Juan López, ambientalista y líder comunitario hondureño fue asesinado en Tocoa, avivando el fuego en una tierra cuyos conflictos parecen no tener fin. Tras su muerte, y la presentación de requerimientos fiscales contra Lenir Pérez y otras personas vinculadas a crímenes ambientales que Juan denunció, el movimiento social sigue exigiendo justicia y una investigación independiente para el asesinato, rechazando la comisión interdisciplinaria creada por el gobierno de Xiomara Castro. Además, el alcalde Adán Fúnez, a quien López señaló por vínculos con el narcotráfico antes de su asesinato, continúa sin responder a las demandas de renuncia que pesan sobre él.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen
La noche del sábado 14 de septiembre, escondida en las sombras, la muerte esperaba a Juan López (46 años), quien fue un líder comunitario, regidor municipal de Tocoa, ambientalista, educador y delegado de la palabra en la Iglesia Católica. Las balas apagaron su vida minutos después de dirigir un acto religioso en la parroquia de la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.
Nada detuvo al sicario que habían encomendado para que acabara con la vida de Juan, quien al momento del ataque iba acompañado por cinco personas que salieron ilesas. En la misma calle donde está el templo católico, esa noche se celebraban dos campañas evangélicas en las que había una gran multitud de personas. Sin embargo, esta concurrencia, lejos de ahuyentar al asesino, le brindó un escenario ideal, pues los disparos contra el líder ambiental se perdieron entre los sonidos de la música de los eventos religiosos. El asesino huyó en una motocicleta con el rostro cubierto por el casco.
Juan le había dicho antes a las personas cercanas que lo iban a matar. Y algunos de sus amigos le habían dicho que temían por su vida. «Sabíamos de los riesgos, pero no creíamos que se iban a atrever a tanto», dijo Jessenia, una de las tantas personas que bajo el liderazgo de López han hecho frente al poder del extractivismo en el Bajo Aguán.
Desde octubre de 2023, Juan contaba con medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por amenazas contra él y varios ambientalistas de la región. Hay otras 29 personas defensoras de la tierra amenazadas en el conflictivo contexto en el que permanece el Bajo Aguán. Todas tienen medidas de protección, pero el Estado a través del Gobierno ha sido incapaz de brindar seguridad a estas y estos defensores.
«Solo tenemos un carnet», expuso Lino Cedillo, uno de los líderes que han sido criminalizados por la defensa del río Guapinol afectado por el megaproyecto minero de la empresa Los Pinares, propiedad de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Lino estuvo 914 días preso, en un caso completamente manipulado por diferentes actores de la justicia hondureña, especialmente la Fiscalía de Tocoa. Es por esto que el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) ha exigido una investigación independiente y exhaustiva en la que rechazan las participación de esa fiscalía y la de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) por considerarlos parte del proceso de persecución y criminalización que han sufrido los defensores de los territorios en esa zona.
Y es que los operadores de justicia siguen criminalizando a los defensores del territorio en esa zona. Cinco días después del asesinato de Juan López, la Corte de Apelaciones de La Ceiba, dirigida por la abogada Vianey Cruz Recarte, declaró procedente un recurso interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo en favor de los ambientalistas Leonel George, José Adaly Cedillo, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y Juan López, que aún en la tumba sigue siendo perseguido por sus luchas.
Ellos fueron el primer grupo de activistas detenidos en 2019, que se entregaron voluntariamente tras ser acusados de ser criminales por participar en protestas en Guapinol. En total hubo 31 personas acusadas.
La resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba reabre un proceso que implicó la detención arbitraria de este grupo de defensores durante 14 días. La denuncia fue interpuesta por Inversiones Los Pinares, luego de que los pobladores de Guapinol instalaran el campamento «Por el Agua y por la Vida» en esa aldea l, y durante 88 días mantuvieran tomado el acceso al núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, hasta que fueron violentamente desalojados por centenares de policías y militares enviados por el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El campamento se instaló luego de que Juan López y Adilia Castro visitaron la aldea Guapinol en 2017 para informar sobre lo que pasaba en el Parque Carlos Escaleras y el río Guapinol. Ahí comenzó a crecer el movimiento, y lo que había sido una pacífica aldea de agricultores se convirtió en fortín de lucha en contra del poder de Inversiones Los Pinares y su dueños Lenir Pérez y Ana Facussé.
