La ONU envió un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU) que ahora es analizado por el gobierno de Xiomara Castro. Tres expertos en anticorrupción compartieron sus experiencias en un twitter space organizado por Contracorriente para responder qué se necesita para lograr una Cicih exitosa en Honduras.
Texto: Persy Cabrera
Fotografía: Jorge Cabrera
La experiencia de otro país, en este caso, Guatemala, que ya tuvo una Comisión Internacional Contra la Impunidad de la mano de la ONU, puede ser el mejor punto de partida para conocer los obstáculos y necesidades que permita preparar el camino para la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). Incluso, esa experiencia puede brindar algunas pistas para evitar que los resultados anhelados por la población hondureña retrocedan cuando esa comisión sea disuelta.
Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala –recientemente exiliado de su país tras ser destituido de su cargo– fue pieza clave en la lucha contra la corrupción junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), labor que imputó a más de 250 personas por corrupción en este país centroamericano. En ese camino, la experiencia de Guatemala puede enseñar a Honduras qué se necesita para que la Cicih funcione aquí, si es que llega a ser implementada.
Sandoval recalcó la importancia de que una de las necesidades para que la Cicih sea exitosa y evite un «paso atrás» en materia de corrupción, es la voluntad política. «¿Por qué no se logró desarticular a su plenitud todas aquellas situaciones que provocan impunidad y que ahora tienen en una atmósfera regresiva el sistema de justicia en Guatemala? La inexistencia de voluntad política» enfatizó Sandoval y agregó que ninguna misión internacional por sí sola puede cambiar la problemática hondureña si no se acompaña de la voluntad política de los poderes del Estado.
Honduras tiene también la experiencia de la instalación de un mecanismo anticorrupción de la mano de un organismo internacional, en este caso de la Organización de Estados Americanos (OEA). La experiencia fue positiva en tanto que se lograron evidenciar redes de corrupción como «La red de diputados». Sin embargo, los procesos fueron obstaculizados, algunos actores importantes lograron blindarse y la misión no tenía independencia jurídica y política.
— Contracorriente (@ContraC_HN) August 6, 2022
Además, hay diferencias sustanciales entre los niveles de independencia de ambos mecanismos. En Guatemala, la Cicig contó con la facultad de ser querellante adhesivo en los procesos que inició junto con la FECI del Ministerio Público, mientras que en Honduras, el organismo de la OEA solo podía acompañar técnicamente a fiscales del Ministerio Público sin poder accionar legalmente en los procesos.
El Congreso Nacional fue el que recomendó al Poder Ejecutivo no renovar el convenio que hacía posible el funcionamiento de la Maccih. Una de las justificaciones para de esa recomendación fue acusar a la Maccih de realizar «múltiples violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales».
La abogada peruana, Ana María Calderón –exjefa de la Maccih– recordó que en el primer caso investigado por la misión, conocido como «Red de Diputados», la oposición fue casi inmediata. Los diputados crearon leyes para conseguir el archivo de las investigaciones. «Este primer caso no solo mostró la existencia de redes de corrupción al más alto nivel, que no solo drenaba fondos del Estado, sino que también las élites se podían unir para generar leyes de impunidad», explicó Calderón.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, señaló tendencias regresivas después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih/OEA) no fue renovada aunque logró la judicialización de 14 casos en los que se procesó a 113 personas. «Desde que se fue la Maccih, aunque parezca paradójico, así como está nuestra legislación en Honduras, estábamos mejor antes de que llegara Maccih». Santos señaló también que fue después de la participación de esta misión en la lucha anticorrupción que las personas involucradas en estos actos comenzaron a reformar leyes como respuesta.
Respecto al borrador del memorándum que la ONU hizo llegar al Gobierno de la República, Santos mostró preocupación de que al final de este queda abierta la selección de personal que trabajará con la comisión internacional. «Yo entiendo ahí claro que como puede ser la Uferco, puede ser otro personal que se seleccione. Eso quizás también puede estar siendo objeto de negociación ¿por qué se dejó abierto al final de ese memorándum?» declaró Santos, quien también fungió como jefe en la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Santos se refirió a la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene la instalación de la Cicih y el decreto de Amnistía aprobado en el congreso nacional para eliminar procesos penales en contra de presos políticos, defensores del medio ambiente y ex funcionarios del ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009). «El perjuicio que se podría haber causado con esa amnistía ya se causó, aunque se derogue las personas que ya fueron beneficiadas no pueden volver sus procesos atrás porque no tiene carácter retroactivo». Agregó también que por esta razón algunos juristas del país dieron como solución un recurso de inconstitucionalidad que «volvería las causas al momento en el que fue aprobado».
