Entre 2017 y 2023, los tres partidos mayoritarios en Honduras no reportaron gran parte del origen del financiamiento de sus campañas políticas, pese a los antecedentes de financiamiento ilícito demostrados en casos de narcotráfico en EE. UU. Además, de cara a las elecciones primarias de 2025, solo 374 candidatos han presentado informes y abierto cuentas bancarias para la transparencia del proceso, a pesar de que ya se han gastado alrededor de 19 millones de lempiras en actividades de campaña, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
Los principales partidos políticos de Honduras no reportan un gran porcentaje del origen de los fondos de sus campañas políticas, de acuerdo con un informe de la Red de Defensa de la Democracia (RDD) presentado el miércoles 28 de enero. En ese sentido, el 76.9 % de los fondos del Partido Liberal, el 50.5 % del Partido Nacional y el 40.7 % del Partido Libre no tienen una fuente identificada.
Según el informe, en las elecciones primarias de 2021, más de la mitad de los candidatos no reportaron el origen de sus recursos financieros; además, destaca que muchos precandidatos y precandidatas han realizado actividades de campaña que han generado costos elevados sin claridad sobre su financiamiento. Además, expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de avances significativos para erradicar la corrupción relacionados con la promesa de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la suspensión del tratado de extradición.
Para los representantes de la RDD, la transparencia y la correcta administración de los recursos destinados a las campañas políticas son fundamentales para establecer la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Sin embargo, los informes sobre el origen de recursos utilizados en las campañas han mostrado grandes inconsistencias.
En las elecciones primarias de 2021, de un total de 4,065 candidatos, solo 1,437 presentaron informes sobre el origen de sus financiamientos. De estos, solo 6 fueron sancionados por no cumplir con la normativa. Por otro lado, en las elecciones generales de 2021, de los 4,879 candidatos, 1,747 candidatos no cumplieron con la presentación de informes o tenían inconsistencias en los mismos, por lo que fueron sancionados, aunque aún no se han ejecutado dichas sanciones.
Para las elecciones primarias de 2025, de los 5,971 candidatos, solo 374 han abierto sus cuentas bancarias y presentado los informes correspondientes.
Además, según el informe, los tres principales partidos recibieron financiamiento ilícito para sus campañas políticas desde 2004. Estos datos surgen a raíz de los procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos, en los que han estado implicados varios políticos hondureños, como el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdiputado del Partido Liberal Midence Oquelí Martínez. Asimismo, en septiembre de 2024, se reveló que el exdiputado de Libertad y Refundación, Carlos Armando Zelaya, sostuvo una reunión con narcotraficantes en 2013.
En una entrevista para Contracorriente, la diputada del Partido Liberal Claudia Ramírez expresó que «es vergonzoso que quien está en la cumbre de esto es el Partido Liberal, y esto solo refleja que debemos de hacer una depuración dentro del partido». También dijo que la junta directiva del partido es la que debería explicar el alto porcentaje de financiamiento ilícito recibido. «Creo que quien debe dar la mejor explicación son las autoridades partidarias, y la junta directiva que está en este momento. Recordemos que son seis años que abarcan administraciones pasadas y actuales», apuntó.
Asimismo, Ramírez instó a los actores políticos a trabajar con transparencia. «Abran sus cuentas y demuestren a la población hondureña de dónde viene el dinero para las campañas políticas, no compren conciencias, Honduras no necesita eso, lo que necesita es salud, educación y seguir adelante», expresó la diputada.
Según los datos presentados por la RDD y el Observatorio de la Democracia, los precandidatos y precandidatas llevaron a cabo 291 eventos solo en el 2024, que representaron 19 millones de lempiras en actividades de campañas electorales. Los costos incluyen inversiones en publicidad tradicional, impresión de afiches, organización de eventos públicos y publicidad en redes sociales y medios alternativos.
De igual forma, se ha identificado que la inversión en pautas publicitarias a través de redes sociales supera más de un millón de lempiras, según Meta. Respecto a la inversión en pautas de campañas publicitarias en redes sociales entre los precandidatos, los datos muestran que Jorge Cálix ha destinado 730,041 lempiras, Carlos Urbizo 198,498 lempiras, Maribel Espinoza 145,733 lempiras, Luis Zelaya 9,000 lempiras y Rasel Tomé 3,525 lempiras.
Carlos Hernández, director de Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), en una entrevista para Contracorriente indicó que «este informe nos dice que se realizaron casi 300 eventos públicos valorados en casi 20 millones de lempiras, pero no se sabe cuál es el origen. En un país donde el narcotráfico sigue presente en la política, se requiere que den cuentas y eso justamente es lo que nos preocupa, y es el mensaje que la RDD está dando. Lo mínimo que pueden hacer es aplicar la ley».
La falta de avances sustanciales en el combate a la corrupción ha generado preocupación en la RDD. Durante su campaña política, el actual gobierno prometió la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como uno de los pilares fundamentales de su gestión. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado medidas concretas para cumplir con este compromiso. En lugar de ello, se han aprobado amnistías políticas y se denunció el tratado de extradición con Estados Unidos.
César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó la decisión de denunciar el tratado de extradición y apuntó que considerando la efectividad del tratado en Honduras «ahora se busca limitar la capacidad para desarticular redes criminales». El coordinador agregó que no se puede pasar por alto la situación del país indicando que «no podemos decir que Honduras ya dejó de ser un narco-Estado».
El Observatorio de la Democracia de la RDD también cuestionó el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para «atacar y amenazar», y destacó que el 63.8 % de sus posteos en redes sociales se realizan en horas laborales. Entre los funcionarios que utilizan sus redes con este fin se destacan Ricardo Salgado, con un 89.6 % de publicaciones que incluyen ataques, seguido de Milton Benítez con un 68.6 % y Roberto Quesada con un 53.9 %.
Finalmente, la Red por la Defensa de la Democracia instó al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos en el fortalecimiento del sistema de justicia.
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