Dictaron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial contra el juez de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta cargos por extorsión tras intentar obtener tres millones de lempiras de un empresario que fungía como testigo protegido del Ministerio Público. Vallecillo, quien jugó un papel clave en la emisión de órdenes de captura en casos emblemáticos del actual Ministerio Público, tendrá la audiencia preliminar el 6 de septiembre de 2024.
Texto: Luis Escalante, con reportes de Celeste Maradiaga y Jennifer Ávila
Fotografías: Luis Escalante y archivo
El sábado 24 de agosto dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas y su amigo Nelson Omar Sierra Flores. Un juez del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente determinó que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público (MP) —cerca de 25— fueron suficientes para probar indicios suficientes de responsabilidad penal en el cargo de extorsión por parte de ambos imputados.
Dentro de la carga probatoria presentada por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), en la audiencia inicial se presentaron vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Uno de los testigos protegidos es un amigo de la víctima de extorsión, quien declaró haber sido informado de que estaba siendo efectuada por Vallecillo Banegas, Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo; el otro es un agente de la ATIC.
Durante la audiencia inicial se mantuvo un estricto hermetismo: se impidió el acceso de los medios de comunicación a la sala y se estableció un intenso resguardo policial, lo que impidió conocer algunos detalles sobre cómo se desarrolló el proceso. Algunos empleados del Poder Judicial que laboran en el juzgado se lamentaban al ver en el banquillo de los acusados a quien alguna vez fue juez coordinador de este circuito judicial.
La audiencia preliminar quedó fijada para el 6 de septiembre a las 9:00 a. m., informó la vocería del Poder Judicial.
🧑⚖️#ActualidadCC | Un juez del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el juez Marco Vallecillo y Nelson Sierra, imputados por cargos de extorsión. pic.twitter.com/NPmj2W1XuS
— Contracorriente (@ContraC_HN) August 24, 2024
Según el escrito que contiene el requerimiento fiscal e información a la que accedió Contracorriente, Marco Antonio Vallecillo Banegas solicitaba tres millones de lempiras a un empresario de la construcción «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor». Este medio también tuvo acceso a la declaración del primer testigo protegido presentado por la Fiscalía, un amigo de la víctima, quien aseguró durante uno de los interrogatorios que los imputados intimidaron a la víctima y lo llamaron constantemente para efectuar el cobro del dinero.
El testigo protegido, identificado como TN01, también declaró que en una fecha no especificada, en las instalaciones del bufete legal de Reinaldo Leiva Suazo, el juez Vallecillo Banegas solicitó a la víctima 250,000 lempiras para comprar unas puertas. También manifestó que la entrega de los tres millones de lempiras se efectuaría el 16 de agosto, pero que, ante la ausencia del juez Vallecillo Banegas, la víctima abortó la operación y la trasladó hacia el día siguiente.
El empresario actúa como testigo protegido en otros casos relacionados con la ejecución de proyectos llevados a cabo por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) durante la administración de Ebal Díaz, que no se ejecutaron en su totalidad. Además, el testigo sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Johel Zelaya, el viernes 16 de agosto, en la cual le confesó que estaba siendo víctima de extorsión.
Aprovechándose de que el empresario colaboraba con el Ministerio Público en otras investigaciones, Vallecillo Banegas, junto a Nelson Omar Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo, apoderado legal del empresario, le hicieron creer a este durante varias semanas que Uferco tenía listo un requerimiento fiscal contra él por su implicación en otro caso, denominado Cisco.
En medios de comunicación se ha informado que este caso está relacionado con un proyecto de construcción de una borda en el río Claro, en Colón. Contracorriente consultó al Ministerio Público sobre este caso penal, y únicamente se nos informó que la defensa presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha sido resuelto.
En la víspera, la defensa legal del juez Vallecillo Banegas, encabezada por Frank Galo, presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) un escrito de recusación contra el juez asignado a este proceso judicial, Juan Carlos Colindres, por «violación de derechos contitucionales y derecho a la defensa». Sin embargo, en una sesión de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, celebrada la noche del jueves 22 de agosto, las y los magistrados de ese tribunal de alzada determinaron rechazar «de plano» dicha solicitud, con lo que la audiencia inicial quedó firme.
La captura del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, coordinador del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, ha sacudido los cimientos del Poder Judicial. La detención in fraganti de Vallecillo Banegas el 17 de agosto de 2024, acusado de cobrar un presunto soborno y procesado por extorsión, junto a otras dos personas, no solo expone la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control interno en el ámbito judicial.
Ese día, el fiscal general Johel Zelaya, a través de la red social X (anteriormente Twitter), afirmó que se trataba de un juez que utilizaba su nombre y el de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) para «extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas».
Horas después, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, manifestó que brindará acompañamiento a las acciones del fiscal general y que su compromiso es «romper con las redes de corrupción que históricamente han existido en el Poder Judicial».
