La diputada Fátima Mena, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que las autoridades del Congreso Nacional han otorgado subvenciones destinadas a proyectos sociales, así como otros fondos, como herramientas de negociación con legisladores de la oposición. Contracorriente pudo verificar que, al menos, tres congresistas previamente afiliados a la oposición y recientemente elegidos en la nueva junta directiva del Congreso, han sido beneficiarios de este tipo de subvenciones.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen y Archivo CC
De los nuevos integrantes en la Junta Directiva del Congreso Nacional, al menos tres reconocieron haber recibido subvenciones otorgadas para proyectos sociales: Tomás Ramírez, Osman Chávez y Ernesto Lezama. Según testimonios de otros congresistas, estas subvenciones sólo son otorgadas a diputados dispuestos a seguir las órdenes del oficialismo.
El mismo Tomás Ramirez, diputado del PSH, no descarta que las subvenciones sean una herramienta para la compra de votos dentro del Congreso, pero asegura que el uso de estas «es una cuestión de criterio de cada diputado y diputada que la toma y con el deber que tiene en cada departamento».
«Yo puedo comprobar con hechos sobre proyectos en los que hemos avanzado, y que hemos recibido 600 mil lempiras, pero que hemos hecho obras valoradas en más de cuatro millones de lempiras. A mí las subvenciones me favorecen porque no recibo bonos de la tercera edad ni becas, que es lo que da el gobierno a los diputados que están con ellos», señaló el diputado, quien votó a favor de la junta directiva que ahora integra.
No obstante, el congresista del PSH aseguró desconocer quienes son los beneficiarios de estos bonos en el Congreso Nacional, pues «lo único que recibe es su salario».
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A inicios de 2023, mientras era jefe de bancada del PSH, Tomás Ramirez señaló a Luis Redondo de tener una cultura antidemocrática y dictatorial, por haberlo excluido de una reunión de jefes de bancada previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«En este día nos fue negada por parte de Luis Redondo la participación en la sesión de jefaturas de bancada, por lo cual se ha dejado patente de una cultura antidemocrática y dictatorial en este poder del Estado», indicó Tomás Ramírez.
— Contracorriente (@ContraC_HN) February 13, 2023
Pero conforme pasó el tiempo y más subvenciones fueron otorgadas a congresistas, Ramírez volvió a respaldar las actuaciones del presidente del Congreso, Luis Redondo. En una entrevista justificó la conformación de la Comisión Permanente que aún encabeza Redondo, a pesar de que la bancada del PSH se posicionó en contra de las acciones de esta comisión, entre ellas, el nombramiento de los fiscales interinos.
Otro nuevo integrante de la junta directiva es Ernesto Lezama —diputado del Partido Liberal que ha respaldado la postura del Partido Libre en votaciones como la adhesión al CAF, la elección del fiscal general y fiscal adjunto, y también forma parte de la comisión para investigar a los exfiscales generales del Ministerio Público—, quien afirma que las subvenciones no representan la compra de votos ni dividen las bancadas al interior del legislativo, y que su función se limita a ayudar a las comunidades.
«Hay muchas personas en el departamento de Choluteca que han sido beneficiadas y bendecidas gracias a esta subvención, y que simple y sencillamente yo solo soy una persona que traslada ese beneficio y ese recurso, que es del Estado para el pueblo», aseguró el congresista.
Además, el diputado explicó que, contrario a lo expresado en un comunicado del Partido Liberal donde se prohíbe que la bancada de su partido forme parte de la nueva junta directiva, él y sus compañeros accedieron a integrarla, considerando el derecho a ser electos contemplado en la Constitución; esta postura fue respaldada por otros diputados liberales.
«Enviados por parte del partido no somos, simplemente somos liberales que tomamos una decisión personal de formar o no parte de estos cargos», manifestó el diputado, quien añadió que el aumento salarial otorgado a los congresistas que forman parte de la directiva «es necesario por los trabajos que realizan hasta altas horas de la noche».
Por el contrario, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), opina que las subvenciones otorgadas a los congresistas dispuestos a recibirlas son pieza clave en movimientos y negociaciones en el Poder Legislativo, y también en los posicionamientos a lo interno de las distintas bancadas.
«Las verdaderas negociaciones se hacen de forma individual y, según testimonio de algunos compañeros del Congreso Nacional y según lo han manifestado en otras bancadas, las subvenciones definitivamente han jugado un papel importante, ya que algunas de estas son de carácter retroactivo, es decir, si a un diputado suplente no se le había dado subvención en los últimos cuatro meses de forma retroactiva, este podría acceder a 400,000 lempiras», explica la abogada Mena.
Además, subrayó que aparte de «arrancar votos» por medio de las subvenciones, estas son entregadas de forma arbitraria a diputados y diputadas que se alinean con el oficialismo al interior del Congreso.