Este era el tipo de acciones que hacía Juan en defensa del ambiente y la vida. Además de su compromiso con la lucha ambiental, era líder de la Iglesia Católica, regidor de la Municipalidad de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y miembro de la Junta Directiva de la Fundación San Alonso Rodríguez, que promueve el respeto por el planeta y la justicia social.
A esa variedad de luchas emprendidas por Juan se referió el sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, cuando en la misa de cuerpo presente señaló que «Juan López estaba metido en cuanta cosa posible, imaginable y no imaginable de la dimensión social en el compromiso por transformar nuestra Honduras. Ahí andaba donde había espacio para promover discusiones, meter proyectos o buscar ayuda para los pobres», dijo.
«Y nosotros ahora de nuevo preguntamos ¿será que nos vamos a dejar derrotar por la decisión de los criminales que nos quedemos con miedo y en silencio?», padre Ismael Moreno
Organizaciones, representaciones diplomáticas y líderes mundiales, como el papa Francisco, las embajadas de España y Alemania en Honduras, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental Brian A. Nichols y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), han condenado enérgicamente el asesinato de Juan López, y también han pedido al Gobierno de Honduras una investigación exhaustiva, imparcial e independiente.
El Gobierno de Xiomara Castro ha creado un equipo multidisciplinario para dirigir la investigación sobre el asesinato, que será dirigido por Eduardo Turcios Andrade, director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DPI), quien el lunes 16 de septiembre se reunió con líderes sociales del Bajo Aguán y prometió que toda la información originada en la investigación sería manejada por un equipo especializado de Tegucigalpa.
Sin embargo, un día después el CMDBCP emitió un comunicado donde denunciaba que la investigación estaría a cargo de la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). La coordinación estará a cargo del subcomisario de Policía Henry Joel Ventura, con la participación del fiscal Danilo Alemán.
El abogado Edy Tábora, del Bufete de Justicia para los Pueblos y apoderado legal de CMDBCP, sostuvo que las personas designadas pueden tener una trayectoria importante en la investigación, pero que la mayoría no son conocidos por la población. «Es importante que la ciudadanía esté alerta si se conocen nombres de las personas que van actuando [en la investigación] de estos procesos, y si hay denuncias que puedan salir a la luz pública. Este personal no ha estado en la zona, no los conocemos más allá de algunas pocas personas que integran la investigación», dijo.
Tras el rechazo del movimiento social en Tocoa de la participación de funcionarios locales en el procesos de investigación de la muerte de Juan López, estas personas fueron retiradas. Sin embargo, el abogado Tábora sostiene que en paralelo a la investigación se ha reactivado el proceso de criminalización contra cinco dirigentes del CMDBPC. «Es que como si damos un pasito y retrocedemos dos, al final es una sola institución el Ministerio Público, hay una interpretaciones jurídicas en base a ese proceso de criminalización, todo pareciera que las magistradas en este caso se están poniendo al servicio de la empresa Los Pinares. Hay muchas contradicciones, porque luego vemos una sanción contra las magistradas y digamos que es positivo para romper un esquema de impunidad que hay con el caso».
El apoderado legal del CMDBCP cree que las presiones públicas surtieron algún efecto, pues el equipo de investigación ha sido fortalecido y está realizando acciones que se mantienen en confidencialidad.
No obstante, la desconfianza es el principal reto a vencer. «Hay una situación compleja, hay gente que tiene miedo y no tiene confianza para incorporarse de lleno a dar declaraciones. Ese es el reto principal para nosotros, que se genere confianza tanto en el control de la información, pero también las garantías suficientes para que las personas que colaboren en las investigación no vayan a sufrir represalias», expresó.
Un asesinato de Estado
Una de las pancartas que acompañaban el féretro de Juan albergaba un mensaje contundente: «El Estado te mató, porque no te protegió». Y esta idea, al igual que la conclusión de que su muerte es un asesinato político, es casi unánime en los luchadores del Aguán.
Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) manifestó que «ellos [el Estado] son conscientes de la responsabilidad que tienen en el asesinato de Juan, por no proteger su vida. Esas medidas cautelares no sirvieron para salvarle la vida. Nos parece que hay responsabilidad. Los ministros no responden a las demandas, pero tampoco responden a lo que pregona el Gobierno de ser respetuoso de los derechos humanos», sentenció.
Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, insistió que desde el Estado hay «una deuda, pero enorme deuda y es responsable por omisión». Solicitó al Gobierno, que pregona un discurso de derechos humanos, que tome medidas efectivas para proteger la vida de los defensores de los territorios que aún continúan con vida y levantando la voz. «Por el compañero Juan, el Estado ya no puede hacer nada, más que investigar para castigar a los autores materiales e intelectuales», afirmó.
Leonel George, ambientalista, regidor de la municipalidad de Tocoa y compañero inclaudicable de Juan en la lucha por la defensa de la tierra, hizo referencia al llamado que realizó la presidenta Xiomara Castro a investigar el crimen cometido. Para el luchador social estas palabras surgieron con «vergüenza» pues considera que «el Estado es el responsable del asesinato del compañero».
«“No creemos en las instancias del Estado, deben dar resultados para creer, si no ese llamado [a investigar que hizo la presidenta] ha sido puro show o discurso, que sirve para sus informes internacionales»”. Leonel George, ambientalista y regidor municipal de Tocoa.
«Esas palabras de la presidenta y también de la ministra de derechos humanos [Angélica Álvarez] son de vergüenza, pero creo que es la oportunidad para reivindicar el abandono. Es que hay una responsabilidad, el Estado es responsable por el asesinato del compañero. No hay nada de lo que hagan que pueda resarcir el daño que han hecho, pero al menos aspiramos que haya justicia y que de una vez por todas resuelvan esta conflictividad para que no se sigan cobrando vidas valiosas. Deben garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, que hasta ahora no lo han hecho», demandó George.
El padre Andrés Tamayo, sacerdote católico y también defensor ambientalista, mencionó que los poderes fácticos están vigentes y que son los que siguen dominando: «Es una mafia que ahí está metida, así lo dejaron instalado. Eso tiene que desaparecer porque ellos se tomaron todas las instituciones, todos los niveles sociales, las estructuras ellos las tienen todavía, porque es de esa manera todo lo que sacan, parece legal, es un sistema al gusto y capricho de ellos, no es verdad que haya desaparecido».
Es preciso mencionar que para que exista este control de las élites es necesaria la colaboración de las autoridades, y en este caso el partido de gobierno tiene el control del Congreso Nacional, es mayoría en la Corte Suprema de Justicia y libró una gran batalla, incluso en contra de la ley, para colocar a Johel Zelaya como Fiscal General. Esta administración también ha fortalecido a las Fuerzas Armadas, institución que antes criticaban, pero que ahora en su discurso aparecen como un pilar de la democracia.
Sin embargo, el padre Tamayo, amigo personal del asesor presidencial Manuel Zelaya, manifestó que estos poderes «acaparan y secuestran los Gobiernos, pero siempre es posible cambiar, siempre y cuando el pueblo tenga espíritu de lucha, siempre que el pueblo esté con la verdad, no con la mentira. La mayoría de los medios viven más de la mentira que de la verdad», dijo.
«Juan presentó en una sesión de la corporación municipal una solicitud por escrito para que renunciara Adán Fúnez». Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán.
El diputado al Congreso Nacional por el partido Libre, Juan Barahona, manifestó que él no considera que el Estado ha fallado en asesinatos como el de Juan, pero sí reconoció que hace falta «mayor ejecución de sanciones porque estas muertes tienden a quedar en la impunidad; lo que debe hacer el Estado a través del Gobierno es investigar, pues tiene medios cómo investigar y que el pueblo sepa quiénes son los asesinos».
«Aquí hay que presionar a los responsables de investigar que son la Policía y el Ministerio Público. Estas instituciones tienen que darle respuesta al pueblo de esta muerte». Juan Barahona, diputado al Congreso Nacional
Los primeros pasos de la investigación del asesinato de Juan López se mantienen en el hermetismo. En La Ceiba, donde se encuentra la vocería del Litoral Atlántico, expresaron que toda la información está centralizada por el vocero Yuri Mora, quien no respondió los mensajes de texto enviados por este medio.
Mientras tanto, la relacionadora pública de Medicina Forense, Lorena Cálix, manifestó que hasta no tener autorización conforme a la ley del MP no podía referirse a los detalles de la autopsia, pues está en investigación el hecho violento y no es posible dar detalles.
