Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
El Gobierno de Honduras lanzó este jueves el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, con el cual se declaró una «emergencia nacional de seguridad». El delito de la extorsión es un tema que parece haberse puesto de moda en los últimos meses del Gobierno de Xiomara Castro, pues estudios confiables publicados entre marzo y abril de este 2022, —entre estos el sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric)—, no ubicaban la extorsión como la principal amenaza para el país ni tampoco su erradicación era la principal demanda ciudadana.
Las principales demandas ciudadanas fueron puestas por la ciudadanía en el siguiente orden de prioridades: mejorar la situación económica, generar fuentes de empleo y combatir la delincuencia y la inseguridad.
El delito de la extorsión se ha incrementado sustancialmente en los últimos meses, golpeando fuertemente la imagen del Gobierno de Xiomara Castro, tanto así que el pasado 14 de noviembre, Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó que la extorsión «se estaba saliendo de las manos» en Honduras y que ese crimen generaba «un 10 % de desplazamiento forzado».
El delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras, más allá del impacto económico que provoca a las víctimas que van desde pequeños hasta grandes empresarios ha provocado un 10% de desplazamiento forzado. Ojo se viene la época navideña. pic.twitter.com/VcmYa0aRwr
— Mateo M Yibrin (@myibrin) November 14, 2022
En abril de este año, el sondeo del Eric-SJ ubicó al «robo sin agresión (46 %)», «robo con agresión (23 %)» y «asesinato (12 %)», como los delitos que más sufre la población, frente al delito de «extorsión/impuesto de guerra (3.5%)».
El plan anunciado el pasado jueves 24 de noviembre por Xiomara Castro incluye suspender garantías constitucionales en zonas que presenten mayores índices de violencia. Aseguró que desplegarán a 19 mil 471 agentes de policía para realizar patrullajes, mantener zonas seguras durante la navidad y control de seguridad en zonas de alto riesgo.
Otro de los puntos importantes que contempla esta estrategia es el «Plan Escorpión» el cual, según el Gobierno, está orientado a controlar las maras y pandillas.
El guatemalteco Otto Argueta, historiador y doctor en Ciencia Política, explicó a Contracorriente que en Centroamérica, y especialmente con la experiencia de Bukele en El Salvador, los Estados actúan bajo el supuesto de que «en un lugar determinando» ocurre la violencia y «ahí están los agresores», y, por lo tanto, asegura el experto, se dejan llevar por perfiles generales, al no contar con una correspondiente investigación individualizada, por lo cual, cuando llegan estas capturas a los tribunales: «no hay pruebas y terminan todos liberados».
Argueta también explica que para aprobar estos estados de excepción se recurre al «pánico moral», que se propicia cuando un país está enfrentando una crisis, y esa crisis es aprovechada porque representa un miedo en el que todas las personas están de acuerdo, y cuando tienes esa figura, ese miedo, que es colectivamente aceptado, «ahí están las causas de todos los problemas de un país».
«Las pandillas y la extorsión, han sido un miedo en el cual todas las personas están de acuerdo, de que se haga lo que se haga es bienvenido, están de acuerdo en que son la causa de todos los problemas de las personas, aunque sabemos que no es así, expresó Argueta.
Entonces, añadió Argueta, cualquier acción que se haga sobre esas figuras va a ser bienvenida y celebrada, y a eso se le llama pánico moral, es decir, aquello en donde la sociedad no tiene ningún cuestionamiento a una acción cuando alude a un miedo que es colectivamente aceptado.
«Esto ya está demostrado que no funciona, todo esto que estamos viendo ya fue hecho, por gobiernos del pasado, con diferentes nombres, los estados de excepción, el uso excesivo de la represión, la militarización de la seguridad pública, el encarcelamiento masivo y la focalización en territorios específicos, el quitar garantías ciudadanas, se viene haciendo eso desde la década del 2000 y todo eso no ha podido evitar que existan todo este tipo de ciclos de violencia urbana en estos países», manifestó el analista.
Tal y como lo hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, la presidenta Xiomara Castro aseguró que la «emergencia nacional en materia de seguridad» es una estrategia que busca la recuperación inmediata de los territorios que por ahora están «sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios, en los departamentos».
Este plan permitirá al Gobierno de Honduras acceder de forma extraordinaria a los recursos públicos para echar a andar el nuevo proyecto para combatir a las bandas de extorsionadores, sicarios, traficantes de drogas y secuestradores.
En los últimos días en Honduras se han presentado protestas y elevado reclamos por parte del sector empresarial, transportistas, ciudadanía, oenegés, entre otros, que culpan a la Mara Salvatrucha MS-13 y Pandilla 18 de controlar la extorsión desde las cárceles.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, dijo a Contracorriente que lo planteado por el Gobierno de Honduras luce positivo si se ve desde una perspectiva general, porque se cambia de estrategia para la persecución de los «recolectores de la extorsión» y se hace un mejor enfoque sobre cómo seguir la pista del dinero e investigar a dónde va a terminar en términos de lavado de activos, «para llegar a los mandantes del delito de extorsión».
