Un anteproyecto de ley plantea regular la refinación, importación y comercialización de los hidrocarburos, biocombustibles y sus derivados en Honduras, dando pie a la posibilidad de que el Gobierno pueda importar petróleo y sus derivados en un futuro por medio de esta normativa. Sin embargo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha propuesto una serie de reformas antes de que la ley sea discutida en el Congreso Nacional.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Una ley que ofrece beneficiar a los hondureños a través de precios más competitivos en el combustible y sus derivados está en proceso de construcción en el Poder Legislativo. La normativa, que además da facultades de «contratación directa y exclusiva de la compraventa del petróleo crudo» al Estado, ha generado el respaldo y también críticas de distintos sectores de la sociedad hondureña.
Según el Banco Central de Honduras (BCH), en enero de este año los aumentos en los precios del petróleo crudo y sus derivados en Honduras se debieron a las interrupciones en el suministro de petróleo por eventos relacionados con tensiones geopolíticas en varias regiones del mundo; además, por la disminución de la existencia de petróleo en Estados Unidos, el país del que más se importa combustible a Honduras, con un 94.6 %, según el BCH.
El informe detalla que en enero de 2024 ingresaron a Honduras más de 2,000 barriles de combustible, lo que representa un aumento de 3.6 % con relación al año pasado, impulsado por el incremento del parque vehicular y el mayor consumo de combustible en el comercio, la generación de energía eléctrica y la industria.
En lo que va del gobierno de Xiomara Castro se han anunciado tres subsidios a los combustibles: el primero, en marzo de 2022, mediante un decreto en el que ordenó una rebaja de 10 lempiras a cada galón de combustible; el segundo en agosto de 2023, donde la mandataria ordenó un subsidio del 50%; y el último en este año 2024, cuando la Secretaría de Energía (SEN) confirmó que la aplicación del subsidio al 50 % en aumentos que se registren en el diesel y gasolina regular continuará hasta el 31 de diciembre de este año.
El BCH explica que estas rebajas continuas en el precio de la gasolina y en el precio internacional del petróleo, así como la implementación de estos subsidios por parte del Gobierno, es lo que ha atenuado el crecimiento inflacionario que repercute en el precio de los combustibles de uso vehicular y doméstico.
Ahora, con la promoción de la Ley marco de refinación, importación y comercialización de los hidrocarburos, biocombustibles y otros productos alternativos o sustitutivos, también conocida como Ley de Hidrocarburos, se plantean cambios en la comercialización de los combustibles en Honduras, y también se faculta a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (SEN) para su regulación y vigilancia.
El artículo 4 de este decreto establece que será el Poder Ejecutivo quien faculte a la DGBH para regular la contratación en forma directa y exclusiva de la compraventa de petróleo crudo, refinado y todos sus derivados en el mercado internacional. Además, esta dirección podrá realizar inspecciones a toda la cadena de hidrocarburos, requerir informes a entidades públicas y privadas y suspender exportaciones y reexportaciones de petróleo «cuando se prevean situaciones de desabastecimiento».
Además, la ley contempla que la Secretaría de Energía (SEN) «podrá intervenir en actividades de refinación, exportación, importación, reexportación, refinería u otra operación relacionada al petróleo y sus derivados ejerciendo acciones legales». De tal forma, el Estado, a través de la SEN, podría tener el control en la cadena de comercialización de hidrocarburos y sus derivados, considerando que actualmente no existe una ley en Honduras que defina esta regulación; solo se cuenta con un reglamento técnico a nivel de Centroamérica.
Por otra parte, esta ley propone la creación de un órgano consultivo que apoye a la DGHB, presidido por el ministro de la SEN, e integrado por el presidente del Banco Central de Honduras, la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para «asesorar a la DGHB en temas relacionados a hidrocarburos».
El director de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la SEN, el ingeniero Carlos Posas, manifestó que la implementación de esta ley es un asunto de seguridad nacional y de interés en casos de abastecimiento y regularización en el comercio de hidrocarburos en Honduras.
Según el ingeniero Posas, esta iniciativa estuvo guardada durante 10 años en el Congreso Nacional, en espera de aprobación; es decir, ya se habían realizado las discusiones y estudios previos, pero es hasta ahora que se tiene la voluntad política para implementarlo, de acuerdo con el funcionario. En este momento, al socializar la ley con los distintos sectores, «ha habido mucha unanimidad» en la necesidad de que exista una normativa como esta, afirmó; sin embargo, no descartó que la iniciativa vaya a generar cambios en la cadena de comercialización de los hidrocarburos en Honduras.
