El plazo terminó y Honduras sigue sin tener un nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Las negociaciones entre los Partidos Políticos no han rendido frutos y tras un laberinto de mociones finalmente el oficialismo transfirió todas sus presiones al fiscal Luis Javier Santos y la unidad anticorrupción que dirige. Según Redondo los diálogos continúan pero no hay claridad sobre cuándo el país tendrá nuevas autoridades en el Ministerio Público.
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Honduras no tiene nuevo fiscal general, mucho menos un fiscal adjunto. Con el plazo vencido a la medianoche del 31 de agosto, y luego de un proceso de elección en el que Libre no pasó de 52 votos con su propuesta presentada hasta tres veces —que aún sigue teniendo a Johel Zelaya y Marcio Cabañas en la boleta— la oposición tampoco alcanzó los votos necesarios para su binomio. Como resultado, los hondureños y el sistema de justicia seguirán padeciendo una crisis en un Ministerio Público que amanece sin nuevas autoridades este 1 de septiembre, día en el que también caduca la titularidad de Óscar Chinchilla y de Daniel Sibrián en sus puestos.
Ayer, cerca de la medianoche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, suspendió la sesión hasta nuevo aviso. El Ministerio Público tendrá nuevas autoridades hasta que se logren los consensos entre las distintas fuerzas políticas.
Ahora mismo, es una institución sin una dirección clara, y la batalla entre el Partido Libre, el Congreso Nacional y la oposición ahora es determinar quién lleva las riendas, si la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) que dirige Luis Javier Santos, o, si es el acaso, continúan en el cargo el Fiscal saliente o su Adjunto.
Existe incertidumbre jurídica sobre qué pasará con el fiscal general Óscar Chinchilla y su adjunto Daniel Sibrián, porque, si bien ya culminaron su periodo de cinco años, en un sector de la sociedad hondureña —incluyendo bancadas del Partido Liberal, PSH y Partido Nacional— se reclama que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional indica que los cargos escogidos por este poder del Estado, una vez concluido su periodo y si no se ha elegido nuevas autoridades, permanecerán en sus puestos hasta que se elijan nuevas autoridades.
Sin embargo, diputados del Partido Libre y algunos profesionales del derecho, comparten el criterio que el Decreto Legislativo 67-2022 le da a la Uferco la facultad de ejercer la acción penal pública sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General o Fiscal Adjunto, por lo cual, deducen, que la Uferco puede continuar con sus funciones aún y cuando no se haya nombrado a las nuevas autoridades. Además, indican que el artículo 233 de la Constitución de la República estipula solo 5 años para el Fiscal y su Adjunto, por lo tanto consideran que el Ministerio Público ha quedado acéfalo.
Antes de cerrar la sesión, el presidente del Congreso anunció que fortalecerán técnica y financieramente a la Uferco amparándose en el decreto 67-2022 que fue aprobado a finales de mayo en el pleno y que le otorgó un estatus especial a esta unidad para ejercer la acción penal sin la autorización del Fiscal General.
Al final de un largo discurso ante el pleno, entre aplausos y gritos de apoyo, Luis Redondo dijo que van a fortalecer a la Uferco «técnica y financieramente, y nos comprometemos a impulsar todas las acciones de ley que sean necesarias para lo cual me comunicare con la Secretaría de Finanzas para que se proceda a habilitar fondos establecidos en el artículo 5 del decreto 67-2022 para fortalecer la unidad que dirige el fiscal Santos para combatir la corrupción de manera pronta y eficaz especialmente en todos los casos que tiene en este momento bajo su conocimiento».
Pero que este fiscal quede a cargo del Ministerio Público no está del todo claro. Minutos antes, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, explicó que —de no escogerse a un nuevo Fiscal— Santos no asumiría la titularidad sino que continuaría ejerciendo la acción penal pública en delitos de corrupción.
«No hay que malinterpretar, no estamos diciendo que Luis Javier Santos va a asumir la titularidad de la Fiscalía o Dirección de Fiscales; decimos que él sigue en la titularidad de la Uferco, para seguir ejerciendo la acción penal pública en los delitos de corrupción», apuntó Sarmiento.
Tres horas antes del cierre de la jornada, el rumbo que tomará el Ministerio Público sin nuevas autoridades sería distinto para los partidos de oposición. «El titular de la UFERCO [Luis Javier Santos] siempre tendrá la acción penal pública pero, si se renuncia o se retira el fiscal general o adjunto, quien ostenta la titularidad del Ministerio Público es el director de fiscales», dijo Maribel Espinoza, diputada del PSH.
En ese mismo sentido, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional dijo a medios de comunicación que la posición de Redondo y el oficialismo era «falsa» porque los fiscales general, adjunto y director de fiscales, continúan en sus cargos según lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso.
