El 27 de enero los campesinos de Tranvío, una finca en el caribe hondureño, planeaban una protesta para exigir al Estado que sacara a los sicarios, pero los sicarios comenzaron a disparar contra ellos al amanecer. Esta es la historia de ese día y la del conflicto en el Bajo Aguán, donde los campesinos disputan su derecho a la tierra contra los intereses de la industria de la palma africana, paramilitares, mineras y narcotraficantes. En las últimas tres semanas han sido asesinados dos defensores de este territorio. Desde 2009, cerca de 200.
Por Jared Olson
Fotos: Seth Berry
Portada: Donají Marcial
La primera ráfaga de tiros cayó sobre la finca al amanecer del 27 de enero de 2025. La guardia nocturna acababa de terminar y los vigilantes de la cooperativa Tranvío, que volvían a sus casas, se arrastraron por el laberinto verde de palmeras africanas para escapar de los disparos de un pelotón de entre 30 y 50 sicarios que portaban chalecos negros y rifles AR-15, AK-47, escopetas automáticas y mini-Uzi.
Christian Baire no lo logró. Lo hirieron en un pie. Lo rodearon. Le ataron las manos y lo arrastraron hacia una esquina de la finca, cerca de un colegio en la comunidad vecina de Quebrada de Arena. Ahí sería torturado por más de una hora.
— “¿¡Ya vienes!? ¿¡Lo escuchas!?”—
Me dice por teléfono unos minutos después uno de los líderes de la finca. Detrás de su voz agitada, se escuchan con claridad las ráfagas.
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El Bajo Aguán, en la costa caribe hondureña, padece una combinación de guerras sucias recurrentes: por la palma africana, por la expansión minera, y por el control de la ruta de la cocaína.
Testimonios de tres narcotraficantes de alto nivel extraditados a EE.UU, cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, investigaciones de fiscales estadounidenses, denuncias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, reportes de violaciones de DD.HH. y señalamientos del Ministerio Público indican que los mismos sicarios del narcotráfico son contratados para formar escuadrones paramilitares que asesinan campesinos.
Según varios testimonios de narcos hondureños procesados en Estados Unidos, agentes de seguridad privada de las corporaciones palmeras han ayudado a narcos y militares a recibir cargamentos de cocaína en fincas de familias terratenientes. Por ejemplo, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, celebrado en 2017 la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un cabecilla del cártel de Los Cachiros quien se entregó a la DEA, aseguró que usaron una finca palmera de Miguel Facussé en Colón en 2013 para aterrizar un avión de cocaína y que Ramón Lobo, hermano del expresidente, solía reunirse con los Cachiros para apoyarlos. Fabio Lobo fue condenado en ese caso, pero salió libre en septiembre de 2024 tras testificar en otro juicio por narcotráfico en contra del ahora encarcelado expresidente Juan Orlando Hernández.
En los últimos años, según varios reportes periodísticos y el mismo gobierno, también han aparecido cultivos de coca en las montañas cercanas.
Para este reportaje buscamos a Roger Pineda, jefe de relaciones internacionales de Dinant para conocer la posición de la empresa de la familia Facussé que administra la mayoría de las plantaciones de palma africana en el Aguán. Pineda respondió a través de una carta en la que la empresa “rechaza cualquier sugerencia de colusión con actores criminales”, se desvincula de los hechos de violencia contra las cooperativas campesinas y descarta vinculaciones con grupos paramilitares.
Estas guerras sucias han convertido al valle del Aguán en un lugar extremadamente violento: según cifras oficiales, entre 2013 y 2024, fueron asesinadas 2,300 personas, una cifra cercana al total de homicidios que registró todo el país en 2024. En este contexto, los campesinos han sufrido los ataques sistemáticos de grupos armados. Aunque no existe una cifra oficial, los recuentos de organizaciones de derechos humanos señalan que desde 2009 hay cerca de 200 asesinatos y desapariciones relacionados con el conflicto.
Omar Cruz, el presidente de una cooperativa palmera que disputa su finca con Dinant, fue asesinado junto con su suegro en enero de 2023 después de que denunciara en el Ministerio Público a Mauricio Facussé como un “actor y cómplice” de Los Cachos, un grupo del crimen organizado. Un mes después, Hipolito Rivas, un miembro de otra cooperativa palmera que disputa su finca con Dinant, fue emboscado y asesinado con su hijo Javier después de recibir amenazas durante semanas de un grupo paramilitar.
El 14 de septiembre de 2024, el defensor de derechos humanos Juan López fue asesinado al salir de una iglesia en Tocoa, días después de haber denunciado públicamente a Adán Funez por liderar una mafia política que apoya las empresas palmeras y mineras en la zona. Funez es el alcalde de Tocoa y para entonces era el hombre fuerte del partido de Gobierno en la zona.