Al respecto, el ingeniero Posas indicó que con este decreto no buscan sacar a quienes tienen más control en la cadena de comercialización del combustible, es decir, que importan, distribuyen y almacenan —lo que también se conoce como la verticalidad en la cadena de la comercialización—, sino implementar reglas más claras y así darles oportunidad a otros actores en la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados.
«Verticalidad es que solo un actor controle todas las actividades dentro de la cadena de comercialización, por la naturaleza de cómo se han manejado las cosas; en ese sentido, es hasta cierto punto normal que haya actores que estén involucrados en toda la cadena. Lo que nosotros tenemos que hacer es regular, en todo caso, que desde esa posición que tienen no saquen ventajas sobre otros actores que no tienen todas las capacidades y todas las fuerzas que sí tienen los actores que están en el tope de la cadena».
«Eso es lo que desde la normativa queremos regular, y que todo resulte en un beneficio para el consumidor final», dijo a Contracorriente el director de la DGHB. Agregó que actualmente el 14 % de las importaciones nacionales tienen que ver con combustibles.
En un informe de enero de 2024, el BCH menciona que entre los tipos de importadores de combustibles en Honduras sobresalen las empresas distribuidoras autorizadas para abastecer la red nacional de gasolineras, con un 83.1 % del total importado, y que se registró un crecimiento del 16.4 % en comparación con el año pasado. De ahí le siguen empresas importadoras del gas licuado de petróleo o LPG, que ingresaron un 10.2 %, y por último las empresas dedicadas a la generación de energía térmica, con un 6.7 %.
UNO Corp: la principal figura en el mercado de los combustibles en Honduras
Una de las figuras principales en el mercado de los combustibles en Honduras es Unopetrol, perteneciente al conglomerado UNO Corp.
Unopetrol nació siendo Hondupetrol, unidad de negocio dedicada al petróleo y sus derivados propiedad de Grupo Terra. En su avance en Honduras adquirieron la red de estaciones de Copena en 2008, la Shell en 2009, y además se han posicionado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia con gasolineras, terminales de almacenamiento, tiendas de conveniencia y el combustible de aviones o jet fuel.
Según la investigación «Élites, redes de poder y régimen político en Honduras», del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), uno de los grupos más representativos del sector industrial y agroindustrial y con influencia en la comercialización de los combustibles ha sido el Grupo Terra, presidido por Fredy Nasser.
Nasser, quien además es miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), es esposo de Elisa Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé, y junto a su hermano Miguel Mauricio, quien preside la Corporación Dinant, están buscando mantener su legado por medio de la exportación de productos derivados del aceite vegetal y el cultivo de miles de hectáreas de palma africana en el norte de Honduras. Estas tierras han sido el centro de un largo y violento conflicto armado en el que muchas familias campesinas han resultado desplazadas, e incluso, algunos de sus miembros asesinados.
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Dentro de este vínculo empresarial también está Ana Facussé, casada con Lenir Pérez, empresario con el que conforman Inversiones Los Pinares, que está siendo investigado junto a exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) por delitos ambientales en la concesión minera otorgada de forma irregular por la alcaldía de Tocoa en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Además, al grupo empresarial de Pérez se le ha acusado por la construcción de una planta de energía altamente contaminante en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y la sobrevaloración en la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola.
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Además, Grupo Terra es dueño de cuatro empresas generadoras y comercializadoras de energía a nivel regional, una de ellas la central térmica Energía Renovable (Enersa) al norte de Honduras. Esta planta energética produjo 613,378 megavatios por hora (MWH) en 2022, es decir, más del 58 % de energía a nivel nacional, y fue la que más participación registró ese año, según el Informe Estadístico Anual del Subsector Eléctrico Nacional de la SEN.
Lo anterior también se señala en la investigación del ERIC-SJ, detallando que «el Grupo Terra produce, administra y distribuye productos indispensables para la industria y el funcionamiento general de la economía por medio de la generación de energía eléctrica, la distribución de combustibles, y la elaboración y distribución de productos accesorios a estos rubros, en un espacio transnacional que abarca la región centroamericana, Belice y Colombia».
«En su proceso de expansión —explica la investigación del ERIC-SJ—, el Grupo Terra aprovechó su experiencia en la generación de energía termoeléctrica para dedicarse, desde 2002, también a la distribución de combustibles derivados del petróleo a través de una red de puestos de venta y una empresa dedicada a esta labor: Gasolineras y Estaciones de Servicio UNO».