El juez Marco Antonio Vallecillo Banegas fue detenido el sábado 17 de agosto en una gasolinera localizada en la carretera que conduce del Distrito Central a Choluteca. Vallecillo Banegas y Sierra Flores se encontraban a bordo de un vehículo marca Lexus, color champán, en el que también estaba el empresario. Antes de abordar el vehículo, el juez tomó los dos teléfonos celulares del empresario y los guardó en una camioneta Land Cruiser Prado, color blanco y sin placas, en la que había llegado al punto de encuentro para recoger el dinero.
No se trata de un caso aislado
El viernes 23 de agosto, durante un XSpace organizado por Contracorriente, Víctor Fernández, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), manifestó que es necesario trascender el caso y verlo «como una oportunidad para revertir esta espiral de vergüenza en que estamos sometidos como sociedad».
«Nuestros operadores de justicia deben superar el espíritu de silencio, que saben que este tipo de cosas pasan, se enteran, pero no hay canales de denuncia, y lo que se asumen como práctica es el silencio. Se debe trascender la idea de que se es un funcionario honesto por hacer lo correcto al no involucrarse más en lo que no le corresponde. Es necesario superar esto en el sentido de tener una voz de denuncia y revisar cuáles son los mecanismos mediante los cuales se están nombrando, ascendiendo y otorgando privilegios a nuestros jueces y magistrados», declaró Fernández.
Víctor Fernández también se refirió a los procesos de formación de fiscales y jueces que emprendió la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y se cuestionó si las y los operadores de justicia que están actualmente asignados a circuitos anticorrupción son los que formaron parte de dichos procesos.
«Se invirtió mucho en la MACCIH para formar jueces y fiscales, como en la Ufecic, por ejemplo, donde los que fueron capacitados eran, en su mayoría, competentes. Creo que ahora quedan dos o tres fiscales de ese proceso de formación. Preguntémonos si el juez Marco Vallecillo, así como los demás jueces o magistrados que se formaron en los procesos de la MACCIH, son los que están dirigiendo los procesos de enjuiciamiento de este tipo de fenómenos delictivos. Cuestionemos si el juez Vallecillo cumplió con todo ese proceso exhaustivo que nos aseguraba, al menos parcialmente, una mejora en la administración de una política judicial anticorrupción», apuntó
Fernández también aseguró haber conocido el perfil judicial que ha caracterizado al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas. «Conozco a Marco, tengo una relación cordial con él y conozco el tipo de funcionario que es. Hemos litigado en su despacho judicial, representando al movimiento campesino. Sin embargo, las condiciones y el ambiente en ese entorno son conocidos; su perfil no es ni era anónimo. Él es una figura emblemática dentro del Poder Judicial en Tegucigalpa, y por eso provocó la reacción de la cúpula de la Corte Suprema. Todo lo que se dice sobre su entorno político es cierto».
De igual modo, agregó que cuando un juez, fiscal o magistrado se expone a actividades como la que le imputan a Marco Antonio Vallecillo Banegas, el que sufre las consecuencias más severas es el sector más vulnerable de la sociedad.
Podés escucharlo nuevamente: ¿Qué revela el caso Vallecillo sobre la justicia en Honduras?
«Debemos comprender que, con jueces expuestos a este tipo de hechos, quienes realmente sufren no son ellos, sino la sociedad hondureña, y especialmente la más vulnerabilizada. Esta última, aunque percibe estos fenómenos como algo distante, es la que recibe las consecuencias de una gestión que institucionaliza el silencio y la complicidad frente a la corrupción», subrayó.
Por su parte, Fany Bennett, jueza coordinadora del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), consideró que el problema que afronta el Poder Judicial es estructural y, por tanto, «las soluciones deben ser estructurales».
«Las valoraciones deben ir más allá de este caso; debemos partir de una memoria histórica y rescatar más allá de la vergüenza, que debemos ser actores proactivos ante un debilitamiento de todo nuestro sistema de justicia. Entonces, se deben fortalecer los procesos establecidos para denunciar el inadecuado funcionamiento de los servidores judiciales y concretar sanciones para nuestros jueces y magistrados», apuntó Bennett durante el XSpace.
¿Quién es Marco Antonio Vallecillo Banegas?
Hasta antes de su captura, Marco Antonio Vallecillo Banegas era uno de los cinco jueces que integran el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, y el que contaba con menos años en la carrera judicial entre sus compañeras y compañeros. Apenas el 29 de abril de 2024 había sido nombrado coordinador de dicho circuito judicial, que tiene competencia territorial en todo el país.
Vallecillo Banegas, nacido el 22 de octubre de 1989, ingresó al Poder Judicial el 26 de junio de 2015 como escribiente III del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. Después de unos meses, fue ascendido a juez supernumerario de ese juzgado en medio de cuestionamientos. El 8 de febrero de 2016, el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, lo defendió públicamente.
