La administración encabezada por Xiomara Castro ha anunciado una inversión gigantesca en infraestructura para el tercer año de su gobierno, cuando en Honduras comienza la carrera hacia las próximas elecciones y desde diversos sectores de sociedad civil se cuestiona que el gobierno está retrocediendo en temas de transparencia.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre
El Gobierno de Xiomara Castro adelantó que hará una inversión de más de 14,000 millones de lempiras en la red vial y en un proyecto denominado «caminos productivos», un programa orientado a mejorar las vías terciarias y vecinales en municipios de todo el país. Este llamado Plan de Reconstrucción Nacional fue anunciado en un video que circula en redes sociales, en el que de forma general se dice que se enfocará en tres sectores: vial, productivo y social.
En una entrevista para Contracorriente, el economista Julio Raudales dijo que esos picos en la asignación al presupuesto de la infraestructura productiva suelen pasar cuando ya se acercan las elecciones; en nuestro país incluso ya se mencionan precandidatos presidenciales.
Las carreteras tienen como finalidad conectar las zonas de producción con los grandes mercados; «esa es la lógica de una carretera», describe el economista Ismael Zepeda, quien espera que en la inversión propuesta por el Gobierno para el próximo año cumpla con este requerimiento. «Tiene que haber un estudio, porque uno puede decir que necesitamos la reparación de tal vía, pero quizás otra carretera tiene prioridad técnica. Ahora, como hay propaganda partidaria, los proyectos van más enfocados a la carga electoral que a la carga técnica», sostuvo el también analista político.
Honduras tiene una red vial aproximadamente de 12 mil kilómetros, sumadas las carreteras primarias, secundarias y terciarias. De esa red, únicamente 3,900 kilómetros están pavimentados, y la mayoría se encuentran en mal estado, como la CA-4 y la carretera que conduce de El Progreso a la ciudad de Yoro, en el departamento del mismo nombre; ambas vías se encuentran en un estado deplorable. Entre las carreteras del país destaca la CA-5, que une Tegucigalpa con San Pedro Sula, que se encuentra en buen estado, pero está concesionada.
El Gobierno de nuestra Presidenta @XiomaraCastroZ avanza hacia el desarrollo y la prosperidad de la Patria. 🛣️🇭🇳
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) December 6, 2023
✅14 mil millones de lempiras serán destinados para ejecutar a través de la SIT y las municipalidades el proyecto de inversión de Caminos Productivos y carreteras. pic.twitter.com/otfrNCdkXG
Durante el año 2023, el Gobierno de Xiomara Castro destinó para el mantenimiento vial L 652 millones, de los cuales solo se ejecutó el 59 %. Para la construcción de carreteras se destinaron L 2,600 millones y solo se ejecutó el 50 %, según información oficial, quedando pendientes de ejecución más de 1,000 millones de lempiras. En la construcción de puentes, hubo una asignación de L 99 millones, con una ejecución del 60 %.
Estas cifras aumentarán en 2024. Las proyecciones que aparecen en el portal Honduras Inversiones reflejan que solo para rehabilitación de carreteras hay destinados más de L 3,819 millones, en un aumento de casi 800 % del presupuesto de 2023. Para construcción de vías se pretende asignar L 2,991 millones, y 1,990 millones para la construcción de puentes. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendría en total una asignación presupuestaria de L 12,281 millones.
El economista Ismael Zepeda no se confía ante la promesa de semejante inversión, pues opina que se debe revisar la capacidad de ejecución del Gobierno, que en el 2022 y 2023 no llegó ni a 60 %: «Pueden decir que van a invertir miles de millones, pero no se está teniendo una ejecución presupuestaria ideal. En general, [la ejecución] del presupuesto en la administración central solo fue del 86 %, y el Plan de Inversión Pública no llegó ni al 40 %», mencionó.
El monto de inversión pública total para el año 2024, al menos en el proyecto de presupuesto, asciende a L 96,460 millones, de los cuales L 35,107.6 millones serían destinados para proyectos de obras públicas, y L 51,740.7 millones serán orientados a programas sociales del Gobierno, según han publicado en el portal Honduras Inversiones.
El Gobierno destinará L 35,107 millones a obras públicas, mientras que L 51,740 serán orientados a programas sociales.
Una inversión como la propuesta por el Gobierno trae consigo un impacto positivo en la dinámica económica, sostuvo Ismael Zepeda, sobre todo en la generación de empleo. «Es algo que los economistas llamamos el efecto multiplicador del gasto, es decir, cómo esos recursos impactan en los ingresos y bienestar de las personas», explicó.
No obstante, Zepeda señaló también que muchos de los recursos que se están utilizando para construir y mejorar la infraestructura están entrando al país vía financiamiento. La presidenta y la ministra Rixi Moncada en sus intervenciones hablan de una deuda de casi 20,000 millones de dólares; «esto puede precarizar más aún la situación y la sostenibilidad de la deuda», dijo Zepeda.
