El 11 de junio, Contracorriente reveló que entre 2017 y 2022, Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, obtuvo ilegalmente tierras destinadas a la reforma agraria para su megaproyecto minero. La excandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Ilsa Lorena Torres, brindó servicios notariales en la primera parte de esta transacción. Tras las revelaciones de este medio, afirmó en una entrevista no estar relacionada con la empresa, y aseguró que la responsabilidad de estas acciones debe recaer sobre los funcionarios del INA.
Texto: Fernando Silva
Portada: Fernando Destephen
«Era una transacción, dentro de lo que yo puedo decir, normal, porque si viene con la aprobación de una institución del Estado es porque hicieron todo el trámite y verificaron que sí procedía otorgar el dominio pleno a este señor», explicó la abogada Ilsa Lorena Torres, excandidata a diputada por el Partido Libre e integrante del Colegio de Abogados de Honduras, sobre su participación en el otorgamiento de cinco parcelas de tierra, con un total de 74 hectáreas, al señor Allan Edgardo Escobar Navarro, por un valor de 645,000 lempiras.
El Instituto Nacional Agrario (INA) autorizó el traspaso de estas tierras a Navarro, y fueron vendidas seis meses después a la empresa Inversiones Los Pinares por 22.1 millones de lempiras, es decir, 34 veces el precio original. Además, cabe mencionar que Navarro ya había estado vinculado en 2018 con Lenir Pérez, dueño de la empresa minera que ha generado un conflicto medioambiental y social en el municipio de Tocoa, Colón.
En este sentido, Ilsa Torres aseguró a Contracorriente que su participación en esta transacción no había sido producto de ningún tipo de solicitud o relación con la empresa, sino que había respondido a un pedido de Remberto Zavala, entonces director regional del INA y actual regidor municipal del Partido Nacional en La Ceiba, Atlántida. Por su parte, Zavala elude la responsabilidad de la operación y señala a los técnicos de la cuadrilla del Instituto Nacional Agrario (INA) que realizaron los estudios agroforestales y agroeconómicos en la zona, y a la oficina principal del INA en Tegucigalpa.
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La respuesta de Ilsa Torres
Ilsa Torres remarcó que no fue parte de esa última transacción con la que Los Pinares adquirió oficialmente esas tierras, y explicó que «no puedo decirle si [la empresa] usó o no a este señor, verdad, pero sí que no fui parte de la venta que, según el reportaje, hicieron a seis meses después». También subrayó que «este señor aparecía como agricultor porque el INA así se lo había otorgado, y como yo solo miro lo que dice la solicitud».
Y es que Allan Navarro aparece registrado en los documentos de las cinco propiedades que le adjudicó el INA en octubre de 2021 como un agricultor, ocupación que es requisito para ser beneficiario de la Ley de Reforma Agraria; no obstante, en 2018, en la compra de una propiedad ubicada en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, su ocupación aparece descrita como guardia de seguridad, con residencia también en San Pedro Sula.
En el reportaje publicado por Contracorriente, Onil Toledo, quien se desempeñó como director de regularización predial en el Instituto de la Propiedad durante el período en que Inversiones Los Pinares compró las tierras a Navarro, aseguró que la titulación de estas parcelas carecía de limitantes de dominio. Por esta razón, el registrador era incapaz de identificar si la tierra formaba parte de la reforma agraria y tenía que destinarse exclusivamente a dicho sector, de modo que no hubo restricciones para la venta a Inversiones Los Pinares.
Sobre esto, Ilsa Torres opinó que lo incorrecto en esta operación tuvo que ver con que Allan Escobar le vendió a la empresa tierras que le fueron otorgadas para cultivar en favor de él mismo y su familia, y no para que las vendiera. Torres explicó que «antes, cuando la reforma agraria comenzó, sí había estipulaciones precisas de que esta tierra no se podía vender, pero como eso en el registro se fue perdiendo, entonces ahora no lo ponen y pueden venderla en cualquier momento. Nos queda de escarmiento para que el mismo Estado de Honduras le ponga un límite a esto para que las tierras no se estén quedando en manos extranjeras y con una explotación indebida».
