Con excepción de las diputadas Beatriz Valle y Ligia Ramos, el resto de diputados de los principales partidos de Honduras coincidieron en que la Corte Suprema siga en manos de los partidos políticos. Tanto Libertad y Refundación (Libre), como el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH), estuvieron de acuerdo en permitir que «un miembro activo de un partido político» pueda autopostularse para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, modificaron un inciso de la ley para que los aspirantes a magistrados puedan autoproponerse aunque hayan sido condenados por un delito, siempre y cuando la sentencia no sea firme.
Texto: Celeste Maradiaga y Leonardo Aguilar
Fotografías: Fernando Destephen
El Congreso Nacional aprobó 15 de los 28 artículos de la «Ley especial de organización y funcionamiento de la junta nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» con el acuerdo unánime de las bancadas de los partidos Libre, Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Salvador de Honduras (PSH)l. La propuesta de esta ley fue enviada desde el Ejecutivo por la presidenta Xiomara Castro.
Los puntos polémicos tuvieron que ver con la propuesta de Luis Redondo de retirar el inciso B del artículo 15 del dictamen, que establecía los requisitos e inhabilidades para autopostularse para candidato a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El artículo eliminado decía literalmente lo siguiente: «No ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su autopostulación».
Aunque la eliminación y modificación de dos incisos en un artículo de la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Congreso Nacional, la propuesta de Luis Redondo ya fue aceptada por la comisión legislativa que introdujo el dictamen, por lo que técnicamente es un asunto consumado, según expertos consultados por Contracorriente.
Redondo también propuso modificar el inciso C de ese mismo artículo, el cual indicaba que cualquier aspirante que se autopropusiera debía garantizar «no haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias». Ahora, el inciso pide que exista una «sentencia en firme», lo que permite que los abogados que hayan sido condenados o estén aún inmersos en procesos judiciales puedan postularse mientras todavía tengan la posibilidad de interponer algún recurso contra sus condenas.
La congresista Beatriz Valle, expulsada del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue la piedra en el zapato para su anterior bancada y un dolor de cabeza para la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, a quien ella no reconoce como legítimo presidente. Además, la congresista presentó una moción para crear un nuevo inciso en este artículo 15 que estableciera lo siguiente: «f) no haber formado parte del Gobierno Central, instituciones centralizadas o desconcentradas en los últimos 5 años».
«Insisto en que debemos mantener la separación de poderes, no hay ningún respeto a la separación de poderes en Honduras. Y yo pienso que las personas que son razonables y quieren una corte suprema de justicia limpia y honrada me van a acompañar en este proyecto en caso de que la comisión no acepte la sugerencia», manifestó en su argumento Valle.
La bancada del Partido Nacional, que no se opuso a la eliminación del inciso B ni a la modificación del artículo C del artículo 15, mostró una vez más no ser una verdadera oposición real, sino una retórica, lanzando pañales y aceptando que la próxima Corte será «a la medida del partido de Gobierno».
El Partido Nacional solicitó incluir en el dictamen que no se puedan autopostular a la Corte Suprema aspirantes a candidatos mencionados en la «lista Engel» elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esa lista, conocida preliminarmente, figuran dos miembros de la Junta Directiva actual del Congreso Nacional. Sin embargo, el propio Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, reconoció que ellos fueron víctimas del escarnio ciudadano y del Congreso Nacional, cuando diputados o exdiputados nacionalistas figuraron en versiones anteriores de esas listas por su participación en actos de corrupción u otros delitos.
En cuanto a los nombres de políticos que puedan ocupar los más altos cargos en la Corte Suprema, hay algunos consensos incluso en partidos de oposición. «Lo más sonado es que la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, forme parte de la CSJ. Y estoy segura que Rixi Moncada [exfuncionaria del Poder Ciudadano durante la presidencia de Manuel Zelaya 2006-2009 y representante de Libre ante Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones] no dejará la cartera de Finanzas para ser una magistrada más, sino que estará aspirando a ser la próxima presidenta de la Corte Suprema. Hoy con lo que estamos haciendo tendremos una Corte débil y dependiente del Poder Ejecutivo. Independencia de poderes aquí no habrá», dijo a Contracorriente la diputada nacionalista Johana Bermúdez.
