Fotografías y texto: Fernando Destephen
Sentada en su andador y con voz suave y pausada, Perla Mossi, de 83 años explica sus miedos por la instalación de unos postes de metal que ocupan, al menos en la avenida Altiplano de la Colonia Humuya de Tegucigalpa, la mitad de la acera.
El poco espacio que queda para caminar se está reduciendo cada vez más para los habitantes de ese vecindario, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad y jubilados que hace muchos años compraron esos terrenos, cuando no era una zona residencial.
En ese entonces, cuentan algunos habitantes, Tegucigalpa era supuestamente tan segura gracias a la mano dura del dictador Carías que «se dormía con las puertas abiertas». Los tiempos han cambiado, y aunque la zona es mucho más insegura, los vecinos no se preocupan por eso, sino por la radiación que puede generar la electricidad de la nueva subestación que invade esa zona residencial.
Los vecinos de la colonia Humuya tienen miedo a la radiación y sus posibles consecuencias en su salud, principalmente porque no hubo una socialización adecuada por parte de la empresa que instala las torres, más que una improvisada y muy técnica reunión con ingenieros de Elecnor el 13 de diciembre de 2023. Esa reunión fue un miércoles por la mañana, y no todos los vecinos pudieron llegar.
Elecnor es una empresa española que ganó la licitación de dos proyectos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE) en el Distrito Central, por 56.5 millones de euros. Uno de los proyectos consiste en la ampliación de la subestación eléctrica Miraflores, que incluye la expansión de tres subestaciones en la zona norte y la construcción de una línea de transmisión de 27 kilómetros para conectar las subestaciones de San Pedro Sula Sur y El Progreso. El segundo proyecto es la ampliación de seis subestaciones más, incluida la de Comayagua. Ambos proyectos son financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Perla cuenta que se han ido enterando del proyecto por varias casualidades; por ejemplo, cuando el personal de Elecnor le pidió a la dueña de una clínica que quitara un rótulo porque estorbaba el paso de los cables en la avenida.
La vecina se negó, pero quedó una sensación de incertidumbre entre los vecinos, quienes comenzaron a investigar por su cuenta. Mientras, la empresa seguía los trabajos de instalación de las torres, quitando espacio en la acera y planeando la tala de árboles, todo con el permiso otorgado por la Alcaldía del Distrito Central.
La molestia de los vecinos radica en la secretividad del proyecto, ya que no fueron consultados, a pesar de que los ingenieros de Elecnor les presentaron un listado de supuestos vecinos que estaban de acuerdo con el avance de las obras. La sorpresa de Perla y los otros vecinos fue que ni su nombres, ni el de los 21 afectados de la calle, estaban en esos listados, sino que aparecen firmas y nombres de empresas, en lugar de personas, algunos completados con la misma letra, según cuentan.
Los ingenieros del proyecto presentaron esos listados a los vecinos afectados como requisito de socialización.
Susan Castellanos es abogada y la representante legal de los vecinos afectados por la imposición de las torres. Cuenta que una de las primeras acciones legales fue presentar un recurso de oposición al proyecto, acompañado por exámenes médicos, testimonios y fotos de los afectados como medios de prueba ante la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Alcaldía del Distrito Central, la ENEE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «para que esta gente [los responsables del proyecto] se dieran cuenta [de] lo lesivo que estaba siendo poner este proyecto en la colonia», explica Castellanos.
La primera institución en contestar fue la Fiscalía. Castellanos cuenta que la respuesta fue que la instalación de los postes no era considerado un delito y la institución «no era el ente competente para resolver».
La ENEE también respondió con una rapidez inusitada, recibiendo su escrito y solicitando más pruebas. Además, abrieron un juicio de pruebas, según relata Castellanos. Ella considera que hay muchos intereses en juego, ya que le emitieron una resolución administrativa para presentar un recurso de oposición. Esto implica agotar las vías administrativas para llegar al juzgado.
El 25 de abril, dos días después de una protesta de los vecinos en la que cerraron totalmente el paso de los vehículos por la avenida Altiplano, hubo una segunda respuesta por parte de la ENEE. En un comunicado explican el alcance y la importancia del proyecto, y en relación con los posibles riesgos a la salud, el comunicado explica que no existe «evidencia de una afectación directa o indirecta».
También explican que el proyecto «ha cumplido cada uno de los requisitos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige, como ser su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y el Marco de Gestión Ambiental y Social de la Operación (MGAS). Además, contamos con la autorización respectiva de la Alcaldía del Municipal del Distrito Central.»
Largo el #comunicado , pero explica en detalle como la Línea de Transmisión Miraflores-Laínez, cumple con todos , absolutamente todos los criterios ambientales, técnicos, de salubridad y, con todos los permisos requeridos , además que, mejorará la calidad del suministro de… pic.twitter.com/K5laz1dNvx
— Erick Tejada SEN (@carbajal_tejada) April 26, 2024
Un dato curioso es que la ENEE defiende el proyecto asegurando que se recupera el espacio para el peatón en las aceras donde se han colocado los postes; sin embargo, al menos en la Humuya no han ampliado el tamaño de las aceras.
