De enero a septiembre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 297 incidentes contra defensores de derechos humanos y periodistas, y, el año pasado, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró un aumento de más del 37 % en las alertas de agresión por violencia en contra de esta población. En medio de todo esto, organizaciones y defensores de la libertad de expresión alertan sobre los discursos estigmatizantes utilizados por gobernantes.;además se indicó que el Mecanismo de Protección ha sido cooptado por algunos funcionarios de la administración actual.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
«Los ataques legales contra la Libertad de Expresión en Honduras representan una estrategia utilizada por funcionarios públicos y actores privados para coartar la libre difusión de información y opiniones críticas», indicó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en su último informe de libertad de expresión presentado el pasado 17 de octubre en Tegucigalpa.
El informe detalló que las agresiones por violencia en contra de periodistas y defensores registró un aumento significativo en el 2022, el primer año del gobierno de Xiomara Castro. Comparando dicho año con el 2021 —cuando se contabilizaron 58 alertas—, el 2022 fue lesivo para los periodistas hondureños, pues se registraron 80 alertas relacionadas con agresiones físicas, asesinatos, atentados y robos.
Los ataques legales —aquellos relacionados a la criminalización de periodistas— también incrementaron según C-Libre, pasando de seis alertas en 2021 a nueve alertas en 2022.
Datos recientes también demuestran el debilitamiento en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró al menos 297 incidentes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas hasta septiembre de 2023.
De estos incidentes han resultado 372 víctimas, conformadas por 267 personas defensoras y 105 periodistas,de las cuales 208 (55.9%) estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente; 56 (15.1%) a la defensa de los derechos de personas LGTBIQ+ y 46 (12.4%) al periodismo en general.
En el presente año, OACNUDH ha documentado el asesinato de 15 personas defensoras de derechos humanos y un periodista, de los cuales 13 se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, dos a la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y una a la comunicación.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores son los incidentes con mayor número de registro con 73 casos, seguido de actos de intimidación u hostigamiento con 60 casos y por último los ataques digitales con 23 casos.
La delegada adjunta del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Yumila Díaz, también detalló que en Honduras los periodistas y defensores continúan enfrentándose a un espacio inseguro para ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Según cifras del CONADEH entre el 2001 y el 2023, 96 personas vinculadas a medios de comunicación murieron violentamente, 22 de ellas en el Distrito Central, siendo la capital el lugar con mayor peligro para las personas que trabajan en los medios de comunicación. Además, de estos 22 casos solo uno obtuvo sentencia condenatoria contra los responsables del crimen, lo que indica un 95 % de impunidad en los crímenes en contra de comunicadores en la capital.
La estigmatización a periodistas ante el cuestionamiento de funcionarios
Para Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre, la estigmatización a periodistas y a notas periodísticas es un parámetro que ha ido en aumento desde finales del gobierno de Juan Orlando Hernández, y que poco a poco se ha acrecentado en los altos funcionarios del gobierno actual.
«Sin duda este es un reto de manejo político para los actuales funcionarios en el país y presenta también una debilidad en el entorno del actual gobierno sobre cómo tratar [la información] cuando se trata de algo que afecta sus intereses», explicó Amada Ponce a Contracorriente.
La directora ejecutiva de C-Libre señaló que han sido funcionarios de Casa Presidencial los que especialmente se han manifestado de forma reiterada en contra de publicaciones de ciertos medios de comunicación, cuestionando la objetividad en el tratamiento de la información de estos medios.
Ponce apuntó que el diálogo entre funcionarios y periodistas debe prevalecer, haciendo uso de procedimientos como el derecho a réplica o rectificación. «Existen una serie de procedimientos a los que se puede recurrir, por ejemplo, contactar al medio y pedir una rectificación. Igualmente, si existe algo que es considerado falso y es publicado en un medio de comunicación, debe de informarse qué parte de la información es considerada falsa y demostrarlo», indicó Ponce.
Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, sostuvo que la presidenta Xiomara Castro y su Gobierno tienen un «compromiso firme respecto a la libertad de expresión y a la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables».
Roque aseguró a Contracorriente que la Secretaría de Derechos Humanos «da seguimiento» a los discursos estigmatizantes en contra de todas las poblaciones vulnerables, y que «revisarán» a fondo el informe emitido por C-Libre para tener un dimensionamiento de la situación de libertad de expresión, sin embargo, no quiso referirse a los ataques de funcionarios contra la prensa.