Sobre la posibilidad de que se postulen abogados condenados por delitos o en procesos judiciales, la congresista Beatriz Valle se pronunció en contra de modificar el inciso C, y argumentó que con esto habría «un gran conflicto de interés». Además, agregó que existen muy buenos abogados que no han sido acusados de delitos como lo contempla el inciso c) que fue modificado a propuesta de Luis Redondo, aceptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la espera de ser ratificado por el pleno del Congreso Nacional.
El director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), Luis Daniel León, se mostró crítico porque a su juicio no se logró sacar a los partidos políticos de la elección de la CSJ.
León le explicó a Contracorriente que los primeros 14 artículos que se aprobaron realmente le apuntan a la transparencia del proceso, conformación de la junta nominadora y conformación de los mecanismos de gestión de la junta.
«Pero cuando llega al artículo 15, lo que me deja un mal sabor de boca es que ni siquiera se dio una oportunidad a la discusión, se leyó e inmediatamente el presidente del Congreso dijo que quería proponer eliminar el inciso B del artículo 15 y reformar el C. La comisión del Congreso hace una sesión y termina aceptando las ideas del presidente del Congreso y se da básicamente por eliminado el inciso B y reformado el C. De ahí todas las propuestas que los diputados estuvieron haciendo después ya no aplicaban, porque ya se había aceptado la discusión del presidente por parte de la Comisión», explica León, quien es experto en temas de democracia.
«Y lo que más preocupa es que, pese a que no hubo la oportunidad de discutir alrededor de la eliminación de ese inciso B del artículo 15, la intención de la sociedad ha sido que esa elección sea nada política, que los partidos políticos no perfilen a sus cuadros, que no incluyan a sus personas y al final al eliminar el inciso B, queda abierto para que los partidos políticos pongan a quien quieran», explicó.
«Creo que este proceso, pese a algunas pequeñas mejoras, va a ser más de lo mismo: partidos políticos peleándose cargos, candidatos y personas. Una negociación política que buscará beneficiar a cada partido político y claro está, Libertad y Refundación buscará la mayor cantidad de magistrados y que, aunque hubo un gran intento, lastimosamente no se dio el cambio profundo que era despolitizar esa elección», agregó León.
León dijo que no se hizo la votación por la eliminación del inciso B y la modificación del C del artículo 15 porque suspendieron la sesión, «pero la Comisión ya aceptó eliminar el inciso B [del dictamen], e incluir en el inciso C el tema de la sentencia en firme, dejando la posibilidad de que cualquiera que esté pasando por un proceso judicial, puede postularse; pero independientemente de eso, en ese punto, el presidente [Luis Redondo] ya había propuesto que si no lo aceptaba la Comisión se iba a hacer una moción para la votación en el Congreso, así que había una intención clara que los partidos políticos sigan poniendo sus candidatos».
«Y eso es así, no podemos tapar el sol con un dedo, aún con las buenas voluntades que hayan querido mostrar. El proceso sigue politizado, sigue siendo de los partidos políticos y serán los partidos políticos los que terminarán ganando», explicó.
Por su parte, el diputado por el partido Libre, Jari Dixon, defendió el hecho de politizar la Corte Suprema y afirmó que «cada vez que nosotros le ponemos obstáculos a los políticos, nosotros mismos como políticos aceptamos que somos personas no confiables, que ni hay personas honorables dentro de la clase política».
El congresista expresó estar de acuerdo en eliminar este inciso ya que es una «contradicción» a la hora de querer presentar una imagen de honorabilidad y transparencia a miembros de los partidos políticos.
Además, el diputado Ramón Barrios argumentó que esta sugerencia cayó muy bien en el hemiciclo legislativo debido a que existieron distintos posicionamientos conforme a esto. Dentro de ellos está el de las organizaciones que exigen a candidatos que no sean activistas políticos. El congresista argumentó que esto choca con los derechos constitucionales, es decir, «todos tenemos ideologías y nuestras afinidades, yo creo que eso no debería de ser una prohibición en esta ley para participar como miembro de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo no creo en los purismos constitucionalistas, a mi me parece que dentro de todas las orientaciones políticas hay buenos abogados y abogadas y no debemos de cortarles el derecho».