El 18 de octubre, Selvin Noé García, un miembro activo de la cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado por sujetos armados que circulaban en la zona en un picop sin placa.
La mañana de navidad, Los Cachos desplazaron a cientos de personas con armas automáticas y se hicieron con el control de la finca Camarones, vecina de Tranvío.
El 2 de enero de 2025, Arnulfo Díaz, otro miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, cruzaba un río con su familia cuando hombres armados encapuchados los pararon. A él le ordenaron que bajara del coche; y a su familia que siguiera el camino mientras ellos ‘platicaban’ con Arnulfo. Minutos después, su esposa e hijos escucharon los balazos de la ejecución.
El 27 de enero los campesinos de Tranvío planean una protesta en la carretera CA13 para exigir al estado que sacara a los sicarios de la zona, pero los sicarios, que llevaban un mes prometiendo que los matarían si fuera necesario para que abandonaran el terreno, comenzaron a disparar antes que los campesinos se movilizaran.
Por eso esta mañana uno de los líderes me llama por teléfono desesperado.
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Son cerca de las ocho de la mañana y en la finca los disparos continúan. Unas 50 personas entre ancianos, mujeres y niños se refugian detrás de las paredes de concreto de una pulpería a medio construir. Los campesinos de Tranvío están acorralados. El grupo armado ataca desde el interior de la plantación; por detrás, otro grupo ataca por el portón central de la cooperativa, sobre la carretera CA13. En este grupo, proveniente de la comunidad Quebrada de Arena, hay gente encapuchada con bates y piedras que simpatizan con los paramilitares y dicen ser ganaderos enfadados con los campesinos.
La calma de los policías que nos acompañan —“son pleitos entre campesinos”, dice uno de ellos, “no intervenimos en eso”—contrasta con dos de los guardias de vigilancia que lograron escapar y todavía tiemblan. “Nos cubrimos ahí (en la mata). Y ellos tirando, tirando, tirando, tirando, descargándolas”, cuenta uno de ellos.. “Cuando corrimos, un compañero se quedó en una mata… le agarró los nervios”.
Roberto Pérez Martínez me confirma que los sicarios tienen a un guardia secuestrado. Martínez es el presidente de la cooperativa Tranvío. Hace cinco días recorríamos esta zona mientras me mostraba, orgulloso, el desarrollo y crecimiento de la comunidad. Ahora intenta convencer a los policías para que rescaten a su compañero, cuando escuchamos de nuevo el sonido de los balazos.
A menos de medio kilómetro, los sicarios torturan a Christian Baire, que está herido de bala en un pie. Lo amenazan con arrojarlo al río Aguán atado de pies y manos para que se lo coman los cocodrilos. Le golpean tres veces en la cara con una roca. Le dan patadas y culatazos con sus rifles hasta que casi se ahoga con su propia sangre. Le cubren la cara con su camiseta, una que tiene estampado el rostro de Juan López, el defensor de derechos humanos asesinado meses antes por haber desafiado a las élites políticas vinculadas con las redes mineras y extractivistas. Días después del ataque, dos fuentes asegurarán que Baire, aislado y sometido, temió correr la misma suerte que Juan López.
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“A mi padre lo asesinaron” me contó Roberto Pérez Martínez, el presidente de Tranvío, mientras caminábamos por la finca una mañana lluviosa cinco días antes del ataque. Su padre y su tío, Anselmo Pérez y Pío Pérez López, fueron asesinados en el Aguán en 1992, cuando la Cooperativa ‘El 5’ que Anselmo lideraba estaba en medio de un conflicto agrario con la empresa estadounidense Standard Fruit. “He estado en la lucha desde entonces”, dice Roberto Pérez. Él era un niño de 6 años.
La muerte de su padre fue otro capítulo de una historia de violencia de más de un siglo. Desde 1920 la Standard Fruit sembraba banano y saqueaba la madera del Bajo Aguán, un suelo pantanoso y rico por las inundaciones cíclicas del río amplio que fluye hacia el Caribe.
En las décadas del 70 y 80, el Bajo Aguán se convirtió en epicentro de una reforma agraria que entregó tierras no desarrolladas a los campesinos más empobrecidos del país para prevenir el surgimiento de una guerrilla. Era un plan imperfecto, ya que, en la práctica, funcionó no como un reparto de tierras sino un esquema barato de colonización: los campesinos estuvieron expuestos a multiplicarse en una selva sin clínicas, escuelas, ni apoyo estatal; los campesinos desnutridos se morían de malaria y dengue en condiciones brutales. El gobierno vigilaba y asesinaba y desaparecía a aquellos que alzaban la voz para reclamar sus derechos con ayuda del temido Batallón 3-16, el escuadrón élite apoyado por la CIA.
