Siete plantas maquiladoras han anunciado cierres en el sector norte del país para el segundo semestre del año 2024, lo cual significa la pérdida de al menos 7,000 empleos, que se sumarán a unos 30,000 que ya se habían perdido entre 2022 y 2023. Mientras tanto, obreros y obreras denuncian el incumplimiento de derechos laborales, y sus protestas son respondidas por el Estado con represión y exclusión de los procesos de negociación.
Texto y fotos: Allan Bu
«Devuelva el dinero, no queremos problemas, la situación está perra», dice un cartel pegado en la cortina metálica de las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula. El letrero fue colocado por exempleados de la maquila Delta Cortés, que cerró operaciones en Honduras sin garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. El mensaje estaba dirigido a los representantes del sindicato, a quienes acusan de coludirse con la empresa para afectar sus intereses.
La protesta de los trabajadores retrata la desprotección de la que son víctimas en el país, pues una transnacional extranjera cerró operaciones y, sin más, dejó en la calle a más de 3,000 empleados. Otro análisis obligatorio de esta protesta es la crisis de empleo que se vive en el país. La empresa privada asegura que en los últimos dos años se han perdido cerca de 40 mil puestos de trabajo, la mayoría en la industria maquilera.
En una protesta frente al Ministerio del Trabajo estaba José, un joven de 25 años, oriundo de Pimienta, Cortés, en el norte de Honduras. Laboró por siete años en Delta y espera que le respondan por sus derechos. «No es justo que ellos se vayan así y nos dejen en el aire, porque dígame, ¿quién me va a pagar esos años que me partí el lomo? Hay gente con dictamen médico y tienen problemas en la columna, en los hombros, y ya no pueden trabajar. Tenían 20 o 25 años de trabajar ahí», contó.
José relató que Delta atropelló sus derechos de muchas formas, pues desde hace cuatro meses estaban suspendidos sin goce de salario. «No podía trabajar en otro lugar porque si lo hacía perdía mis derechos. Además, cuando íbamos a otro lugar nos decían que estábamos activos en un sistema y no podíamos laborar», se lamentó.
Al finalizar esa suspensión de 120 días, cuando el personal de Delta retornó a sus puestos de trabajo les notificaron de forma verbal que la empresa había cerrado operaciones, sin pagarles prestaciones laborales. Durante varios días, los afectados protagonizaron tomas frente al parque Industrial Zip Buena Vista, el lugar donde operaba Delta Cortés. En una ocasión fueron desalojados violentamente por la Policía Nacional. Una de las trabajadoras se desmayó por los golpes recibidos.
Después de varios días de protestas, el Gobierno anunció una reunión tripartita entre los representantes de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). En esta reunión radica la razón por la que José y sus compañeras estaban protestando frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo. Ellos no se sienten representados por el sindicato, y les achacan que los han afectado en sus derechos; en cambio, unos mil trabajadores delegaron su representación en el abogado Pedro Mejía, del Bufete de Estudios para la Dignidad, pero este profesional no fue aceptado en la reunión encabezada por el ministro del Trabajo, Wilmer Fernández.
«Están haciendo negocios con alguien que no nos representa; ellos nos han dado la espalda, tanto en las calles como tomando acciones con las que no estamos de acuerdo. Ya una vez nos jodieron y lo están haciendo otra vez», dijo José.
El abogado Mejía explicó a Contracorriente que ya se han presentado demandas judiciales en contra de Delta Cortés para reclamar el pago de los derechos laborales e indemnizaciones de los trabajadores.
Mejía sostuvo que en este momento la población trabajadora ya tiene certeza del cierre de la empresa y la pérdida de su empleo, pero «no hay certeza ahora mismo si se va a lograr saldar el pago de los derechos que les corresponden. Hay un procedimiento para que se embarguen los bienes de la empresa».
Sin embargo aclaró que no hay certidumbre acerca de cuáles son los bienes de la empresa, ni si estos tienen el valor suficiente para cubrir el pago de prestaciones laborales para casi 1,500 trabajadores.
