El 21 de enero del 2022, en la instalación del nuevo parlamento hondureño hubo empujones, gritos, insultos y hasta patadas.
En el momento en que Jorge Cálix, que había sido electo con 83 votos como presidente de la junta directiva provisional, prestaba juramento con Leonel Ayala –ministro de Gobernación en ese momento— el diputado Rasel Tomé, como si fuese un experto en artes marciales, le asestó una patada a Cálix. Ambos son miembros del partido Libertad y Refundación, que ganó las elecciones en noviembre del 2021.
Después, el mismo Rasel Tomé, sin tener las facultades para hacerlo, fue quien tomó juramento como presidente a Luis Redondo, que en ese entonces pertenecía al Partido Salvador de Honduras, y solo tenía 44 votos de diputados propietarios a favor. Después de dos reuniones paralelas, una en el Congreso Nacional y otra en un lugar cercano a Tegucigalpa, denominado Bosques de Zambrano, Redondo quedó como presidente del Congreso, en una elección donde votaron más suplentes que propietarios.
En la oposición no han dejado de señalar que Redondo está al frente de una junta directiva «ilegal». En el Congreso son frecuentes los gritos, golpes, cohetes, pero sobre todo, y lo que más daña a Honduras, la falta de consensos. En el segundo semestre del 2023, las controversias se agudizaron después de la fallida elección del fiscal general. En esta ocasión no hubo acuerdos para dejar a los tres partidos mayoritarios contentos. A diferencia de la elección de la Corte Suprema de Justicia, en la que el Partido Libertad y Refundación obtuvo seis magistrados, el Partido Nacional cinco y los liberales cuatro; en el Ministerio Público solo hay dos cargos por elegir.
Tras varios intentos fallidos de encontrar una fórmula que estuviera acorde con los intereses de las cúpulas de los tres partidos mayoritarios en el Congreso, se llegó al 31 de agosto de 2023, fecha en la que finalizaba el segundo período de Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público (MP); este dejó su cargo y tres días después se fue a Nicaragua. Al frente del MP quedó el fiscal adjunto Daniel Sibrián, no reconocido en funciones por el partido oficialista.
En septiembre y octubre hubo parálisis legislativa; la junta directiva encabezada por Luis Redondo no convocó a ninguna reunión, aunque la ley establece que el Congreso debe sesionar tres veces por semana. La razón que esgrimió la bancada oficialista para la suspensión de sesiones fue simple: sin consensos para la elección del fiscal, no habría sesiones legislativas. Y así fue, ante la pasividad de las bancadas de oposición.
Pasaron dos meses en los que no hubo acuerdos, solo declaraciones de uno y otro bando. Las acusaciones sobre la pretensión de controlar el MP alejaron más los acuerdos. Llegó el 31 de octubre de 2023, fecha contemplada en la ley para que se cierre la legislatura. Así lo hizo Luis Redondo, y también nombró una Comisión Permanente. Pero antes de la medianoche de ese día, la oposición, con más de 65 diputados, se reunió y extendió el período ordinario de sesiones. Según abogados constitucionalistas, ambas acciones están contempladas en la ley.
Ese 31 de octubre, el diputado del PN Antonio Rivera Callejas apareció en un video con la cara ensangrentada, después que militantes del partido de gobierno lanzaran objetos a los congresistas de oposición, quienes se reunían en los bajos del hemiciclo. Ese día también circuló un video donde aparece el diputado nacionalista Mario Pérez amenazando con arma de fuego a un miembro de la seguridad del Congreso. Así se ha ido agudizando una crisis que no parece tener final, porque los frentes encontrados no exhiben ningún interés en negociar.
Inmersos en el zafarrancho, la Comisión Permanente que nombró el Congreso, compuesta por nueve diputados, nombró de forma interina a Johel Zelaya y Marcio Cabañas, como fiscal general y fiscal adjunto. Además, interpuso denuncias contra Iroshka Elvir, Suyapa Figueroa y Marlon Lara, quienes presidieron las sesiones alternas de la Comisión Permanente. El martes 21 de noviembre de 2023 hubo nuevamente dos sesiones. Esa es la realidad del hemiciclo legislativo, totalmente dividido.
Sin diálogo
En el X Space organizado y moderado por Contracorriente, el analista Leonardo Pineda opinó que los políticos deben «empezar a deponer las posiciones intransigentes, a veces hasta incoherentes de uno y de otro lado» para comenzar a pensar en Honduras, pues no se puede «estar viviendo de ese pasado, hay que aprender para que el presente sea mejor».
Para la conversación también fueron invitados congresistas: Ligia Ramos, quien recientemente renunció al Partido Salvador de Honduras y se declaró diputada independiente; María Antonieta Mejía (Partido Nacional) y Ramón Barrios (Libertad y Refundación), quienes expusieron sus puntos de vista, en su mayoría distantes unos de otros, reflejando la polarización que vive el país.
La diputada Ligia Ramos manifestó que es importante ver desde otras perspectivas lo que está pasando en el Congreso Nacional: «Esto es algo mucho más profundo de lo que aparenta ser. La falta de diálogo tiene que ver tanto con intereses de partidos políticos como intereses de grupos que necesitan impunidad». Agregó que cuando se habla de defender la democracia hay que revisar las posturas democráticas de cada bancada del CN, donde ella considera que «se obliga a los miembros a tener una línea política. Desgraciadamente tanto en Libre como en el Partido Nacional tienen líneas trazadas».