La última respuesta que recibieron fue del departamento legal del BID, diciendo que ellos sólo supervisan el proyecto. Su argumento fue que «ellos no tienen injerencia, solo desembolsan los fondos y es la ENEE la encargada de subcontratar a los ingenieros». La abogada Castellanos siente que les dieron la espalda a los afectados, y eso significa ignorar los posibles daños a su salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, «los campos eléctricos y los magnéticos son áreas invisibles de energía (también llamada radiación) que se producen por la electricidad, que es el movimiento de electrones, o corriente, por un alambre».
El posible daño a la salud aún es una polémica mundial, y no existe un consenso; hay quienes consideran que la radiación que emite la transmisión de voltaje sí afecta la salud, y quienes creen que no.
De acuerdo con información del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, en 2002 la Agencia Internacional para Investigación de Cáncer (IARC), un componente de la Organización Mundial de la Salud, nombró a un grupo de de expertos para revisar toda la evidencia disponible sobre campos eléctricos y magnéticos estáticos y de frecuencia extremadamente baja.
El grupo de trabajo clasificó los Campos Eléctricos de Frecuencia Extremadamente Baja como «posiblemente carcinógenos para humanos», con base en limitada evidencia de estudios humanos en relación con la leucemia infantil. Los campos eléctricos estáticos y magnéticos y campos eléctricos de frecuencia extremadamente baja fueron determinados como «sin poder clasificarse en cuanto a su carcinogenicidad para humanos».
Sin embargo, de acuerdo con la publicación Problemas de la alta tensión, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia, los generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posibles agentes cancerígenos.
A pesar de que no existe un consenso médico que respalde una versión definitiva, la preocupación de los vecinos aumenta.
Héctor Tablas, de 73 años de edad, quien vive desde hace cuatro décadas en la avenida Altiplano de la colonia Humuya, es afectado desde hace varios años por un poste de la ENEE que sostiene cables de alta tensión. El poste se sostiene en la pared trasera de su casa tras el impacto de un rayo que lo deterioró hasta ese punto.
Ahora a Héctor le preocupa el nuevo proyecto, y explica que uno de sus miedos son los accidentes de tráfico, y que esas torres caigan a la calle y sobre las casas.
Frente a la casa de Héctor se encuentran varias maceteras de cemento que, más que de adorno, han servido en varias ocasiones para detener el impacto de vehículos que estaban a punto de chocar contra el muro de su vivienda. Su temor se origina en la experiencia de haber presenciado varios accidentes en la esquina de su casa, donde un árbol de corteza amarilla, que ahora podría ser cortado arbitrariamente, obstaculiza los planes de la empresa Elecnor.
Héctor se pregunta cómo el BID «presentó su plan de mitigación ambiental y social y cómo los otros organismos han permitido que un proyecto de desarrollo se haga afectando en una forma tan grande a las comunidades», preguntas que por el momento no tienen respuesta ante el desarrollo del proyecto que amenaza con desplazar a los pobladores de la zona, en favor de las promesas de progreso que hizo el Gobierno en materia de energía eléctrica.
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Yamileth González, directora de Medio Ambiente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, defiende el proyecto asegurando que sí se buscó y consultó a los vecinos.
«Nosotros dejamos boletines, incluso tenemos las tomas de apoyo, cuando se tocaron las puertas, estamos en socialización, se les dejaron trifolios de la información de la línea», responde González. Reconoce que el proyecto originalmente iba por el bulevar Kuwait, una calle abajo de la avenida Altiplano, y dice que la Alcaldía desvió los planes porque representaba un peligro por un paso a desnivel ubicado en la zona.
González asegura que cada seis meses realizan monitoreos de ruido en las subestaciones debido a los campos electromagnéticos. Además, afirma que la información se proporciona a los vecinos, y luego se lleva a cabo una socialización con ellos. Además, destaca que mantienen una comunicación constante con las comunidades donde se están desarrollando los proyectos en este momento. Sin embargo, los vecinos de la avenida Altiplano niegan haber recibido dicha información.
Por otro lado, el proyecto de ampliación de la subestación eléctrica Miraflores es una prioridad nacional, explicó González, porque con estas ampliaciones se conectarán once hospitales del Distrito Central, entre públicos y privados.
Finalmente, los trabajos en la avenida Altiplano están detenidos por la resistencia de los vecinos. El lunes 23 de abril protestaron para llamar la atención de la prensa, denunciando la falta de socialización y las arbitrariedades de las autoridades.
Vía correo electrónico se le consultó a Elecnor su opinión sobre el proyecto, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
De parte de la Alcaldía no hubo respuesta a la solicitud de entrevista por parte de Contracorriente. El proyecto seguramente continuará abusando de ese poder que otorga la indiferencia contra una resistencia vecinal de un grupo de ciudadanos mayores que apelan al sentido común de las autoridades para revisar el caso.