Varias voces reclaman al Estado como responsable en la muerte de Juan por no proteger su vida, pese a que estaba adherido al Mecanismo Nacional de Protección (MNP). Solo en el Bajo Aguán hay otras 29 personas amenazadas y con medidas de protección, sin que estas medidas sean más que tener un carné, como nos dijo José Cedillo.
No obstante, no todos los adheridos al Mecanismo viven la misma situación. A finales de abril de 2023, el MNP emitió un reporte en que registra que solo seis personas beneficiarias de medidas cautelares de Corte IDH absorben el 83 % del presupuesto anual para medidas de protección. En ese entonces había 185 casos de protección activos, por lo que el resto era atendido con el 15 % de los fondos. De ahí que defensores como Juan, José Cedillo, Adilia Castro, Reynaldo Domínguez y otros no hayan recibido más que un carné.
Contracorriente recibió información que en esa lista «VIP» de protegidos se encontraban la viceministra de defensa, Julissa Villanueva, y la diputada del Partido Salvador de Honduras Ligia Ramos. La primera confirmó a este medio que es beneficiaria de las medidas de protección. «Quien quiere decir que todo está resuelto y no hay riesgos, es alguien que está falseando», dijo Villanueva.
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Los vínculos de la empresa
El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público realizó diligencias en la casa del edil tocoeño, presuntamente con la intención de decomisar grabaciones de las cámaras de seguridad «Eso significa que el señor Adán Fúnez es parte de las personas investigadas en este proceso. Es una de las cosas relevantes, que hay una línea de investigación relacionada con el señor alcalde», afirmó el abogado Edy Tábora.
Dos días antes, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez, así como otros funcionarios públicos vinculados a inversiones Los Pinares por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque.
El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa. «Es una respuesta que llega en un momento crítico. Se está asimilando porque eso genera muchas emociones para la gente. Desde miedo por el incremento del riesgo y las posibilidades de más intimidaciones y más amenazas. También genera una alegría, aunque opacada por el asesinato de Juan, que era una de las personas que impulsó a que se presentara ese requerimiento fiscal. Hay sentimientos encontrados porque es una de las solicitudes permanentes».
Días antes, Tábora había apuntado hacia un posible solución del conflicto para menguar las amenazas que se ciernen sobre los defensores en Tocoa. Explicó que la situación no se puede abordar mediante carros blindados, pues desde el Gobierno han expresado que no hay dinero y que no hay carros. Él sostiene que el problema se resuelve atacando la generación de riesgos, que en Tocoa son dos: «la municipalidad de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez, y la empresa de Lenir Pérez con Ana Facussé, todos los actores paralelos que han intervenido en generar amenaza es porque han tenido un vínculo con la empresa», dijo.
«El Estado no va a poder darle una escolta a cada persona en riesgo, entonces la respuesta es política. Hágase cargo políticamente del riesgo, pero eso significa enfrentarse a las empresas», expuso el abogado Tábora.
El regidor y ambientalista Leonel George sostiene que continúa el alto riesgo que los entes estatales han podido constatar, y no duda en exigir que los responsables del crimen de Juan deben ser castigados sin importar su condición o filiación política. «No importa si están vinculados al partido [Libre], no importa el nivel empresarial que tengan, deben aplicar la ley y garantizar justicia en este caso», dijo.
Hay algunos que han ido más allá. El párroco Carlos Orellana manifestó durante el velatorio de Juan López que la Iglesia señalaba al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como el responsable del asesinato. Jhonny Rivas, de la Plataforma Agraria, indicó que el edil debe ser una de las primeras personas investigadas por la muerte.
En Tegucigalpa, el fiscal general Johel Zelaya aseguró que en el Ministerio Público no se van a dejar influenciar por lo que se dice en redes sociales y en los discursos. «Siento mucho que a veces, se apunta a X personas, sabiendo quiénes pueden estar detrás de este asesinato, así que no desviemos la atención, vamos a llegar al verdadero criminal, sea intelectual o material», sostuvo.
Johel Zelaya —de quien, según los conocidos de Juan López, este tenía grandes expectativas una vez que llegó al MP— insistió que los requerimientos se emiten, «en los tribunales, no en las redes. Vamos a investigar, pero no me voy a dejar presionar».
