Casi el 15 % del presupuesto asignado al Congreso Nacional en los últimos tres años ha sido erogado en subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales por parte de diputados y diputadas de este poder del Estado. Durante estos años se han transferido 614.8 millones de lempiras en subvenciones, de las cuales no existe información disponible y su ejecución continúa en la opacidad. Dos diputados suplentes del Partido Libre dijeron a Contracorriente que una de las condiciones de algunos congresistas de oposición para la aprobación del Presupuesto General de la República 2025 fue recibir estas subvenciones de forma retroactiva.
Texto y gráficos: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Con reportes de Fernando Silva
Solo en 2024, el Congreso Nacional erogó más de 366 millones de lempiras en concepto de subvenciones para ayudas sociales, donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades, un mecanismo para el cual no existe regulación ni información disponible que detalle quiénes y para qué destinan estos fondos exactamente. Los únicos detalles acerca de cómo funciona este mecanismo han sido proporcionados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien asegura que al menos 207 de los 256 diputados propietarios y suplentes han recibido la respectiva subvención de 100 mil lempiras al mes.
Pero la opacidad no ha sido lo único que rodea las subvenciones. Dos diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación dijeron a este medio, previo a la aprobación del presupuesto, que diputados de la oposición negociaban tener acceso retroactivo a las subvenciones, desde 2022 a la actualidad. A cambio, estarían dispuestos a votar a favor del Presupuesto General de 2025, el cual fue aprobado en la madrugada del 5 de febrero.
«Entiendo que hay unos que quieren el fondo, y hay un estira y encoge en esa bancada (del Partido Nacional) porque hay algunos diputados que sí lo tienen desde antes; entonces ha habido malestar en otros que dicen “yo tengo desventaja”, porque hay que ser honestos, por lo general ese dinero se utiliza en campaña», aseguró a este medio el diputado suplente por el Partido Libre, Oved López.
López, quien es suplente del diputado Rasel Tomé, precandidato presidencial del Partido Libre y vicepresidente del Congreso Nacional, explicó que las subvenciones pueden ser un mecanismo que «carece de transparencia» por la forma en que son otorgadas a los congresistas, y que, por esa razón, él nunca ha sido acreedor de estas.
Según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las declaraciones del diputado López, el mecanismo para la entrega de subvenciones consiste en que el Congreso Nacional emite un cheque a nombre del diputado o diputada, y una vez que los congresistas reciben el cheque, deben sacar copia del mismo para su respectiva liquidación, porque de lo contrario, los fondos serán deducidos de su salario.
José Manuel Rodríguez, diputado suplente por el Partido Libre, también aseguró que las subvenciones fueron carta de negociación para la aprobación del presupuesto, y que, además, congresistas del Partido Nacional también colocaron sobre la mesa los requerimientos fiscales en contra de políticos vinculados a este partido.
«Ahorita están negociando, ellos que quieren de un solo la subvención, retroactiva, de hace tres años, si no, no aprueban el presupuesto, y que se les suspendan los requerimientos fiscales», afirmó a Contracorriente José Manuel Rodriguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, antes de que finalmente se aprobara el presupuesto en el Congreso Nacional.
Sin embargo, para este diputado las subvenciones no representan el fomento del clientelismo ni asistencialismo; más bien, dice, sirven como ayuda a los más necesitados y a quienes le solicitan ayuda en medicamentos u otras necesidades. Según publicaciones en redes sociales, Rodríguez ha trabajado en la reparación de una calle en la colonia Suyapa, en la capital, pavimentó una calle en la colonia 17 de Septiembre, y entregó balones de fútbol en la colonia Villa Delmi.
A pesar de las declaraciones de estos congresistas, diputadas del Partido Nacional aseguran desconocer lo que ellos dicen, y manifiestan que dentro de su bancada no ha sido una condición exigir las subvenciones de forma retroactiva a cambio de aprobar el presupuesto, pero sí apuntan a la falta de transparencia y al poder que ejerce el presidente Luis Redondo en la entrega de las mismas.
