Además de elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto, el Congreso Nacional tiene que elegir a las autoridades de otras instituciones de cara al próximo proceso electoral; sin embargo, la falta de consensos entre las tres bancadas mayoritarias y las negociaciones para repartirse el poder podrían comprometer la independencia de esas instituciones.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
Honduras sigue sin nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto tras casi tres semanas desde que venció el plazo establecido por el Congreso Nacional para elegirlos. Las negociaciones se han estancado y la falta de consensos detuvo otros procesos de elección de segundo grado que estaban por concretarse en el Poder Legislativo. Ese es el caso de los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), mejor conocida como Unidad de Política Limpia, y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Con la agenda legislativa en pausa y las negociaciones sin rumbo, la diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras (PSH) aseguró que la repartición de cuotas de poder seguirá siendo la misma, debilitando la institucionalidad al sujetar las decisiones que se tomen en esas instancias a los intereses de los partidos políticos.
El control de las instituciones involucradas en el proceso electoral es clave, tanto para el proyecto político del oficialismo como para la oposición, por lo que cada quien presiona para colocar sus piezas clave en el tablero.
Los movimientos en el tablero político
«Todos los procesos de segunda selección ahorita se han repartido entre los tres partidos mayoritarios, es preocupante porque en lugar de fortalecer las institucionalidades las debilita porque no tienen independencia», explicó la diputada Ligia Ramos sobre las cuotas de poder que negocian los bandos políticos en el Congreso.
Además, agregó que el problema para la elección del Fiscal General y adjunto ha sido justamente que Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal no encuentran la salida para que cada uno tenga la misma cuota de poder en el Ministerio Público, caso contrario de instancias como la Unidad de Política Limpia donde son tres plazas que pueden ser ocupadas «equitativamente».
El 22 de agosto, en medio de las fallidas negociaciones para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, la comisión especial del Congreso Nacional para la selección de los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia anunció el término de las audiencias públicas que realizaron a los 13 candidatos que llegaron a la fase final.
En ese proceso resultaron con la calificación más alta para ocupar el cargo: Ivonne Lizeth Ardón Andino del Partido Liberal, Emilio Hernández Hércules del Partido Nacional, y Vladimir Mendoza del Partido Libertad y Refundación (Libre). Uno por cada partido político mayoritario.
Emilio Hernández es el comisionado que cubriría la plaza nacionalista, conocido por ocupar el cargo de secretario general de la Unidad de Política Limpia; además, desde 2014, con el inicio del gobierno de Juan Orlando Hernández, ha ocupado cargos como funcionario público en la comisión depuradora de la extinta Dirección de Transporte, secretario ejecutivo de la Agencia de Aeronáutica Civil y secretario general de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
Hernández también se postuló como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, no pasó a la nómina final de 45 candidatos entre los que el Congreso Nacional eligió a las autoridades del Poder Judicial.
Por parte del Partido Liberal, su candidata es la actual comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Ivonne Ardón, quien según información que recibió Contracorriente y una publicación del medio digital Criterio.hn, fue la encargada de presentar los informes financieros de candidatos del Partido Liberal ante la Unidad de Política Limpia por las elecciones generales de noviembre de 2021.
En diciembre de 2015, Ardón también fue objeto de una investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) donde se apunta que, la postulante a la Unidad de Política Limpia, demandó por asuntos laborales al Congreso Nacional de Honduras, y durante el tiempo que estaba en proceso de resolución la demanda laboró en el IAIP, contraviniendo la disposición establecida en en el Artículo 129 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el período fiscal 2013 donde se establece que «los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia, este no podrá laborar bajo ninguna forma de contratación en las Secretarías de Estado, Instituciones descentralizadas y desconcentradas».
Según el informe del TSC, desde 1999 Ardon ocupó el cargo de asistente de bancada del Partido Liberal y como oficial de protocolo del Consejo Nacional de la Juventud del Congreso Nacional. En 2007 fue despedida sin justificación por lo que demandó al Estado, y ahora pretende ocupar el cargo de comisionada de la Unidad de Política Limpia.
Vladimir Mendoza es otro de los actuales comisionados del IAIP que aspira a ocupar un cargo en la Unidad de Política Limpia. Mendoza también se postuló en el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público pero no fue seleccionado. Según una fuente consultada por Contracorriente, Mendoza goza de la confianza del diputado oficialista Carlos Zelaya, vicepresidente del Congreso Nacional.
Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza, en sus puestos como comisionados del IAIP, desde 2019 han sido encargados de certificar la transparencia de las Secretarías de Estado, dependencias y entes desconcentrados del Gobierno. En junio de 2022, por ejemplo, entregaron el certificado de 100% de transparencia a la oficina de transparencia de Casa Presidencial; sin embargo, en un reportaje de octubre de ese mismo año, Contracorriente evidenció cómo varios de los apartados en esos portales siguen siendo ambiguos incluyendo la descripción de gastos mensuales efectuados en esa dependencia y la descripción de personas contratadas y acuerdos del personal permanente. Uno de los cargos que quedó en el anonimato fue el del «enlace en asuntos sociales de la presidencia de la República», que en ese momento tenía un salario incluso mayor al de la presidenta Xiomara Castro.
En esa ocasión, los comisionados del IAIP también entregaron el certificado de 100% de transparencia al Congreso Nacional. En este caso Contracorriente también publicó una nota sobre la omisión en la rendición de cuentas sobre el uso de tarjetas de crédito que, según una denuncia que llegó a Contracorriente, ha adquirido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y su secretario privado, Edson Argueta, a nombre del Legislativo en la banca privada.
La abogada Blanca Elvir, analista independiente y experta en transparencia, aseguró que la elección de los comisionados de la Unidad de Política Limpia tiene trascendencia porque «al final son quienes van a fiscalizar la proveniencia de los fondos de las personas que van a postular en las próximas elecciones, estos nuevos comisionados que se elijan también tienen la posibilidad de incidir para fortalecer la ley de política limpia que según los mismos candidatos es bastante débil en el tema las sanciones hacia quienes incumplen los requerimientos de la ley».
Además, Elvir apuntó que en estos procesos de elección de segundo grado en los que la última decisión se encuentra en un órgano político como el Congreso Nacional, serán necesarias negociaciones pero subraya que estas no deben realizarse a puerta cerrada.
«Los acuerdos a puerta cerrada generan desconfianza, y esto ha sido mencionado por observadores internacionales. Por otro lado si se analizan las declaraciones de los liderazgos de los partidos políticos hablan de estos temas como si estas cuotas de poder le correspondiera por derecho y esas narrativas acentúan la desconfianza porque se evidencia que no están velando para poder lograr el cumplimiento de las agendas de país sino que lo hacen para garantizar impunidad de liderazgos que tienen cuestionamientos por corrupción», dijo Elvir.
Finalmente, Elvir apuntó que elegir según intereses políticos a las autoridades del Ministerio Público y los magistrados del TJE, les garantiza que las nuevas autoridades oculten casos que puedan afectar su participación en la contienda política de 2025.
En el caso de las magistraturas del TJE, medios de comunicación locales informaron que el Partido Nacional eligió al exdiputado Gerardo Tulio Martínez quien fue mencionado en documentos del caso por narcotráfico que Tony Hernández enfrentó en Estados Unidos.
Estancamiento en instituciones clave
Contracorriente abordó al abogado y postulante Vladimir Mendoza, quien dijo que prefiere no referirse al proceso de selección en el que está participando pero sí aseguró que su nombramiento no es seguro a pesar de haber obtenido la mejor calificación del proceso.
Mendoza apuntó que es importante y prioritario que se llegue a consensos para elegir a los funcionarios de estas instituciones ya que finalmente es la población la que sufre las consecuencias del conflicto.
Finalmente, la abogada Blanca Elvir apuntó que para evitar este tipo de estancamiento en las instituciones, en las reformas que deben hacerse es necesario repensar los procesos que se van a llevar a cabo para elegir a estas autoridades, y garantizar que se haga de acuerdo a criterios técnicos y méritos más allá de que se rijan por negociaciones politico-partidarias.
«Es importante establecer criterios mínimos que deben cumplir pero también perfiles ideales y esta diferencia es importante, es muy diferente quienes cumplen con los requisitos mínimos porque son los que la mayoría de las veces ostentan el cargo porque tienen el respaldo político, hay que definir que las calificaciones tienen un mayor peso al elegir en el Congreso Nacional», concluyó Elvir.