«No es cierto de que todos tienen derecho [de solicitar subvenciones]; de hecho, a muchos diputados que se han salido de la línea del oficialismo, según he escuchado, se les ha sancionado y les han quitado el subsidio», indicó la diputada.
Mena también reveló que, aparte de las subvenciones, también existen otros recursos mediante los cuales se otorga dinero a los diputados y diputadas en el Congreso Nacional, incluido el Fondo Departamental, que aún se otorga, aunque bajo otro nombre.
«También se habla de otros recursos como unos fondos departamentales, que aparentemente también se les ha cambiado el nombre, un recurso de mayor cantidad que sobrepasa los miles y puede llegar a millones, que también desconocemos y que forma parte de estas negociaciones que hace el Partido Libertad y Refundación con diputados y diputadas, de forma individual», señaló Mena.
Secretividad y confabulación con fines políticos
Ninguno de los congresistas que reciben y hacen uso de la subvención dice quién más de su bancada y otros partidos toman de ese fondo en el Congreso. Por eso, cuando se le pidió que diera un número aproximado de congresistas del Partido Libre que reciben esta subvención, el jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, se limitó a responder que este es un fondo al que tienen derecho todos los congresistas.
Sarmiento —quien presentó la moción nominativa para la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional— tampoco se refirió a la influencia que pudieron haber tenido las subvenciones en los acuerdos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas, y evitó hablar del tema.
«Lo salvable de esta sesión es que aperturamos nuevamente sesiones después de meses de paralización. Todo lo demás es retórica y politiquería barata de las bancadas que quieren que siga estancado el país, que siguen boicoteando el gobierno y que quieren que este Congreso no siga legislando a favor del país», afirmó.
En esta sesión también se aprobó la amnistía vehícular, la amnistía energética y el presupuesto general de la república 2024. Todas las bancadas participaron en la aprobación de estos decretos, a excepción de la bancada nacionalista.
La nueva Junta Directiva también aumentó en cantidad de integrantes, pasando de siete a ocho vicepresidentes, y de cinco a ocho vicepresidentes alternos. El ahora octavo vicepresidente es el diputado liberal Samuel García, quien fue mencionado en la Lista Engel para actores corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en julio del año pasado, por «socavar» los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia para su beneficio personal y político.
Pero pasar a conformar la Junta Directiva no solo hace que los congresistas puedan tener más poder en los temas que se discuten en el legislativo, sino que también les brinda un aumento económico. Según el Mecanismo de Incidencia Ciudadana del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los vicepresidentes en la Junta Directiva ganan 17,191 lempiras más que un diputado propietario, y los vicepresidentes alternos solo ganan 5,583 lempiras menos que los vicepresidentes en la directiva.
El diputado suplente del Partido Libre, Víctor Grajeda, aunque reconoce que las subvenciones pueden ser utilizadas para fines proselitistas, asegura que las que ha recibido le han servido para proyectarse en la remodelación de una escuela en San Pedro Sula y en donaciones a la organización Warriors Zulu Nation.
Juan Enamorado, director ejecutivo de Warriors Zulu Nations, confirmó que el diputado Grajeda ha colaborado con su organización, específicamente en la remodelación de un edificio en Chamelecón, al norte de Honduras, desde diciembre del año pasado.
«Hicimos toda la coordinación y el apoyo fue enfocado en el edificio que tenemos en Chamelecón donde funciona la casa Warriors, un edificio que tiene 23 años de haberse construido y 10 años de estar abandonado, por lo tanto tiene muchísima necesidad de mantenimiento», justificó Enamorado.
Grajeda dice que no se puede ocultar que ese dinero los proyecta políticamente: «En mi caso puedo hablar por las obras que yo realizo, porque al final es atender la solicitud de la gente, ese es el principal objetivo de estas subvenciones. Nosotros entendemos como diputados la crítica de que “nosotros estamos para legislar y que no debemos obtener o manejar ningún tipo de dinero” y eso es una realidad, lo que pasa es que la mayor parte de la población quiere diputados en sus sectores y que ellos les solventen, no les importa si realmente estamos o no legislando».
El fantasma del Fondo Departamental y la falta de transparencia
«Es lamentable —cuestionó Fátima Mena—, porque realmente se está usando el dinero del pueblo, aunque el decreto 116 fue derogado y en este momento el Congreso Nacional no cuenta con ninguna norma especial para regular el uso de estos recursos para los diputados y diputadas. Los diputados están para legislar, no para ejecutar recursos públicos; desafortunadamente, esta ha sido una forma para poder comprar algunas conciencias en el pasado y en el presente».