El artículo 80 que cita Zambrano dice textualmente sobre los funcionarios que elige el Congreso Nacional que «cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecen en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección».
Zambrano también aseguró que la Uferco seguirá funcionando de la misma forma, pero «no quiere decir que ellos van a usurpar la titularidad del Ministerio Público», y apuntó en contra del congresista Ramón Barrios, quien supuestamente les amenazó de que a partir de estos hechos la Uferco se encargaría de acusar a diputados del Partido Nacional.
Santos fue excluido inicialmente de la nómina de 5 candidatos que pasó al Congreso Nacional tras la revelación de una demanda en su contra interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) controlada plenamente por el oficialismo. Además, Santos había apuntado a Manuel Zelaya, coordinador de Libre, como uno de los principales responsables de sacarlo del proceso.
Ayer en la tarde, sin embargo, el diputado Rasel Tomé aventuró otro camino: un plan de contingencia de no lograrse los acuerdos. Según dijo, se contemplaba elegir en el Congreso a una «comisión transitoria» mediante un decreto legislativo.
Los diputados nacionalistas expresaron que no estaban de acuerdo en acompañar una junta interventora y que esto representaba la injerencia de otro poder del Estado en la elección de las nuevas autoridades.
Además, el congresista Nelson Márquez hizo un llamado a las Fuerzas Armadas «para asegurar el imperio de la Constitución de la República» en la elección de las autoridades del MP por el Congreso.
Por otro lado, se argumenta que en el caso de las renuncias del fiscal general, Óscar Chinchilla y del adjunto Óscar Sibrián, éstas tendrían que ser aceptadas por el Congreso y en ese caso quien entraría en titularidad sería el director de Fiscales según el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.
Daniel Sibrian, fiscal general adjunto saliente, dijo a medios de comunicación que si el Congreso no llegaba a consensos esta noche, ellos cumplirían con la ley y permanecerán en el cargo.
«Cumplimos con lo que manda la ley para no dejar acéfala la institución», cerró Sibrian.
Miedos e incertidumbre antes de la elección
El que se esperaba fuera el segundo y definitivo round para la elección de las nuevas autoridades arrancó pasadas las 6 de la tarde con la asistencia de 128 diputados.
Previo a esta sesión, el Congreso venía de una primera intentona realizada el martes 29, en medio de una masiva protesta convocada por la presidenta Xiomara Castro y en la que se exigía un fiscal a la medida de Libre.
Este jueves no hubo protestas, pero sí un cordón de seguridad alrededor de todo el congreso. A siete horas de que finalizara el periodo del fiscal general Óscar Chinchilla, los alrededores del Congreso estaban militarizados.«Tantos militares nos preocupan, pero entendemos que es normal por la elección», dijo Gladis, una transeúnte capitalina.
Desde hace algunas semanas el discurso de la presidenta Castro y sus funcionarios ha girado sobre las supuestas amenazas y conspiraciones en su contra, llevando al Gobierno a confrontarse con diferentes sectores de oposición.
En ese sentido, el opositor y designado presidencial Salvador Nasralla dijo que la marcha del 29 de agosto terminaría en un «auto-golpe» y, del otro lado, Zambrano apuntó que estas acciones eran amenaza de injerencia del poder ejecutivo al Congreso Nacional y que esto conlleva a una Constituyente.
«Es completamente falso que el poder Ejecutivo vía PCM vaya a ordenar la intervención del MP, eso queda completamente descartado, no se ha considerado en ningún momento», aseguraron los diputados del Partido Libre en una conferencia de prensa.
Los diputados señalaron que esta información se trataba de una «falsedad del Partido Nacional». Aunque Libre no cuenta con mayoría de votos, aseguraron estar preparados para elegir al fiscal general y adjunto en el Congreso.
«Hasta este día [31 de agosto] llega su mandato [el del Fiscal Óscar Chinchilla]. Se cumplen los cinco años y no puede permanecer ni una hora más en esos cargos», dijo Silvia Ayala, diputada de esta bancada.
El bucle de una votación sin consensos
Los partidos llegaron al Congreso Nacional con las mismas cartas de las 48 horas previas, cuando Libre llevó en su nómina como Fiscal General a Johel Zelaya y a Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto.
Por su lado, los partidos de oposición, Nacional, PSH y Liberal, propusieron en esa sesión a Marcio Cabañas y Jenny Almendares. Finalmente, este jueves, los libretos no se alteraron.
Pasadas las 7:40 de la noche, la primera nominación fue anunciada por el diputado Sarmiento y los resultados de la votación fueron: 52 diputados votaron a favor de la moción, otros 52 votaron en contra y 24 decidieron abstenerse.
