La presidenta Xiomara Castro no estuvo presente en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, y tampoco la mayoría de secretarios y secretarias de Estado, quienes participan activamente en la campaña política de Rixi Moncada, precandidata a la presidencia por el Partido Libre y ministra de la secretaría de Defensa. En cambio, sí estuvieron presentes algunas personalidades que en los últimos meses han sido señaladas por distintos actos de corrupción.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
En tiempos de elecciones, la propaganda y el discurso político no solo se han llevado a giras de campaña electoral, sino que también se difunden en eventos oficiales en los que las máximas autoridades deben rendir cuentas sobre su gestión año con año. Esto fue lo que más destacó en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, la última de este período de gobierno.
En este evento, se convoca a los presidentes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para brindar datos e información sobre los desafíos u obstáculos que enfrentaron en su administración en el último año. Sin embargo, Renato Florentino, designado presidencial en representación de la presidenta Xiomara Castro, y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, omitieron dar detalles sobre su desempeño y, en su lugar, prometieron cumplir las demandas de la ciudadanía, siempre y cuando continúen en el poder.
«Pueblo hondureño, en este 9 de marzo, en las elecciones, tenemos la oportunidad de demostrar que el poder del pueblo sigue siendo nuestra mayor fuerza», expresó el designado presidencial Renato Florentino en su intervención, haciendo referencia a las elecciones primarias.
De las cuatro legislaturas que se han instalado en esta administración, la presidenta Xiomara Castro solo ha asistido a la de 2024, ya que en la de 2022 aún no había tomado posesión y en 2023 fue sustituida por la designada presidencial Doris Gutiérrez. Contracorriente consultó a la ministra de la presidencia, Sarahí Cerna, sobre la ausencia de la mandataria en la instalación de esta legislatura; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Además, la mayoría de secretarios de Estado no estuvieron presentes, a excepción de Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Tomás Vaquero, ministro de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia (SGDJ), quien fue acompañado por su esposa Pamela Blanco, incluida en la «Lista Engel» de actores antidemocráticos y corruptos publicada en diciembre de 2024.
Blanco, quien no había asistido antes a la instalación de una legislatura en el Congreso Nacional, fue señalada en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos en diciembre del año pasado por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».
En Contracorriente hemos revelado los nexos irregulares de Pamela Blanco Luque en las distintas esferas del poder en Honduras, al ser socia del bufete legal que representa a las empresas de Lenir Pérez, empresario minero investigado por el FBI y dueño de un conglomerado empresarial que ha causado el despojo y criminalización de defensores del ambiente en el Bajo Aguán, al norte de Honduras. Además, es apoderada legal de la corporación Hanes Brands, señalada por incumplimiento de derechos laborales y explotación, según organizaciones de sociedad civil y empleados de este sector.
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En cuanto a los ministros que no estuvieron presentes, algunos asistieron a la concentración política de la precandidata a la presidencia de Libre, Rixi Moncada. A la precandidata, que a su vez está al mando de los militares en el país en su cargo de ministra de Defensa, la acompañó la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luther Castillo.
Para Joaquín Mejía, abogado especializado en materia de derechos humanos, la rendición de cuentas del ejecutivo debió haber sido distinta, apuntar a las cosas que se han cumplido y a las que no, y potenciar las promesas de campaña que la presidenta Castro ha logrado cumplir en los últimos tres años, en vez de presentar un discurso político.
Entre las promesas de campaña que la presidenta no ha cumplido en más de tres años de administración destacan la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Para su instalación, uno de los requerimientos es la derogación de los artículos 4 y 8 del decreto 04-2022, que blindan a actores políticos acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, expresidente y actual asesor presidencial.
Otra de las promesas incumplidas y, en este caso, revertidas, ha sido la desmilitarización de la seguridad ciudadana. En su lugar, la presidenta ha dado múltiples facultades a los militares, entre ellas, el control del sistema penitenciario y la asignación de la protección del medioambiente.