Posturas contrarias
En el contexto de socialización de la Ley de Hidrocarburos, la Coalición Patriótica de Solidaridad emitió un comunicado solicitando a la comisión de dictamen distintos puntos, entre ellos, «un accionar serio y contundente contra los monopolios y oligopolios en los mercados de importación de carburantes» y la «despolitización del ente regulador nacional mediante la creación de un ente tripartito estrictamente técnico, conformado por el gobierno, un miembro rotatorio en la cadena de comercialización y un miembro rotatorio de sociedad civil».
La respuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha sido distinta. Según un diario digital, entre las propuestas del Cohep estuvieron «eliminar la desproporcionalidad, discrecionalidad y evitar quiebra de empresas», que las multas vayan a la Caja Única del Estado y no a la operación de la DGHB, y «permitir la integración vertical con mecanismos de control de practica anticompetitivas, así como eliminar las distancias mínimas entre estaciones de servicios». Es decir, la empresa privada está pidiendo que, en vez de romper con la verticalidad de empresas o conglomerados que tienen la importación, distribución, almacenamiento y comercialización de los combustibles, se utilicen otras figuras o mecanismos para una mejor competencia.
La empresaria y expresidenta del Cohep, Juliette Handal, está en contra de algunas de estas propuestas y observaciones, ya que, según ella, es necesario que exista una regulación que garantice una competencia justa en la cadena de comercialización de hidrocarburos en Honduras. Además, señala que propuestas como la de acortar distancias en la instalación de gasolineras también representan un peligro por la contaminación del ambiente.
Handal también dijo a Contracorriente que quienes se oponen a que sea el Estado el que, por medio de esta normativa, otorgue permisos de operación y por lo tanto de la venta de combustible, han sido los sectores que han mantenido el control en la cadena de comercialización en el país.
«¿Quiénes han controlado? Aunque digan que el control de la comercialización de los combustibles lo tiene el Estado por ley, no la ha tenido, ha sido una regulación entre comillas, porque ellos (los importadores) ponen el precio de importación, el precio de almacenamiento de sus mismos almacenes», aseguró la empresaria a este medio.
Contracorriente contactó al Cohep para conocer más sobre su posicionamiento y los puntos expresados en la reunión de socialización con la comisión de dictamen con relación a este decreto; sin embargo, Olvin Mondragón, asesor legal del Cohep, y Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal, expresaron que en este momento no estaban dando entrevistas sobre este tema.
Al respecto, el director de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles de la SEN, quien también ha estado presente en las jornadas de socialización del proyecto en el Congreso Nacional, señaló que el Cohep no fue específico en sus observaciones cuando socializaron el proyecto con ellos. Dijo también que cuando el proyecto fue socializado con actores dentro de la cadena de comercialización que pertenecen al Cohep, estos no manifestaron una postura negativa respecto al proyecto, contrario a lo expresado por los directivos de ese organismo empresarial.
«Ellos (Cohep) fueron los que plantearon este tema de todas las figuras y todos los trámites que ellos consideran que son excesivos, pero dentro del Cohep también algunos actores de la cadena de comercialización, los importadores, las mismas estaciones de servicio, no se han manifestado al respecto de una forma negativa. Lo que sí ya nos han pedido es que tengamos más rapidez en las gestiones, que podamos ser más eficientes administrativamente», aseguró el ingeniero Posas.
Contracorriente solicitó una entrevista con Saraí Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), la cual representa al sector de gasolineros en el país, para conocer los planteamientos o sugerencias que hicieron en su reunión con la comisión especial para dictaminar esta ley; sin embargo, Silva decidió no brindar declaraciones sobre el tema a este medio.
«Competencia desleal»
Para la empresaria Juliette Handal es importante que existan reglas claras en la comercialización de los carburantes en Honduras, y así asignar precios justos a los productos derivados del petróleo al consumidor final. Además, opinó que es necesario romper con el sistema verticalizado que existe en la comercialización de hidrocarburos, donde el mismo que importa, es el mismo que almacena, distribuye y edifica gasolineras.
«En este sistema hay una competencia desleal porque los gasolineros independientes se ven afectados porque no hay reglas claras, y ellos están amarrados a contratos con las mismas compañías que también compiten con ellos. Entonces, ¿quién tiene mejores ventajas de costos? Si yo importo, distribuyo, almaceno y en toda esa línea vertical yo voy generando ganancias», cuestionó Handal.
Señaló que, si bien el decreto establece que el Estado será quien regule a quienes están dentro de la cadena de comercialización, es necesario que esto se implemente, pues hasta el momento el Estado ha hecho una «regulación», entre comillas, en la que ha existido mucha desorganización. Por ejemplo, actualmente se pueden instalar gasolineras una frente a la otra, otro ejemplo de competencia desleal, según Handal.