En el país ya han cerrado decenas de maquilas. Las estimaciones de la AMH señalan que al final del 2024 siete empresas maquiladoras habrán concluido operaciones, dejando sin empleo a unos 7,000 mil trabajadores, mientras que en 2023 se habían perdido otros 15,000 puestos de trabajo. Según esta asociación, a junio de 2024 el sector maquilero había generado 155,000 empleos.
La economista Telma Villeda, en una entrevista con este medio, analizó la situación y dijo que con la partida de las maquilas, aparte de perder puestos de trabajo, baja la entrada de divisas al país y se pierden empleos indirectos en rubros como el transporte, alimentación y el sector de servicios.
¿Por qué se van?
Por un lado, las autoridades del Gobierno dicen que las maquilas se están yendo por la recesión económica en Estados Unidos, donde la demanda de ropa es menor. El gremio empresarial, por su parte, aduce que la fuga de empleos se debe a la confrontación que libra el Gobierno contra la empresa privada, que según ellos ha afectado el «clima de inversión» en el país.
En tanto, María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), sostiene que en el sector maquilador el fenómeno de cierre de plantas no es extraño, y considera que este hecho esconde otra realidad. «Lo que hacen es cerrar las plantas, pero no la razón social. Aunque ellos digan que cierran y se van, no es cierto. Eso es un error, hay que aprender a dar una lectura diferente. Nosotros que tenemos más de 35 años de estar en esta lucha [lo sabemos]», sostuvo.
Regalado recordó que en el 2020 hubo una situación similar de pérdida de empleos, en la que hubo cierres, suspensiones y despidos masivos, pero que luego se recompusieron y se recuperaron. «Eso lo hacen rápido, tienen una varita mágica. Nosotras sostenemos que lo que usa la maquila es una estrategia, dizque cierran operaciones y no lo hacen oficialmente, pero lo hacen verbalmente con las trabajadoras. No están utilizando los procedimientos adecuados», dijo.
La activista por los derechos laborales explicó que hay ejemplos que le dan validez a su teoría. Uno de los casos que mencionó es el cierre de la planta de Gildan Activewear San Miguel, perteneciente a la transnacional canadiense Gildan. «Sigue existiendo en Honduras; ahorita Gildan Activewear está impugnando los dictámenes de calificación de enfermedades profesionales que está emitiendo la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo va a poder impugnar dictámenes una empresa que cerró operaciones? La figura jurídica existe y pueden existir otras».
Además, recordó que la fábrica Pride Manufacturing del Grupo Karims supuestamente cerró operaciones y despidió a sus trabajadores, «pero las obreras manejaban que se estaba instalando otra empresa ahí, y el año pasado, usted se dio cuenta que hasta la presidenta de la República viajó a inaugurar una planta del Grupo Karims, y no era que estaba trayendo fuentes de empleo, estaba reponiendo algunas puestos de trabajo que tenía gente que dejó en la calle. Ahora tiene nuevos empleados», dijo.
Añadió que en el 2010 hubo otro fenómeno muy parecido al actual, en el que se cerraron empresas y despidieron trabajadores. «Se iban todos para China», dice con ironía. «Es una estrategia usada una y mil veces», reafirma.
El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, estuvo de acuerdo en que el sector de la maquila generalmente cierra unas empresas y abre otras. «Es lo normal, todos los años ha sucedido, pero lo que hemos visto este año es que se cierran unas y no abren otras más», dijo.
Manifestó que esas aperturas se están dando en otros países, y que a su juicio el país está apartando la inversión por cambios en las reglas de juego, como la propuesta de Ley de Justicia Tributaria que promueve el actual Gobierno. Afirmó que esos son «ataques en forma política que han hecho a las exoneraciones».