Según el designado presidencial, Renato Florentino, el ejecutivo ha beneficiado a 1.2 millones de campesinos mediante la entrega del bono tecnológico, cafetalero y ganadero a nivel nacional a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). También dijo que se ha beneficiado a 900,000 hondureños mediante el subsidio de energía, y que nueve departamentos han sido declarados libres de analfabetismo mediante el programa «Yo sí puedo».
«En los próximos meses declararemos a Honduras libre de analfabetismo», anunció el designado presidencial, quien agregó que, desde que la presidenta Xiomara Castro tomó posesión, se han reconstruido cinco mil centros educativos, se han construido 61 canchas a nivel nacional y se redujo la pobreza en un 8 %.
Sin embargo, en septiembre de 2024 Contracorriente comprobó que, a pesar de los anuncios del Gobierno, no todos los habitantes de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz, uno de los municipios de más difícil acceso, aprendieron a leer y escribir al 100 % con la metodología del programa «Yo sí puedo». Además, algunas fuentes también denunciaron sobrecarga laboral en los docentes a cargo de este programa en las comunidades.
Renato Florentino no se refirió a datos específicos del 2024, y más bien hizo un recuento de los programas o acciones implementados por el gobierno desde 2022. Además, instó a que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República y la Ley de Justicia Tributaria. Por otra parte, anunció que se implementará el programa «Hermano, vuelve a casa» ante las deportaciones masivas ordenadas por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Un Congreso Nacional «débil, frágil y desprestigiado»
En medio de la falta de consensos para la aprobación del Presupuesto General de la República para este 2025, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo en su discurso que «actualmente, estamos ante un Estado débil, frágil y desprestigiado», y que esto «no puede ser corregido en tres años que lleva el gobierno actual».
En una intervención que duró el doble en comparación a la de los otros informes, Redondo tampoco brindó muchas cifras del año pasado. El presidente del Congreso se limitó a decir que durante 2024 se llevaron a cabo 520 reuniones de comisiones del Congreso Nacional y se aprobaron 99 decretos «con énfasis en materia de seguridad», haciendo referencia a la renovación constante del estado de excepción, que está en vigencia actualmente sin la aprobación del legislativo y que ha sido cuestionado por no tener fecha de caducidad.
Sobre los años anteriores, Luis Redondo, quien ahora es precandidato a diputado por el Partido Libre en el departamento de Cortés, dijo que se han realizado 211 sesiones y se ha sesionado durante 1,208 horas desde 2022 a 2024. Además, aseguró que se ha ahorrado un total de 1,473 millones de lempiras en los últimos tres años, debido a que «no se le han pagado coimas a medios de comunicación ni periodistas».
Sin embargo, el Congreso Nacional sí ha utilizado dinero del Estado a discrecionalidad. En octubre de 2023, Contracorriente reveló el estado de cuenta de una tarjeta de crédito utilizada por este poder del Estado, con la que se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Aunque el presidente del Congreso dijo que estas tarjetas eran utilizadas para compras en internet con el objetivo de ahorrar costos a este poder del Estado, no existe información detallada al respecto en los portales de transparencia.
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Además, la entrega de subvenciones a congresistas para ayudas sociales continúa en la opacidad. De enero a noviembre de 2024, el Congreso Nacional erogó más de 300 millones de lempiras en subvenciones para congresistas en concepto de ayudas sociales, donaciones a asociaciones sin fines de lucro, municipalidades y unidades del gobierno central, según las transferencias efectuadas mensualmente que están disponibles en el Portal de Transparencia de este poder del Estado.
No existe claridad sobre los proyectos ejecutados con estos fondos, cuáles son las asociaciones sin fines de lucro que reciben estas donaciones y quiénes son los diputados que hacen uso de este fondo. A pesar de que en las transferencias mensuales del Congreso Nacional se dice que esta información estará disponible en el Portal de Transparencia de este poder del Estado, allí no están los listados detallados, y tampoco se atienden las solicitudes de acceso a la información.
