El limbo de nuestros muertos en la pandemia

Don Luis murió la mañana del 30 de abril, horas después de que los médicos que lo observaban en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la ciudad de San Pedro Sula, le dijeron a sus familiares que estaba mejorando. Él padecía de una neumonía bilateral que estaba afectando sus pulmones y que lo hizo sospechoso de ser un caso positivo de COVID-19. Le hicieron la prueba molecular para comprobar el contagio, pero varios días después de su muerte la familia sigue sin tener el resultado. «En el acta de defunción pusieron que fue por COVID-19, y en eso se basaron para no entregar el cuerpo», cuenta Sandra, en medio del dolor que sufre con la familia de su pareja a quienes les negaron incluso el derecho de reconocer el cadáver.

En Honduras, la pandemia lleva 1055 casos positivos y 82 fallecidos hasta el 4 de mayo. Esto significa que el país tiene la segunda tasa de letalidad más alta de Latinoamérica, según datos de la Universidad John Hopkins. Los números han subido por la cantidad de pruebas que se están realizando: un máximo de 300 pruebas diarias, aún insuficientes. Esta situación sumada a los antecedentes de falta de transparencia e incapacidad en el manejo de la crisis por parte del gobierno central, plantean un panorama incierto para las familias en luto que posiblemente colmen el país en las próximas semanas.

Destino incierto para los cadáveres

Desde la mañana en que don Luis murió, los familiares —­sin tener el resultado de la prueba— iniciaron una lucha con las autoridades sanitarias para que permitieran darle sepultura en un cementerio privado. Finalmente, en la tarde, les avisaron que entregarían el cuerpo a la funeraria para el entierro que se realizaría a las 9 de la mañana del día siguiente, pero que según las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Secretaría de Salud, no les permitirían velar el cuerpo y solo podrían asistir diez familiares. La familia hizo todos los gastos funerarios, pero en el momento en que los agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) tenían que entregar el cadáver para trasladarlo al cementerio, no lo hicieron y amenazaron a la familia con llevarlo a una fosa común sin ubicación confirmada, en el departamento de Cortés.

Un informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud indica que del total de muertos a nivel nacional, el 82 % se encuentra en Cortés. Solo en San Pedro Sula, su cabecera departamental, produce aproximadamente el 63 % del producto interno bruto,  pero que ahora se ha vuelto el epicentro de la pandemia y se encuentra en toque de queda absoluto y con medidas de abastecimiento suspendidas.

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Ante el crecimiento acelerado de los casos de COVID-19 en todo el país, Sinager a través de un comunicado emitido el pasado 3 de abril, instruyó a los gobiernos municipales para que busquen terrenos aptos para fosas comunes en caso de entierros masivos, que podrían darse «al rebasar la capacidad local para el manejo de cadáveres».

En el caso de San Pedro Sula, Fátima Mena, regidora de la Alcaldía Municipal, asegura que la intención de esa administración es no enterrar cadáveres en fosas comunes, por lo que estarían construyendo un nuevo cementerio municipal en las próximas semanas. «Como ciudad no estamos hablando de fosas comunes, sino la habilitación de cinco manzanas para poder garantizar dignidad al momento de enterrar a las personas. Estamos en un estado de excepción donde los derechos fundamentales de la ciudadanía han sido suspendidos. Yo creo que como un gobierno transparente, limpio y competente deberían de asegurar que todos los procedimientos sean correctos. Creo en no apostar por fosas comunes, sino prever las proyecciones y asegurar que estamos preparados para poder dar sepultura de forma digna a las víctimas», aseguró Mena.

En el caso de los entierros masivos pesar, las autoridades de esta ciudad parecen tener una idea diferente a la del gobierno central. En el caso de don Luis, fue Fusina quien tuvo la última palabra al no permitir el traslado del cuerpo al cementerio y amenazar con enterrarlo en una fosa común.

En un mensaje emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Andrés Rodríguez, coordinador forense de esa institución, mencionó que «la recomendación en las muertes masivas es el uso de tumbas individuales. Eso garantiza el respeto por el trasfondo religioso y cultural de la sociedad y garantiza la trazabilidad de los cuerpos. Además esto está muy relacionado con el trato digno de los cuerpos».

Además el CICR ha recomendado a las autoridades de los países que se permita un momento en el que las familias tengan la posibilidad de despedirse de su ser querido: «Eso se puede hacer en un velorio o en el momento de la inhumación, obviamente esto debe estar alineado con la reglamentación que cada país tenga. Claramente pueden haber restricciones en el número de personas que asistan a este tipo de eventos. Habrá que limitar al máximo el número de personas y limitar el tiempo en que esas personas están juntas, pero por lo menos sí dejar el espacio para que exista ese cierre del duelo, esa reflexión religiosa que muchas familias requieren».