«A mí me dio mucha tristeza escuchar al general Roosevelt Hernández referirse a que había 66 mil millones de lempiras en exoneraciones. Él no se da cuenta que solo 8 % de esa cifra es para las empresas, lo demás es destinado a la canasta básica, energía eléctrica y otro montón de cosas que no tienen nada que ver con las empresas. Hay cosas que entristecen, cómo se ha envenenado el tema de las exoneraciones. Al final, si hay alguien que no está cumpliendo con lo que se requiere, hay que sancionar», dijo el dirigente empresarial.
Las maquilas operan bajo un régimen especial denominado Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para la Exportación (ZIP). Las empresas que se adhieren a esta ley están totalmente exoneradas por un período de 20 años de los impuestos nacionales y municipales, pero estos beneficios cambiarían con la Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno, que entre otras cosas dejaría el período de exoneraciones en cinco años, con opción a renovarlo. La propuesta de ley no contempla el final de las exoneraciones, sino que propone derogar algunos regímenes de los 18 existentes y la creación de dos instrumentos, uno para la inversión nacional y otro para la extranjera.
La industria maquiladora creció exponencialmente en el país entre 1990 y 1996, cuando el número de fábricas creció de 26 a 200. También crecieron los abusos: sueldos precarios, largas jornadas laborales sin recesos, hacinamiento en los espacios de trabajo y mal clima laboral. A las maquilas siempre se les ha conocido como la «industria golondrina», porque pueden abandonar un país de un momento a otro, como lo hizo la corporación Delta Apparel.
Un artículo publicado en abril por el sitio Centroamérica 360 señala que en la región, desde junio de 2022 a la fecha de publicación, se habían perdido más de 82,000 empleos en la industria textil, de los cuales 8,000 corresponden a Guatemala, 18,000 a El Salvador, 18,000 a Nicaragua, y en Honduras superan los 38,000. Estas maquilas estarían migrando a países asiáticos, a mercados como Vietnam, Tailandia o Bangladesh, debido a los bajos salarios que perciben los obreros en estos países.
Otro ejemplo de la pérdida de empleos está en Ciudad Juárez, un enclave maquilador en México, donde en junio de 2024 se perdieron casi 20 mil puestos de trabajo. En los últimos dos años en esa ciudad se perdieron 55,000 empleos.
La economista Telma Villeda afirmó que, en general, las maquilas se van porque hay una recesión mundial, pero dio luces para entender por qué algunas de esas empresas se van o podrían irse a Nicaragua, país que también ha perdido empleos. Una de las razones que destacada es que los niveles de violencia en ese país son menores a los nuestros, y también tiene población bilingüe, que es indispensable en algunas áreas de estas empresas. Otro punto a favor del país vecino es el salario, que allá es de 310 dólares mensuales, y en Honduras ronda los 450 dólares. Y aquí cabe una comparación con Bangladesh, donde la remuneración de los trabajadores es de aproximadamente 90 dólares.
El clima de inversión
El empresario Eduardo Facussé reconoce que hay una recesión mundial que está afectando la demanda, pero también sostiene que en países cercanos, como Guatemala y Nicaragua, hay nuevos puestos de trabajo; sin embargo, insiste que en Honduras no se reemplazan los puestos de trabajo que se han perdido, y agrega que no es un tema exclusivo de la maquila. «Mirá la situación con el camarón; por todos lados hay problemas, no es un tema que solo afecta a la maquila. Se está importando más, el déficit comercial se ha ampliado y por eso no hay dólares. Por eso corrieron a hincársele al Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene esa subida de la Tasa de Política Monetaria (TPM); les dijeron, “si quieren dinero, ahí están las condiciones”».
«Sobre el clima de inversión, hay una analogía que se hace en el círculo empresarial: el dinero es como el venado, con el menor ruido se asusta y se va. Así es la inversión, con poco ruido se espanta. Es normal, el dinero tiene que estar seguro y hay muchos países que te ofrecen condiciones más estables que la que ofrece Honduras en este momento, porque no sabemos qué camino es el que llevamos», afirmó.
