Un día de requisa en el centro penal de Danlí, El Paraíso, terminó con un muerto y un herido, así como con la prohibición de visitas en un centro que está en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyo comandante, el coronel Fernando Muñoz, amenazó a familiares de privados de libertad que esperaban por respuestas afuera del centro.
Desde el 1 de julio, las Fuerzas Armadas de Honduras tomaron oficialmente el control de las cárceles del país a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). En un país, cuyo gobierno opta cada vez más por «la mano dura» y las requisas efectuadas en los centros penales se asemejan a operativos al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, familiares de privados de libertad levantan la voz para denunciar abuso de autoridad, maltrato psicológico y violencia física. Pero hasta ahora no hay ninguna autoridad para rendir cuentas de lo que está pasando en las cárceles.
Un año y medio después de que Xiomara Castro tomó posesión como la primera mujer presidenta de Honduras, este país se muestra ante el mundo como uno de los más femicidas. No solamente porque entre 2022 y lo que va del 2023 han sido asesinadas cerca de 400 mujeres y la impunidad y estigma sigue cayendo sobre sus cuerpos, sino porque también hemos sufrido la mayor tragedia en una cárcel de mujeres: hasta el cierre de este editorial se contaban ya 46 mujeres privadas de libertad muertas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Tegucigalpa tras una reyerta y posterior incendio. Unas murieron calcinadas, otras víctimas de disparos y apuñalamientos.
Un motín en una cárcel de mujeres en la aldea Támara de Tegucigalpa terminó con un incendio que hasta el momento contabiliza oficialmente la muerte de 25 privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su máxima preocupación indicando que las víctimas pueden ascender a 41 —25 calcinadas y otras 16 muertas por armas de fuego—. Todo esto ocurre durante la implementación del estado de excepción y de una intervención, que comenzó en abril de este año en todos los centros penales hondureños.
Tras una visita de 10 días en Honduras, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, detalló que ha habido obstrucción por parte de autoridades investigadoras al recibir denuncias, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, y muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción.
En 2021, antes de ser presidenta, Xiomara Castro prometió en su campaña política «desmilitarizar la seguridad ciudadana». Ahora, en medio de un estado de excepción que ha sido prorrogado cuatro veces, 571 nuevos agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán al estado de excepción a pesar de haber sido formados en apenas 5 meses. Joaquín Mejía, abogado experto en derechos humanos, aseguró que esto evidencia que los militares están sobre el poder civil en Honduras.
Según la Policía Nacional, Honduras va en un declive de homicidios. Después de un estado de excepción que se ha extendido desde diciembre de 2022, en muchos barrios y colonias, reportan poco impacto de la medida. En el popular sector de Rivera Hernández en el que viven más de 200 mil personas, apenas patrullan 40 policías, y a pesar de esto, la reducción de homicidios es notable. La policía le atribuye esto al trabajo en colaboración con la comunidad, otros a posibles acuerdos con los grupos criminales y otros incluso dicen que «por la gracia de Dios», casi nadie habla del estado de excepción.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la primera crisis del sistema penitenciario del país en medio de un estado de excepción que ya se ha extendido tres veces. Ante la narrativa de una estrategia de seguridad «de mano dura», los amotinamientos recientes demuestran la incapacidad del Estado para frenar la violencia y tomar el control de las cárceles, actualmente bajo el control de los mismos privados de libertad.
Ocho personas murieron como resultado de un ataque con armas de fuego registrado este sábado 4 de marzo en la primera avenida de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones, Sub Comisario de Policía Cristian Nolasco, señaló que según los informes preliminares realizados en base a lo dicho por testigos del hecho, varios sujetos armados ingresaron a un hotel en el que se encontraban las víctimas, cuatro mujeres y tres hombres, y dispararon contra ellas con armas de grueso calibre.
Honduras cumple tres meses con un estado de excepción que busca combatir las extorsiones y las pandillas, pero las cifras de violencia y la población en los sectores intervenidos por los cuerpos de seguridad dicen que las cosas continúan igual. Mientras el gobierno de Xiomara Castro celebra «miles» de capturas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuestiona la veracidad de las cifras, denuncia patrones de abusos policiales y recomienda frenar la medida.
Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
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