Barrios agregó que esta sugerencia fue aceptada al interno de la comisión y que por una cuestión ética no puede detallar quienes estuvieron en contra, pero que se votó y ganó la mayoría de los parlamentarios a favor de que se eliminarán estos dos incisos. «Nos guste o no, esas son las reglas aquí en el Congreso Nacional», expresó.
Sobre la eventual postulación de Rixi Moncada
Contracorriente consultó a la congresista de Libre, Silvia Ayala, durante el desarrollo de la sesión, si es real la posibilidad de que Rixi Moncada pueda optar a ser magistrada de la CSJ y sobre si habrá una Corte que será a la medida del partido de Gobierno como lo ha denunciado el Partido Nacional que indicó que Moncada además suena para ser la presidenta de la Corte. La diputada Ayala evadió la primera pregunta y contestó que «lo que sí vamos a tener es una Corte a la medida del pueblo y garantizaremos que nunca más se le ceda la silla del presidente de la Corte Suprema a un reo en pleno proceso de extradición. Eso es lo que no vamos a tener».
Luis Daniel León cree que este sábado no hubo ninguna oposición directa a que Rixi Moncada sea la presidenta de la Corte Suprema, porque eso implicaba reconocer que los partidos políticos no debieran postularse como candidatos a magistrados de la Corte. Y eso, asegura el experto, no se vio en ningún partido político.
«Veámoslo desde dos enfoques: Rixi Moncada tiene todos los derechos, ciudadanos, constitucionales, tiene la capacidad, tiene el perfil, tiene todos los requisitos y si los cumple pues puede postular. Ahí yo no veo mayor problema si la ley no lo impide. Pero el otro enfoque, es que se está habilitando que se pueda incluir a personas de los partidos políticos y el Partido Nacional, pese a que ha expresado su inconformidad de que ella pueda postular, ellos lo que pidieron es que se incluyan otros incisos como a la gente que está en la Lista Engel y que se inhabilite a la gente que es funcionaria actual”, explicó.
«Pero yo no vi a un Partido Nacional diciendo que [permitir a miembros de partidos políticos postular] no podía ser; en cambio vi a un Partido Liberal diciendo que apoyaban la moción. Vi a Libertad y Refundación desde la comisión de dictamen respaldando lo que el presidente había dicho, la explicación y la defensa no la hizo el presidente, la hizo la comisión. Lo que sugiere es que eso ya estaba platicado, entonces no deberían quejarse si Libre pone a Rixi Moncada, que insisto, para mí es una persona altamente capaz», argumentó León.
Previo a proponer agregar el artículo f) cuando se le cedió la palabra, Beatriz Valle anunció en su cuenta de Twitter que era pertinente agregar al dictamen una inhabilidad para que los actuales funcionarios del Gobierno no puedan postularse para las altas magistraturas, lo que evidentemente dejaría fuera del camino a actores como Rixi Moncada.
En Honduras es usual que el partido de turno o el que tenga más diputados en el Congreso Nacional, sea el que controle la Corte. Por ejemplo, los altos magistrados actuales han sido controlados por el Partido Nacional, al extremo que el día de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a EE. UU. por narcotráfico, el exmandatario se sentó en la silla del actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta, a grabar un video para despedirse de sus seguidores y quejarse por el trato recibido.
Y es que para la escogencia de los magistrados actuales -que dejarán sus cargos en enero de 2023-, los diputados de entonces sostuvieron una polémica votación después de que el lunes 25 de enero de 2016 fracasó la elección bajo el sistema de nómina al no lograrse la mayoría calificada de 86 votos. Sin embargo, el Partido Nacional, que tenía asegurados 48 votos de los 128 en total, logró imponer una CSJ que ha respondido a sus intereses todo este tiempo.