No obstante, el analista tiene dudas de cómo el Gobierno de Honduras podrá costear un plan como este: «yo no estoy seguro, me parece que solamente tienen como 1000 millones de lempiras para implementar este plan, así que choca con una realidad en donde puede haber una escasez de recursos».
Otto Argueta, por su parte, sostiene que estos modelos descansan en hacer operar una maquinaria propagandística muy grande para mostrar al Gobierno en acción y, tras la suspensión de garantías, también entran en juego la suspensión de procesos burocráticos para la adquisición de insumos.
«La declaratoria de emergencia implica también que se pueden disponer de fondos en forma de emergencia, por lo cual no hay procedimientos, se suspenden y eso ha dado lugar a corrupción», dijo.
Breda, por su parte, considera que la capacidad misma de la Policía Nacional ha estado muy debilitada en los últimos años, que todavía presenta altos índices de corrupción y ahora se les está dando un rol protagónico y están reemplazando a las fuerzas militares «y no estoy seguro que esté preparada para implementarlo».
El analista señaló que el plan de Xiomara Castro tiene un origen: «se está mirando, seguramente, lo que ocurre en términos de seguridad en los países vecinos, y es indudable la estrategia implementada en El Salvador».
Breda, tras analizar ocho meses del estado de excepción en El Salvador, identifica dos modelos que pueden ser llamativos para un Gobierno: el primero, es que ha sido un estado de excepción en escala nacional y no un estado de excepción focalizado. «Ha logrado agilizar los procesos de detención y encarcelamiento, enjuiciamiento de muchos criminales y de alguna forma, subsecuentemente, ha logrado desarticular, por lo menos temporalmente, a muchas operaciones de las pandillas, hay algunos lugares donde se solía pagar extorsión desde hace décadas y en este momento la gente siente un respiro».
El segundo elemento es que es una medida extremadamente popular y bienvenida, «entonces en este momento en que hay una creciente presión hacia el Gobierno de Xiomara, que aborde el tema de la extorsión y el tema de la percepción de la inseguridad, pues la propuesta de imponer estados de excepción responde a esos dos elementos», expuso el analista.
Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional, dijo que este lanzamiento forma parte del Plan de Gobierno para la Refundación y afirmó que van por buen camino porque en los 10 meses de gestión, han logrado reducir homicidios, capturar extraditables, erradicar plantas de cocaína, capturar a 1,234 miembros de maras y pandillas y desarticular 291 bandas.
En los medios de comunicación gubernamentales se ha desplegado una narrativa orientada a divulgar que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le ha declarado declara la guerra a la extorsión y con el respaldo del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, brindaron sendas comparecencias de prensa señalando que la extorsión ha venido incrementado en el país por varias décadas.
La Policía Nacional propondrá los estados de excepción
«Declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional proceda a proponer los estados de excepción y restricción de garantías donde amerite», expresó Castro. pic.twitter.com/9d9MbbqVbk
— Contracorriente (@ContraC_HN) November 24, 2022
El abogado hondureño Juan Carlos Barrientos, experto en derecho constitucional, dijo a Contracorriente que le parece que la Policía no está facultada para determinar estados de excepción, a pesar que en su discurso, la presidenta Castro la faculta.
«Eso es irregular porque la Constitución de la República establece que quien declara la suspensión de garantías y derechos a nivel nacional es el presidente en Consejo de Ministros, a través de la emisión de un respectivo PCM, en donde se manda a publicar en La Gaceta o se puede hacer a través de un decreto que emite el Congreso Nacional, pero ella (Xiomara Castro) no puede darle esa facultad a la Policía, a mí me parece que debió tratarse de un mal entendido» explicó Barrientos.
El abogado Barrientos añadió que en un estado de excepción, lo cual él define como «algo fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, de lo corriente», implica suspensión de garantías constitucionales y en donde generalmente se suspenden las garantías de libertad personal, las del allanamiento, las de las capturas y las que tienen que ver con temas de tipo penal.
El abogado Barrientos es generador de opinión pública en Honduras en aspectos constitucionales, y considera que constitucionalmente El Salvador ha hecho bien las cosas: «A mí me parece que lo mejor que se pudo haber hecho se hizo en El Salvador, allá suspendieron unas garantías constitucionales por medio del Congreso y le entraron de lleno a capturar a todos los mareros, a judicializarlos, hicieron reformas a los códigos penales, reformas a todo tipo de leyes como de la niñez y adolescencia, para que se pudiera realizar de manera pronta, expedita y masiva la captura y enjuiciamiento de esa gente».
