Según cifras oficiales, 149 mujeres fueron asesinadas en Honduras en los últimos 200 días. Aproximadamente, una cada 24 horas; 0.745, para ser precisos. Para los expertos, este dato y el incremento en las denuncias por violencia sexual demuestran la necesidad del Estado hondureño de implementar un protocolo con enfoque de género por parte de todo el aparato de justicia.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Una de las 149 mujeres asesinadas en Honduras en lo que va de 2022 se llamaba Nerly Mendoza. «La muchacha estaba a punto de graduarse de la carrera de comercio internacional por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sueño que fue apagado por un “enamorado de ojos” que la atacó», contaba una noticia publicada en un medio de circulación nacional.
Aquel día, el 24 de mayo de 2022, las «miradas» se transformaron en puñaladas. Más de diez, según el informe policial.
Nerly las recibió luchando contra Carlos Torres Velásquez, quien había ingresado a su casa para violarla mientras ella cuidaba de sus sobrinos de 10 y 9 años, quienes presenciaron la escena y después fungieron como principales testigos para la justicia hondureña, que los hizo declarar y recrear los hechos más de siete veces. «Si ellos no declaran, él sale libre el mismo día, porque no hay testigos», fue el argumento.
Por eso, dice Anahí, hermana de Nerly y madre de los niños, es que tuvieron que huir todos de la Canaán, el barrio donde habían vivido más de diez años. Ya pasaron dos meses desde que junto con sus hijos y su esposo se mudaron a «una casa ajena» mientras ella, Anahí, sigue exigiendo justicia para Nerly, quien tenía 23 años cuando fue asesinada.
Su edad, el hecho de que fuera alumna de la Universidad Autónoma y que sus compañeras y maestras manifestaron su dolor e indignación ante el hecho, logró que el caso de Nerly tuviera cierta relevancia en los medios, aunque en ocasiones naturalizaron al agresor llamándolo «cegado por las drogas» o un «enamorado de ojos». En la UNAH, en los pasillos que Nerly recorría, las universitarias realizaron un plantón pidiendo respuestas a las autoridades sobre el femicidio.
Hace casi diez años, la colonia Canaán, donde Nerly y Anahí vivían, fue noticia internacional cuando el medio Cosecha Roja señaló que, según datos estadísticos de la Fiscalía Especial de la Mujer, la colonia Canaán reportaba la mayoría de denuncias por violaciones sexuales en el Distrito Central. «Honduras: nadie quiere vivir en La Canaán», era el titular. Las cosas no cambiaron mucho desde entonces.
«Me siento insegura de regresar a mi casa –dice Anahí–, mi vida está en peligro a partir de la muerte de mi hermana. Mi vida y la de mis hijos está comprada». También agrega que fueron los mismos operadores de justicia quienes le aconsejaron irse de la Canaán como pudiera. Después le indicaron que tiene que esperar cerca de un año y medio para que dé inicio el juicio público contra el agresor de su hermana. Esos son, más o menos, 545 días. Si las estadísticas se mantienen y se cumplen, son cuatrocientas mujeres más asesinadas y cuatrocientos casos, a su vez, que esperarán más o menos 545 días para comenzar. Cuatrocientas Anahís huyendo de sus barrios, siguiendo la única «sugerencia» de quienes se encargan de la justicia. Esto, claro, si las estadísticas se mantienen.
Según el informe especial de Situación del desplazamiento forzado interno en Honduras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2016 y 2021, la mayor cantidad de casos por desplazamiento forzado corresponden al departamento de Francisco Morazán con un 36.5 %. Y es el Distrito Central (Tegucigalpa) el que registra más casos por desplazamiento forzado en esos 6 años, con 1,785 desplazamientos forzados registrados. Si dividimos los 2,190 días que hay en seis años entre los 1,785 desplazamientos, nos da unos 0.815 desplazamientos por día. Al igual que las muertes, aproximadamente uno diario. Lo malo de las estadísticas es que, casi siempre, se mantienen.
Aunque el informe indica que, a nivel nacional, algunas de las personas que interpusieron quejas ante el Conadeh manifestaron haber experimentado distintos hechos de riesgo y violencia perpetrados por diferentes actores, dentro de los cuales «las maras y pandillas continúan siendo uno de los principales agresores mayormente identificados en el 23.9 % de los casos», indica el estudio, a su vez, el estudio señala que en el caso de las mujeres los reportes están relacionados con algún tipo de abuso sexual.
