Una delegación representará a Honduras del 21 de octubre al 1 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), el evento en el que los países revisan sus compromisos a fin de restaurar el 30 % de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos para el 2030. En esta cumbre, una de las metas cruciales es garantizar la participación de los pueblos originarios y afrodescendientes en la toma de decisiones para preservar la biodiversidad. Contracorriente habló con defensores del ambiente y de la seguridad alimentaria, así como también con representantes del Estado, para conocer sus expectativas y exigencias previo a este evento, que tendrá como sede a Cali, Colombia.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
«Paz con la naturaleza» es el lema de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad o Cumbre de la Biodiversidad (COP16), que se desarrollará en la ciudad de Cali, departamento del Valle de Cauca, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre. La meta de este evento es que los 190 países integrantes asuman la protección de la biodiversidad como herramienta para resolver los conflictos a nivel mundial, propongan herramientas y recursos genéticos para conservarla, y garanticen la participación de los pueblos indígenas para lograrlo.
Los compromisos adoptados en la COP15, antecesora de esta cumbre, juegan un papel determinante, pues en ella se adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual plantea 23 metas que deben ser puestas en práctica y completadas por los países –incluido Honduras— para 2030. Entre los puntos más destacados están la conservación y gestión eficaz de al menos 30 % de las zonas terrestres, costeras y aguas continentales del mundo, la restauración de al menos el 30 % de estas, la eliminación o reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad, aumentando en su lugar los incentivos para su uso sostenible, y la utilización de al menos 200 millones de dólares anuales para el financiamiento de planes y estrategias relativas a la biodiversidad.
El cumplimiento de las metas del Acuerdo Kunming-Montreal y la puesta en práctica de los ejes que tiene la COP16 puede resultar complejo para Honduras. Hasta septiembre de 2024, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró más de 3,000 alertas por deforestación a nivel nacional, principalmente en las regiones de la Biosfera de Río Plátano –declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Unesco–, La Moskitia, y Olancho, sitios en los cuales la franja ganadera y el conflicto territorial se incrementan todos los años.
En mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció el Plan Cero Deforestación al 2029 para la región de La Moskitia, uno de los lugares con myor diversidad biológica, pero que más deforestación registra. Durante una década, el departamento de Gracias a Dios –que comprende la mayor parte de la Biosfera del Río Plátano y la región de La Moskitia–, ha registrado aproximadamente 87,634 hectáreas deforestadas entre 2010 y 2022, incrementando la tasa de deforestación de esta zona de un 0.12 % en 2010 a un 2.14 % en 2020, según datos proporcionados a Contracorriente por el ICF.
Deforestación en los últimos 10 años en el departamento de Gracias a Dios. Datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Con un presupuesto de 19 mil millones de lempiras aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la realización de este plan, la mandataria autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional a realizar desalojos por actividades de agricultura, ganadería, minería y dragado de ríos en zonas boscosas y en áreas protegidas del país.
«La Moskitia es el pulmón del mundo, no vamos a permitir su destrucción», dijo Castro cuando anunció el plan en mayo de este año. Además, en la resolución del CNDS se acordó investigar la actividad criminal de estas tres regiones, en las que la deforestación es consecuencia de la ganadería extensiva y el narcotráfico que ha crecido con la siembra de plantaciones de droga.
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Honduras dista mucho de representar un santuario de naturaleza y aire puro. Según el Informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero presentado en febrero de este año, de 2005 a 2020 Honduras absorbió más emisiones de gases de efecto invernadero de las que ha emitido; sin embargo, en 2020 las emisiones se incrementaron en un 24 %. El país registra un decrecimiento del 1.25 % en la absorción de estas emisiones anualmente.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas como la preservación del ambiente y ahora en la ejecución de desalojos no ha tenido un buen recibimiento por sectores ambientalistas. Mirna Wood, una mujer miskita defensora de los bienes comunes, expresó que es necesario frenar la ganadería extensiva y el ingreso de personas que llaman «invasores» a la región de la Biosfera del Río Plátano, pero este plan no se ha ejecutado de forma correcta, más bien se ha vulnerabilizado y desplazado más al pueblo miskito.
«Nosotros no somos depredadores», sostuvo Wood, y agregó que las tareas asignadas a los militares han sembrado terror en las personas miskitas que han vivido por años en puntos críticos, donde la biodiversidad está en riesgo y la frontera ganadera se ha expandido.