Pero la diputada Beatriz Valle, una de las fundadoras de Libre y en su tiempo una líder fuerte en su partido político, también denunció que hay una trampa en esta nueva ley para la Junta Nominadora: «Les explico la trampa de los artículos 5 y 6. Introducen organizaciones sin personalidad jurídica y que no hayan realizado actividad en los últimos dos años. Los autoriza EL GOBIERNO, a través de la STLCC ¿Para qué y porqué? Cada quien que juzgue…», indicó la congresista en su cuenta de Twitter.
Y es que esta nueva ley, en uno de sus apartados, contempla que «Excepcionalmente, con evidencia de la ejecución de proyectos o actividades en temas de justicia o derechos humanos durante los últimos tres (3) años, se autorizará la participación de organizaciones no registradas oficialmente o entidades sin personalidad jurídica al amparo de lo dispuesto en los numeral 6 del artículo 61 del Código Procesal Civil, las que podrán votar, pero no postular representantes».
Silvia Ayala, sobre el tema de la participación de organizaciones sin personería jurídica en el proceso, afirma que «Más bien se están poniendo más requisitos para que las organizaciones puedan participar, el principio general es la participación amplia. O sea que ya no solo sean las organizaciones que manejan muchos recursos y que son muy mediáticas aquí en Tegucigalpa. Que sea cualquier organización de sociedad civil de los 18 departamentos del país, que acredite su capacidad e interés que va a haber en estas sesiones de sociedad civil».
«Otra garantía que tendremos es que las organizaciones de maletín que drenaron fondos del Estado, esas sí no van a poder participar en este tipo de asambleas de la sociedad civil porque no podemos permitir que el crimen organizado tenga a sus voceros en la junta nominadora», agregó Ayala.
Sobre esto, Luis Daniel León dijo que debe existir un gran diálogo dentro de la sociedad civil porque se esconden peligros reales. «Lo que se incluye en el artículo 5 es que las organizaciones que no tienen personería jurídica puedan votar, puedan tener voz, pero no puedan postular» argumentó.
«Lo que esto sugiere es que si una organización, legalmente constituida, pone a alguien que consigue los respaldos de organizaciones no inscritas o legalizadas bajo el sistema de país, sean estas juntas de agua, patronatos y todas esas plataformas sociales, puede arrasar en esa postulación de quienes serían los miembros de la Junta Nominadora. Me parece incluyente, pero me parece que también tiene un fin político», afirmó.
La Junta Nominadora está integrada por siete organizaciones e instituciones que son: la propia CSJ, el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los claustros de profesores de las facultades o escuelas de Ciencias Jurídicas, sociedad civil y las confederaciones de trabajadores. Estos deben enviar a un representante y a un suplente.
Previamente, el diputado Tomás Zambrano calificó de «inconstitucional» la propuesta del presidente del legislativo, Luis Redondo, de que una junta de notables, integrada por personas como la doctora Mary Vallecillo, pueda ser titular de la Junta Nominadora. Dicha propuesta contenía la participación de estos distintos notables hondureños en la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte.
Sin embargo, en la discusión de la Ley Especial, el diputado Ramón Barrios argumentó que era pertinente modificar el inciso d) del artículo 8 de la Ley, el cual establece que los integrantes de la Junta Nominadora deberán haber estado en sus debidas organizaciones o instituciones por un período de 2 años mínimo. Ahora, con la modificación de este artículo, esto se quita y abre la posibilidad para que los notables participen, pero ya no en calidad de miembros titulares sino como veedores.
«Se aprobó que la junta de notables va a poder ser un veedor del proceso pero está definido, claro, creo que ya está definido, quiénes podrán ser los miembros de la junta, cómo funciona, y ahí ya no hay forma que se viole la Constitución», afirmó Luis Daniel León.
Respecto a esta propuesta, la doctora Mary Vallecillo respondió a Contracorriente «no he podido ver con detalle la propuesta para poder dar una opinión sobre la misma. Por mis ocupaciones y el tiempo tan ocupado y la concentración que me demanda mi trabajo, se me ha dificultado poder conocer más sobre la propuesta, si está enmarcada en ley y así hablar sobre el tema de manera objetiva».