La diputada Ramos precisó que, en el caso de la bancada nacionalista, «están siendo manejados por líderes políticos que todavía están dentro de procesos judiciales; hay 18 expedientes judiciales activos y hay casos que están por presentarse. Si tenemos diputados que son juez y parte en el momento de escoger a un fiscal independiente, vamos a tener conflictos porque se va a querer imponer a la persona que le puede dar impunidad. Y lo mismo pasa con Libre, quieren asegurarse una persona que sea políticamente afín».
Ramón Barrios, parlamentario oficialista, explicó que en el marco jurídico la Comisión Permanente es una figura que aparece en la Constitución, y que dentro de sus atribuciones está nombrar de forma interina a funcionarios, así que el nombramiento de Johel Zelaya y Marcio Cabañas «está de acuerdo a la Constitución». Tampoco aceptó que el fiscal interino se plegue a los intereses de Libre; lejos de eso, aseguró que es de filiación liberal.
En cuanto a las negociaciones, el diputado por Cortés recordó que antes de este Congreso llegar a los acuerdos era menos complicado, porque en el escenario solo había dos fuerzas políticas y con facilidad se ponían de acuerdo; ahora, en cambio, hay cuatro partidos con representaciones grandes en el Congreso. Esto no es del todo cierto, pues si bien el Partido Liberal y PSH tienen 30 diputados en conjunto, estos no son determinantes para la toma de decisiones, pues en la suma Libre y el PN hacen 93 votos. No obstante, en estos partidos es donde nace la mayor polarización y cualquier decisión que requiera mayoría calificada (86 votos) no puede tomarse, si una de estas dos instituciones políticas no está de acuerdo.
«Cuando interpretemos la Constitución de forma objetiva, vamos a tener un Congreso objetivo, propositivo y en pro de Honduras, mientras busquemos la conveniencia vamos a seguir en el fracaso».
María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional
Una salida
Siguen las acusaciones y las sesiones paralelas en el Congreso Nacional. Incluso durante el debate en X, Ramón Barrios y María Antonieta Mejía cruzaron palabras y reflejaron qué tan distantes están los puntos de negociación. Pese a estas posiciones antagónicas, en el espacio se conversó sobre la posibilidad de llegar a caminos comunes.
La diputada María Antonieta Mejía afirmó que para negociar hay mucha desconfianza en la voluntad del partido de gobierno para cumplir con los acuerdos. «Hay desconfianza, arbitrariedades y abusos», dijo, y agregó que habitualmente en las mesas de negociación se dice una cosa, pero cuando toca hablar en público «cada uno salva su pellejo». Por eso propuso que haya una intermediación en el conflicto. «Estamos invitando a nivel nacional e internacional [a que haya] un mediador que pueda llevar la fiesta en paz y que pueda ser testigo de honor de lo que ahí se plasme», dijo.
Ante la pregunta sobre la posibilidad de encontrar acuerdos para resolver el entuerto de la elección del fiscal y otras decisiones trascendentales para el país, Barrios contestó que «sí hay una salida política» y que su partido está de acuerdo con que este funcionario debe ser elegido con 86 votos. Además, manifestó que todos los partidos están de acuerdo con que la elección sea entre los cinco candidatos que envió la junta proponente: «Estamos de acuerdo en esas dos cosas, que son un punto de partido para las conversaciones», destacó.
Para el representante por el departamento de Cortés, una solución puede ser que diputados y diputadas comiencen a reunirse entre ellos para encontrar puntos de acuerdo. «A lo mejor las propuestas no vienen de arriba hacia abajo, sino que fluyan de abajo hacia arriba. Tengo firme convicción que nos vamos a poner de acuerdo,más temprano que tarde. Creo que ya tenemos las dos premisas iniciales».
La doctora Ligia Ramos propuso ir por la vía de la «meritocracia» para desenredar la madeja en la elección del fiscal general, que por ahora, es la manzana de la discordia. Y en caso de tomar esa vía, la diputada piensa que la elegida debería ser la abogada Jenny Almendares, «quien aparentemente tiene cierta independencia porque no se ha visto como activista de ninguno de los partidos políticos. Creo que sí hay una salida, pero hay mucho ego, odio y malestar. Hay una polarización que se ha venido construyendo con lo de la Ley de Justicia Tributaria, todo esto se ha ido polarizando para evitar ciertos cambios que necesita el país», mencionó Ramos, refiriéndose a la ley que confrontó a la empresa privada con el Gobierno.
Por último, la diputada ahora independiente reafirmó la idea de sentarse a dialogar y buscar la salida que el país merece, y que los congresistas «debemos anteponer los intereses del país, disminuyamos los egos y la polarización para seguir con la agenda legislativa».
El analista Leonardo Pineda espera que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en el primer día de la tercera legislatura para nombrar un fiscal en propiedad, y coincidió con la diputada Mejía en que si las cúpulas no pueden encontrar caminos comunes, se deben buscar interlocutores, «engo mucho respeto por personas como el padre Melo [Ismael Moreno], que son ecuánimes, que no se parcializan. Hay que buscar una solución», recalcó.