El 23 de octubre, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó por medio de X su descontento con los sectores que cuestionan la parálisis legislativa en este poder del Estado, argumentando que «todos los que están pidiendo que se normalice el Congreso Nacional es porque tienen un objetivo oculto que consiste en que continúe la corrupción e impunidad de siempre» y calificó esto como una campaña infundada de desprestigio en su contra.
El no pagar por votos,
— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) October 23, 2023
dar impunidad por votos,
dar proyectos millonarios por votos…
Si hiciera lo que antes hacían sería tan fácil aprobarlo todo, sería admirado y gran estadista, PERO NO VOY A DESHONRAR LA CONFIANZA que me dio el Pueblo y el Acuerdo Bicentenario, ni con… pic.twitter.com/hKjUR5E4qH
Ante estas declaraciones, la delegada adjunta del CONADEH, Yumila Díaz, opinó que, más allá de una «campaña de desprestigio orquestada por grupos políticos y económicos» es un derecho de la ciudadanía exigir que el Congreso Nacional sesione en pro de la ciudadanía y discutir los temas importantes que están en agenda, entre ellos, la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, y que tanto el presidente como la Junta Directiva debe ser respetuosa ante las exigencias de la población.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, afirmó a Contracorriente que el gobierno actual ha orquestado una narrativa de odio, confrontación y desprestigio contra los periodistas en Honduras.
«Muchos altos funcionarios critican y cuestionan el quehacer de la prensa, como hay ataques sistémicos que se dan a través de sistemas digitales contra los periodistas», señaló Reyes, quien a su vez aseguró que otro de los riesgos que enfrenta la prensa es realizar coberturas en las calles en presencia de colectivos del Partido Libre.
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El presidente del CPH también apuntó que a inicios de este gobierno se tuvo la intención de tener una proximidad para desarrollar una agenda en común en pro de la libertad de prensa, sin embargo, no hubo voluntad por parte del Estado.
Un Mecanismo de Protección utilizado por 7 funcionarios actuales
Natalie Roque dijo a Contracorriente que, si bien existen señalamientos a la ineficacia del Mecanismo de Protección, las personas defensoras y periodistas también están expuestas por «la situación de riesgo elevada en Honduras».
«Hay que decir con total claridad que el mecanismo de protección fue encontrado el año pasado en quiebra, se duplicó el presupuesto este año también, sin embargo, han existido retos administrativos que ya se han solventado, pero obviamente, y también hemos sido muy transparentes al respecto, el 80 % del presupuesto del mecanismo se invierte en 6 casos y esto implica que el presupuesto es totalmente insuficiente», argumentó la funcionaria.
Por otra parte, Amada Ponce de C-Libre señaló que es un reto destinar los recursos técnicos y financieros necesarios para que el Mecanismo de Protección garantice salvaguardar la vida de los defensores y periodistas.
Ponce continuó explicando que hasta finales de agosto de este año, el 95 % del presupuesto era destinado para el otorgamiento de medidas de protección para siete personas, estando entre las medidas el acompañamiento a carros blindados y el estipendio y viáticos para los conductores, respectivamente.
Sin embargo, Ponce indicó que estas siete personas son funcionarios del actual Gobierno. «¿Esto que quiere decir? No quiere decir que no necesiten una protección —aclaró la directora de C-Libre—, lo que quiere decir es que el 5 % restante está destinado para decenas de defensores, periodistas y de operadores de justicia que necesitan también ser protegidos y están actualmente en condición vulnerable».
Amada Ponce recordó que 13 de 17 integrantes del Mecanismo de Protección fueron despedidos en el actual gobierno, lo que representa un reto en la curva de aprendizaje debido a la preparación con la que ya contaban los empleados anteriores.
La directora ejecutiva señaló que existe un paradigma militarista con el que se ve la protección en Honduras, es decir, la asignación de un policía o militar para resguardar la seguridad del periodista. Ponce califica esta medida como «desempoderante», que marca privilegios y que no permite el ejercicio periodístico a la hora de ejercer la libertad de prensa.
«Sin duda hay una falta de voluntad política y presupuestaria [para hacer funcionar correctamente el Mecanismo de Protección] pero también es importante cómo la ciudadanía demanda que ese mecanismo funcione, porque ningún derecho que ha sido largamente buscado se va a mantener si la ciudadanía no demandamos que ese mecanismo funcione», opinó Amada Ponce.
