A lo largo del río Goascorán —que nace en el departamento de La Paz y desemboca en el Golfo de Fonseca— existen comunidades indígenas campesinas destinadas al olvido casi absoluto. Estas comunidades en permanente acecho del cambio climático en forma de inundaciones o sequía —según la suerte de temporada— hoy intentan sobrevivir a la COVID-19, una enfermedad que no terminan de comprender.
La Cruz Roja ha llegado a las comunidades del denominado Corredor Seco. Les ha llevado una ayuda que duplica el costo de lo prometido por el gobierno, y en 6 meses de la pandemia, es la primera vez que muchas de las familias campesinas que habitan esta zona empobrecida del país, han visto algo de apoyo para seguir sobreviviendo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que para 2020 al menos 83,4 millones de personas en el continente entrarían en pobreza extrema, producto de los efectos de la pandemia por COVID-19, es decir, un total de 15,9 millones de pobres más. Según la Cepal esto representa al 13.5 % de la población en la región, lo que a su vez es también la incidencia más alta en los últimos 20 años.
La regidora nacionalista, Oneida López, de la alcaldía de Opatoro —un municipio ubicado en lo alto de la sierra cafetalera del departamento de La Paz y a 97.9 kilómetros del hospital más cercano en la cabecera departamental—, explica que la municipalidad de Opatoro se ha preparado para combatir la pandemia: «destinamos, al principio de la pandemia, fondos municipales en unas raciones para 1000 familias más vulnerables de nuestro municipio». Estas raciones de las que habla la regidora López están valoradas en unos 20 dólares cada una, son la única ayuda que la alcaldía de Opatoro ha podido dar directamente a los pobladores en 5 meses de pandemia.
Mil raciones de alimentos en un municipio con una población de más de 7000 personas. López, asegura también que el gobierno local que ella representa ha invertido fondos municipales —de las transferencias a municipalidades destinadas a paliar los efectos de la COVID-19— en comprar el tratamiento MAIZ (microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc), un paquete que otorga de manera gratuita la Secretaría de Salud en sus visitas domiciliarias a personas sospechosas o positivas para COVID-19.
Hasta el 8 de septiembre de 2020, el departamento de La Paz reportó 1179 casos positivos y 37 muertes por la COVID-19, según datos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgos (Sinager). En los datos oficiales que aparecen en la página web destinada para informar sobre el avance de casos COVID-19 en el país, no puede consultarse la estadística municipal. Hasta mayo, según datos de la Secretaría de Salud, La Paz era uno de los cinco departamentos con menos pruebas PCR realizadas.
Según la página de la Presidencia de la República, el gobierno hondureño ejecutaría para paliar los efectos de la COVID-19 en el país, unos 250 millones de lempiras para la construcción de centros de triajes y brigadas médicas en los 298 municipios, unos 200 millones de lempiras más que deberían salir de las transferencias municipales y otros 500 millones de lempiras donados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que serían utilizados para ampliar la capacidad de la red de hospitales públicos del país.
El programa de «Gestión Comunitaria de Cuencas – nuestra cuenca Goascarán», coordinado por la Cruz Roja Hondureña beneficia al menos unas 2700 familias afectadas por la COVID-19 en 17 municipios de la cuenca, y unos 37 centros de salud de la zona con equipo de bioseguridad. La comida que las familias reciben de este proyecto —valorada en unos 46 dólares cada ración— puede significar alimentarse por 15 días, en lugares donde la tienda más cercana se encuentra a 4 horas a pie, y donde el poco comercio que existía antes de la pandemia, quedó completamente paralizado debido a las restricciones decretadas por el gobierno hondureño en su intento por contener el avance de la pandemia. El programa también ha entregado filtros de agua en algunas comunidades de la cuenca del Goascorán.
Estas comunidades eminentemente campesinas, han quedado a expensas del asistencialismo de las organizaciones, una ayuda que se queda en lo puntual. Arriba en las montañas de la cuenca, la señal telefónica se pierde y el acceso a educación es mínimo, se vuelve impensable que en el marco de la pandemia los niños y jóvenes hayan podido acceder a internet para seguir sus estudios. Los centros de salud funcionan con lo básico.