En Tocoa no existe confianza en los operadores de justicia local, y con justa razón. Esly Banegas, representante de COPA, denunció que desde el 2009, más de 200 defensores de la tierra han sido asesinados en el Bajo Aguán, pero no hay respuestas sobre estos asesinatos, y en lugar de los órganos de justicia solo han servido para criminalizar; como ejemplo imborrable están las causas que abrieron contra 31 personas que estuvieron en el Campamento por el Agua y por la Vida, entre ellos Juan López.
Sobre el proceso de investigación que debe llevarse a cabo por este crimen, Esly Banegas dijo que «hemos exigido una verdadera investigación que pueda venir del nivel central del Gobierno, pero que también pueda haber una investigación internacional para llevar todo el peso de la ley a los responsables de este crimen abominable».
«“No tenemos confianza en los entes investigativos de la zona, en el Aguán están coludidos aún con el crimen organizado»”. Esly Banegas, representante de COPA.
Para encontrar a los responsables del crimen de Juan López, el movimiento social del Bajo Aguán pide que se continúe investigando al alcalde Adán Fúnez, así como también a Inversiones Los Pinares y su dueño Lenir Pérez, quien tiene muchas conexiones con el Gobierno, como demostró la investigación de Radio Progreso, que revela que el Instituto de Previsión Militar (IPM) compró más de 152 millones de lempiras (más de seis millones de dólares) en acciones de la compañía Alutech, una ferretería que tiene 62 tiendas y presencia en 17 departamentos del país, además deGuatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. La formalización de la sociedad la realizó la abogada Pamela Blanco, esposa del actual ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, una conexión que ya había revelado Contracorriente.
Lenir está casado con Ana, hija de Miguel Facussé, un poderoso empresario agroindustrial que cultivó palma africana en el Aguán, en tierras que pertenecían a la reforma agraria, que ahora es otra fuente de conflicto en la zona. Lenir también utilizó tierras destinadas a la reforma agraria para desarrollar su megaproyecto, según reveló una investigación de Contracorriente.
Pérez también fue muy cercano al Gobierno de Juan Orlando Hernández, que le entregó en concesión el Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra en la que Honduras invirtió más de 200 millones de dólares.
El empresario también tiene conexiones internacionales, como la encontrada en una investigación de Contracorriente y Univisión con la multinacional Nucor, que es la principal productora de acero de EE. UU. En el 2015, Nucor se asoció con Lenir y su esposa para comprar el hierro que iba a producirse en la mina, la misma que originó el conflicto en Guapinol y en las aldeas del sector San Pedro, en Tocoa.
La lucha contra Los Pinares
La defensa del ambiente y los territorios enfrentó a Juan con terratenientes, empresarios y políticos. Los principales: Lenir Pérez y Ana Facussé, dueños del megaproyecto que incluye la minera Los Pinares, la planta peletizadora Ecotek y actualmente el proyecto de energía que el gobierno de Xiomara Castro ha apoyado en los últimos meses, la planta de energía a base de petcoke Tocoa Energy.
En el ámbito político, la figura central a la que Juan se enfrentó fue el alcalde Adán Fúnez, quien ha sido desde su posición un operador para las élites, incluyendo a Lenir e Inversiones Los Pinares. Fúnez, protegido de Manuel Zelaya Rosales, es acusado de falsificar documentos para abrir y mantener la operación de la minera en Tocoa. Además, ha aceptado su relación de amistad con los hermanos Rivera Maradiaga, antiguos líderes del cártel de Los Cachiros que ahora son cooperantes de la Justicia de Estados Unidos. En este artículo se revela cómo Fúnez ha podido mantenerse en el poder a base de alianzas con políticos y criminales.
Con los Rivera aparecen Fúnez y Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en un video publicado por Insight Crime, donde un grupo de narcotraficantes negocian una contribución a la campaña de Libre en el 2013.
El conflicto con el alcalde Adán Fúnez se intensificó el 9 de diciembre de 2023, cuando el edil convocó a un cabildo abierto para que la población aprobara un proyecto termoeléctrico de Inversiones Los Pinares. Sin embargo, el CMDBCP, liderado por Juan López, movilizó a una multitud que rechazó el proyecto. Según testigos, el alcalde Fúnez ni siquiera entró al lugar donde se desarrolló el cabildo. «Después de eso comenzó a surgir el rencor hacia quienes defendemos el territorio», explicó Johny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.
Después de ese fracaso, Fúnez convocó a un nuevo cabildo abierto en la aldea Ceibita, una comunidad que se encuentra a unos 15 minutos del casco urbano de Tocoa. Rivas sostuvo que había gente armada y sicarios amenazando a los asistentes.