Tras recibir la administración del Estado, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que el país estaba quebrado y tendría que recurrir a más deuda para salir a flote. Actualmente el país paga más de L 50,000 millones en servicio de la deuda externa, lo que confirma los temores de Zepeda. La ministra Moncada anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará un crédito por 600 millones de dólares para la construcción de tramos carreteros en el Paraíso, Yoro, Francisco Morazán y Atlántida.
El anuncio de la inversión fue hecho después de que el Gobierno implementara la suspensión de tres incisos de la Ley de Contratación de Estado, que regulan la figura del Comprador Público Certificado (CPC) vigente desde 2017, y cuyo propósito es fortalecer las buenas prácticas en las adquisición de bienes por parte del Estado. La medida entró en vigencia el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2023. La decisión se tomó para mejorar la baja ejecución del presupuesto de la administración actual, pero es un retroceso en términos de rendición de cuentas y transparencia.
Honduras se retiró de la Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura (CoST), un ejercicio global para mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las obras de infraestructura. Desde el 2014 se encontraba información detallada de los proyectos, como el costo, lugar de ejecución, compañía ejecutora, entre otros, pero el portal donde aparecía esa información, Sisocs.org, ahora está deshabilitado.
La CA-4 y otros proyectos
El Gobierno de Xiomara Castro comenzó en el 2023 con la ejecución de varios proyectos. Quizás el más insigne de ellos es la construcción del tramo de la CA-4 entre La Entrada, Copán, y la comunidad de Naco, Cortés. Los trabajos comenzaron desde finales del 2022, pero hasta ahora son muy pocos los kilómetros que han sido pavimentados.
La CA-4 fue una vía descuidada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández. Su tránsito es una tortura para los habitantes del occidente del país, pero también para los visitantes extranjeros que salen o ingresan por las fronteras de El Poy (El Salvador) y Agua Caliente (Guatemala). La carretera a occidente fue rehabilitada totalmente entre 1992 y 1996, período que abarcó el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina. La duración de esa capa de asfalto estaba estimada para unos 15 años, pero fue un trabajo de mala calidad que empezó a tener problemas cinco o seis años después de construida la vía.
En reparaciones en esta vía se ha invertido gran cantidad de dinero. Según cifras proporcionadas por Carlos Chinchilla, coordinador del Espacio Regional del Occidente de Honduras (EROC), entre el 2006 y 2012 se invirtieron más de 500 millones de lempiras en proyectos de reparación entre San Pedro Sula y Ocotepeque. El estudio solo abarca seis años.
La CA-4 quizás sea el proyecto más grande iniciado por el Gobierno, pero no es el único. Información facilitada por la SIT a Contracorriente indica que se están «ejecutando 11 macroproyectos a nivel nacional», con una inversión de L 4,693 millones. Además, la SIT está ejecutando 44 obras de interconexión municipal en 16 departamentos del país; no hay proyectos en Yoro y Gracias a Dios, según la información compartida. El departamento más favorecido es Santa Bárbara, donde se están desarrollando 11 proyectos, mientras que en Olancho hay 5 en ejecución y 4 en Francisco Morazán. En los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz y Ocotepeque actualmente solo hay una obra en ejecución.
Por su parte, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) también está gestionando 67 proyectos a nivel nacional; otros 69 ya fueron terminados y hay 17 en adjudicación. La inversión total es de L 447.8 millones. Todos los proyectos ejecutados por el FHIS, igual que los gestionados por la SIT, están siendo construidos a base de concreto hidráulico, que es un material más oneroso que el asfalto. Ambas instituciones le confirmaron a Contracorriente que ninguno de los proyectos ejecutados es de asfalto.
Carlos Chinchilla, director del EROC, manifestó que las construcciones en concreto hidráulico son más «caras y avanzan con mayor lentitud, pero comparado con el asfalto tiene la ventaja que es más fácil de reparar, pues al dañarse solo se sustituye la parte en mal estado y queda exactamente igual. Con el asfalto, es la desventaja que donde se hace un bache seguramente se seguirán haciendo, aunque sale más barato».
En cuanto a la durabilidad de las carreteras de asfalto, suele oscilar entre los 5 y 15 años, y las reparaciones se tienen que hacer de forma frecuente. Las carreteras de concreto hidráulico tienen una durabilidad de hasta 30 años, con menos inversión en mantenimiento y más rapidez para ejecutarlos. Incluso se habla de que generan ahorro de combustible y que la iluminación por las noches es mejor que en el asfalto.
«Gracias a Cortés»: el Gobierno agradece los votos con carreteras
La CA-4 será construida por segmentos. Actualmente se está trabajando en el tramo entre La Entrada, Copán, y Naco, Cortés. Son aproximadamente 78 kilómetros en los que trabajan tres constructoras: Empresa de Construcción y Transporte Eterna S. A.; Profesionales de la Construcción S. A. (Prodecon); y William y Molina S. A de C. V. Todos fueron proveedores del gobierno anterior, y la última es socia del Consorcio Siglo 21 en San Pedro Sula.