El presupuesto asignado al Congreso Nacional en la presidencia de Redondo no ha variado mucho, a excepción de 2022, año en el que se le asignó al Legislativo un presupuesto de 1,248 millones de lempiras. En los años siguientes, desde 2023 hasta 2025, a este poder del Estado se le han destinado 1,523.3 millones en cada año. En tres años, de 2022 a 2024, al menos el 14.32 % del presupuesto ha sido erogado en concepto de subvenciones, las cuales representaron 614.8 millones en total, según las transferencias disponibles en el Portal Único de Transparencia.
Más poder para Luis Redondo y su secretario, Edson Argueta
Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés, ha utilizado las subvenciones para proyectos sociales. La congresista explicó que utilizó subvenciones en tres meses del 2023, pero que en marzo de 2024, cuando volvió a solicitar subvención para ayudas sociales, le negaron la solicitud por sus posturas en contra del oficialismo.
«Cuando solicité (subvención) en marzo me dijeron que no me la iban a dar porque yo era una persona beligerante en medios, y que tenían en un escritorio todas mis declaraciones de todos los medios de comunicación, y que como no era una persona agradecida, entonces que no me iban a dar la subvención, y yo lo reporté en el CNA también», dijo la diputada a Contracorriente.
A pesar de que finalmente recibió las subvenciones, Pagán cuestiona el uso que se les da por parte de los congresistas, y manifiesta que la «gente asume que estamos en el deber de resolverle sus problemas» a través de estas. Dice que esto fue lo que la «orilló» a solicitarlas inicialmente. Según la congresista, las subvenciones que solicitó fueron utilizadas para entregar canastas básicas, kits de higiene y raciones de alimentos a comunidades en el norte de Honduras.
Se sabe que la congresista presentó una liquidación de la subvención de 300 mil lempiras gracias a un informe del CNA, ya que, contrario a lo expresado por el presidente del Congreso Nacional y por diputados del oficialismo, en los portales de transparencia no está disponible la información sobre las liquidaciones de los congresistas que utilizan estos fondos.
En el presupuesto general de los años 2023, 2024 y también para el de este año, se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura menor y obras sociales, de los cuales 6.5 millones están disponibles para que los congresistas gestionen proyectos en su departamento a través de las municipalidades o de distintas Secretarías de Estado.
Aunque la diputada desconoce si los congresistas de su partido utilizan ese fondo para la gestión de proyectos en las distintas Secretarías de Estado, manifiesta que este procedimiento también representa opacidad y más poder para el presidente del Congreso Nacional, que es la persona que autoriza o no quien puede gestionar proyectos, con la colaboración de su secretario privado, Edson Argueta.
«Yo particularmente pregunté una vez para conocer el procedimiento y poder tomar la decisión si lo gestionaba o no, para hacerlo a través de las alcaldías de mi departamento, pero me dijeron que no, que era un tema que yo tenía que hablar en privado con el presidente, y preferí no hacerlo y no no lo solicité; desconozco si algún otro compañero ha recibido ese beneficio», detalló la congresista a este medio de comunicación. Además, recalcó que la solicitud se hace a través de Edson Argueta, el secretario privado del presidente del Congreso.
La aprobación de subvenciones a congresistas no ha sido lo único en lo que Luis Redondo y Edson Argueta han trabajado juntos. Ambos también fueron acreedores de tarjetas de crédito a nombre del Legislativo que utilizaron de forma irregular para costear gastos personales, como compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos, según un reporte publicado por Contracorriente en octubre de 2023.
Edson Argueta también ha representado a una empresa del alcalde de Tocoa, Colón, Adan Fúnez. El secretario privado de Luis Redondo ha aparecido como representante legal de Transportes Mirna, uno de los negocios opacos del alcalde Fúnez, quien ha sido vinculado a criminales confesos por narcotráfico en Estados Unidos.
