Aunque se anunció un acuerdo interno del partido Libertad y Refundación que daría por finalizada la crisis en el Congreso Nacional, sigue sin estar ratificada legalmente la junta directiva y en el hemiciclo ya se encuentran en discusión y en proceso de aprobación algunos proyectos de ley. La crisis en el legislativo también destapó que aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quiénes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política.
Texto: María Celeste Maradiaga y Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El Congreso Nacional de Honduras, tras 19 días de una crisis en el legislativo originada por la elección de una junta directiva, abrió sus puertas a los diputados que fueron expulsados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). Los congresistas disidentes, todos hombres –tras la ausencia de Beatriz Valle, que está incapacitada por Covid-, ingresaron al hemiciclo chocando los puños con los miembros de la junta directiva de Luis Redondo, se abrazaron con los presentes mientras eran acompañados de mariachis que entonaban la famosa canción «el rey» de José Alfredo Jímenez.
Les recibió un Congreso mayoritariamente de hombres, apenas 34 de los 128 curules los ocupan mujeres, después de que el día anterior anunciaron en conferencia de prensa un acuerdo de unidad partidaria entre los diputados que habían sido expulsados y el coordinador del partido Libre, el expresidente Zelaya.
Zelaya convocó en Casa de Gobierno, aunque oficialmente él no ocupa un puesto dentro del poder ejecutivo se anunció como asesor presidencial ese día. El acuerdo lo anunció junto a Jorge Cálix, diputado que había buscado presidir una junta directiva en contra del acuerdo interno del partido. Dos de los 17 expulsados de Libre eran mujeres, pero no había ninguna presente en ese acuerdo. Beatriz Valle y Margie Dip anunciaron días antes tener covid-19, la presidente Castro también anunció estar positiva.
Ligia Ramos, diputada del PSH, le dijo a Contracorriente que esa imagen demostró un pacto de hombres, «no hay ninguna mujer, ni siquiera Beatriz Valle, el país sufre por pactos de machos, nosotras no tenemos ningún tipo de injerencia (…) me da pesar porque a las mujeres nos hacen a un lado con estas negociaciones o pactos que hacen, tenemos una presidenta mujer y siempre las negociaciones las hacen los hombres sobre nosotros», explica.
Las diputadas de Libre que apoyaron a Cálix vivieron la violencia política con agresiones hacia su género. La diputada Beatriz Valle denunció por Twitter que la amenazaban con violarla a ella y a su hija. «Si usted nota los ataques hacia mis compañeros son diferentes a los ataques hacia mi, la cantidad de obscenidades y vulgaridades que están guardadas en mi teléfono nunca en mi vida había recibido tanta cantidad de odio, misoginia, y ataques injustificados», le dijo a Contracorriente.
Valle asegura que sus intenciones de apoyar a Cálix en lugar de a Redondo estaban fundamentadas en que Redondo es una persona anti derechos de las mujeres, misógino y fundamentalista. En ese sentido, Redondo un año atrás cuando se discutía una ley que pretendía blindar la posbilidad de despenalizar el aborto, señaló que preferiría dejar de ser diputado antes de lesgislar «en contra de la vida».
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«Me quieren obligar a votar por una persona que no representa en nada los ideales de Libre, ni los ideales de Beatriz Valle. Los ideales de Beatriz que no son los mismo de Libre, porque en Libre no somos anti patriarcales, no somos anti machistas, somos machistas ahí, yo no soy machista pero mis compañeros ni quiera Dios y la virgen», explicó Valle.
Pero no solo la diputada Beatriz Valle ha sufrido agresiones verbales hacia su integridad. El mismo día que llegó Cálix al Congreso, circularon fotografías de la diputada Melbi Ortíz, perteneciente a la bancada del Partido Libre, llorando a causa de supuestos insultos o agresiones verbales por parte de su compañero de bancada, Bartolo Fuentes. La diputada Ortíz formó parte de los primeros 19 diputados que apoyaron a Cálix, pero se arrepintió, regresó a acompañar la sesión de Redondo y por eso no fue expulsada de Libre.
Aunque la diputada no ha hecho referencias a estas fotos, hizo una denuncia en el Ministerio Público debido a la agresión verbal de Fuentes, quien en su momento continuó llamando «traidora» a la parlamentaria, a pesar del trato firmado por Jorge Cálix y el coordinador del Partido Libre y expresidente, Manuel Zelaya Rosales. Melbi Ortíz explica que todo inició cuando los diputados y diputadas se disponían a elegir al gobernador del departamento de Yoro, ahí fue cuando el diputado de Libre, Bartolo Funes, la agredió verbal y físicamente.