Al consultar al abogado Barrientos sobre los estados de excepción que hemos venido arrastrando en Honduras, durante casi dos años debido al Covid-19, en donde la información ha sido opaca, en el sentido de que oficialmente nunca se informó cuándo retornamos a la normalidad, el profesional del derecho estableció que existen similitudes importantes, pero señala que hay características diferenciadoras.
«Son similares (estado de excepción por Covid-19 y estado de excepción antiextorsión), con la diferencia de que aquí (estado de excepción antiextorsión) van implícitas también reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal y para que los jueces no dejen en libertad a los mareros», expuso el abogado.
«Las reformas son agravar penas, establecer condiciones en que el que comete delito no solo el muchacho que anda recogiendo la extorsión, sino que también los cabecillas, los que tienen abierta la cuenta bancaria donde se hacen los depósitos, incluso están pidiendo reformas para la comisión nacional de bancos, para que se puedan investigar transferencias electrónicas, etc, etc.», explicó.
Por otra parte, el analista hondureño reconoció que la Policía Nacional de Honduras ha estado siempre con problemas en el que algunos de sus elementos participan del crimen organizado. «Ese es un secreto a voces, eso nadie lo puede ignorar y no de ahorita, recuerde usted el Gobierno anterior».
El comisionado Sánchez, director de la Policía, explicó que su institución ejecutará el Plan de Mercados Seguros y Plan Escorpión, enfocados en la frontera de Honduras con El Salvador, y que el plan de control de seguridad territorial se extenderá en áreas de riesgo articulado con gobiernos locales, ejemplificó casos como los municipios de Villanueva y Lepaterique que ya se encuentran ejecutando toques de queda.
Honduras ha anunciado que se enfocará y se apoyará en los informes de inteligencia, investigación y enriquecimiento y que a través de los órganos de persecución penal realizará la investigación financiera de personas acusadas de extorsión, combatirá los delitos de lavado de activos mediante la privación de dominios y, además, echará mano de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) en donde será necesario la creación de las unidades financiera registral y financiera patrimonial, respectivamente.
Sánchez manifestó que se debe controlar la venta de chips telefónicos, controlar a los motociclistas mediante un sistema de registro vehicular en la que se colocará stickers con el número de placa en los cascos y chalecos.
Gustavo Sánchez expresó que es necesario reformar los artículos 373 y 374 del Código Penal, así como el artículo 237 del Código Procesal Penal y los artículos 26 y 29 del decreto 93-2021.
¿Qué tanto éxito en su imagen puede tener Xiomara si se compara con Bukele?
Sobre el posible éxito que tenga el Plan en Honduras y las similitudes de la violencia que enfrentan los Gobiernos de Guatemala y El Salvador, Tiziano Breda hace una distinción, no solo entre Honduras y El Salvador, sino también con lo que sucede en Guatemala.
«Guatemala tiene unas características bien específicas, la presencia de pandillas están un poco más concentradas en las grandes ciudades, es más parecido a Honduras en el sentido de que existen también otros grupos criminales de narcotráfico, bandas de roba carros, etc», expuso.
Breda ve difícil que Honduras pueda replicar cabalmente lo que ocurre en El Salvador, primero, porque Bukele hizo posible que estas medidas fuesen implementadas y extendidas ocho veces y que todo eso se «esté cumpliendo sin mayor resistencia de ningún órgano del Estado: es constitucional y los fiscales están de acuerdo en juzgar gente con evidencia débil. Eso solo es posible con el control que tiene Nayib Bukele en las diferentes instituciones del Estado y eso en Honduras, hasta el momento, la presidenta Xiomara Castro no tiene ese nivel de control sobre el Judicial y el Legislativo».
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, apuntó que las ciudades en las que se iniciarán las medidas de excepción son Tegucigalpa y San Pedro Sula, y que luego se ejecutará un plan de extensión en otras ciudades conflictivas del país. VideoCC/ @jscaphoto pic.twitter.com/ec6ibCZaUM
— Contracorriente (@ContraC_HN) November 24, 2022
El analista también detecta que en El Salvador «se está operando sobre una base de datos de perfilamiento de los pandilleros, en donde la mayoría, o una buena parte de los pandilleros ya están perfilados en las bases de datos o los policías ya saben dónde se encuentran, quiénes son, etc., no estoy al tanto de que exista un ejercicio tan detallado en Honduras, aunque sí se conocen los perfiles de cabecillas pero no sé si se tiene una base de datos tan amplia, como la que tiene El Salvador».