Pese a esa otra violencia, los más viejos aún recuerdan esa época con un brillo nostálgico en sus ojos. Entonces la corriente impetuosa del río Aguán y las decenas de afluentes que desembocan en él estaban limpias. El sicariato ni siquiera era un concepto que se comentara y el trabajo en la tierra prometía al menos un futuro. “Éramos pobres… pero tuvimos todo, todo de lo que uno necesitaría, plátano, peces, aire libre”, me dijo una mujer con una sonrisa iluminando su rostro. “Era perfecto, tuvimos todo”.
Pero ese edén imperfecto lo comenzaron a perder en los años noventa con el impulso de una ley para la modernización agrícola, el esfuerzo del Estado por darle la tierra a las empresas extractivistas. A través de una serie de mecanismos legales que permitieron la venta de tierras de la reforma agraria, empresarios como la familia Facussé, liderada por el ya fallecido Miguel Facussé, fundador de Corporación Dinant, se hicieron con grandes extensiones de tierra, mientras los campesinos denunciaban un sistema desigual en el que las cooperativas fueron quebradas, estafadas o hasta sobornadas para consolidar el nuevo oro del Bajo Aguán: fincas industriales de palma africana. A la fecha, el aceite de palma sigue siendo uno de los principales productos de exportación del país.
Durante casi 20 años, los campesinos comenzaron a organizarse de nuevo y cada tierra que iban perdiendo las comenzaron a recuperar a base de ‘ocupaciones’: tomas masivas de las plantaciones en las que empezaron a cosechar la palma y construir pueblos con casitas de nylon. En 2009, antes de ser derrocado por un golpe de Estado protagonizado por militares, el entonces presidente, Mel Zelaya, prometió atender el conflicto en favor de los campesinos. Después del golpe, autoridades gubernamentales comenzaron a tildar la lucha campesina en el Aguán como una lucha del estado contra “terroristas”. Entonces vino una nueva represión.
Hasta 2013, se contabilizaban al menos 88 asesinatos en el marco del conflicto. La mayoría de las víctimas fueron campesinos asesinados en “ejecuciones al estilo de escuadrones de la muerte.” Los sicarios de esa época, denunciaban los campesinos, eran militares quinceavo batallón en Río Claro y “los guardias del terrateniente” Facussé.
En 2017, en Delaware, las víctimas presentaron una demanda colectiva contra la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial por haber financiado a Dinant, acusada de “contratar escuadrones de la muerte paramilitares” para asegurar el control de las tierras. (En 2024 el CFI se puso de acuerdo de resolver el caso y pagar a los campesinos para tranquilizar las demandas detrás del caso). En 2022, la esposa del derrocado presidente Zelaya ganó la presidencia en Honduras y Mel se convirtió en asesor que opera como un presidente junto a su esposa. Pero el clan Zelaya se olvidó de su promesa de 2009 y ha hecho poco por los campesinos.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la presencia de “grupos paramilitares” en la zona y los altos riesgos que esto significaba para campesinos y defensores de derechos humanos.
Las resoluciones internacionales, sin embargo, tampoco frenaron la violencia. En los últimos años los campesinos incluso han tenido que enfrentar nuevas amenazas. Oían drones de vigilancia encima de sus cabezas, vieron a policías o mercenarios encapuchados patrullando por sus fincas, conocieron detenciones de compañeros criminalizados y golpeados por la policía por haber “robado fruta». Recibieron amenazas de muerte por gente armada, gente desconocida y picops sin placas que los iban acechando a su paso obligatorio por las calles de la comunidad Quebrada de Arena y en el pueblo de Tocoa.
En Tranvío, el primer asesinato de esta nueva ola de violencia ocurrió a a finales de 2022. Mauricio Esquivel, de 46 años, un padre y miembro del movimiento campesino, fue ejecutado en la comunidad Quebrada de Arena. En marzo siguiente, asesinaron a Marvin Dubón, de 23 años, otro miembro activo de Tranvío. Los campesinos acusaron al grupo sicarial Los Cachos de tener vínculos con el jefe de seguridad privada de Dinant. Los Cachos, aseguran, los amenazan con desalojarlos de las tres cooperativas que rodeaban Quebrada de Arena: Camarones, Tranvío y La Chile. Los campesinos también han denunciado a la empresa de tener vínculos con otros grupos paramilitares que han atacado a las comunidades de La Confianza y Panamá.
En la carta enviada por Dinant, la empresa rechaza estas acusaciones y señala que ante “cualquier contacto entre el personal de seguridad y los agentes delictivos daría lugar a la destitución inmediata y, si se justifica, a la remisión a las autoridades”.