Luego, Jhosy Toscano, líder de bancada del PSH, introdujo la segunda moción nominativa. La propuesta de las bancadas opositoras —PSH, Liberal y Nacional— fue consistente con la anterior: Marcio Cabañas como Fiscal General y Jenny Almendares como Fiscal Adjunto. Otra vez.
Sin embargo, esta moción tampoco fue tomada en consideración. La votación se distribuyó así: 75 a favor, 52 en contra y 1 abstención.
A las 8 de la noche, sin acuerdos, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, suspendió la sesión y convocó para las 10 de la noche.
A las 11 de la noche, en el tercer intento con las mismas cartas, Libre volvió a proponer como fiscal general a Johel Zelaya y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto. La moción no alcanzó a ser tomada en consideración por casi el mismo orden de votos, solo que en esta ocasión un congresista decidió cambiar su voto de abstención a en contra.
Las bancadas opositoras también volvieron a proponer su nómina. El resultado fue casi el mismo, a excepción de la congresista Ligia Ramos del PSH, quien cambió de opinión y pasó de estar a favor a en contra.
Algunos sectores esperaron hasta el final la posición que tomarían los diputados de la bancada de Libre que protagonizaron el conflicto en el legislativo en enero y febrero de 2022 cuando apoyaron al congresista Jorge Cálix para ser presidente del Legislativo. Algunos especularon que serían decisivos para escoger al fiscal general y adjunto; sin embargo, siguieron la misma línea de sus compañeros y compañeras de bancada.
¿Por qué no hubo acuerdo?
Jhosy Toscano, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), y quien ha presentado en el pleno las mociones nominativas a nombre de las bancadas opositoras, señaló que la falta de consensos en el Congreso se da porque no ha existido un diálogo, y que el llamado a fortalecer la Uferco no es una alternativa a la elección del nuevo fiscal.
«Libre hace ver el fortalecimiento de la Uferco como una promesa de campaña, cuando nosotros [PSH] en conjunto con el Partido Libre aprobamos [en 2022] el decreto que le da vida al tema de la Uferco y para que trabaje libremente con el Ministerio Público, nosotros lo aplaudimos, lo que está pasando no es nada que celebrar, la Uferco puede hacer su trabajo. Hay que elegir a un fiscal con 86 votos, no hay otro camino, cualquier otro atajo que se quiera dibujar es incorrecto», subrayó el diputado.
Por otro lado, el diputado Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libre y quien ha presentado todas las mociones a nombre de este partido, indicó que «el artículo 67-2022 es una oportunidad para fortalecer a esta unidad (la Uferco) mientras este poder del Estado logra un consenso para elegir al próximo Fiscal General y Adjunto, ya que el exfiscal Chinchilla y el adjunto ya han cesado de su cargo a partir de hoy a la medianoche, y cualquier acción que quisieran hacer a futuro constituirá en el delito de usurpación de funciones».
Además, Sarmiento negó que Luis Javier Santos esté siendo manipulado por diputados o funcionarios del ejecutivo afines a Libre, y, en su lugar, mencionó que Luis Javier Santos es un «abogado que ha demostrado luchar de frente contra la corrupción y contra la impunidad en el país». También negó que con esto Libre esté pretendiendo que el abogado Santos esté en la titularidad del Ministerio Público.
«Nadie va a manipular a Luis Javier Santos, lo cierto es que las fuerzas políticas no hemos podido llegar a un acuerdo y en las próximas horas nos pueden convocar en cualquier momento», concluyó Sarmiento.
Contracorriente intentó obtener una respuesta del fiscal Santos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Pero Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal, opina que el estancamiento en la elección de las próximas autoridades del Ministerio Público se debe a que detrás de la postura de la bancada del Partido Libre está el asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya, quien, según este diputado, es quien tiene la última palabra.
«Libre simplemente, aquí en el Congreso, es el ejecutor de lo que «Mel» Zelaya piensa —dijo Mauricio Villeda—, si Mel piensa que no hay que cambiar la propuesta [de Libre] para el Ministerio Público, los diputados no van a cambiar de opinión, entonces no tienen la libertad de poder decidir, sino que tienen que ser obedientes sobre lo que piensa Mel Zelaya».
Contrario a lo que expresaron los nacionalistas, Villeda opinó que el actual jefe de la Uferco no puede ser utilizado por Libre y que el discurso de Redondo en el cual se recuerda el decreto aprobado en el 2022 para el fortalecimiento de esta unidad solo sirvió para justificar el fracaso del Partido Libre en la votación de sus mociones nominativas, denota el fracaso del llamado a movilización por parte de la presidenta Xiomara Castro y, según Villeda, evidencia que quien realmente está siendo utilizado por el Partido Libertad y Refundación es el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
«La realidad es que lo están utilizando [a Luis Redondo] para tratar de mantener algún tipo de reacción en contra de los partidos de oposición. En la próxima elección de la Junta Directiva el único que va a quedar ahí porque no se le puede quitar es Redondo, pero todos los demás van fuera, porque los diputados estamos hartos de que no se escuchen nuestras propuestas ni se discutan nuestros proyectos», manifestó el diputado liberal.