Ortíz señaló en medios que el diputado llegó a decir que «él dice que las mujeres queremos todo a la fuerza y lo tratan a uno de vieja» señaló, a la vez que denunció que a Fuentes por eso no le gusta que las mujeres participen en política, porque están acostumbrados a que las mujeres se callen.
Por su parte, Fuentes asegura que no agredió a la diputada, pero que en su lugar esta debería de «cambiar su actitud», y agregó que, aún firmado el acuerdo entre el presidente del partido Libre y los disidentes de este partido, «si no quieren que se les siga diciendo traidores, que dejen de actuar como traidores».
Sin embargo, la Asociación de Mujeres en defensa de la participación política emitió un comunicado en el que denunciaron que no es la primera vez que Bartolo Fuentes agrede a mujeres en espacios políticos: en Siguatepeque agredió de forma verbal a una mujer conocida como Rosa dirigente de Libre y luego agredió públicamente a la regidora de El Progreso, Yoro, Araminta Pereira. «Solicitamos a las autoridades de este Congreso Nacional para que todo diputado se someta a exámenes psicológicos para poder ser parte de tan importante poder del Estado», solicitaron.
En la sesión legislativa del 9 de febrero, la diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, se pronunció en contra de estas agresiones, calificando de «bajo, canalla y de poco hombre» la acción del congresista Bartolo Fuentes, «ese es un acto que debemos condenar, y a las honorables diputadas de esta Cámara, al margen de nuestras ideologías y diferencias políticas, las llamo a que juntemos una agenda legislativa de género al unísono. Defendámonos de misóginos como ese, defendámonos y pongamos fin a la violencia de la mujer», instó la parlamentaria nacionalista. Ningún otro diputado o diputada se pronunció al respecto.
El Observatorio Político de Mujeres condenó en un comunicado la violencia política hacia mujeres en las últimas semanas. «Es preocupante que el aumento de la representación política de las mujeres ha ido acompañado de mayores niveles de violencia contra ellas (…) las mujeres políticas continúan recibiendo graves y diversas formas de agresiones, que incluyen violencia verbal, amenazas de muerte y de violencia sexual hasta agresiones físicas», denunciaron, a la vez exigen que exista una tipificación de este tipo de violencia para que existan sanciones a los responsables.
Un Congreso sin ratificar discutiendo proyectos de ley
A pesar de presentar alrededor de 30 proyectos de ley, el Congreso Nacional aún no llega a un acuerdo entre sus distintas bancadas al momento de legislar. La bancada del Partido Nacional tiene como discurso principal la ilegalidad de la junta directiva presidida por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, argumentan que todas las leyes aprobadas serían ilegales al tratarse de una junta directiva que no ha sido ratificada debidamente.
«Estamos solicitando como bancada del Partido Nacional que se legalice la junta directiva del Congreso Nacional. Hoy podría ser histórico, podría existir unanimidad por 128 diputados en el Congreso Nacional votando a favor de esta Junta Directiva, cosa que no se daba en 40 años», argumentó el diputado nacionalista, Tomás Zambrano.
Mientras esto sucedía, otros diputados de la bancada del Partido Nacional desplegaron dos pancartas con las leyendas «ratificar junta directiva» y «exigimos legalidad». A esta solicitud se sumaron otros congresistas de la misma bancada, entre ellos: Antonio Rivera, Nelson Marquez, Lissi Cano, Jorge Zelaya, Francis Argeñal, entre otros.
Luis Redondo respondió recordando que hace unos años el diputado nacionalista Leonel Ayala le rompió un cartel que el ahora presidente del legislativo sostenía, «la diferencia entre el Congreso que había antes y este es que usted aquí va a poder hacer uso de la palabra sin que nadie lo interrumpa y sin que nadie le apague el micrófono. Pocas veces el Congreso ha estado tan legitimado con la presencia de todos los diputados», manifestó el parlamentario. Después de esto no volvió a referirse al tema de ratificar la junta directiva que preside.
Seguidamente Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, respaldó a Luis Redondo diciendo que la bancada del Partido Nacional debía de «irse acostumbrando» a que la legitimidad del Congreso Nacional recae en la «soberanía del pueblo» y en el acuerdo político público del Partido Libre firmado por la presidenta Xiomara Castro.
Fue en medio del discurso de Rasel Tomé que el diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, entró al hemiciclo legislativo seguido por los diputados disidentes de este partido. Rodeados de mariachis, los diputados de Libre extendieron su mano uno a uno a los congresistas miembros de la Junta Directiva del legislativo.