Propuesta de ley llegó desde el Ejecutivo
El pasado jueves, el dictamen pasó su primer debate en el Congreso Nacional después de haber sido introducido por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien es cuñado de la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro. Zelaya había presentado este dictamen ante la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales –presidida por el diputado de Libre, Ramón Barrios-, comisión que obviamente emitió un voto «favorable» a la propuesta del Ejecutivo.
Al dictamen del Ejecutivo se le hicieron algunas modificaciones a partir de las recomendaciones realizadas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y de otras sugerencias realizadas por organizaciones de sociedad civil, según indica el propio dictamen.
Este sábado, el congresista Ramón Barrios pidió que, debido a la urgencia de aprobar dicha normativa, se dispensara el segundo debate y pudiera aprobarse de forma total, algo que fue respaldado por la mayoría de los diputados. A su vez, la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que está de acuerdo que ahora la Junta Nominadora tenga un papel más técnico que político y que por esa razón se aprestaban a votar «por una Corte que esté a la medida de los intereses de los hondureños y que garantice la aplicación de la justicia».
Quien se mostró crítico con la forma en que se sesionó fue el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, quien afirmó que «esta será una Corte a la medida de Libre y su alianza. Lo correcto hubiera sido que la propuesta de esta ley, el dictamen, se les turnará a las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora. Nosotros solicitamos espacio para socializarlo con los representantes de la junta nominadora pero no se nos dio».
«Hoy lo que van a entregar es un traje a la medida del gobierno para manipular los intereses. Quieren poner una Corte a la medida de Libre y su alianza. Queremos que este proceso lo lleven estas organizaciones», explicó Zambrano.
Cambios en la nueva ley en comparación con la anterior
Con la ley anterior, las inhabilidades para integrar la Junta Nominadora eran escasas. En la actual se ampliaron las inhabilitaciones, por ejemplo, no podrán integrar este espacio quienes sean parte en litigios judiciales activos o estén siendo investigados por violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico, sean miembros directivos de partidos políticos u ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa, entre otros. Todas estas prohibiciones se hallan en el artículo 8.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva ley es que ahora, según el artículo 14, durante la primera quincena de octubre, la Junta Nominadora emitirá una convocatoria general para que los abogados y abogadas que cumplan con los requisitos legales y los criterios complementarios de excelencia, definidos en el perfil que se elaborará, presenten su autopostulación, contrario a lo que se especificaba antes en el artículo 18, que establecía que cada una de las organizaciones representadas podía proponer un listado no mayor de veinte aspirantes a candidatos ante el pleno de la Junta Nominadora.
La nueva ley cambia la forma de cómo se organiza internamente la Junta Nominadora, pues la anterior ley facultaba al representante de la CSJ a que automáticamente se convirtiera en el presidente de la Junta Nominadora, según lo que establecía el artículo 4, al señalar que el representante de la Corte Suprema de Justicia «la presidirá». No obstante, ahora se establece en el artículo 12 que «Una vez juramentados, los miembros de la Junta se reunirán inmediatamente para determinar su organización interna, eligiendo mediante la celebración de un sorteo público al menos un presidente, un secretario y un vocero oficial».
La nueva ley otorga a la Junta Nominadora la facultad de emitir el reglamento de la presente ley y aplicar la matriz de evaluación e instructivos técnicos que contengan los estándares internacionales de derechos humanos desarrollados por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados conforme el contenido de los tratados internacionales afines a la función de la judicatura y la jurisprudencia internacional sobre independencia judicial.
Luis Daniel León concluyó en que la jornada de hoy dejó «un sabor agridulce porque hay discusión en el Congreso, parece que hay consenso, eso es muy bueno, era necesario. De una u otra manera limpia algunas etapas del proceso y otras quedan como están, pero la parte agria es que no se despolitizó el proceso, no se sacaron a los partidos políticos del proceso y evidentemente eso genera la situación de que va a ser de lo mismo».