Tres días antes del asesinato, López había encabezado una conferencia donde se pidió la renuncia de Fúnez. A juicio del líder campesino, eso aumentó todavía más el rencor hacia los defensores: «Hoy, con el asesinato de Juan, decimos que los principales personas que tienen estar siendo investigados son Lenir Pérez, pero también Adán Fúnez», apuntó con valentía.
El movimiento social del Bajo Aguán en pleno ha calificado el atentado contra Juan como un asesinato político. El padre Melo afirmó, mientras los restos de Juan yacían en la Parroquia de Tocoa, que el asesinato político, además de buscar venganza, pretende «dejarnos con miedo, aterrorizados y callados. Así nos quieren».
«Estos criminales se equivocaron, quitándole la vida a un compañero, que lo único que hizo fue luchar para poder generar cambios estructurales». Padre Andrés Tamayo.
En el informe de la organización internacional Global Witness sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente en el año 2023 se indica que en Honduras fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas, y es el tercero en América y en el mundo, solo detrás de Colombia y Brasil.
A nivel mundial, Global Witness documentó 196 asesinatos de defensores del ambiente. El informe señala que el 70 % de «estas agresiones mortales» se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México.
En Honduras, el año pasado hubo cuatro asesinatos más respecto al año 2022, cuando la organización documentó 14 muertes de ambientalistas. El total de asesinatos cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a documentar los casos en 2012 asciende a 2,106. La muerte de Juan no es casualidad, en un país donde uno de los oficios más peligrosos es defender el ambiente.
Para los ambientalistas en el Bajo Aguán la situación sigue siendo muy peligrosa. El abogado Tábora menciona que la gente «tiene mucho miedo» y procesar el asesinato de López será difícil. Reconoció que hay disponibilidad de la Policía Nacional de cumplir algunas medidas; el asunto es que el riesgo todavía existe y es muy alto. «Una de las cosas es que el Mecanismo Nacional de Protección es muy lento en actuar, es sumamente lento en estos procesos. Creemos que debe haber un abordaje integral del riesgo», señaló.
La lucha después de la muerte
En Guapinol la lucha continúa, pero ha sufrido duros golpes. Las muertes de Jairo Bonilla, Aly y Oquelí Domínguez en el 2023, y ahora la de Juan López, han socavado el ánimo de algunos. Han causado terror. A finales del año pasado, más de 40 personas, todas relacionadas con el líder Reynaldo Domínguez, fueron desplazadas de la aldea por las amenazas constantes contra la familia. Domínguez es uno de los líderes más visibles que ha tenido la lucha por la conservación del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, pero las amenazas contra su vida lo hicieron apartarse del movimiento, que ahora tampoco cuenta con Juan López.
«Hay gente que ya se «volteó» (dejó la lucha) y otros se han resignado», nos dicen en Guapinol. La comunidad se ha ido dividiendo con el tiempo. Las causas son diversas. Las muertes y la criminalización han provocado miedo, pero también hay otras causas.
Hace algunos meses en Guapinol se creó una caja rural, una entidad financiera creada especialmente en zonas rurales y agrícolas. En Guapinol se dice que la entidad fue financiada por Adán Fúnez con el objetivo de debilitar la lucha de los defensores de Guapinol. Y ha rendido frutos.
La caja rural brinda beneficios a los socios: dinero, fertilizantes y ayudas del Gobierno central que se canalizan a través de la Municipalidad. Una vez que el socio ha recibido algún beneficio, le piden que no vaya a ninguna actividad de protesta en contra de Adán Fúnez. «Uno se va quedando solo, y el otro grupo va agarrando fuerza porque hasta dinero en efectivo les dan, pero hemos quedado los que de verdad tenemos la convicción que no queremos eso aquí», nos dijo uno de los que aún sostiene la lucha.
Juan López tampoco quería esa mina en Tocoa. Fue una de las batallas que libró por la vida y los territorios. Se entregó tanto a la tarea que dio su vida. Su recuerdo también es fuente de inspiración para los que quedan. «Recogemos su legado y su mística, sin duda hay muchas enseñanzas, ha habido mucho aprendizaje y eso no puede ser tirado a la basura, hay que levantarlo con gallardía, con fuerza y dignidad», aseguró Leonel George.
