Fotografías y texto: Fernando Destephen
En 2016 fue creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instancia que funcionó hasta el año 2022 y que dejó 6,168 policías depurados a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Dicha comisión la integraron: el pastor evangélico Alberto Solórzano, quien en 2022 pidió asilo político en los Estados Unidos; la abogada Vilma Morales, señalada en medios de comunicación por actos de corrupción en su mandato como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); y Omar Rivera, exsecretario ejecutivo del ahora desaparecido Foro Nacional de Convergencia (Fonac).
Años después del término de la comisión depuradora, un grupo de policías depurados inició plantones, movilizaciones y protestas; por ejemplo, el martes 2 de mayo de 2023 hicieron un intento por tomarse las casetas de peaje de la zona de Zambrano, en la carretera CA-5, pero fueron reprimidos por la Policía Nacional con gases lacrimógenos, golpes y balas de goma.
En la calurosa mañana del miércoles 3 de abril, los policías depurados comenzaron a llenar la plaza César Castellanos en Tegucigalpa, sin querer hacerse notar, disimulando su llegada, cargando un bote de agua, una sombrilla, desconfiando de las personas que no formaban parte del grupo. En esa ocasión, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Juan Barahona acompañó un momento la reunión, se solidarizó con ellos y les prometió su apoyo desde el Congreso Nacional, aunque dijo desconocer la posición de la presidenta Xiomara Castro y del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, con respecto al tema de la depuración policial y sus consecuencias.
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Lo que la mayoría de estos exagentes comparten es su imprevista separación de la policía. Por ejemplo, a Lorenzo Domínguez otro compañero le avisó que había visto su nombre en un listado de policías depurados transmitido por un canal local de televisión. En ese momento, Domínguez estaba en un operativo en el callejón de la muerte en la colonia Alemán de Tegucigalpa. Así, sin ninguna explicación y sin audiencia de descargo, quedó fuera de su trabajo; de nada le sirvieron los 17 diplomas y los tres reconocimientos recibidos por la parte de la Policía Nacional.
El parque César Castellanos de Tegucigalpa queda a unos metros de la Casa Presidencial. El plan del grupo de expolicías era caminar hasta allá y entregar una solicitud con la que buscan iniciar un proceso de conciliación con el gobierno, que incluye resarcir el daño moral, el honor y la dignidad de cada policía, y recuperar lo que les corresponde en derechos laborales y humanos. José Rodríguez, representante del grupo, explicó que «se presenta la solicitud para poder entrar en una negociación en la línea administrativa, evitando el proceso judicial», que sería oneroso para el Estado por la cantidad de demandas que se podrían presentar.
Al llegar a Casa Presidencial el grupo no fue recibido, y no pudieron entregar los documentos que llevaban: la solicitud, un pliego de peticiones, y una ficha con la que se pretende elaborar un censo ordenado de todos los policías depurados. Según Rodríguez, son más de 3,000 los policías depurados a nivel nacional, y no existe un censo donde estén registrados.
Las movilizaciones de los policías depurados hacia Casa Presidencial se han vuelto más frecuentes, pero sin resultados, más que integrar una comisión para entrar a Casa Presidencial, esperar a ser recibidos, liberar la calle y poner otra fecha en el calendario para volver a protestar.