«El abogado Marco Antonio Vallecillo Banegas concursó y aprobó el proceso de selección. Cumple con el requisito académico y está interino porque necesita completar los tres años de ejercicio jurisdiccional. Sus notas son de las más altas que se han revisado para jueces de letras», dijo en aquel momento Rivera Avilés.
El 9 de agosto de 2018, se ordenó la aprehensión de Jorge Rivera Avilés y otros cinco exconcejales del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. El Ministerio Público (MP) acusó específicamente a Rivera Avilés por la comisión de 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 de abuso de autoridad. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2021 un juzgado en materia de corrupción le dictó sobreseimiento definitivo. El MP apeló la resolución ese año y, hasta el momento, no se ha emitido ningún nuevo fallo al respecto.
Para 2019, Marco Antonio Vallecillo Banegas ya se desempeñaba como juez de letras del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán y, posteriormente, fue ascendido al Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, con la llegada de Rebeca Ráquel a la presidencia de la Corte Suprema. De manera paralela, Vallecillo Banegas presumía en fotografías su cercanía con líderes políticos del oficialismo, incluyendo al actual jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento.
En 2022, diputados del Partido Libre, incluidos Carlos Zelaya Rosales y Rafael Sarmiento, recomendaron a la presidenta Xiomara Castro la designación de Marco Antonio Vallecillo Banegas como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Además, a inicios de 2024, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, le otorgó una condecoración por su «combate al crimen organizado».
No te lo perdás: Poder Judicial gastará 344 millones de lempiras para renovar y blindar su flota de vehículos
Como juez de ese circuito judicial en materia de criminalidad organizada, corrupción y medioambiente, Vallecillo Banegas emitió órdenes de captura contra David Chávez y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez, ambos prófugos de la justicia por un desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como contra Daniel Atala Midence, exgerente financiero de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) por su implicación como autor intelectual del crimen de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.
Asimismo, desde el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, se había emitido en las últimas semanas la orden de captura contra Ebal Díaz, señalado como líder de una red de corrupción que desvió 294 millones de lempiras destinados a un proyecto habitacional para personas damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 2020, que nunca se concluyó.
Vergüenza y reacciones al más alto nivel
La captura de este juez de alto rango ha provocado reacciones no solo en la cúpula del Poder Judicial, sino también en la propia Casa de Gobierno, desde donde la presidenta Xiomara Castro pidió que «se aplique todo el peso de la ley a los involucrados» y la desarticulación de las «redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial». No es para menos, considerando la investidura de un juez anticorrupción.
El lunes 19 de agosto, en una conferencia de prensa, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, quien salió públicamente junto al magistrado Mario Díaz y la magistrada Rubenia Galeano, calificó los hechos como «un fuerte golpe que hemos recibido» y «algo que no esperábamos», al tiempo que puso en marcha una intervención en el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
«Son muchos los funcionarios, pero uno no puede estar detrás de uno solo. Cuando uno asciende a alguien, lo hace porque cree en esa persona, que puede desempeñar un papel correcto. Mi vinculación con él es la que tiene todo jefe con el juez correspondiente: instruirle siempre que se apegue al derecho», dijo Ráquel, como si no estuviera convencida del requerimiento fiscal y como si ignorara qué hacía un juez en la entrega de un soborno por parte de un testigo protegido del Ministerio Público.
También desmintió las supuestas implicaciones del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas con José Luis Melara Murillo, su esposo, quien está siendo señalado por políticos y abogados de «traficar con la justicia» y estar detrás del soborno al empresario.
«No sé si ustedes saben, pero mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi tres meses fuera del país. No sé cómo puede, desde donde está, realizar este tipo de actos, pero tengo que decirles que, si se trata de él, pueden investigarme a mí, a mis hijos y a mi familia completa. Nunca, jamás me van a encontrar a mí o a alguien a mi alrededor haciendo cosas incorrectas», declaró Ráquel a los medios de comunicación.
El diputado del opositor Partido Liberal y disidente del oficialismo, Jorge Cálix, señaló directamente a Rebeca Ráquel y citó unas supuestas palabras del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas que involucrarían «al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial». Cálix incluso ha solicitado que Ráquel sea sometida a juicio político en el Congreso Nacional.
A pesar de lo anterior, el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas desmintió haber afirmado que el dinero, que según dijo nunca vio, perteneciera «al esposo de la presidenta (de la Corte Suprema)».
«Desmiento categóricamente eso; en ningún momento supe que había dinero en ese lugar y mucho menos que ese dinero era para el esposo de la presidenta», declaró Vallecillo Banegas, quien aseguró que se encontraba «en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas al momento de su captura.