En Honduras el Lineamiento para el manejo de cadáveres por casos de COVID-19 , emitido por la Secretaría de Salud, indica que antes de proceder al sellado y traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de no más de dos familiares para una despedida, sin establecer contacto físico. Además en el entierro deben participar un máximo de quince familiares cercanos conservando una distancia mínima de un metro entre cada asistente. Toda esta teoría no sirvió de nada para la familia de don Luis, con quienes, según Sandra, jugaron sentimentalmente en un momento de mucho dolor y no les permitieron identificar el cadáver ni despedirse de forma adecuada.

Los negocios detrás de la muerte

Sandra cuenta que cuando los oficiales de Fusina amenazaron con enterrar a don Luis en una fosa común con otros muertos, que también murieron a causa del COVID-19, solo dejaron una opción para los familiares: cremar el cadáver. Según la Asociación Nacional de Industrias y Funerarias de Honduras, a nivel nacional solo existen tres empresas que ofrecen este servicio en las que el precio ronda los 40 000 lempiras. La familia de don Luis, para evitar la pérdida del cadáver, comenzó a gestionar ayuda de amigos y conocidos para recolectar el dinero, y finalmente lo lograron.

Esa misma presión recibió la familia de la doctora Denise Roxana Murillo Martínez, primera doctora en morir en servicio por la pandemia en Honduras. El pasado 1 de abril, su hija denunció en redes sociales que el gerente de la empresa funeraria Jardines del Recuerdo, estaba obligándoles a cremar el cuerpo de su madre, si no lo hacían tendrían que llevarse los restos mortuorios a otro lugar.

Aunque Sandra asegura que es mayor el perjuicio emocional que el económico para las familias, la presión de las autoridades y empresarios por la cremación de los fallecidos se vuelve sospechosa. En el caso de Villanueva, el alcalde Walter Perdomo confirmó que ante las dificultades presentadas en otras comunidades, las autoridades decidieron que serían los encargados de recibir a la mayor parte de los muertos por COVID-19 de la zona del Valle de Sula, donde se ubican un total de 18 municipios. Para eso, representantes de Copeco firmaron un acuerdo con los dueños de la funeraria Angelus Terra, ubicada en la aldea Dos Caminos, para que habilitaran lotes para la excavación de fosas comunes.

Hasta el momento las autoridades de Copeco no han dado respuesta a nuestras solicitudes de entrevista. No hay documentos públicos que confirmen el costo de esta negociación que se hizo con esta empresa, que hasta 2019 tuvo como socio al fallecido Jorge Faraj Rishmagüi, reconocido banquero fundador de Banco Ficohsa.

Perdomo aseguró: «El municipio de Villanueva no hizo el acuerdo. Nosotros solo fuimos veedores y certificamos el lugar, pero no tuvimos nada que ver con la contratación ni con los otros términos por los que se escogió el terreno. Solo nos aseguramos de que no contamine en el futuro, que los entierros sean dentro de los protocolos y que se cumpla con los registros para que luego los familiares puedan poner sus placas, coronar y visitar a sus familiares».

En el caso de San Pedro Sula, ante la directriz de no optar por fosas comunes y adquirir un predio de cinco manzanas para la construcción de un nuevo cementerio municipal, la regidora del municipio, Fátima Mena, aseguró que «eran de una inmobiliaria que forma parte de un grupo de la Azucarera Hondureña. Para evitar compras fraudulentas, que es uno de los temas que más señalamiento ha tenido, se está aceptando para que se reciba en forma anticipada, en concepto de áreas verdes».

La inmobiliaria a la que se refiere Mena es Lotificadora de Sula S.A que tiene entre sus socios a Guillermo Bueso Anduray, presidente ejecutivo de Banco Atlántida. Ante el pago anticipado del 10 % de áreas verdes que tienen que desarrollarse en cada proyecto inmobiliario, tienen aseguradas 50 manzanas de inversión. «Si bien es cierto no estamos pagando nada por estos terrenos, sí estamos reconociendo que nos estén entregando de forma anticipada áreas verdes para que en un futuro, cuando realicen proyectos, ellos puedan decir: “bueno de estas cinco que formen parte de las áreas que nosotros ya habíamos entregado”», concluye Mena.

Familias y víctimas estigmatizadas

Edwin Lanza es presidente de la Asociación Nacional de Industrias y Funerarias de Honduras. Asegura que desde hace 60 días están solicitando al gobierno apoyo y coordinación para abordar la crisis por el COVID-19, que según sus valoraciones dejará escenarios como el ocurrido en Ecuador, donde el sistema sanitario colapsó y decenas de cadáveres permanecían en las calles. Según el Índice Global de Seguridad Sanitaria elaborado por la Universidad Johns Hopkins, Honduras es uno de los países menos preparados para una pandemia en Latinoamérica, solo Venezuela tiene peores condiciones sanitarias según dicha escala. «Nosotros con este sistema tan precario en salud, ¿estamos esperando que no nos impacte así el virus? El Gobierno ni sabe cuántos cementerios hay a nivel nacional», señala Lanza.