Breda abordó también el tema de las capacidades e infraestructura con la que cuenta Honduras: «hay que partir de la capacidad de operar en todo el territorio nacional, llevar a cabo redadas masivas, en El Salvador hay, si no estoy mal, de entre 40 mil a 45 mil policías y militares involucrados en tareas de seguridad pública. Y estamos hablando que en Honduras hay cerca de 38 mil policías y militares en un país que es mucho más grande que El Salvador, y donde hay mayor preponderancia hacia la Policía, que tiene unos 18 mil agentes, por lo tanto, veo difícil que en Honduras se pueda aplicar en escala nacional, y ya de hecho la presidenta Castro dijo que sería más bien un ejercicio localizado».
Honduras y su sistema carcelario colapsado, ¿cómo afrontaría redadas masivas?
El analista italiano Tiziano Breda dijo que esto claramente conlleva a una preocupación de que estas suspensiones de garantías constitucionales puedan crear el ambiente para una serie de abusos y de que las personas que puedan ser detenidas queden en estado de desprotección.
«Si se basan en un encarcelamiento masivo como se ha estado haciendo en El Salvador, como lo ha estado haciendo Bukele en El Salvador, con más de 58 mil capturas hasta el momento, también hay que tomar en cuenta las consecuencias en las cárceles, porque ya Honduras tienen más de 20 mil presos en un sistema, que si no estoy mal, tiene capacidad solamente para 8 mil, y ya tiene una etapa de desbordamiento, hacinamiento, ¿imagínate con una campaña de detenciones masivas qué podría ocurrir?», expresó el analista Breda.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en agosto de 2019, indicó que la ocupación de los centros penitenciarios –con capacidad para alojar 10,814 personas– superaba casi el doble de su capacidad real de alojamiento, con una tasa del 88 % de sobrepoblación.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó en julio de 2018 que había un total de 20,356 personas privadas de libertad en Honduras. Estas personas se encontraban privadas en 29 centros de detención, entre los que se cuentan tres que funcionan al interior de tres batallones militares.
Otro estudio, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), publicado el 2021, establece que, de acuerdo con datos del INP, el Sistema Penitenciario alberga 20,687 personas adultas privadas de libertad, aunque solo tiene capacidad para recibir a 14,780 personas, lo que representa una sobrepoblación de casi el 40%.
Honduras ha sido un país con índices de impunidad y falta de investigación evidentes: «Alrededor del 51 % de la población penitenciaria no cuenta con sentencia. El uso excesivo de la prisión preventiva, a pesar de su carácter excepcional según la ley, continúa siendo un gran desafío para el descongestionamiento del sistema penitenciario», indica la Oacnudh.
El pasado 25 de febrero, la presidenta Xiomara Castro informó de un proceso de traspaso de mando del Sistema Penitenciario a la Policía Nacional que busca concluir en la formación de una Policía Penitenciaria independiente de las FF. AA. y de la Policía Nacional, apoyándose en una Policía Comunitaria.
Otto Argueta coincide con Tiziano Breda en afirmar que la Policía de Honduras arrastra un déficit sumamente grande. «Fue la razón por la que estuvieron intentando incorporar a policías depurados en sus filas, siempre en las policías hay una relación de salida y entrada que se va compensando, pero esa relación en Honduras ha sido muy negativa; se va mucha gente y poca gente entra».
El historiador considera que la Policía hondureña tiene poco nivel de profesionalidad, «Ahora mismo se ha hecho mucha propaganda para presentar a la fuerza policial como una fuerza muy violenta con la idea de que no va a ser vencido por la delincuencia, eso contradice a la recientemente creada Policía Comunitaria».
«Un estado de emergencia es todo lo contrario de lo que un modelo de policía comunitario necesita, va a dañar el tejido social, va a imponer el miedo, va a generar desconfianza y por otro lado, estas cosas suelen ser de corto plazo, se va a un lugar, se satura, se hacen operativos, se captura y luego se mueven a otro lugar, si lo que se quiere es el modelo de El Salvador tendrán que hacer lo que hizo Bukele, es decir, alargar un período de excepción por varios meses y violar muchos derechos humanos, como se está haciendo en El Salvador», concluyó Argueta.
La Policía Militar del Orden Público realizó operativos este jueves en sectores considerados como violentos en Tegucigalpa, entre estos la colonia Villa Nueva. A pesar de que en conferencia de prensa se afirmó que los militares y la Policía Militar del Orden Público cuidarán las fronteras, los uniformados continúan realizando operativos de seguridad pública en los sectores más violentos de la capital y también en San Pedro Sula.
El coronel de Infantería, Eduard Suazo, comandante del quinto batallón de la PMOP, aseguró a Contracorriente que «como ya dijo la señora presidenta, la PMOP está participando en diferentes operaciones, tanto en patrullajes como retenes en los sectores violentos de la capital, y también lo estamos haciendo en otros sectores del país».
Hasta ahora, el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos no ha sido publicado en el Portal de Acceso a la Información Pública (IAIP), este tendrá un presupuesto —dentro de la Secretaría de Seguridad— de unos mil millones de lempiras, según lo divulgado.