El agresor de Nerly, Carlos Torres Velásquez, fue detenido por otros vecinos que lo agarraron después de que se cambiara de ropas e intentara huir. Anahí dice que ahora le han dicho que los abogados de este hombre buscan considerarlo como no imputable por tener un trastorno mental.
«Lo único que necesito es que ese hombre pague por el crimen de mi hermana, esa es la paz que me va a dar a mí, a mi mamá y a mi hermana. Ella no se merecía esa muerte, era una niña inteligente y amorosa hasta el último día. Imagínese, cargando a mi hija Valentina estaba…», la voz de Anahí pareciera un hilo raído cada vez que habla de ese día en el que Nerly cuidaba de su hija más pequeña cuando su otrora vecino irrumpió en la casa y mató a su hermana al frente de sus dos hijos.
El Centro de Derechos de la Mujer (CDM) dice que de las 149 muertes violentas de mujeres registradas en lo que va del año, Francisco Morazán es el segundo departamento que registra más muertes violentas de mujeres, con 27 víctimas.
Según el Ministerio Público, el número de denuncias recibidas por muertes violentas a mujeres en los últimos 10 años en Francisco Morazán es de aproximadamente 1,640. Dentro de este grupo, 334 mujeres entre los 19 y 37 años fueron asesinadas del 2012 a la fecha. Los números de este año indican un crecimiento alarmante.
Según datos del Ministerio Público, en los últimos 10 años se han registrado 1,640 femicidios y 7,654 denuncias por delitos sexuales (rapto, violación, y trata de personas) en el departamento de Francisco Morazán.
Algo que va de la mano de estos crímenes son las denuncias de violencia sexual contra las mujeres en este mismo departamento. Desde 2012 a junio de 2022, el Ministerio Público ha recibido 7,654 denuncias por delitos sexuales, las cuales van desde rapto, violación y trata de personas. En este grupo, 4,493 niñas entre las edades de 1 a 19 han sido victimas de violencia sexual, seguido de mujeres entre los 20 a 37 años, grupo en el cual se registra una cifra de 913 denuncias, sin embargo, estos son solo los casos registrados por medio de una denuncia.
«Siento que actualmente Honduras está regresando a una ola de violencia hacia las mujeres que se parece mucho a la del 2019. Estamos en un estado de normalización de la violencia y creo que es lamentable como los organismos institucionales están abordando la problemática de las mujeres en Honduras en general», dice Iliana Aguilar, una joven activista del colectivo feminista Yo No Quiero ser Violada (YNQSV), quien recuerda que la cifra de muertes violentas de mujeres para ese año fue de 278. Si los números de este año se mantienen, el número podría incluso ser superior a ese.
Iliana explica que YNQSV se pronuncia constantemente sobre a los casos de mujeres que son victimas de abuso sexual y que, posteriormente, son asesinadas. Aguilar asegura que la colectiva surge después de un caso en concreto en el que una mujer fue asesinada luego de poner resistencia a un intento de violación por parte de unas personas que estaban asaltando un bus.
#ActualidadCC | Ante las denuncias públicas sobre intentos de secuestro, acoso sexual y otros hechos delictivos, las organizaciones Yo No Quiero Ser Violada y Patitas UNAH realizan un plantón exigiendo seguridad dentro del campus universitario.
— Contracorriente (@ContraC_HN) June 17, 2022
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«O nos violan, o nos asesinan», asegura Iliana y expresa que las mujeres hondureñas no se sienten seguras ni en sus hogares, ni en la universidad y tampoco en la calle. «Estamos viviendo una inseguridad social en el país, no nos sentimos seguras ni en nuestra propia casa. A Nerly la asesinaron en su casa, la asesinó su vecino y recibió aproximadamente 14 heridas de arma blanca por oponerse a ser violada», dice.