La discusión sobre la legalidad de la junta directiva continuó, y a ella se sumó Mauricio Rivera, quien manifestó: «ustedes (los diputados nacionalistas) representan los intereses de la narcodictadura. No vengan a hablar de ilegalidades, porque ustedes fomentaron una dictadura».
Persiste debate acerca de la amnistía
El pasado 2 de febrero se aprobó una ley que condena al golpe de Estado, dentro de la cual se propone un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, personas que tienen procesos judiciales actuales en asuntos políticos y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. En la discusión de esta ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, el parlamentario mencionó que él mismo podría aplicar a la ley de amnistía, al ser uno de los políticos perseguidos tras el golpe de Estado.
Ante esto, en la sesión del pasado miércoles 9 de febrero, el diputado Tomás Zambrano manifestó estar de acuerdo en implementar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) por 12 años, siempre y cuando se derogue la amnistía aprobada hace unos días.
El diputado Tomás Zambrano asegura estar de acuerdo con la instalación de la CICIH siempre y cuando se derogue la amnistía aprobada hace unos días en el Congreso Nacional.
«Con la amnistía que se aprobó, yo comprendo lo de los delitos políticos, pero la parte que yo no termino de comprender, y gran parte de la población tampoco, es el listado de delitos que no son políticos, y el temor de un sector importante del pueblo hondureño es que aquí puedan ampararse personas que han cometido actos que van en contra de la ley y que puedan llegar a esconderse en este artículo», argumentó el diputado nacionalista Nelson Marquez.
Entre los delitos mencionados en este artículo, y a los cuales hace referencia el parlamentario, estan: abuso de autoridad, violacion de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.
En este sentido, el diputado nacionalista hizo alusión al delito de abuso de autoridad por el cual fue acusado el actual diputado Rasel Tome en el 2019, junto a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Dicha falta fue cometida en la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
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Por otra parte, el presidente del legislativo, Luis Redondo, respondió a Nelson Marquez diciendo que la amnistía no significa un pacto de impunidad, sino que esta pretende resarcir y reconocer los derechos de las personas que han sido afectadas por las estructuras criminales que gobernaron en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández.
Nuevas leyes aprobadas serían ilegales de no ratificarse la Junta Directiva, aseguran congresistas opositores
En las sesiones legislativas del 8 y 9 de febrero, fueron sometidos a discusión al menos 30 proyectos de ley, propuestos en su mayoría por parlamentarios del Partido Libre.
Entre estos está la derogación de la Ley del empleo por hora, propuesta por el diputado del Partido Libre, Juan Barahona. El diputado argumentó que esta ley debe derogarse porque «va en contra de un salario justo, seguridad social e igualdad de salario entre hombres y mujeres».
En contra de este proyecto se pronunció el diputado nacionalista Nelson Márquez, quien agregó que debe de consultarse a las personas empleadas por hora y a los empleadores por el proyecto que derogará esta ley, porque «nosotros nos debemos al pueblo hondureño». A esto respondió el diputado Rasel Tomé diciendo «no sé porqué quieren ser consultados, cuando a los otros nadie nos consultó nada durante todo este tiempo que legislaron».
Otros diputados nacionalistas demostraron estar en contra de esta ley, como es el caso de Tomas Zambrano, quien asegura que,d e aprobarse este proyecto, al menos 700 mil hondureños perderían su trabajo. También el diputado Marco Midence, de esta misma bancada, pidió se revisara con detenimiento este proyecto.
Por otra parte, el diputado Jorge Cálix presentó 24 proyectos de ley ese día, dentro de los cuales destaca la reforma al Código penal, a la Ley de secretos y a la tasa de seguridad; prohibir el cobro en dólares en las telecomunicaciones; derogar la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), entre otras.
Además, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó la Ley de colaboración eficaz. Este proyecto serviría como una herramienta para desarticular las redes de corrupción, argumentó la parlamentaria. En ese mismo tema, el diputado del Partido Libre, Jari Dixon, presentó en la sesión legislativa una moción para declarar el día 7 de enero como el Día de la Lucha Anticorrupción en Honduras.
La bancada del Partido Nacional no sometió a discusión ningún proyecto, y continuó argumentando la ilegalidad de la Junta Directiva del legislativo. «Yo creo que no perdemos nada con blindar esta Junta Directiva», manifestó el diputado por el Partido Nacional, Nelson Márquez, exigiendo de nuevo la ratificación de la junta directiva presidida por el diputado Lusi Redondo.
Bartolo Fuentes, sacó un listado de diputados nacionalistas, nombrándolos uno por uno y enumerando los supuestos actos de corrupción cometidos por los parlamentarios, lo que casi desencadena un enfrentamiento entre las distintas bancadas y dio por terminada la sesión de ese día.