Ese primer trimestre de 2023, militares, policías, y agentes armados de SEC (Servicios Especiales de Colón), una empresa de seguridad privada vinculada a Dinant, atacaron a los campesinos con AR-15 e hirieron a dos con munición birdshot para escopetas, mientras niños y mujeres se asfixiaban por el gas lacrimógeno, según una investigación periodística. Según el artículo, la empresa no respondió sobre la legalidad del ataque en el que hubo presencia de agentes del Estado y agentes de seguridad privada. En mayo de ese mismo año, los campesinos serían atacados otra vez cuando militares los gasearon en los límites entre la finca la Chile y la planta productora de Dinant.
El día de navidad de 2024 los grupos armados habían recuperado Camarones. Ya solo les faltaba Tranvío y La Chile.
Aquella mañana lluviosa antes del tiroteo, Roberto Pérez me enseñó orgulloso los pequeños barrios alrededor de una escuela primaria, las tiendas, las plantaciones y el gallinero que la cooperativa había construido en los últimos años. Pero detrás de ese orgullo siempre había una sombra: más de 30 años después del asesinato de su padre y su tío, a Roberto Pérez también lo están amenazando de muerte.
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El ataque armado se reanuda a las 10 de la mañana. Esta vez suena más pesado y explosivo, como “a una M60”, me dice uno de los policías que nos acompaña. Tranvío no es el único objetivo de los asaltantes provenientes de la aldea Quebrada de Arena. “¡Ya venimos por ustedes!”, gritan a los miembros de la cooperativa La Chile, ubicada al otro lado de la carretera.
En el Aguán, los ganaderos se han vuelto la cara mediática de la oposición a las cooperativas campesinas, a quienes acusan de impedirles el pastoreo de sus animales como solían hacerlo, dicen, bajo el control corporativo de Dinant en la zona. Temerosos por el aumento súbito de inseguridad en Aguán desde 2022, alcanzando una cifra oficial de homicidios muy por encima del promedio nacional, algunos residentes fueron arrastrados a creer, pese a las evidencias de la existencia de grupos armados y sicariales, que la violencia generalizada se desató a raíz de las ocupaciones campesinas, una narrativa empujada desde las esferas oficiales y algunos medios locales vinculados a empresas agroindustriales y mineras de la zona. En el Aguán incluso hay quienes creen que grupos como los Cachos, unidos con los ganaderos, podrían protegerlos de los campesinos “invasores”.
En Quebrada de Arena, pese a reiteradas insistencias, un miembro del grupo opuesto a los campesinos se negó a proporcionar una entrevista. El único portavoz que se pronunció para asegurar que el conflicto entre los ganaderos y los campesinos no tiene que ver con las empresas fue Heriberto Alemán, dirigente de la oenegé Ambiente, Derechos Humanos, y Justicia. “Dinant no tiene nada que ver con esto”, me dijo. En 2022, este dirigente también se pronunció a favor de los intereses de una empresa minera en otro conflicto por la tierra en esa misma zona.
Pero en La Chile, este 27 de enero, los ganaderos y encapuchados de Quebrada de Arena son recibidos por cooperativistas jóvenes e indignados que los repelen a fuerza de gritos y rocas.
Cuando llegamos al portón de La Chile, los cooperativistas ya han agotado la mayoría de sus rocas y se esconden detrás de los troncos de las palmeras para evitar ser alcanzados por las piedras lanzadas desde Quebrada de Arena. Al menos acá no hay armas, aunque algunos testigos aseguran haber visto a alguien levantando una pistola y disparando al aire; otros juran que entre los ganaderos hay pandilleros.
“Sabes algo”, me dice un oficial de la Policía, cuando reparamos que también habíamos quedado atrapados junto a niños, ancianos, gente pobre ajena al conflicto. “En ese grupo de campesinos creo que ví gente que se veían como mareros”.
En otros contextos, en Colón, ya se ha demostrado la participación de pandilleros colaborando con narcos para asegurar el control del tráfico de drogas. Por ejemplo, en el cártel de Los Cachiros, coludido con políticos, policías, y militares, los utilizaban. Grupos militares en el Aguán, cuyas tropas han sido señaladas repetidamente por ejecuciones de campesinos, también han sido denunciados por proteger cargamentos de cocaína junto con mercenarios armados y pandilleros subcontratados a través de comandantes policiales corruptos, según documentos gubernamentales y testimonios en juicios del narcotráfico en EEUU. Uno de estos era el del exsoldado y diputado extraditado, Midence Oquelí, quien entrenaba a sicarios selectos de la MS-13 en el Aguán para llevar a cabo asesinatos en las guerras del crimen organizado. Otros militares, contratados por Dinant, han sido denunciados por organizar grupos armados contra defensores de la tierra y el agua, escuadrones paramilitares cuyos pistoleros están vinculados a las mismas redes de narcotráfico.
