Hasta casi dos años después de que los militares asumieran el control del sistema penitenciario en Honduras, éstos descubrieron celdas con privilegios en Támara. Ante esto, invitaron a medios de comunicación para mostrar a la población un nuevo módulo de máxima vigilancia que emula las imágenes que hemos visto del Centro de Encarcelamiento del Terrorismo (Cecot) la cárcel modelo de Nayib Bukele en El Salvador. El módulo Cecot «a la hondureña» es parte de las medidas con las que el gobierno de la «refundación» apuesta por la represión ante la falta de soluciones estructurales en el sistema penitenciario.
Texto y fotografías: Fernando Destephen.
Bajo un techo de lámina que conduce el calor hacia adentro, como un horno, 35 hombres comparten una celda sin ventilación, con tres sanitarios y un lavadero expuestos. Algunos duermen entre las literas oxidadas, otros caminan cubriéndose con toallas húmedas. Es el nuevo módulo de máxima vigilancia en la cárcel de Támara, y quienes lo habitan, los presos que antes estaban en el módulo de Sentenciados I, son hombres tatuados pero no pandilleros, presos comunes a quienes les llaman «paisas» condenados por delitos como asesinato, venta de drogas, violación y extorsión. Estos no tardan en denunciar: agua sucia, comida insuficiente, malos tratos, incomunicación con sus familias.
Este módulo parece hecho a escala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, con dos alas que albergan a 1,008 hombres divididos en 28 celdas. Los pasillos de las dos alas del nuevo módulo son largos y estrechos, cubiertos por un techo de láminas de zinc en forma de arco. Adentro, las celdas parecen jaulas.
En la primera ala, las quejas se repiten como un coro. Las celdas, con barrotes altos y oscuros, están llenas de ropa colgada —tenis, jeans, sábanas, camisas— porque no tienen dónde secarla al sol. También reclaman que sus familias no saben que están ahí: hace ocho días fueron trasladados desde el módulo Sentenciados I a este nuevo espacio, caluroso y aislado.
En esas celdas privilegiadas encontraron televisores, refrigeradoras, baños privados y otros bienes fuera del alcance del resto de la población penitenciaria. El hallazgo ocurrió casi dos años después de que el gobierno militarizara el control del sistema carcelario con una narrativa de «limpieza y reordenamiento».
El anuncio del nuevo módulo réplica de Cecot y su apertura a los medios parecen formar parte de una estrategia oficial para proyectar mano dura, a pesar de que el sistema ya estaba bajo control militar. Activistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de medidas pueden derivar en violaciones a los derechos de los privados de libertad, como ya ha sucedido en otros países de la región.
Ante las denuncias por violaciones a sus derechos humanos, el general Muñoz respondió con una frase contundente y alarmante: «Los derechos humanos no nos rigen a nosotros».
En este nuevo módulo todo es monitoreado por cámaras y por miembros de la Policía Militar Orden Público (PMOP) quienes vigilan en turnos desde un pasillo, sobre las celdas que no tienen techo cerrado. El lugar acaba de terminar de ser construido y se encuentra en las etapas finales, aún hay una sección de lavaderos sin terminar en la parte externa.
Justo antes de llegar a este nuevo módulo, se encuentran las ruinas del Módulo de Sentenciados No. 1, un espacio donde la noche del 3 de junio la PMOP descubrió una caleta. En su interior hallaron drogas, armas oxidadas —entre ellas un lanzamisiles, un lanzagranadas y varios fusiles AK-47—, dinero en efectivo, cargadores, cámaras de vigilancia, routers, chalecos y uniformes de la Policía Nacional. El hallazgo fue posible gracias a una serie de cambios estructurales dentro de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. La caleta fue ubicada en el piso de concreto de una celda por elementos del INP. Según el general Muñoz, el escondite pertenecía a la Mara Salvatrucha, ya que ese módulo estaba bajo su control. También aseguró que esperan encontrar más caletas en otros sectores del penal.
Nadie sabe cómo llegaron tantas armas, drogas y equipos a ese módulo, el general Muñoz fue enfático: si él supiera quiénes fueron responsables, ya estarían detenidos. Aseguró que el Ministerio Público tiene lo necesario para iniciar una investigación. Tampoco hay claridad sobre por qué hasta dos años después de la intervención militar en los centros penales, se descubrieron celdas con privilegios. Uno de los privados de libertad que accedía a estos espacios es Darwin Orlando Ramos Díaz, solicitado en extradición por una corte de Texas por delitos de narcotráfico. Muñoz ordenó la destrucción de las celdas y el despido de 22 funcionarios, pero no explicó cómo la comisión interventora no detectó estas irregularidades antes.
El coronel Muñoz también advirtió sobre posibles amotinamientos en uno de los 26 centros penales que ahora están bajo control de una junta interventora. Según explicó, los rumores surgen tras el traslado de pandilleros a cárceles donde ya no tienen el control que ejercían antes de la intervención militar. «Un muerto que pertenezca a una organización criminal basta para que se maten entre ellos», dijo. «Van a ver veinte del 18 y veinte de la MS matándose adentro, a ver si es cierto».
La Policía Militar asumió la administración del sistema penitenciario el 1 de julio de 2023, en medio de una crisis agravada por la la masacre de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 20 de junio de 2023. El ataque fue perpetrado por la pandilla Barrio 18 en contra de privadas de libertad de la Mara Salvatrucha.
Desde entonces, el coronel Ramiro Muñoz, comandante de la PMOP y miembro de la Junta Interventora, ha promovido una mano dura, acompañada de una narrativa que cuestiona los derechos humanos y desacredita a sus defensores. Esta visión se materializa en la construcción y el traslado de privados de libertad a nuevas instalaciones que, según Kalter Medina Rosales, director del centro penitenciario, «cuentan con todas las condiciones necesarias para que el privado de libertad pueda estar acorde a lo que la ley permite: agua, colchones, energía y, sobre todo, un sistema de vigilancia permanente».
Frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de privados de libertad tras los traslados, el general Ramiro Muñoz, negó abusos y defendió la intervención militar. Aseguró que «no se están violando los derechos de los privados de libertad, sino protegiendo los de más de 10 millones de hondureños» y desestimó las críticas señalando: «Es incongruente que algunos defensores de derechos humanos exijan privilegios para quienes han sido condenados por asesinar, robar o traficar drogas».
Aunque el general Muñoz justifica las medidas represivas, medios han reportado que según datos del INP al menos hasta junio de 2024, el 45% de los privados de libertad en Honduras aún no ha recibido una sentencia. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, pese a las medidas adoptadas para disminuir el uso de la prisión preventiva, la CIDH advirtió que el número de personas privadas de libertad sin sentencia continúa siendo alto y supera el número de personas condenadas, «particularmente, según lo señalado en las Observaciones Preliminares de la Comisión a la más reciente visita in loco a este país del 24 al 28 de abril de 2023, la CIDH destacó que aún persisten los desafíos identificados durante los últimos años incluido el empleo excesivo de la prisión preventiva, con una tasa del 50% y la falta de aplicación de medidas sustitutivas».