No existe una ruta definida en la investigación de femicidios
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, es quien más ha puesto en la palestra pública el reto de las instituciones de investigar mejor los asesinatos por violencia de género. Sobre la implementación de un protocolo con enfoque de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, Villanueva dijo a Contracorriente que los lugares en los que más ocurren asesinatos a mujeres son las mismas ciudades en las que hay más densidad poblacional, por lo tanto, San Pedro Sula, Distrito Central, Olancho, el litoral norte, Colón, La Paz, La Esperanza y Choluteca, son los lugares en los que la Policía intervendrá y creará unidades de reacción inmediata con la finalidad de poner un alto a las muertes violentas de mujeres.
Julissa Villanueva indicó que «para encontrar seguridad nosotros le vamos a apostar por un lado a las estrategias operacionales, a la inteligencia, a la investigación del delito para que no exista impunidad, y, por otro lado, a la prevención, en donde participarán todos los actores y la Policía se acercará a la comunidad».
Sin embargo, el Boletín de violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida de la Policía Nacional constata la urgencia de implementar un protocolo de investigación con enfoque de género. En 2021, las denuncias por delitos sexuales se incrementaron 51.6 % (1,269 denuncias de víctimas más) respecto a 2020 a nivel nacional.
«Las mujeres se ven afectadas por una espiral de delitos que atentan contra su integridad y sus vidas. En 2021, 86 de cada 100 víctimas de delitos sexuales denunciados fueron mujeres, además, la proporción de mujeres víctimas de homicidios en el espacio privado es más del doble que la proporción de víctimas hombres», detalla el boletín.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció que enviaría un anteproyecto de ley al Congreso Nacional para frenar los feminicidios y demás violencias de las cuales son víctimas las mujeres hondureñas. Hasta el momento, la ley continúa en periodo de socialización con la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ONU Mujeres y el Poder Judicial.
Aguilar asegura que esta ley será una herramienta simbólica importante para que las personas sepan que existe una norma en la cual las mujeres deben ampararse, pero también cree que es necesario diseñar políticas de prevención de violencia sexual, políticas de prevención de acoso y enseñar a la población las distintas violencias y micromachismos de los que son víctimas las mujeres a diario.
Iliana Aguilar de Yo No Quiero ser Violada, asegura que aparte de aprobar la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres es necesario implementar políticas de prevención de violencia sexual e impartir clases de educación sexual en las escuelas a nivel nacional.
«Quiero decirles a todas las compañeras mujeres que es momento de unirnos y de crear herramientas y estrategias de autodefensa en nuestros territorios, reconocer en dónde son los sitios de violencia y así poder actuar en forma benéfica de nuestra seguridad. Además, tenemos a Xiomara de presidenta, lo que representa una reivindicación política y un deber político de nosotras de exigir justicia, que se apruebe la Ley de la Violencia Hacia las Mujeres y también un protocolo para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país», agrega Iliana.
Según el informe sobre Ingresos y Resoluciones sobre delitos contra la libertad sexual del Poder Judicial en el año 2021, de 54 casos de personas víctimas del delito de violación (43 de estas mujeres) únicamente 25 terminaron en sentencia condenatoria en el departamento de Francisco Morazán. En el caso del departamento de Lempira, apenas 3 personas fueron sentenciadas por el delito de violación de 6 casos judicializados. Además, la Unidad de Estadísticas del Poder Judicial contabiliza un caso por el delito de femicidio en todo el 2021, caso en el cual se dio una sentencia condenatoria al agresor.
Anahí está enterada de las promesas del nuevo Gobierno en cuanto a la reducción de femicidios, pero la falta de respuestas conforme al caso de su hermana hace que no tenga esperanza en estos procesos.
El caso de Nerly es, de muchas formas, paradigmático. Desde el hecho de que su asesinato sucediera en su propia casa, demostrando la corrosividad de la violencia contra las mujeres, hasta el trato que el aparato de justicia le dio a sus sobrinos como testigos sin la protección y un procedimiento adecuados, pasando por los medios que edulcoraron a su agresor, y finalizando con Anahí, su hermana, en la búsqueda desesperada y solitaria de justicia: «Ya están las pruebas suficientes de que él la mató, el arma homicida quedó ahí –dice, a través de una llamada telefónica para evitar delatar su ubicación, «la casa ajena»–. Mis hijos lo vieron, y las pertenencias de mi hermana estaban llenas de sangre», sigue diciendo, como preguntándose qué más hace falta. Por ahora, le han dicho, esperar 545 días con un promedio de cerca de una mujer asesinada cada 24 horas.