La obra tendrá un valor de 1,232 millones de lempiras. Sin embargo, quedará mucho por reparar en la CA-4. La directora regional de la SIT, Haylin Suárez, dijo a Contracorriente que ya están abiertas las licitaciones para construir el intervalo entre Santa Rosa de Copán y Ocotepeque, que consta de 66 kilómetros y será adjudicado el próximo año. Carlos Chinchilla indicó que hay estudios que recomiendan que un tramo de esta carretera debería ser construido en otro lugar, debido a las fallas geológicas que de forma constante provocan deslizamientos, pero todo parece indicar que se construirá en el mismo lugar.
Por último, faltará por construir la vía entre Cofradía y Chamelecón. Haylin Suárez explicó que todavía se están haciendo estudios para la licitación. Adelantó que pretenden que sea una carretera de cuatro carriles, cuya construcción sería al lado contrario del río Chamelecón, donde ahora está la carretera. Sostiene que para construir donde actualmente está la calzada tendrían que reubicar a cientos de familias que viven en los márgenes. Añadió que este proyecto sería más caro, pues se debe hacer un puente sobre el río para conectar con la parte que ya está siendo reparada: «sería un proyecto más grande», dijo.
Agregó la funcionaria que este proyecto es una forma de la presidenta de la República de agradecer por el apoyo brindado en las elecciones de noviembre de 2021. En los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, Xiomara Castro ganó en la casilla presidencial. «Con ese proyecto, la presidenta está diciendo: “Gracias a Cortés, gracias a noroccidente por el apoyo” », dijo Suárez.
Corrupción vs. transparencia
Uno de los principales problemas de Honduras ha sido y es la corrupción. Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), durante el segundo período de Juan Orlando Hernández anualmente se perdían en las telarañas de corrupción hasta 70,000 millones de lempiras. Bajo la administración actual, los escándalos de corrupción han disminuido, pero eso no quiere decir que ya no exista.
Algunos actos del actual Gobierno lo alejan de la transparencia, como la suspensión del artículo que regulaba la figura del Comprador Público Certificado. Para el analista Ismael Zepeda, esto representa una disminución en los procesos de transparencia: «Están buscando esas alternativas para mejorar la ejecución, pero en deterioro de ceñirse a la ley, de tener procesos transparentes y rendición de cuentas. Creo que ese es el gran problema», sostuvo.
Haylin Suárez, directora regional de la SIT, defendió la gestión de esa secretaría, donde asegura son transparentes: «Hablo por la SIT, por el ministro [Mauricio Ramos] y mi presidenta, que sé que son honestos», dijo, sin extender su apología a otros ministerios. Este medio también intentó contactar al ministro Mauricio Ramos, quien no respondió a las solicitudes de entrevista.
Suárez contó que hay reclamos de proveedores que realizaron proyectos con el Gobierno anterior, pues los precios «ahora son justos. Aquí nadie va a venir a decir que hay actos de corrupción, porque el dinero está cabal. No hay ningún presupuesto sobrevalorado», aseguró, y luego añadió que este gobierno, a diferencia de la administración pasada, sí está haciendo obras, y con menos presupuesto que sus antecesores: «No se miraban los proyectos así como ahora, por eso le pregunto: ¿dónde está todo ese dinero invertido? ¿Dónde están esos miles de millones de lempiras?», cuestionó.
Durante la administración anterior se construyó una calzada que une Santa Rosa de Copán con el punto fronterizo El Florido, cerca de 86 kilómetros, que le costaron al pueblo de Honduras más de L 3,500 millones. Carlos Chinchilla, del EROC, estima que en esa obra cada kilómetro costó L 25 millones. La carretera de 78 kilómetros entre La Entrada y Naco tendrá una inversión de L 1,200 millones, que resultaría en L 15 millones por km. Aunque hay variables como la geografía del terreno que se deben tomar en cuenta, la diferencia entre dos tramos de similar distancia es mucha.
Chinchilla explicó que le corresponde al Estado evitar que las ofertas tengan sobreprecios, al revisar que haya coherencia entre los costos planteados en las ofertas. «Obviamente, si hay un margen para el aumento de los precios, hay actualizaciones durante el proyecto; si hay
una justificación se puede aumentar», dijo, y luego mencionó que en los proyectos de infraestructura se da algo que él denomina un «triángulo perfecto de la corrupción», pues en la empresa privada, las compañías supervisoras y las empresas ejecutoras se coluden porque piensan que no tienen que rendir cuentas, y en estos casos también hay contubernio de funcionarios del Estado.
Para Ismael Zepeda, desde la administración debe haber una actitud propositiva en aras de la transparencia, que haya información pública de los proyectos sobre el financiamiento, quién ejecutará la obra, la unidad supervisora y costo. «Aspirábamos que al salir el gobierno de Juan Orlando Hernández [tendríamos] todos esos mecanismos, pero las medidas son un tema de participación ciudadana que este Gobierno poco a poco ha ido quitando», concluyó.