El diputado del Partido Libre y quien pertenece a la fracción de este partido afín al diputado Jorge Cálix, expresó que si bien inicialmente «los calixtos» habían tenido una postura independiente de Libre, ahora están más fortalecidos que nunca como bancada, y que no van a ceder ante las pretensiones de las bancadas opositoras.
«Esto es como un matrimonio en el que pueden haber desacuerdos», dijo el diputado Edgardo «el chele» Castro, quien subrayó que como muestra de esto es el acompañamiento de toda la bancada del Partido Libre en una sola moción nominativa.
Cabañas, Zelaya y Almendares: los tres finalistas sin elección
Los candidatos Johel Zelaya, Marcio Cabañas y la candidata Jenny Almendares son los únicos tres nombres de los cinco candidatos al Ministerio Público que figuran en las propuestas de los partidos políticos.
Marcio Cabañas Cadillo, particularmente, figura en ambas propuestas: en la del Partido Libre como Fiscal Adjunto y en la de las bancadas opositoras como fiscal general. Este candidato se desempeña actualmente como Titular III en la Fiscalía Especial contra delitos tributarios y conexos en la Fiscalía General de la República.
A este aspirante también se le relaciona con Manuel Zelaya Rosales, pues en 2010, luego del Golpe de Estado, lideró las acusaciones en contra de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras por los cargos de abuso de autoridad y expatriación por la expulsión de Zelaya Rosales hacia Costa Rica.
Además, fue tachado y denunciado en el proceso de evaluación de la Junta Proponente por «el engavetamiento y la obstaculización de investigaciones que existían en ese momento contra funcionarios públicos por actos graves de corrupción» mientras fue asesor del fiscal general Leonidas Rosa Bautista en el período 2004-2011.
En cuanto a Johel Zelaya —quien figura en la propuesta de Libre como fiscal general— se le ha denunciado (después del proceso de evaluación de la Junta Proponente) de no dar constancia de su afinidad político partidaria. Esto último es una inhabilidad para ser candidato a la Fiscalía General de la República, debido a que el reglamento de la Junta Proponente establece que el postulante no debió militar en los últimos tres años en un partido político y, en este caso, Johel Zelaya es actual regidor del municipio de Reitoca por el Partido Libreal.
Sin embargo, un abogado denunció a Zelaya de tener afinidad con la actual ministra de Finanzas y exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada. Además, es asesor del comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), y asesor legal y notarial de Corporación Flores.
Sobre su hoja de vida, Johel Zelaya no tiene experiencia en el Ministerio Público y tampoco tiene formación en materia procesal penal. Tiene el respaldo de las organizaciones indígenas lencas de su comunidad.
Jenny Almendares es la propuesta de fiscal adjunta por las bancadas de oposición. Según su hoja de vida, Almendares tiene más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público y se ha especializado en derechos humanos. También ha colaborado en la creación de proyectos e iniciativas de ley en pro de las mujeres, migrantes, población Lgtbiq+ y personas privadas de libertad.
Sin embargo, a pesar de ser la mejor evaluada por la Junta Proponente, Jenny Almendares pasó a ser la tercera en la evaluación de la Comisión Multipartidaria para la elección del fiscal general y adjunto en el Congreso Nacional.
La no elección de las nuevas autoridades ocurre en un contexto problemático para el sistema de justicia en Honduras. Entre marzo y abril de 2023 el Ministerio Público atravesó una crisis en la que por 70 días los fiscales y personal administrativo de esa institución se declararon en huelga. Luego se les sumó el personal de medicina forense y durante un mes se suspendieron las autopsias y levantamientos de cuerpos en las morgues judiciales.
Según datos compartidos por la viceministra de seguridad Julissa Villanueva, en ese periodo Honduras registró al menos 238 homicidios de los cuales 95 personas no habían sido sometidas a autopsias.
El personal del MP exigía mejores condiciones laborales tras 10 años de trabajar bajo la sombra del fiscal Oscar Chinchila, quien ha sido constantemente señalado por su displicencia para perseguir actos de corrupción y el crimen organizado.
Hasta nuevo aviso, el Ministerio Público está acéfalo y esta mañana amaneció resguardado por la fuerzas especiales de la Policía, Los Cobra.