Semanas después del ataque en Tranvío y La Chile, la sospecha del policía se confirmaría: Sergio Lisandro Cruz, un presunto cabecilla de la MS-13 fue capturado el 13 de febrero en Quebrada de Arena por la DIPAMPCO, la unidad élite de la policía hondureña especializada en combatir las maras y pandillas. Lo acusarán de “sicariato,” y “desplazamiento forzado de familias campesinas”.
Los campesinos siguen atrapados entre el doble ataque: los ganadores se retiran a la entrada del poblado y bloquean la carretera CA13. Dentro de Tranvío, el grupo armado sigue disparando contra los cooperativistas.
Al otro lado de la finca, los sicarios han dejado de torturar a Christian Baire para retirarse hacia una escuela en los límites cercanos de Quebrada de Arena. Ensangrentado y abandonado en el pasto, Baire contaría después que sentía que se moría cuando por fin fue auxiliado por unos policías que lo subieron a su picop y lo trasladaron al hospital más cercano, en Trujillo.
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En julio de 2022, el gobierno de Xiomara Castro prometió resolver el conflicto del Aguán con el establecimiento de una “Comisión Tripartita” que revisaría los títulos de la tierra, investigaría los actores detrás de violaciones de derechos humanos en la región, y establecería un mecanismo permanente para monitorear violencia y administrar reparaciones a víctimas.
Tres años después, se ha hecho muy poco para detener la violencia y llevar justicia a las víctimas.
Lo que sí ha ocurrido es la entrega de más poder a funcionarios vinculados en la violencia contra el movimiento campesino. En 2022, Adán Fúnez, el alcalde de LIBRE en Tocoa y viejo amigo del expresidente y esposo de la actual presidenta, Mel Zelaya, fue designado como gobernador para todo el departamento de Colón, a pesar de sus vínculos con el narcotráfico y grupos armados, según varias investigaciones periodísticas. En una de las más recientes, destapada en septiembre de 2024, se le ve participar en una reunión con prominentes narcotraficantes hondureños en el contexto de las elecciones presidenciales de 2013. En la reunión, grabada en video y revelada por InSight Crime, también aparece Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta.
Además, varias investigaciones periodísticas y fuentes en la zona señalan que Fúnez ha apoyado a un grupo paramilitar en la aldea de La Confianza entrenado y armado por un oficial militar contratado como un asesor de seguridad, a la misma vez, para Dinant. En el Aguán, además, al menos cinco fuentes con conocimiento consultadas para esta investigación alegaron que Fúnez apoya los Cachos en Quebrada de Arena, donde ha tenido relaciones personales con miembros de la estructura delictiva que rodea los sicarios y ha usado su posición como alcalde para ayudar a miembros del grupo. El 15 de febrero pasado, después de una entrevista en un programa de televisión realizada días después de que el Ministerio Público lo señalara como el autor intelectual detrás del asesinato del defensor ambiental Juan López. Fúnez confirmó que se había reunido con el líder de los Cachos en una manifestación en contra de la prohibición de armas en Colón, una causa que el alcalde lleva años encabezando como parte de un esfuerzo de militarizar la región.
Los campesinos, además, se dieron cuenta de que algo iba mal cuando la presidenta Castro nombró al coronel Elias Melgar Urbina como Viceministro de Defensa. En 2020, Melgar Urbina fue señalado por fiscales estadounidenses como un “contacto militar” del narcotraficante Geovanny Fuentes, al que le daba protección con sus tropas, inteligencia, armas, y uniformes. Entre 2009 y 2013, en el Aguán, también manejó una empresa de seguridad llamada Orión/Sión, contratada por Dinant y denunciada por la ONU por graves violaciones de DD.HH. Operando en colusión con las tropas bajo su mando, agentes de Orión asesinaban, desaparecían, y violaban decenas de campesinos en conflicto con empresas palmeras, según las denuncias.
A lo largo del 2022, con la promesa del nuevo gobierno diluyéndose, se reportó un aumento de interacciones entre agentes de seguridad privada y grupos criminales en la zona. Una de las bandas sicariales más temidas es la de los Cachos, que según la fiscalía, es liderada por Juan Carlos Lizama, un nombre que infunde temor entre los campesinos del Aguán.