Torres también aseguró que hubo algo que le llamó la atención en la operación que se realizó en su oficina, y es que esta persona realizó un solo pago de los 645 mil lempiras al INA para el traspaso de las tierras, cuando normalmente los agricultores y campesinos hacen varios pagos.
Finalmente, Torres sentenció que el responsable de estas irregularidades es el INA por ser el ente regulador, y explicó que todo el proceso de aprobación es hecho por los inspectores nombrados por el INA, por lo que «la responsabilidad viene desde ahí, y no voy a salvar al director, pero él parte de que todos los lo que participaron hicieron su trabajo y al final tiene que creer en su gente. Pero si hubieron otras cosas, yo no se lo puedo decir».
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La respuesta del exdirector regional del INA, Remberto Zavala
Contracorriente también contactó a Remberto Zavala, exdirector regional del INA y actual regidor del municipio de La Ceiba en Atlántida, por el Partido Nacional. Zavala se rió cuando se le consultó sobre quién recae la responsabilidad de las irregularidades en el traspaso de estas tierras en el marco de la reforma agraria y que terminaron en propiedad de la empresa Inversiones Los Pinares.
El funcionario señaló que «el responsable es el Estado que le da las facultades al INA, de que si usted va a hacer una solicitud nosotros procedemos, porque el derecho de petición es inalienable. Nuestra gente lo que hace es hacer la verificación [de] si es tierra nacional y si es tierra de vocación agrícola. Cuando llega el informe al INA, lo que nosotros hacemos es proceder a ver toda la documentación, y catastro es el que da el informe de si procede o no procede; si procede, lo enviamos a Tegucigalpa para que hagan todo el procedimiento establecido, de ahí en Tegucigalpa dan el visto bueno de aprobación para la emisión del dominio pleno».
Zavala hizo especial énfasis en que él no hizo las inspecciones, sino que fue una cuadrilla del INA y un encargado de catastro; sin embargo, dicha cuadrilla trabajó bajo la designación de la institución que él dirigía. Además, aseguró que aunque había escuchado del conflicto que provocó la mina en el Parque Nacional Carlos Escaleras y de todo el proceso legal que los activistas en contra del proyecto enfrentaron, dijo que no sabía el nombre de la empresa Inversiones Los Pinares, argumento que también fue utilizado por la abogada Ilsa Torres.
Zavala explicó que, en ese contexto, Allan Navarro hizo un ofrecimiento del pago de la totalidad de las tierras porque quería que no le salieran hipotecadas, que es lo que pasa cuando se paga en cuotas. Además, el exdirector del INA apuntó que también solicitó pagar los gastos notariales para que se hiciera la escritura en un bufete privado y no en el INA, donde la emisión de las escrituras puede durar de seis meses a un año y medio.
Entonces, al preguntar sobre cuál era su función en la oficina que dirigió, Zavala apuntó que era «estar vigilante que se brinden los servicios del INA».
«l [Allan Navarro] hizo la solicitud y allá [en Tegucigalpa] le dieron el visto bueno,y me consignaron a mí para que pudiera buscar a la notaría de confianza, que fuera una persona seria, y yo, pues busqué a la abogada Ilsa Lorena Torres para que hiciera ese trabajo, no para Remberto Zavala, sino que al INA», explicó.
Contracorriente consultó para el reporte previo a Ramón Antonio Lara Bueso, quien en ese entonces era director nacional del INA; sin embargo, también se excusó diciendo que dio la autorización considerando que ya había pasado por todos los filtros de la oficina regional del INA, la Secretaría General y el Departamento de Titulación.
Sobre la posterior venta de las tierras a Inversiones Los Pinares, Zavala aseguró que «no es problema del INA, cuando se adjudica la tierra ya pasa a ser privada, el INA ya no tiene nada que ver, y puede ser que él [Allan Navarro] fue inteligente e hizo esa maniobra».
Finalmente,, sobre el pago de contado que levantó las alarmas de la abogada Ilsa Lorena Torres, Zavala aseguró que «no me compete, porque no sé de dónde agarró el dinero; hay personas, no campesinos, pero sí personas que tienen 10 o 15 manzanas, y necesitan el dominio pleno porque tienen que hacer un trámite bancario y eso acelera el proceso». Contracorriente no encontró en el Registro de la Propiedad más tierras a nombre de Navarro.