«Siempre los que más se han beneficiado tienden, y es lógico, a poner resistencia para que no le cambie su statu quo. Hemos estado sin esa ley desde hace muchísimos años. Dicen que no es oligopolio, monopolio ni concentración porque no hay concentración del mercado, pero sí lo hacen a través de los contratos leoninos de adhesión, fijando metas y condiciones», indicó.
Posible importación de petróleo y regulación del gas natural
Carlos Posas, director de la DGHB, no descarta que por medio de esta normativa el Estado de Honduras pueda importar petróleo y sus derivados en un futuro. Al respecto, el ingeniero asegura que no se tiene la intención de romper con el libre mercado, más bien se busca abrir la posibilidad a quienes puedan invertir y tengan las capacidades de montar una terminal en Honduras e importar combustibles.
«Ni las condiciones actuales ni las que van a quedar después de la creación de esta ley van a impedir a cualquiera que quiera hacer una inversión, ya sea una empresa transnacional o una local, que tengan las capacidades de montar una terminal e importar combustibles, o que el Estado mismo lo pueda hacer. La ENEE [Empresa Nacional de Energía Eléctrica], por ejemplo, podría en algún momento estar interesada en importar de forma directa; eso no es algo que deba de verse con malos ojos», señaló.
Sobre la regulación del gas natural, planteada en el proyecto, el ingeniero señaló que hasta el momento en el país no existen iniciativas de plantas que funcionen con gas natural —combustible extraído por medio de perforaciones a la tierra y que es utilizado para la generación de energía, el transporte y para la fabricación de plásticos—, pero que por medio del decreto buscan adelantarse a su posible implementación en el país, aunque hasta este momento se están definiendo reglas a nivel regional.
«[La regulación o producción del gas natural] no existe ni siquiera en Centroamérica, se están discutiendo hasta ahorita los reglamentos técnicos centroamericanos, porque toda la región centroamericana debe ponerse de acuerdo en buena medida en muchos aspectos que tiene que ver con combustibles», indicó el director de la DGHB. Agregó que actualmente existen muchas inversiones relacionadas con el gas natural en toda la región, «y por eso se está caminando de prisa, porque el gas natural más temprano que tarde va a ser una realidad en nuestra región».
El tema del gas natural ha tomado relevancia en el país por las denuncias que se han hecho en contra de la Central Térmica Brassavola, que ya está generando energía a base de diesel y en un futuro promete generar energía a base de gas natural, como parte de un contrato que «revivió» tras su aprobación irregular en 2008 y el inicio de un proceso de cancelación en 2014. Ahora, tras su renegociación, promete generar 240 MWH de energía por 18 años.
La renegociación de este contrato no fue aprobada por el Congreso Nacional, y tampoco se tuvo en consideración la emisión de la licencia ambiental correspondiente. En una conferencia de prensa el pasado 23 de abril, el ministro de la SEN y gerente de la ENEE, Erick Tejada, no respondió a Contracorriente si se tomaron en consideración las implicaciones que podría tener la extracción de gas natural en las comunidades.
#ActualidadCC | Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía (SEN) y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), manifestó que «por interés público para el ahorro de las arcas del Estado», la licencia ambiental de la planta termoeléctrica Brassavola, en el… pic.twitter.com/hIYpkCcaEx
— Contracorriente (@ContraC_HN) April 23, 2024
Finalmente, el diputado Rafael Sarmiento, quien preside la comisión especial de Hidrocarburos del Congreso Nacional, dijo en una conferencia de prensa el 17 de abril que el proceso de socialización de este proyecto había terminado después de 10 semanas, y que realizarán cambios en el dictamen considerando las observaciones y sugerencias presentadas por los distintos sectores.
En esta conferencia no se aceptaron preguntas de la prensa, y el diputado Sarmiento no respondió a las solicitudes de entrevista de este medio.
ACLARACIÓN:
- En el texto publicado el pasado 25 de abril se colocó por error que el señor Fredy Nasser es miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), cuando en realidad es exdirectivo.
- En el texto publicado el pasado 25 de abril se colocó por error que la central térmica Energía Renovable (Enersa) produjo 613,378 megavatios por hora (MWH) en 2022, correspondientes al 58% de energía producida a nivel nacional ese año; sin embargo, según el informe de la ENEE, esto corresponde a la energía comprada en el mercado de oportunidad nacional. La generación total en Honduras en 2022 fue de 11,085,241.62, de los cuales 1,529,165.02 MWh corresponden a Enersa, según este mismo informe citado en el texto.