A finales de 2022, Lizama estaba en la cárcel acusado de un doble homicidio ocurrido en 2018, cuando salió de prisión gracias a las gestiones de una prominente abogada. Según el expediente judicial de Lizama obtenida para esta investigación, se trata de Karen Elencoff, reconocida por haber defendido a Ramón Lobo Sosa, el hermano del expresidente de Honduras, en un caso de desvío de fondos de la partida secreta de la Presidencia. En 2019, ese caso fue sobreseído. La familia Elencoff, además, está fuertemente vinculada al Partido Liberal en el Aguán. Su hermano, Ricardo Elencoff, es diputado Liberal para Colón desde 2017 y fue el presidente de un equipo de fútbol en Tocoa patrocinado por dos empresas vinculadas al narcotráfico, según investigaciones periodísticas. Cuando se reeligió en 2021, usó el mismo diputado suplente de Midence Oquelí Martínez, el exmilitar y diputado liberal quien entrenaba sicarios para los Cachiros antes de ser extraditado a EE.UU. en 2023.
Elencoff no respondió a la solicitud de un comentario para esta publicación.
Según el expediente, la abogada solicitó la liberación provisional de Lizama a un juez el 13 de febrero de 2023. Tres días más tarde, se reunió en Tocoa con un juez y un fiscal, y horas más tarde el juez mandó una carta para la liberación inmediata de Lizama de la cárcel en Olanchito. Un mes y un día después, dos testigos dicen que Lizama fue de las primeras personas en la escena cuando sicarios asesinaron a Marvin Dubón, un miembro de Tranvío, en Quebrada de Arena.
La participación de Lizama con la seguridad de las empresas palmeras es denunciada por los campesinos. “Sabemos que ha habido coordinación por parte de Eldin Echeverría Martínez [el jefe de seguridad privada de Dinant] con Juan Carlos Lizama en la cárcel”, dijo una fuente en el movimiento campesino quien pidió anonimato. La coincidencia temporal entre su liberación y el reinicio de una nueva ofensiva contra líderes de la zona los hace sospechar que esta fue creada “para que esta persona pudiera venirse a crear esta criminalidad en la zona”.
En el Aguán, figuras como Lizama también son señalados como el brazo armado de una red más amplia de básculas, o “centros de acopio”: un sistema parasitario de compradores intermediarios que se asegura de que la fruta de la palma africana de los campesinos, amenazados y sobornados por los basculeros, acabe en las manos de las mismas empresas privadas.
En el ecosistema de las básculas hay un río revuelto de operarios, pero las cooperativas afectadas señalan a dos grandes intermediarios con poder: los Cachos están vinculados a los basculeros ubicados en la margen derecha del río, y los ‘Canechos’, otro grupo armado en la zona, que están ubicados en la margen izquierda.
“Trabajan todos para Mauricio Facussé porque él necesita cumplir con los compromisos de la venta de fruta a nivel internacional”, asegura una fuente con conocimiento de la industria.
Las básculas surgieron como una solución para darle salida a la fruta cosechada por los campesinos, quienes tienen vedado el usufructo de su cosecha en el mercado internacional de aceites. Contra la espada y la pared, se ven sometidos a aceptar los tratos injustos de los administradores de las básculas, que sí tienen autorización con un “boleto” o “código” para operar para las grandes industrias palmeras como Dinant. “Básicamente, acabamos trabajando para el Canecho”, dice una fuente que conoce cómo operan las básculas de la margen izquierda del Río Aguán.
Y no aceptar los tratos u oponerse puede traer consecuencias. Abel López Perdomo era un miembro de la cooperativa Remolinos, enfrentada a finales de 2021 con la empresa agroindustrial Inversiones Ceibeñas. Esta cooperativa se vio obligada a trabajar con las básculas que pagaban hasta la mitad del precio real de la fruta, según las denuncias de los campesinos.
López Perdomo, a quien los cooperativistas recuerdan como un hombre recto, mantuvo un registro minucioso en una libreta de las toneladas de fruta que llevaron para que les pagaran lo justo, pero su auditoría no cayó en gracia. El 30 de enero de 2024, López Perdomo y dos compañeros viajaban en una volqueta llena de fruta en una calle no pavimentada, cuando un todoterreno rojo les cortó el paso. Entonces cuatro hombres encapuchados y armados con AK-47 se llevaron a punta de fusil a López Perdomo, que sigue desaparecido hasta el día de hoy.
Consultado sobre las denuncias de los campesinos contra el sistema de las básculas, Roger Pineda enfatizó que Dinant opera un sistema de trazabilidad desde hace varios años, explicando que dada la pérdida de ‘millones de dólares’ por las invasiones de tierra y robos, “es inconcebible que la Compañía tolere o se comprometa con proveedores criminales”.