«Yo creo que debemos seguir insistiendo en que los diputados y diputadas están para legislar, no para manejar fondos públicos; eso sin duda alguna es criticable. Obviamente, por un lado, es responsabilidad de las bancadas, pero también una responsabilidad individual. La pregunta es: ¿quién controla a esta gente en relación con la rendición de cuentas?», cuestionó el abogado Joaquín Mejía.
Sobre las comunicaciones de este gobierno y la forma de dirigirse a la población, Mejía asegura que ese ha sido «uno de los mayores problemas que tiene este gobierno», y que esto demuestra la falta de coordinación entre la presidenta y las distintas Secretarías e instituciones.
«Mucha gente del gobierno no ha entendido que, en primer lugar, desde el momento en que asumen un cargo público se exponen de manera voluntaria a un escrutinio más profundo por parte de la sociedad, y en ese sentido tienen que tener mayores niveles de tolerancia a la crítica, incluso aquella crítica que molesta y que es ofensiva, porque eso forma parte de la libertad de expresión que tenemos como sociedad», opinó el abogado.
«Los grupos de poder se han visto perjudicados, por lo que han querido implementar en el imaginario colectivo que somos el peor Congreso Nacional», expresó el presidente Luis Redondo en su discurso.
Además, destacó que en este último año se aprobaron proyectos como la Ley Procesal Electoral, el presupuesto de las elecciones internas y la Ley de Debates Presidenciales, una normativa que podría dar el control al gobierno sobre los debates en las próximas elecciones y generar restricciones en los candidatos seleccionados.
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Cifras opacadas por la corrupción
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, centró su discurso en las cifras de muertes violentas de mujeres, violencia doméstica y denuncias por deudores alimentarios morosos durante 2024.
«Se aprobó el reglamento de registro de deudores alimentarios morosos, que ya se está implementando y se ha socializado con distintos actores de justicia», dijo la presidenta de la Corte en la presentación de su informe, y explicó que este reglamento bloquea solicitudes de pasaporte, licencias de conducir y préstamos bancarios a personas que están en el registro de deudores.
Según Ráquel, en 2024 se registraron 14,000 demandas de alimentos, lo que significó un aumento del 15 % en relación al 2023. Además, el Poder Judicial contabilizó 14, 254 denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 57 % fueron admitidas, lo cual representó un aumento del 7 % en comparación al 2023.
De las 230 muertes violentas de mujeres contabilizadas por el Poder Judicial durante 2024, el Ministerio Público presentó a los juzgados 140 casos, lo que representó 61 % de judicialización de los crímenes; sin embargo, solo 28 muertes violentas de mujeres fueron presentadas bajo la figura penal del femicidio.
En materia penal, según el informe, se contabilizaron 37,583 casos, lo que representa un incremento del 13 % de los delitos en comparación a 2023, siendo el delito de tráfico de drogas el de mayor incidencia. Además, la presidenta del Poder Judicial destacó que la creación del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado ha sido positivo, ya que gracias a esto se aumentaron en un 44 % las sentencias, y que el tiempo de espera para los juicios orales y públicos pasó de cuatro años a cuatro meses en 2024.
Sin embargo, en este último año, los señalamientos por corrupción a este poder del Estado también han incrementado. En agosto del año pasado fue capturado el abogado Marco Vallecillo, quien fue coordinador del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado, junto al abogado Nelson Omar Sierra, por presuntamente extorsionar a un testigo protegido.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó en la audiencia inicial en contra de Vallecillo vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Vallecillo, Sierra y otro abogado, Reynaldo Leiva Suazo, fueron acusados de extorsionar a un empresario, asegurándole que iba a ser requerido por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).
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Además, a mediados de enero de este año se conoció una denuncia en contra de los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena por recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aunque se desconocen los avances en este caso, el fiscal general, Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación que sí existía una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres.
A pesar de lo anterior, estos dos magistrados estuvieron presentes en la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional, un evento que contó con la presencia de figuras cuestionadas en la política hondureña, la ausencia de ministros que hacen campaña política mientras desempeñan cargos públicos, y discursos con promesas políticas que se anteponen a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía.