En su opinión, hay señales en este período de Gobierno que hacen al inversionista buscar otras opciones. Sobre las exoneraciones, dio a entender que no es bueno cambiar las reglas: «No porque se te mete una cucaracha a la casa vas a quemar la casa, no, hay que matar la cucaracha y salvás la casa, pero están reinventando todas las reglas del sector externo, como si el mundo se va adaptar a Honduras y no, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mundo», dijo.
La economista Telma Villeda, por su parte, consideró que para la atracción de inversión extranjera, si se mejoran las condiciones de seguridad y la imagen del país, ahora tan marcada negativamente por el narcotráfico y la corrupción, las inversiones desde el extranjero pueden mejorar.
El Gobierno de Xiomara Castro anunció que de enero a octubre de 2024 hubo una reducción del 25 % de muertes violentas. A través de la red social X, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció una reducción respecto a los homicidios en 2024: «Se espera que 2024 cierre con una tasa de homicidios de 26.7 por cada 100 mil habitantes, frente a los 34 por cada 100 mil del año anterior», afirmó.
Sin embargo, el país sigue sumido en la zozobra de las extorsiones, que afectan especialmente a pequeños negocios y el transporte. Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras está bajo un estado de excepción, que desde las comunidades se ve como una medida ineficiente. En noviembre de 2024, Contracorriente publicó un reportaje donde revela el aumentó en las denuncias de desapariciones forzadas en este contexto.
La contradicción
María Luisa Regalado cree que las amenazas de más cierres de empresas maquiladoras se dan porque están ejerciendo presión para que no aprueben la Ley de Justicia Tributaria, que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno.
Al referirse a los problemas de salud que la maquila ha provocado en la población trabajadora, la coordinadora de Codemuh dijo que «en esas fábricas hay hospitales», y agregó que «el sector maquilador lo que quiere es continuar explotando a la población, echar a la calle a la gente que ya no le sirve, porque la ven como cosas desechables, y van a volver a reabrir con otra razón social y con personas nuevas».
Una de las transnacionales que ya habría anunciado a sus empleados el cierre de tres plantas en Honduras es Hanes Brands, que dejaría a unas 2,400 personas sin empleo. La razón es que la corporación vendió la marca de ropa Champions y está reorientando su negocio. Esta empresa también tiene operaciones en República Dominicana, El Salvador, Vietnam y Tailandia.
Sobre la corporación Hanes Brands hay un detalle interesante: la apoderada legal es la abogada Pamela Blanco, esposa del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y también vinculada al Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez.
Regalado sostiene que la actitud de la abogada Blanco siempre ha sido soberbia e inhumana durante los años que ha representado a la maquila. «Ella dice que la empresa no tiene corazón. Le estábamos pidiendo sensibilidad porque era el caso de unas trabajadoras que tenían problemas de salud, y queríamos que las reintegraran, pero simplemente les dijo: “No hablemos de sensibilidad humana, porque no habrá”», lamentó Regalado.
La actitud es reprochable, más si viene de la esposa de un alto funcionario de un Gobierno que ha pregonado luchar y trabajar por los intereses del pueblo y los más vulnerables. «Pero personas como Pamela Blanco y, a lo mejor su esposo, no van a refundar, van a refundir el país, no es posible hacerlo como esas empresas que ven a las trabajadoras como seres desechables, como cosas que no sirven», dijo Regalado con tono enérgico.
La población trabajadora siempre ha estado desprotegida. Junto a un pequeño muro frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, Miriam y «La Vieja», dos extrabajadoras de Delta Cortés, conversan sobre las acciones que seguirán tomando y las penurias que han pasado durante cuatro meses sin salario, y ahora sin trabajo.
«La Vieja» sostiene en sus manos un cartón con el mensaje escrito al inicio de esta historia. Habla de la confabulación del sindicato con la empresa y le pide al ministro Wilmer Fernández que las escuchen. Una de sus compañeras llega y le entrega un billete. «Así pasamos, porque estamos todos en la lucha, y la que puede ayuda a la que no tiene. Ha sido muy duro», dice «La Vieja». Su mirada parece perdida en las penurias que le han dejado la irresponsabilidad de una empresa y la desprotección estatal.