En noviembre de 2022, cuatro meses antes de que Lizama saliera de la cárcel, los agentes de seguridad privada de Dinant, que durante años fueron oficialmente desarmados y sometidos a capacitaciones en materia de derechos humanos con una publicidad agresiva, patrullaron, abiertamente armados, con militares otra vez. Ese mismo mes se declaró un estado de emergencia que desplegó miles de policías y militares en una lucha expandida contra grupos criminales, pero a finales de diciembre se desató otra ola de asesinatos de defensores de tierra y el agua en el Aguán que sigue hasta hoy. Desde entonces, los familiares de las víctimas no denuncian por miedo a represalias.
Según Pineda, que Dinant rearmara a sus equipos de seguridad respondió a nuevos ataques contra sus empleados, que según sus cifras rondan “las 40 víctimas mortales” durante todo el conflicto.
El viceministro Melgar renunció a su cargo a finales de 2023, después de una serie de investigaciones en su contra, Fúnez dejó de ser gobernador del gobierno Castro y ya no busca la reelección como alcalde después de que el Ministerio Público, según un informe periodístico, lo declarara “sujeto de interés” en la investigación por el asesinato del defensor de derechos humanos Juan López.
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A las 2 de la tarde, cuando el asedio contra la finca Tranvío parece haber cesado, un subcomisario policial ordena a una patrulla que nos escolte para salir de la zona de peligro, atravesando las barricadas de los ganaderos, que bloquean el paso sobre la carretera CA13. No funciona. Cientos de campesinos, casi cien policías y dos periodistas seguimos atrapados en tierra hostil.
“Háganse para atrás”, nos dice un policía, mientras los encapuchados nos cortan el paso y amenazan con quebrar los parabrisas. Minutos después, pasadas las dos de la tarde, los ganaderos queman neumáticos sobre la carretera y empieza otra vez la balacera. Un herido: esta vez al lado de los ganaderos. Más tarde, un video que circularía en medios hondureños mostraría la pierna baleada de la víctima, mientras sus compañeros lo arrastraban para auxiliarlo.
A las seis de la tarde llega un comunicado anunciando que el conflicto no ha terminado: “La Comunidad Declara Toque de Queda. Nadie entra, nadie sale.”, se lee en las historias de los WhatsApp de la región.
Nosotros logramos salir hasta las nueve de la noche, luego de pedir auxilio en redes sociales y de que colegas hondureños pidieran apoyo a organizaciones de derechos humanos. Bajo una lluvia furiosa, escapamos escoltados por agentes especiales de la DPI que llegaron a rescatar a dos periodistas y a un grupo de policías. Salimos de la zona en caravana, atravesando rutas no pavimentadas por la margen izquierda del río Aguán.
Llegamos a Tocoa pasada la medianoche. Los campesinos, asediados, quedan atrás, presas de un conflicto que está lejos de terminar.
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El día después de los ataques en Tranvío, Juan Carlos Lizama dió una entrevista en Quebrada de Arena, en la carretera CA13. Lizama negó la existencia de los Cachos y acusó a la Plataforma Agraria de ser una organización delictiva. El presunto líder de los Cachos no se veía preocupado por las caravanas de policías que pasaban detrás.
La siguiente semana, Los Cachos invadieron la finca La Chile, donde resonaron de nuevo los disparos al interior de las plantaciones. Un vigilante fue herido. Los sicarios desalojaron a la mayoría de los socios, corriéndolos para un extremo deshabitado de la finca, y tomaron control por varias horas de la colonia, la bodega y la pulpería, saqueándolo todo. Habitantes de la zona denunciaban la cadena de hechos en mensajes desesperados desde sus celulares: se escuchan las ráfagas otra vez, ya tuvimos que correr para escapar de ellos, ya vemos la sombra de sicarios acercándose por las palmeras.
En esa misma semana, dos defensores de la cooperativa fueron asesinados mientras se movilizaban cerca de la finca Paso Aguán, que las cooperativistas disputan con Dinant. Suyapa Guillén y su esposo, José Luis Hernández, fueron rafagueados por un grupo armado. El mismo día se difundió un comunicado en las redes sociales, que fue ampliamente compartido y cuyo estilo, durante años, ha presagiado asesinatos en la zona. El mensaje mostraba una calavera rugiente con una boina militar enmarcada por un cuchillo de combate. “Somos el escudron [sic] de la muerte que formamos parte del grupo de limpieza en Colon,” decía el mensaje. “Ante lo que está pasando en Quebrada de Arena… iremos en apoyo a esa comunidad porque nuestro lema sí es Servir y Proteger… atentamente. EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE.”