Otro de los proyectos del Gobierno que ha sido altamente cuestionado es la promesa de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, al norte de Honduras. Aunque el proceso de licitación para la construcción del reclusorio ha fracasado y se ha repetido varias veces, Contracorriente reveló que el proyecto no tiene licencia ambiental para su construcción. Además, la empresa encargada de realizar los estudios ambientales está vinculada a Grupo Emco, el conglomerado empresarial del que forma parte Los Pinares, cuyo dueño es Lenir Pérez, un empresario minero que ha generado conflictos socioambientales en el Bajo Aguán y quien tiene requerimiento fiscal en su contra, junto a su esposa Ana Facussé, por daños al ambiente.
Además, Inversiones Los Pinares, la minera de Pérez, ha sido señalada como culpable no solo de daños a las comunidades en Tocoa, sino del asesinato de Juan López, un ambientalista y lider territorial que sostuvo una lucha frontal contra la minera y que además denunciaba la vinculación de los empresarios con el poder político, entre ellos Adán Funez, actual alcalde de Tocoa, quien ha estado cerca de personajes ligados al narcotráfico y crimen organizado.
David Ortega Bercián, quien está al mando de la Dirección de la Biodiversidad (DiBio) adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), y que además forma parte de la delegación que representará a Honduras en la COP16, señala que el Plan Cero Deforestación es fundamental para que Honduras alcance sus compromisos para preservar la biodiversidad, delimitando las zonas de expansionismo de la tala de bosque y garantizando con títulos de propiedad a las personas que habitan en estas zonas.
Sobre la preparación de Honduras para la COP16, el director de la DiBio dijo a Contracorriente que han preparado las metas nacionales y que han hecho consultas con los pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y otros actores involucrados directamente en la preservación de la biodiversidad y el ambiente. No brindó más detalles sobre las comunidades o a qué líderes y lideresas han entrevistado.
«Estos espacios de consulta se hicieron a lo largo de todo el país; nosotros en la Dirección de Biodiversidad armamos estos espacios para conocer cuales son las prioridades del país en aspectos de conservación y del Protocolo de Nagoya», apuntó el biólogo. Este Protocolo, al que Honduras se adhirió en 2013 y entró en vigor en 2014, está enfocado en la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas y comunidades locales en el reconocimiento de los recursos biológicos y genéticos.
Ortega Bercián también señaló que estas acciones están contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, conocida como National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) en inglés, que ha sido presentada por Honduras hasta el período de 2018-2022.
Mediante las NBSAP, adoptadas por todos los países que integran el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, se espera que los países propongan acciones para proteger, conservar y utilizar servicios ecosistémicos, mientras se aseguran sus beneficios de forma justa y equitativa, siempre teniendo en mente la meta de frenar y revertir la pérdida de la biodiversidad para 2030.
Según un reporte de Carbon Brief –medio de comunicación enfocado en noticias sobre cambio climático, ciencia y naturaleza– y The Guardian, más del 85 % de los países no han presentado sus respectivas estrategias nacionales de biodiversidad actualizadas antes de la COP16. Dentro de los países que sí la presentaron están México, Canadá, China, Australia y Japón. Honduras no ha presentado su estrategia actualizada aún, y tampoco Colombia, sede de la COP16 y uno de los 17 países «megadiversos» según las Naciones Unidas.
La delegación de Honduras en la COP16 estará integrada por representantes de la Dirección de Biodiversidad (DiBio), el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Lucky Medina, representantes de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) y organizaciones no gubernamentales. El pasado agosto, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, anunció la asistencia al evento de la presidenta Xiomara Castro.
El cuidado del medioambiente como lucha y sostén de la familia
Para Gisela Rodas, integrante del grupo de mujeres del Consejo Indigena Lenca de Reitoca (CILR), la defensa del ambiente y los bienes comunes no solo ha representado el sostén de su familia a través del cultivo de granos básicos, sino que también ha significado un proceso largo de criminalización en contra de su esposo, Wilmer Alonzo, y de su hermano, Orlando Rodas.