Entre todas las dificultades a las que se han enfrentado como sector funerario Edwin destaca algunas historias que muestran el «futuro sombrío» que, según él, le espera al país. Una de esas historias se dio en un hospital privado en San Pedro Sula. «Esta persona murió y los familiares llamaron a la funeraria para llevar el ataúd en el que se colocaría el cadáver, los encargados de la empresa solicitaron el acta de defunción para poder seguir el proceso posterior a la muerte, el hospital no tenía el acta de defunción en ese momento y le estaban pidiendo a los cipotes de la funeraria que metieran el cuerpo y se lo llevaran, nosotros tenemos una orden interna de que nadie retire un cuerpo sin acta de defunción para saber de qué falleció, el hospital negó rotundamente entregar el acta de defunción».

Omitiendo el nombre del hospital privado, Lanza cuenta que cuando finalmente entregaron el acta se mencionaba como causa de muerte: «posible COVID». Sin contar con el debido cumplimiento de las disposiciones de manejo de muertos por el virus, los encargados dejaron el féretro en manos de los familiares que sin saber qué hacer y sin ayuda del personal médico, decidieron ellos mismos meter el cadáver de su familiar en el ataúd y se llevaron el cuerpo a la ciudad de Choloma de donde eran originarios. «Por eso estamos pidiendo el protocolo para diferentes situaciones, porque si el hospital no entrega el acta de defunción por lo menos la funeraria tiene un protocolo», apunta Lanza.

La entrega del cadáver en los hospitales solo es el inicio de los problemas para los familiares de las víctimas de la pandemia. Muchas comunidades se han organizado para evitar el entierro de los fallecidos a causa del COVID-19 o incluso de quienes ellos creen estuvieron contagiados. «Se han presentado muchos problemas, las personas de los pueblos no permiten entierros, inclusive no permiten que se entierren personas por otras enfermedades. Los alcaldes no están haciendo nada. La verdad es que la policía, los bomberos e incluso medicina forense no se va a hacer cargo de las personas que fallezcan».

El precedente de esta situación, según Lanza, se dio a finales de marzo en la ciudad de Villanueva —la tercera ciudad del país con más casos positivos de COVID-19—, cuando los encargados de Sinager y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), que tenían que dar sepultura a dos personas que fallecieron en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, abandonaron los cuerpos y dejaron solo al personal de la funeraria que en coordinación con la municipalidad contrató a personas particulares para concluir el trabajo de sepultura. Además, la comunidad cercana al predio donde se había habilitado la fosa común para la pandemia en ese municipio, días después salió a manifestarse ya que aseguraban estar en riesgo de contaminación.

Sobre la estigmatización que han recibido las familias de los fallecidos y los mismos cadáveres de las personas que han muerto por el virus, el doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del IHSS en la zona norte del país asegura que los cadáveres no transmiten el COVID-19: «La unidad de cuidados intensivos tiene bolsas especiales. Antes de embolsar el cadáver no se vuelve a tocar, se llama a los ayudantes de hospital que llegan con trajes de bioseguridad. Con una solución desinfectante, el cuerpo se rocía totalmente y se introduce en una bolsa, esa bolsa se vuelve a fumigar y se sella completamente, son bolsas especiales que no permiten la salida de nada. Posteriormente, se introduce en el ataúd y se fumiga el féretro, después se cierra herméticamente, y se vuelve a fumigar. Luego se traslada a la ambulancia y se desinfecta el vehículo, junto a las personas que van con él, de esa forma es casi imposible que suceda algo anómalo», asegura.

Este mismo procedimiento es respaldado por el CICR, que como medida adicional recomienda el uso doble de la bolsas para cadáver y la recomendación a los familiares para que use un equipo de protección personal mínimo: mascarilla, guantes y bata desechable; esto en el caso de que las autoridades acaten su recomendación de permitir la presencia de al menos 15 personas en el momento de la sepultura.

Sin embargo, para Edwin Lanza el mecanismo de manejo que más le preocupa es el de levantamiento de cuerpos en las calles, donde posiblemente quedarán muchos muertos por el virus, que no pudieron ser atendidos por el sistema de salud público o privado. «Preguntamos en la reunión del lunes pasado a un representante de salud qué iba a suceder con las personas que fallezcan y sean de escasos recursos, la respuesta de ellos fue simple: iban a enterrarlos en bolsas plásticas. En este lineamiento de manejo de cadáveres con COVID-19 hay millones de lempiras puestos. A nosotros  como sector funerario nos metieron a los alcances que tiene, pero sin consultarnos. Allí hay millones de lempiras por los que no se está dando fe de nada, simplemente se están gastando», asegura.

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El limbo, según la tradición católica, es un lugar de incertidumbre donde los muertos esperan redención. En nuestro contexto de país, posiblemente es un sitio que se parece mucho al futuro incierto que le depara a los muertos que vendrán, y que países con sistemas de salud sólidos no lograron contener.

Edwin Lanza, cuenta que ha tratado con las mayores catástrofes que se han tenido en el país —desde el huracán Mitch en 1998, hasta el incendio en la granja penal de Comayagua en 2012—, y cuestiona que «en el plano de esta enfermedad, si al gobierno le interesan muy poco los vivos, imagínese los muertos».