La repetición de los ataques, los heridos y los asesinatos provocó que el Estado actuara. El gobierno mandó cientos de policías con sus ‘Black Mambas’, vehículos blindados israelíes, para ocupar Quebrada de Arena. La noche del 2 de febrero, unidades policiales usaron mangueras de bomberos y gas lacrimógeno para desalojar una toma de carretera de los ganaderos. Dos fuentes aseguraron que los manifestantes fueron acompañados, por detrás, por algunas decenas de paramilitares, quienes abrieron fuego en contra de los policías. Diez policías fueron heridos, uno de los cuales fue despojado de su arma por manifestantes enfadados. Ante el deterioro de la situación, cientos de militares llegaron a la zona una semana después, para reforzar la seguridad. El Aguán, tierra de conflictos recurrentes, se militarizó otra vez.
Entre enero y marzo, la presidenta Xiomara Castro nunca se pronunció en nada relacionado al conflicto, pero a inicios de abril, se reunió con los jefes ejecutivos de Corporación Dinant.
La presidenta asistió como la invitada de honor en la inauguración de una planta productora de Dinant, valuada en $150 millones de dólares, invitada por Mauricio Facussé. No hubo mención en su discurso sobre el conflicto, la violencia, las víctimas y el papel de Dinant en el conflicto. “Cuando los empresarios tienen confianza de invertir,” dijo, “envían un mensaje claro…. que hay confianza en el país, en el Estado y en el plan de desarrollo del gobierno”.
Una investigación de Contracorriente reveló que el padre de la presidenta fue socio clave y compartió 100 sociedades mercantiles , entre 1970 y 2020, en Honduras, Panamá y Costa Rica con el emporio creado por Miguel Facussé, el patriarca fallecido de la corporación Dinant.
Desde los ataques ocurridos en enero, los campesinos de Tranvío y La Chile han sido replegados pero no han perdido las tierras. Aún resisten, aunque el miedo llega en ráfagas con cada nuevo ataque, con cada noticia de asesinatos de jóvenes o líderes comunitarios—o cuando los mismos sicarios pelean entre ellos para controlar el flujo de cocaína por el Aguán.
La última balacera registrada ocurrió el domingo 4 de mayo, dentro de la finca Camarones controlada por los sicarios, a menos de un kilómetro de Tranvío. “Puedes ver familias asustadas, incluso hasta niños asustados, traumados, preguntando si nos van a desalojar otra vez”, me dijo un líder comunitario.
Dos días después, el 6 de mayo, policías del DPI (Dirección Policial de Investigación) y agentes de INTERPOL capturaron a Juan Carlos Lizama, el señalado líder de los Cachos, en Quebrada de Arena. Le incautaron una pistola 9mm y un cargador que llevaba consigo mientras trataba, sin éxito, de escapar en su motocicleta. Según el informe policial oficial, fue detenido por asociación delictiva y “desplazamiento forzado”. Días después, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra 15 miembros de la estructura por provocar el desplazamiento forzado de más de 460 familias campesinas.
Ahora los campesinos temen que su captura acarree represalias. Los drones han seguido sobrevolando con sus zumbidos suaves sobre las fincas Tranvío y La Chile. “Hay días cuando vuelan hasta cuatro drones… y se acercan y vienen muy bajitos”, me dijo Roberto Pérez Martínez en una llamada el día que Lizama fue capturado.
“Ha habido un silencio enorme…. No se sabe lo que va a pasar”, dijo una fuente anónima de Quebrada de Arena ese día en Mayo. “Falta ver que lo retengan, porque ya han soltado (a Lizama) varias veces. Tienen que agarrar a todos, hay un grupo criminal entero ahí”, dice otra fuente de Tranvío.
De momento, la detención de Lizama no ha hecho que la violencia cese. El 13 de mayo, Douglas Alexander Pereira, un miembro de la cooperativa campesina en Tumbador, una tierra disputada con Dinant, fue emboscado y asesinado en una hamaca mientras realizaba su trabajo de vigilancia en la finca. El 30 de mayo, un enfrentamiento entre grupos armados en una porción de la finca Paso Aguán ocupada desde 2018 por un grupo paramilitar dejó al menos un fallecido, según medios locales. Un día después, 31 de mayo, fue asesinado Josué Esaú Aguilar Cárcamo, un joven que regresaba de su centro de estudios. La víctima de 22 años era hijo de una socia de la cooperativa en Panamá, la misma a la que pertenecían José Luis Guillén y Suyapa Hernández, la pareja asesinada a inicios de febrero.
Ocho días después del ataque armado de enero, Roberto Pérez Martínez recibió la noticia que los Cachos le habían puesto precio a su cabeza: 100,000 lempiras (cerca de 4,000 dólares). Él no abandona la lucha, pero su familia está preocupada por la posibilidad de que acabe como su padre y su tío, por eso decidió retirarse de la presidencia de Tranvío, aunque continúa en la junta directiva. Roberto Pérez ya no sale de la finca.