#ActualidadCC | El @Congreso_HND derogó ayer con 82 votos el decreto 116-2019 —conocido como fondo departamental y pacto de impunidad— gracias al apoyo de distintas bancadas, excepto la del Partido Nacional, que alegó que para derogar este decreto se requerían 86 votos. pic.twitter.com/soGIpwMfNM
— Contracorriente (@ContraC_HN) August 3, 2023
El 2 de agosto del año pasado, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, mejor conocido como el «Fondo Departamental» o «Pacto de Impunidad», que sirvió como una normativa para gestionar fondos públicos para proyectos sociales, y también como herramienta para el desvío de fondos por parte de Congresistas.
La Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó en diciembre del año pasado un requerimiento fiscal en contra de cinco exdiputados por el supuesto delito de fraude, al cooperar en la extracción de más de 42 millones de lempiras del Congreso Nacional por medio del Fondo de Desarrollo Departamental.
Este requerimiento también detalla que, aparte de la extracción millonaria, «los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados».
En este caso están señalados cinco exdiputados nacionalistas: Sara Ismela Medina, Miguel Gámez, Gladys Casco, Freddy Mondragón y Carlos Guevara, quienes fungieron como congresistas en los periodos de 2006-2010 y 2010-2014.
La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, opinó que debería existir un marco regulatorio para la entrega de subvenciones en el Congreso Nacional, y señaló que en su bancada no hay impedimentos para quienes quieran hacer uso de ese dinero.
«El que decidiera o quisiera tomar la responsabilidad de asumir y aceptar las subvenciones se nos dejó como una decisión personal. En mi caso particular no he tomado ningún tipo de subvención del Congreso en este momento. En este periodo se derogó la ley que dio vida al Fondo Departamental, y mire cuántos compañeros están siendo procesados por no tener una normativa jurídica clara de cómo, cuándo, dónde y en qué se puede utilizar esos fondos», señaló Bermúdez.
La diputada también aseveró que las subvenciones se dan con fines sectarios en el Congreso Nacional y que con ellas se ha cambiado el espíritu de ayudas sociales por un «pago por callar, atacar a la oposición y no decir lo que uno piensa».
En junio de 2022, la Uferco presentó otro requerimiento fiscal en contra de un diputado y otros cuatro exdiputados. Alberto Chedrani Castañeda, quien aún es diputado nacionalista, y los exdiputados José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino fueron acusados de fraude y lavado de activos, por operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con dos organizaciones no gubernamentales. Tres meses después, un juez dictó sobreseimiento definitivo para Chedrani y León Rojas, y sobreseimiento provisional para Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino.
Contracorriente solicitó al Congreso Nacional, por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), información sobre quienes reciben las subvenciones por concepto de ayudas sociales, y las liquidaciones de los congresistas que hacen uso de ellas, pero las solicitudes no fueron respondidas.
¿Otra clase de bono?
Pero la falta de transparencia en la erogación de fondos por parte del Congreso no se limita a los diputados y diputadas. Durante el regreso a las sesiones legislativas, las autoridades de este poder del Estado también han dado incentivos a la prensa hondureña. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos han sido reconocidos con alrededor de 25 mil lempiras, los cuales se otorgan en concepto de «bono de asistencia», para quienes quieran recibirlo.
Previo a la sesión del 16 de enero, algunos periodistas recibieron una llamada telefónica invitándoles a tomar un bono otorgado por las autoridades del Congreso Nacional. Quienes lo aceptaron se aproximaron desde el área de prensa hasta una de las puertas que conduce al salón de retratos de este poder del Estado.
El número de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que asisten al Congreso Nacional es incierto, y quienes recibieron este bono también. Sin embargo, el registro de periodistas que lleva la seguridad del legislativo registra aproximadamente 250 reporteros y más de 100 camarógrafos y fotógrafos.
Estimando que un 50 por ciento de la prensa que cubre el Congreso accede a este bono, y que todos reciben la misma cantidad (25 mil lempiras), se estarían erogando casi 5 millones de lempiras en concepto de «bonos» a la prensa, por razones desconocidas.
Sin embargo, se sabe que previo a elecciones importantes dentro del Congreso Nacional, o antes de épocas festivas como Navidad, Semana Santa, como también en el retorno a las sesiones, el incentivo voluntario siempre es puesto a disposición de la prensa, y en estas ocasiones es notorio el aumento de periodistas que cubren la fuente legislativa.
Aunque todavía se desconocen los puntos a tratar en las siguientes sesiones legislativas, hay temas torales para el Congreso Nacional este año, como la ratificación de los fiscales interinos, la elección de los altos cargos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en la Unidad de Política Limpia, y la discusión de leyes como la Ley de Justicia Tributaria, Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del actual Código Penal.
Para la discusión de estos temas, el oficialismo en el Congreso debe alcanzar los consensos entre las distintas fuerzas políticas, considerando que, hasta el momento, solo se han obtenido 73 de los 86 votos necesarios para las reformas o elecciones de segunda categoría en el país.