Ellos, quienes se organizaron en el CILR para frenar la instalación de un proyecto hidroeléctrico que no se consultó al pueblo lenca de Reitoca, en el municipio de Francisco Morazán, instalaron un campamento en las cercanías de la cortina de agua para impedir el avance del proyecto. Inicialmente habían sido acusados por el Ministerio Público por delitos de usurpación y daño a la propiedad privada por la defensa del río Grande, pero en noviembre del año pasado una jueza retiró estos cargos para acusarlos de un nuevo delito: el de perturbación a un derecho penal.
«Ha sido un proceso largo y muy doloroso, en el cual tenés que limpiarte las lágrimas y decir “aquí vamos otra vez, de frente y de pie”, pero los momentos vividos en Reitoca también han sido de mucha alegría, porque nos hemos encontrado como cultura lenca», apuntó la defensora.
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Gisela Rodas insiste en que es clave que el Estado garantice la protección a los defensores del ambiente y el territorio en Honduras, y que además incluya a los pueblos originarios en la toma de decisiones relacionadas con la preservación del ambiente, ya que desde la cosmovisión de los lencas defender la tierra es «devolverle un poco de lo que ella tanto nos da».
La instalación de los proyectos extractivos en territorios mayormente habitados por pueblos originarios no solo trae desplazamiento y amenazas a quienes se oponen a estos proyectos, sino que además interfieren en el modo de vida de quienes viven del maíz, el frijol y la papa que cultivan en sus tierras.
«Nosotros somos los que estamos defendiendo esta casa común» sostiene Gisela. «Sin los pueblos originarios, las grandes ciudades no tendrían la comida de cada día, el desayuno o almuerzo, todo lo que llega al hogar».
Según el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en el primer trimestre de este año se registraron 42 conflictos socioterritoriales a nivel nacional. Los departamentos con un nivel de conflictividad alto son Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz, en los que predominan la población lenca y campesinos.
Uno de los acontecimientos más impactantes para los defensores y defensoras del ambiente fue el asesinato de Juan López el pasado 14 de septiembre. Juan, quien se dedicaba a la defensa del río Guapinol y era una voz activa en la denuncia de las acciones de la empresa minera instalada en Tocoa, Colón, fue asesinado mientras salía de la iglesia de su comunidad, en uno de los países más letales para las personas defensoras del ambiente.
La biodiversidad debe estar en manos de los pueblos
Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, más de dos millones de personas en Honduras enfrentaron crisis o emergencia alimentaria, según el Informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fase (CIF).
Entre los factores contribuyentes a estas cifras, según el informe, están el cambio climático, los desastres naturales y la pandemia por COVID-19. Además, la producción del maíz y el frijol también ha disminuido debido a la falta de acceso a insumos y temor del campesinado a sufrir pérdidas en la cosecha.
Aunque ahora las estadísticas son más alentadoras y la inseguridad alimentaria se ha reducido un 10 %, debido a que los impactos de las tormentas tropicales Eta e Iota se han ido disipando, es necesaria la creación de políticas públicas que garanticen la producción de alimentos de forma más sostenible y la preservación de las semillas nativas en Honduras.
Octavio Sánchez, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae), explica que esto es posible a través de la implementación de la agroecología, una forma de cultivo que no es abrasiva con la tierra y que toma en cuenta los saberes de los indígenas y el campesinado, uno de los puntos focales de la Cumbre de la Biodiversidad este año.
«Por eso es que hay una lucha fuertísima de las organizaciones campesinas e indígenas a nivel global, como la Vía Campesina y organizaciones como Anafae. Pensamos que la semilla tiene que estar libre, en manos de los campesinos, pues es su decisión, no la del Estado, poder seguir cultivando y cuidando sus propios alimentos», manifestó Sánchez. Añadió que el Estado de Honduras destina anualmente 800 millones de lempiras para la merienda escolar, una cifra que podría reducirse si se potencian las capacidades de las comunidades campesinas.
El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como Ley de Monsanto. Para que este fallo fuese posible, las organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta ley, que no solo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que además atentaba contra los saberes ancestrales de los pueblos originarios, que se enfrentan a las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.
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Para el director de Anafae, la discusión sobre la preservación de especies –sobre todo las nativas de los pueblos latinoamericanos– y la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza serán clave en la COP16, pues es fundamental integrar efectivamente a las poblaciones indígenas en los debates, considerando el despojo y discriminación de que han sido objeto por poner en práctica sus saberes ancestrales.
Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).
This story was produced as part of the 2024 CBD COP16 Fellowship organized by Internews’ Earth Journalism Network.
