El 31 de octubre terminaron las sesiones ordinarias del Congreso Nacional para el año 2023. Era el último día para ratificar uno de los decretos que derogaron las ZEDE. Sin embargo, la noche fue marcada por la división de las bancadas y una crisis de violencia, dejando por fuera el tema que fue una de las promesas de campaña más importantes del Partido Libre. La comisión permanente del Congreso Nacional, creada aquel día y conformada por nueve diputados, reafirmó esta semana la «derogación total» de las ZEDE en un comunicado que no vale como ratificación por no contar con la aprobación de dos tercios de los diputados. La figura jurídica de la ZEDE aún autorizada por la constitución —pero sin ley orgánica— sigue en el limbo.
Texto: Célia Pousset
Fotografía: Jorge Cabrera
«Las ZEDE están derogadas» escribió ayer en su cuenta de X Rasel Tomé, el vicepresidente del Congreso Nacional. «Las odiosas ZEDE que atentan contra la forma de gobierno y el territorio NO están derogadas», aseguró la diputada liberal, Maribel Espinoza en la misma plataforma.
Desde el 7 de noviembre volvió a surgir con fuerza el tema de las ZEDE, tras un comunicado de la Comisión Permanente del Congreso Nacional que reafirmó la «derogación total» de esta figura jurídica creada en 2012, pero sin tener la potestad de ratificar dicha derogación.
Ese debate existe desde abril de 2022, cuando el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos. Esa derogación se realizó a través de la aprobación de dos decretos: el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022.
El primer decreto pretende derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE; sin embargo, por ley constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la «subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia».
En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.
Según el análisis del abogado Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), al no ratificarse ese decreto «no se perfeccionó el procedimiento de reforma de la norma constitucional y, en consecuencia, la figura de las ZEDE sigue estando reconocida por la Constitución de la República».
La Ley ZEDE, en cambio, está derogada por el segundo decreto ya que sólo se necesitaba de la mayoría de votos para ello.
En resumen, Mejía afirma que la figura legal de la ZEDE existe en la Constitución, pero que ya no cuenta con ninguna ley orgánica que le dé operatividad.
Concretamente, no se pueden instalar más ZEDE en Honduras pero, al no haber ratificado la derogación a las reformas constitucionales, quedan en el limbo legal las tres ZEDE existentes: Próspera en Roatán, Ciudad Morazán en Choloma, y Orquídea en San Marcos de Colón.
Un tema sacrificado en el altar de las negociaciones para la elección del fiscal general
«Mucha gente considera que se sacrificó el tema ZEDE a cambio de la creación de la comisión permanente. Los diputados de Libre prefirieron el tema del fiscal», expresó Óscar Hendrix, abogado y activista en contra de las ZEDE, quien tiene claro que no hubo derogación completa por la falta de ratificación.
Según Hendrix, el Gobierno no fue lo suficientemente estratégico a la hora de poner un alto a las ciudades modelo. Lamenta que «se limitaron a la vía legislativa» y que «a pesar de tener una nueva Corte Suprema de Justicia desde hace 10 meses, no se hizo empuje para que se admitieran los recursos de inconstitucionalidad, lo que hubiera sido lo mejor. La Corte pasada estaba a favor de los intereses de las ZEDE, pero recuperamos la Corte, supuestamente, y no apostaron en eso».
La vía de los recursos de inconstitucionalidad parece ser la que contemplan también algunos diputados de Libre. Cuando preguntamos a Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso y miembro de la comisión permanente, si esta comisión podía hacer algo por el tema de las ZEDE tras la ausencia de ratificación, contestó: «se está analizando si se puede hacer algo, pero también hay un recurso de inconstitucionalidad pendiente».
Hendrix admite que, desde la militancia, bajaron la guardia porque confiaban en que el Gobierno de la Refundación iba a solucionar el problema: «Así como el Gobierno no le dio seguimiento al tema ZEDE, creo que nos faltó como población movilizarnos».
El abogado y activista señala también que el Gobierno falló en proponer un modelo de desarrollo y oportunidades a las comunidades vecinas de las ZEDE, y que por lo tanto, siguen siendo proyectos aceptados para una parte de la población hondureña, lo cual genera conflictividad con las personas que luchan contra su presencia en el territorio: «que yo sepa el Gobierno no tiene [un] programa social para esas comunidades. Entonces, si el Estado no se asoma, esos proyectos se vuelven atractivos».
Entonces, ¿las ZEDE siguen?
Contracorriente preguntó a los tres secretarios técnicos de las actuales ZEDE en Honduras si cerrarán o continuarán operando.
Del lado de Próspera, Jorge Colindres afirmó que la declaración de la comisión permanente era solo un intento de intimidación, y que no les iba a impedir crecer. «Nosotros seguimos. Actuamos bajo la autonomía y derechos adquiridos que nos confiere y garantiza la Constitución de la República, tratados internacionales y contratos de estabilidad jurídica. Traición a la patria es usurpar ilegalmente cargos públicos, como lo han hecho con la Junta Directiva del CN y el Ministerio Público», expresó.
En diciembre, los inversionistas de Próspera demandaron al Estado ante el centro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI), hasta 10,775 millones de dólares por daños y perjuicios. El Gobierno no nombró árbitro en este proceso y se niega a reconocer la jurisdicción del CIADI.
En cambio, el secretario técnico de Ciudad Morazán, Carlos Fortín, se mostró más preocupado por la incertidumbre jurídica y la huida de las inversiones: «Terminaron las sesiones ordinarias sin la ratificación, entonces la gente piensa que las ZEDE se salvaron por eso. Yo no creo que nos salvemos de nada si el deseo político es derogar y que ya no hay institucionalidad en Honduras».
Preguntamos a Fernando García, el designado presidencial en contra de las ZEDE, cómo el Gobierno iba a poner en práctica lo que aseguran —es decir, que las ZEDE están derogadas—, y si iban a cerrar los proyectos. No obtuvimos respuesta.
