A Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), le gusta decir que el banco patrocina los sueños. Donde otros bancos de desarrollo ven obstáculos –dice– el BCIE ve posibilidades.
«El BCIE se diferencia de otros bancos de desarrollo porque permite a los países soñar en grande», dijo durante un evento en línea el año pasado.
Establecido en medio de la Guerra Fría, el BCIE nació de un sueño de dar a los países centroamericanos más control sobre su propio desarrollo. Hoy en día representa casi la mitad de la financiación para el desarrollo de la región y desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar financiación para proyectos de gran escala que, de otro modo, nunca tendrían esperanzas de concretarse.
Pero algunos de estos grandes sueños han fracasado.
Si bien el BCIE apunta a apoyar el desarrollo «equilibrado» en Centroamérica, la OCCRP y sus socios, entre ellos Contracorriente, descubrieron que el banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción ambiental y otros en los que los fondos fueron desviados para prácticas corruptas o utilizados para financiar los proyectos favoritos de los dictadores.
Para Centroamérica, las prácticas crediticias del banco tienen grandes implicaciones. El BCIE ha enfrentado críticas por proporcionar miles de millones de dólares en financiamiento a los dictadores de la región, quienes dependen del banco para acceder a financiamiento más barato de los mercados internacionales.
«El BCIE necesita considerar el historial de violaciones de derechos humanos y creciente autoritarismo de la región», dijo el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena.
«El banco ha carecido de regulaciones que garanticen una gobernanza transparente en la forma en que otorga financiamiento. Es necesaria una reevaluación, empezando por poner fin a la financiación de regímenes antidemocráticos, violadores de los derechos humanos y corruptos».
El BCIE favoreció a generadores de energía y remató la deuda de Agua Zarca a un banquero en Honduras.
Las últimas dos administraciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) utilizaron su poder para favorecer el polémico proyecto de una represa que derivó en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. En la administración de Dante Mossi, el Banco vendió al por menor la deuda del proyecto, en una trama en la que el empresario Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida y amigo de Mossi, terminó como nuevo dueño del financiamiento. Con 500,000 dólares de esa deuda, el BCIE financió un proyecto de Ley de Consulta Previa que planeaba facilitar el camino a los generadores privados de energía con al menos 115 contratos, incluyendo el reinicio del proyecto Agua Zarca. Las comunidades impactadas por los proyectos siguen resistiendo y la violencia prevalece en ellas.
Los asesores de Mossi, los contactos coreanos y los $2.1 millones que el BCIE pagó por pruebas PCR inservibles
Empresas vinculadas a dos consultores del BCIE obtuvieron contratos por valor de más de 1,6 millones de dólares para asesorar al banco en su relación con Corea del Sur. Uno de los asesores, además, fue delegado por Dante Mossi para adquirir en ese país asiático $2.1 millones en pruebas PCR a “bajo costo” para apoyar a los países centroamericanos durante la pandemia. Las pruebas, sin embargo, eran inservibles. Para corregir el error, el Banco terminó pagando más del doble de lo presupuestado para distribuir los insumos en la región.
Por Andrew Little (CJI) y Jiyoon Kim (KCIJ-Newstapa). Investigación de Yan Yan (OCCRP)
El préstamo del BCIE para la emergencia de Eta e Iota que JOH utilizó para comprar votos
Cuatro meses antes de las elecciones de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica autorizó un préstamo de 1,750 millones de lempiras (unos 70 millones de dólares) a Honduras, para paliar la devastación de las tormentas tropicales Eta e Iota. El primer desembolso llegó un mes antes de los comicios y el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, utilizó parte de ese dinero para otorgar bonos a cambio de que las personas beneficiadas votaran por el candidato presidencial de su partido. La hija del expresidente, Ivonne Hernández, trabajaba como ejecutiva de finanzas en el BCIE en esa época
El precio mortal del apetito centroamericano por las hidroeléctricas
Por lo menos nueve activistas que se opusieron a represas financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.
«Nuevos y repetidos fallos»: El BCIE y la financiación de Agua Zarca, la represa por la que asesinaron a Berta Cáceres
Documentos internos revelan que el Banco Centroamericano de Integración Económica hizo caso omiso de las señales de alarma, llevó a cabo una escasa diligencia debida y mantuvo su apoyo a la construcción de la represa hondureña incluso después de que una persona de la localidad fue asesinada por un soldado en medio de las protestas de las comunidades indígenas y de que otro financiador dijera que era demasiado arriesgado continuar.
El banco de los dictadores: Cómo el principal banco de desarrollo de Centroamérica permitió la corrupción y el autoritarismo
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MAS ESPECIALES DE CENTROAMÉRICA
Medios aliados: Columbia Journalism Investigations (CJI), an investigative reporting unit at the Columbia Journalism School; Collaborative Central American reporting project Redacción Regional, including ContraCorriente in Honduras, No-Ficción in Guatemala, Lado B in Costa Rica, Focos in El Salvador, Confidencial and Divergentes in Nicaragua, La Prensa Panamá in Panama, and Dromomanos in Mexico; KCIJ-Newstapa in South Korea, Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) in Taiwan, and the Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Edición: Caroline Henshaw (OCCRP), Ilya Lozovsky (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Miranda Patrucic (OCCRP), Julia Wallace (OCCRP), Daniel Valencia y José Luis Pardo (Redacción Regional) Datos: Mariana Castro (CJI), Romina Colman (OCCRP), Madeline Fixler (CJI) Andrew Little (CJI), Giannina Segnini Segado (CJI), Angus Peacock (OCCRP) Coordinación: Caroline Henshaw (OCCRP), Kristen Lombardi (CJI) Eli Moskowitz (OCCRP), Jonny Wrate (OCCRP) Fact Checking: Birgit Brauer (OCCRP), Olena LaFoy (OCCRP), Maura Quatorze (OCCRP) Diseño y gráficas: James O’Brien (OCCRP), Edin Pašović (OCCRP)
Periodistas: Mariana Castro (CJI), Eli Moskowitz (OCCRP), Madeline Fixler (CJI) Andrew Little (CJI), Jonny Wrate (OCCRP), Jennifer Avila (Contracorriente), Bill Barreto (No Ficción), Mariana Castro (CJI), Iván Olivares (Confidencial), Romina Colman (OCCRP), Madeline Fixler (CJI), Brian Hioe (TAWPA), Jiyoon Kim (KCIJ-Newstapa), Sol Lauría Paz (La Prensa Panamá), Cindy Lee (TAWPA), Andrew Little (CJI), Eli Moskowitz (OCCRP), Ernesto Rivera (Lado B), Fernando Silva (Contracorriente), Daniel Valencia (Redacción Regional and Focos), Jonny Wrate (OCCRP), Tsung-Ching Wu (TAWPA), Wilfredo Miranda (Divergentes), Osvaldo Hernández (No Ficcion), Vienna Herrera (Contracorriente), Diana Ulloa (Divergentes), Giannina Segnini Segado (CJI)