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La diputada Leda García Pagán desconoce si las subvenciones fueron objeto de negociación por parte de su bancada para la aprobación del presupuesto general. «No he escuchado ese argumento dentro de mi bancada en absoluto, es un tema que no hemos tocado ni se me hubiera ocurrido», aseguró.
Otra diputada del Partido Nacional que aseguró desconocer esto fue Lissi Cano, quien añadió que «mucho se habla de ese tipo de negociaciones y ese tipo de canjes, pero en la bancada del Partido Nacional jamás se ha tocado un tema de esa naturaleza».
Contracorriente consultó sobre este tema a los jefes de bancada del Partido Libre y Partido Nacional, Rafael Sarmiento y Tomás Zambrano; sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a las solicitudes de entrevista.
Este medio también consultó al diputado José Manuel Rodríguez sobre este tema después de las declaraciones de las diputadas nacionalistas, quienes descartaron que por parte de su partido existan este tipo de condiciones o negociaciones. El diputado Rodríguez respondió que «ellos no lo iban a decir [admitir], e incluso están pidiendo retroactivos los 6.5 millones para la gestión de proyectos», dijo el diputado antes de la aprobación del presupuesto general.
El papel de las subvenciones en otros momentos clave
En enero del año pasado, cuando el Congreso Nacional eligió la Junta Directiva actual, las subvenciones también jugaron un papel crucial, ya que al menos tres de los congresistas que se integraron a la Junta fueron beneficiarios.
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Además, en festividades o feriados como Semana Santa o Navidad, y momentos clave en las negociaciones, como la elección interina del fiscal general y fiscal adjunto en 2023, el Congreso Nacional erogó más dinero en concepto de transferencias por subvenciones para ayudas sociales, según lo ha comprobado este medio.
Para la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), existe un historial de compra de voluntades y negociaciones a través de las subvenciones en el Congreso Nacional, los cual, según ella, «lacera la democracia, porque muchos diputados y diputadas no están tomando decisiones alrededor si una ley es buena o mala para el país, sino que están tomando decisiones alrededor de si van a poder optar o no optar a este tipo de recurso».
Mena también agregó que, en este año electoral, este recurso tiene aún más relevancia, pues son quienes están alineados al gobierno los que pueden optar a él, aparte de lo poco transparente que es el mecanismo.
«Hoy por hoy no conocemos la ley bajo la cual se ejecutan este tipo de recursos. Ha habido muy poca transparencia en saber a qué diputado se les han dado y cuáles han sido los criterios, por lo que hay falta de rendición de cuentas, o sea, más de lo mismo que se presta para corrupción, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay una ley que regule el uso de estos recursos, ya que, paradójicamente, fue este Congreso el que derogó la ley del Fondo Departamental, pero ellos mismos han estado utilizando esta misma mala práctica», dijo la congresista.
En la madrugada del 5 de febrero, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para 2025, que asciende a 430.9 millones de lempiras. La aprobación, pendiente desde diciembre de 2024, se logró con un quórum de 98 de los 128 diputados.
Las secretarías que más sufrieron reducciones presupuestarias fueron: Presidencia, Desarrollo Social (Sedesol), Finanzas, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Seguridad y Defensa, mientras que Agricultura y Ganadería, Planificación Estratégica, Transporte Terrestre, Educación y Salud fueron las que recibieron ampliaciones presupuestarias.
En el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica, su presupuesto pasó de 512.9 a 1,025 mil millones de lempiras, en comparación al 2024, lo que representa un aumento del 50.04 % para esta Secretaría. Al igual que en 2023 y 2024, en el presupuesto general de este año también se asignaron 950 millones de lempiras para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales por parte de distintas Secretarías de Estado, fondo por medio del cual los congresistas gestionan proyectos con un techo de 6.5 millones de lempiras al año.
Además, para 2025 también se aprobó un artículo que autoriza 498.5 millones de lempiras para la ejecución de proyectos de reconstrucción, mantenimiento y reparación de infraestructura escolar en los 298 municipios a nivel nacional, fondos que serán transferidos desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SJGD) a las municipalidades.