Además expresó dudas sobre la instalación de la Cicih en Honduras por el proceso de fases que se lleva a cabo. «Yo no estoy seguro que se vaya a establecer una segunda fase porque va a depender de todo lo que se encuentre en estos primeros seis meses que se haga ese diagnóstico». Según el fiscal, el ambiente puede ser desfavorable para la instalación de esta comisión internacional por la tendencia regresiva en políticas anticorrupción tras la no renovación de la Maccih.
El exfiscal Francisco Sandoval expuso que la voluntad política que propiciaría un camino productivo a la Cicih puede iniciar con la derogación de leyes que crean impunidad. Para ejemplificar, el fiscal guatemalteco destacó el decreto 57-2020 que interpreta tres artículos del Código Procesal Penal los cuales -dijo- están relacionados con las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados a la investigación de un delito. De acuerdo a expertos –incluido Sandoval– este decreto limita y obstaculiza la confiscación de documentos en las investigaciones anticorrupción.
«Imagínese que para ejecutar un secuestro de información, primero tienen que ir a pedir de favor a una institución del Estado o a quien está siendo objeto de investigación que les entreguen la información por las buenas…», agregó Sandoval.
Sandoval también consideró que el estatus especial dado por el Congreso Nacional a la Uferco tiene un «efecto declarativo y una intención política» porque está sujeto al desempeño del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, y añadió que «si la intención es fortalecer esa fiscalía, debería permitirle trabajar de forma independiente sin la necesidad de un documento casuístico y dotar de todos los recursos materiales y humanos indispensables para hacer efectivo el trabajo».
El fiscal Luis Javier Santos, sobre el presunto estatus especial que el Congreso Nacional anunció haberle otorgado a la Uferco, expuso que «se está mandando un mensaje a la población y se hace creer que la Uferco ya tiene “súper poderes” y no es así».
Las recomendaciones de Francisco Sandoval a las autoridades hondureñas se pueden resumir en voluntad política, derogación de leyes que crean impunidad y un fortalecimiento real a la Uferco. También señaló que se debe analizar el «detrás de» lo superficial en la política hondureña porque son estos poderes que están detrás los que propiciaron el resurgimiento de redes de corrupción y en consecuencia, el exilio de más de 20 operadores de justicia guatemaltecos, incluido Sandoval.
Poderes «ocultos»
De su participación junto a la Cicig en la lucha anticorrupción, Sandoval recordó que, en el año 2015, el apoyo en esta batalla era mayoritario porque se apuntaba a los políticos de turno. Lo que recomienda a Honduras el ex fiscal es identificar a «quiénes están detrás de esas caras visibles y se debe tener también la mirada puesta en que existen poderes ocultos que son quienes sostienen un régimen».
Al final de su participación en este Space de Twitter organizado por Contracorriente, Sandoval invitó a Honduras a que conozca parte de la historia de un país al que todavía no puede regresar, Guatemala. Explicó que si la Cicih llega a Honduras se debe aprovechar el presente y crear mecanismos de blindaje para que el sistema de justicia para que «pueda soportar todos los embates que seguramente va a sufrir de parte de estos poderes que están detrás de».
«Creo que lo que en algún momento se dieron cuenta en Guatemala estos poderes –hablo del sector privado usuario del sistema corrupto– es que descuidaron el sistema judicial y para ellos eso significa que es que empezara a funcionar la justicia. En Honduras lo que debe hacerse es aprovechar esa experiencia y verificar en qué hubo fallos en el funcionamiento de la comisión [Cicig] allá en Guatemala. La cúspide de su trabajo también fue el declive pero ¿a qué respondía? A que se tocaron esos intereses», aconsejó Sandoval.
Además, el ex fiscal del Ministerio Público de Guatemala advirtió sobre los discursos que apelan a un «falso nacionalismo» y destacó la importancia de la sociedad civil en el trabajo anti corrupción porque además de tener un rol de activismo, a su juicio, también protagoniza un papel pedagógico en la materia de cultura de la legalidad. «Va a ser escuchado el famoso discurso de “podemos solos, se está invadiendo la soberanía del país” y en realidad lo que se protege es la soberana impunidad. La soberanía radica en el pueblo», concluyó.
